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    Ángel, "machacado por la ley"

    Ángel Carroza, de Girona, trabaja como conserje en un edificio. Su hijo, que se llama como él, está en Brasil desde 2011. Desde entonces no se ven. El menor tiene ya 15 años. La madre, que inició otra relación sentimental con un brasileño, dejó España y se mudó a sudamérica. Ángel tiene reconocida la custodia del niño tanto en Brasil como en España. Pero dice que nadie del Ministerio de Justicia hace nada por ayudarle. "Una vez me dijo un alto funcionario: 'España no va a entrar en conflicto con Brasil por un niño'. Me considero una persona machacada por la ley".
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    Alejandro, seis años sin su hijo.

    Alejandro Altisent, de 43 años, vive en Guadalajara. No ve a su hijo desde el 2 de noviembre de 2013. El crío se llama Marcelo. Cuando se separaron, el niño tenía cinco meses. Vivían con la madre en Holanda. Tras divorciarse, la mujer se marchó a su país natal, Kenia. Alejandro tiene la custodia de su hijo en España, pero al no haber firmado Kenia el Convenio de la Haya, apenas hay resquicio legal para que este hombre pueda reclamar a su hijo. "Mi caso tiene muy poca solución", admite Alejandro, que ya ha hecho "todos los movimientos judiciales posibles". Este padre cree que su hijo está en Nairobi. Lo poco que sabe de él le llega a través de las pocas fotos que su ex publica del niño en redes sociales.
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    Miriam, dos bebés con otra

    Miriam Ruiz vive en Alemania. Hace dos años, ella y su ex decidieron tener hijos por gestación subrogada. Ella donó sus óvulos. Él, su esperma. Una mujer ucraniana dio a luz a dos niños mellizos, Ayden y Skye. Tras nacer los niños, en mayo de 2017, el padre adquirió en España la custodia de paternidad de forma automática tras someterse a un test genético. La madre, no. En este país, y en este tipo de casos, hay que conseguirla por adopción. Pero a finales de noviembre de 2017, el padre de los menores y la niñera -una mexicana- se fugaron de Alemania a España. Ahora residen en Madrid. "No puedo verlos ni tener contacto con ellos. Mi vida ha quedado destrozada". 
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    Olga, por fin con su hijo

    Este próximo viernes 20 de diciembre, el exmarido de Olga ha de devolverle a su hijo, John. Así lo ha dictado un juez de Carolina del Norte (EEUU). La mujer lleva gastados 300.000 euros en abogados, detectives, notarios y viajes de familiares porque ella no puede pisar el país de su antigua pareja, que la denunció, precisamente, por secuestrar al niño, algo que él había hecho. "Hasta que no tenga a John conmigo no me quedaré tranquila", reconoce.
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    Javier, el 'presi'

    Javier Somoza es el presidente de la Asociación Niños Sin Derechos - Contra la Sustracción Parental (NISDE), de la que forman parte 62 personas afectadas por sustracción parental. Tras conocerse esta semana el caso del mallorquín Alberto Encinas, el colectivo ha recibido la llamada del "doble de personas". Sólo en un día, 17. "Es gente en la misma situación que nosotros pero que desconocía que esto le sucedía a otros", explica. Javier se casó con Valentina Suraeva en 2010. Cuando el matrimonio se rompió, ella falsificó su firma y se sometió a una inseminación 'in vitro' con su esperma pero sin su consentimiento. Ahora le chantajea con ver a su hijo a cambio de dinero. Javier no ve a su hijo desde el 6 de septiembre de 2016, después de que la madre lo ingresara en un hospital en cuarentena durante 10 días para evitar su visita. 
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    El niño de Joaquín, por medio mundo

    Joaquim Altemir tiene 50 años. Vive en un pueblo de la periferia de Barcelona. No ve a su hijo desde el 3 de noviembre de 2017. Fue en Abiyán (Costa de Marfil). Tras divorciarse de su ex, ésta se marchó con el niño de país en país por motivos laborales: EEUU, Camerún, Costa de Marfil, Argentina... Ahora vive con el menor, de 11 años, en Buenos Aires. A Joaquim no le permite ver a su hijo. Lo tiene denunciado por violencia de género, delito que él niega haber cometido. Explica que, a su juicio, el menor sufre alienación parental. "Antes de marcharse, la relación entra ambos era normal. Ahora ya ha declarado en mi contra ante un juez". El crío tiene ya 11 años. Una jueza de España obligó a la madre a darle un teléfono de contacto al padre. "Lo llamo dos veces al día y ella nunca lo ha puesto ni ha contestado".