‘El Garri’, el sindicalista que cobraba 5.676 euros al mes por el primer ERE falso: “No trabajé”, admite

Una fina e incesante lluvia humedece a media mañana de este pasado jueves los infinitos campos de olivos que rodean Baeza (Jaén), tierra de jornaleros y de lucha sindical. Es un día de cielo plomizo y viento incómodo. Desde un mirador, un hombre de pelo cano, con gafas y chaqueta marrón, saca el móvil del bolsillo de su pantalón y toma una fotografía de las montañas que hay alrededor del pueblo. Hace unos minutos ha sacado dinero de un cajero y ha ido a una panadería, donde ha comprado una barra de pan. A sus 64 años, la vida de ocioso prejubilado le sonríe. O eso parece.

Tras hacer la foto, el periodista se dirige a él.

- ¿Es usted Antonio Garrido Santoyo?

- Sí, dígame.

- Quiero hablar con usted sobre su inclusión como falso prejubilado en el ERE de Mercasevilla.

A Antonio Garrido Santoyo se le tuerce el gesto de inmediato. Dice que no tiene nada de qué hablar pese a ser el hombre que se convirtió en el primer intruso descubierto en la trama de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) financiados con dinero público por parte de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz, según la histórica sentencia conocida este pasado martes, actuó “sin control” administrativo alguno en dicha trama, cuyo fraude asciende a 680 millones de euros.

En una conversación que dura apenas un minuto, Garrido Santoyo realiza una confesión inédita. Ni siquiera se lo contó a la Guardia Civil cuando lo llamaron a declarar a finales de 2010. Aquel día se quedó mudo; no abrió la boca. Decía tener afonía por una crisis asmática. Y en abril de 2014, ya en sede judicial, se acogió a su derecho a no declarar. Hoy, en cambio, sí da explicaciones. Aunque sean insuficientes.

- ¿Trabajó usted alguna vez en Mercasevilla?

- No, jamás. Nunca. Me sorprende que mi nombre aparezca en esos papeles. Yo siempre trabajé en otro sitio. Además, mi caso se archivó y ya no estoy imputado.

- La Fiscalía recurrió el archivo de su causa y sigue investigado.

- Pues aquí me ves.

- ¿Entonces dónde trabajó usted?

Pero ya no hay más respuestas. Las preguntas también terminan ahí, con Garrido Santoyo debajo del marco del portón abierto de su casa.

“Se acabó de charlas”, espeta un hermano del hombre, quien lo agarra del brazo y lo obliga a meterse en la vivienda. “Mejor, usted se marcha”, le dice al reportero.

Oculto en una lista de 18 prejubilados

En 2007, el nombre y los apellidos de ese señor que se ha encerrado en su casa de Baeza apareció camuflado entre los 18 prejubilados del ERE que la Junta le aprobó a Mercasevilla, el mercado mayorista de la capital andaluza.

Nadie lo descubriría hasta finales de 2010, aunque el Gobierno andaluz lo supo un año antes. Sin embargo, lo calló, incluso lo ocultó, hasta que no pudo más que aceptar la evidencia, según la instrucción del caso.

Militante del PSOE de su pueblo natal, miembro de la ejecutiva local de su partido y afiliado a UGT, según la Fiscalía Anticorrupción su mayor ‘mérito’ fue “ser amigo de Juan Lanzas”, otro sindicalista jiennense que hizo carrera en Sevilla y al que la Guardia Civil lo describió como el gran ‘conseguidor’ de la trama. La madre de Lanzas contó que su hijo tenía tanto dinero como “pa’ asar una vaca”.

Desglose de las cantidades que tenía que cobrar Garrido Santoyo por el ERE de Mercasevilla.

Daba igual que cuando su nombre se incluyó entre los afectados por aquel primer ERE con intrusos, Antonio Garrido Santoyo ya estuviera prejubilado desde hacía casi una década por sus problemas de asma. En ese momento era muy difícil decir no a esa segunda prejubilación dorada. Con el ERE de Mercasevilla se iba a embolsar 441.961,27 euros.

Una parte sustanciosa de ellos la llegó a cobrar a través de dos cuentas de BBVA Seguros. Durante los primeros 17 meses ingresó 5.676 euros mensuales. En total, 96.495 euros. Pese a que la póliza estaba suscrita hasta marzo de 2035, entre noviembre de 2007 y abril de 2009 cobró una cuarta parte del montante total.

En enero de 2011, la por entonces jueza titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, abrió diligencias. Nacía el ‘caso ERE’. Y a Garrido Santoyo se le cortó el flujo de dinero procedente de la ‘madre’ Junta.

Chaves, inhabilitado nueve años

EL ESPAÑOL viaja hasta tierras jiennenses en busca del primer intruso sobre el que la Justicia se fijó. Lo hace sólo 48 horas después de que la Audiencia Provincial de Sevilla condenara una década de corrupción socialista en Andalucía a través de ayudas sociolaborales fraudulentas a empresas entre 2000 y 2010.

Los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, durante el juicio del ‘caso ERE’. EFE

El histórico fallo ha dejado al expresidente Manuel Chaves inhabilitado para cargo público durante nueve años, y envía seis años a prisión a su sucesor, José Antonio Griñán. No sólo ellos han salido malparados. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a siete años de cárcel; su predecesor, José Antonio Viera, igual; Carmen Martínez, exconsejera Economía y Hacienda, a seis... Casi la cúpula íntegra del Ejecutivo que gestionó Andalucía desde principios de siglo.

Hermano de guardia civil

Antonio Garrido Santoyo nació el 2 de septiembre de 1955. Es hijo de agricultor y hermano de guardia civil. Divorciado, tiene dos hijos. Chico y chica. Su hijo ha cogido el mismo camino laboral de su tío, la Benemérita. Dado su apellido, en Baeza todo el mundo le conoce como ‘el Garri’.

El primer intruso detectado en los ERE andaluces empezó a trabajar el 4 de noviembre de 1974, al poco de cumplir los 19 años. Por aquel tiempo compaginaba su empleo en una cooperativa agraria que años más tarde adquiriría COOSUR con su gran pasión, el fútbol. Militaba en el Baeza CF.

A Garrido Santoyo, cuentan personas allegadas a él en Baeza, le nació de joven el fervor por la lucha sindical y política. Se afilió a UGT y a su partido hermano, el PSOE. Un dirigente político local narra una escena que evidencia cómo llegó a aparecer camuflado en el ERE de Mercasevilla. Es muy reveladora.

Corría mediados de la década de los 90. Los trabajadores de COOSUR habían cortado una carretera próxima al acceso a la fábrica en la que trabajaban. Un afiliado de CCOO le preguntó a otro quién era ese “tío de gafas oscuras y pelo largo” que parecía manejar la protesta. Era un joven Juan Lanzas, todavía hoy imputado en una de las 146 piezas paralelas que restan por juzgar del ‘caso ERE’. En aquel entonces Lanzas era de delegado de UGT en Jaén.

“Ese nos revienta todas las negociaciones. Se sienta con las empresas por la espalda de los trabajadores y alcanza acuerdos por su cuenta. Es un hijo de puta”, le explicaba aquel sindicalista de CCOO a su compañero. Aquel día de corte de carreteras, muy cerca de Lanzas, siempre estaba el presidente del comité de empresa de COOSUR, Antonio Garrido Santoyo.

Antonio Garrido Santoyo en los juzgados de Sevilla, en abril de 2014.

Finalmente, Garrido Santoyo consiguió que la Seguridad Social lo prejubilara en noviembre de 1999. Tenía problemas de asma y no podía seguir inhalando un gas con el que se secaba el aceite de orujo que producían en su empresa.

Cobró 159.734 pesetas de finiquito y se le quedó una paga que, al cambio, era poco más de 300 euros. Pero podía seguir trabajando en otro sector que no le perjudicara a su salud. Lo que en ese momento no imaginaba es que su amigo en la batalla por los derechos de los trabajadores, Juan Lanzas, lo metería ocho años después en el ERE de Mercasevilla.

En 1997, de manera casi paralela a abandonar COOSUR, Antonio Garrido montó una televisión local junto a dos socios más. Poco después se hizo con el poder de la empresa. El ayuntamiento, gobernado por el PSOE por aquel entonces, le regó con sustanciosas subvenciones anuales. Y él, además de dirigir el canal, presentar los informativos o comentar los partidos del Baeza CF, hacía campaña política en favor de su propia formación.

Hace ya años que ‘el Garri’ vendió sus acciones en la televisión a su actual responsable, Encarnación Lorite. Ahora se llama 9laLoma Tv. Tiene carácter comarcal. Pero antes de su marcha, Garrido Santoyo consiguió que, en octubre de 2008, el por ese tiempo consejero de Presidencia de la Junta, el jiennense y todopoderoso en la provincia Gaspar Zarrías -condenado este pasado martes a nueve años de inhabilitación- le concediera una licencia de TDT para emitir en Andalucía. Siempre se ha sospechado que Juan Lanzas pudo mediar en favor de su amigo de Baeza.

Tras abrir el ‘caso ERE’ en enero de 2011 e ir desgajándolo con el paso del tiempo en piezas paralelas, la juez Alaya imputó a Antonio Garrido Santoyo. Poco antes, el 16 de noviembre de 2010, el PP de Sevilla dio a conocer ante la opinión pública su inclusión como intruso en el ERE de Mercasevilla. Tras destaparse el escándalo, este sindicalista con sueldo de millonario abandonó la presidencia del Baeza CF, el club de sus amores. Y devolvió los más de 100.000 euros que había cobrado. 

Por eso en diciembre de 2018, la magistrada María Núñez Bolaños, que ahora ocupa el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla tras la marcha de la jueza Alaya a la Audiencia provincial, decidió archivar las dos causas en las que Garrido Santoyo estaba involucrado. Fue una decisiön que extrañó en el ámbito judicial de la capital andaluza. No se entendía dadas las evidencias existentes.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción recurrió el auto de archivo. El pasado 22 de octubre de 2019, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla estimó el recurso del fiscal en un auto al que también ha tenido acceso este periódico. Así, dejaba sin validez el archivo por parte de la jueza Núñez Bolaños y Antonio Garrido Santoyo, ‘el Garri’, seguirá teniendo que rendir cuentas ante la Justicia. Por la documentación siempre se supo que nunca trabajó en el ERE de Mercasevilla. Desde ahora se sabe de su propia boca.