La madrileña Olga Rodríguez Palomo vive estos días entre la alegría y la frustración. El próximo viernes 20 de diciembre se hará efectiva en la Corte de Guilgford (Carolina del Norte, EEUU) la entrega de su hijo, a quien su exmarido tiene retenido desde hace año y medio, tiempo que la madre no ha podido comunicarse con él.
Tras gastar alrededor de 300.000 euros en detectives, abogados, notarios y viajes, un dinero que Olga no disponía y que ha tenido que pedir al banco, a familiares y a amigos, la justicia estadounidense le ha dado la razón y obliga al padre al devolverle a su hijo, John, de nueve años.
Pero Olga, pese a tener a los jueces de su parte, no podrá acudir a recoger al crío, por mucho que lo desee. Su antigua pareja la denunció por secuestro, precisamente lo que él había hecho, y si pisa territorio estadounidense puede ser detenida e ingresar en prisión hasta que se celebre el juicio.
Además, se encuentra asfixiada económicamente y ha recurrido a una campaña de donativos para recaudar los alrededor de 11.000 euros que necesita para pagar los billetes de avión, las noches de hotel y otros gastos del viaje de su hermano y su sobrina, ambos padrinos de John. Ellos, y no la madre, acudirán a EEUU esta próxima semana para traerse al crío de vuelta a España.
“Ya no puedo más, todo esto me ha arruinado, aunque cualquier esfuerzo será poco si de nuevo vuelvo a abrazar a mi hijo”, cuenta Olga durante un pequeño receso en su trabajo.
La mujer, de 45 años, es secretaria de alta dirección. Pero el viernes que viene acaba su actual contrato laboral ya que se encuentra sustituyendo una baja. Aunque ella ve el lado positivo de las cosas. “Me vendrá bien no trabajar durante un tiempo para ayudar a que mi hijo se haga de nuevo a mí, para matricularlo en el colegio… No hay mal que por bien no venga”, dice.
El caso de Olga responde a la perfección a un secuestro parental. Se trata de una situación en la que uno de los dos padres de un menor se distancian del otro y no permiten que el crío tenga contacto con éste. En la mayoría de casos, suelen instalarse en otro país, lo que dificulta aún más la labor de la justicia.
Según datos del Centro Nacional de Desaparecidos, en España se producen 300 secuestros anuales de media desde 2010. Casi uno al día. Desde esa fecha se contabilizan 2.700. En 2018 se produjeron 320. En 2017, 239, de acuerdo a las cifras del Ministerio de Justicia. Esta semana se ha conocido el caso de Albert Encinas, un mallorquín que, tras ocho años sin ver a su hija, Olivia, ha conseguido traerla de vuelta a España desde Polonia, donde la madre tenía retenida a la menor.
La Asociación Niños Sin Derechos - Contra la Sustracción Parental señala que la tasa de reposición -el porcentaje de menores que vuelven con sus padres o madres cuando los secuestra su otro progenitor- es del 12%. En España sólo es delito la sustracción de un menor por parte del progenitor que no tiene la custodia. Si se lo lleva el que sí la tiene, o incluso uno de los dos que ostenta la custodia compartida, sólo se le puede perseguir por incumplimiento del régimen de visitas. El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados señala que el 73% de los secuestros parentales lo realizan las madres.
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El rapto de John
La dolorosa historia de Olga arranca en 2010, cuando ella y su marido, Donald, de origen estadounidense, tienen a John. Él, que es abogado, insiste en mudarse a EEUU. La familia se instala allí. Pero en 2014 Olga y Donald se divorcian. La custodia del niño queda en manos de la madre, que decide retornar a España junto a su hijo. Donald también vuelve con ellos para mantenerse cerca del crío, aunque el contacto entre ambos se va perdiendo con el paso de los meses. El padre, según Olga, nunca ha pagado la manutención del menor.
La historia da un giro drástico en el verano de 2018, hace año y medio. El padre se lleva a Donald de vacaciones a Torrevieja (Alicante). Olga habla todos los días con el crío. “Hasta que uno de ellos el móvil de Donald aparece apagado”, cuenta la madre. “Al día siguiente, igual. Y al otro...".
Desde entonces, Olga no ve ni habla con su hijo. Tuvo que contratar a un detective en EEUU para localizarlo. “Todavía no sé cómo pudo salir de España. Sospecho que a través de la frontera de otro país de la UE, donde pudieron relajarse los controles”, explica Olga.
El menor y su padre habían vuelto al pueblo de Donald. El ex de Olga, conocedor de las leyes de su país, la denunció por haber secuestrado al niño durante su estancia en EEUU, por lo que la mujer se convirtió en una prófuga de la justicia del país presidido por Donald Trump. Fue en ese momento donde comenzó su doble calvario: el sentimental y el económico. Su caso guarda muchas similitudes con el de María José Carrascosa, la abogada valenciana que pasó por una prisión estadounidense por un litigio sobre la custodia de su hija.
Olga, sin poder contactar con su hijo, consiguió interponer una demanda de restitución del niño en EEUU. Un juez americano le dio la razón el pasado 21 de noviembre. Donald debe devolver a John este próximo viernes. La madre reconoce estar nerviosa y confía en que su marido acate la resolución judicial. “Si no lo hace, pasará a estar en busca y captura. Pero hasta que no tenga a John conmigo no me quedaré tranquila”.
Además de la colaboración de su exmarido, Olga necesita que el consulado de España en Carolina del Norte le entregue un visado del niño a su hermano y a su sobrina porque John tiene caducado el pasaporte. Si no, no podrá salir de EEUU. Esta madre se queja de la “nula colaboración y ayuda” de las autoridades españolas en el país más poderoso del mundo. “Para rescatar a un montañista perdido se movilizan cientos de efectivos, pero para devolver a un hijo a su madre o a su padre apenas mueven un dedo”.