SOS por el desastre de PISA: la crisis de España por su nivel educativo

Cuatro letras, apenas unas siglas… ¡Pero qué dolor de cabeza! El informe PISA habló en 2019 y no precisamente para bien. España, en la última prueba, se ha dejado cinco puntos en Matemáticas con respecto a 2016 (de 486 a 481 puntos), situándose en niveles de 2003; y ha obtenido su peor resultado histórico en Ciencias (483) a la espera de que se publiquen los datos de Lectura, puestos en cuarentena tras detectarse "anomalías". Es decir, en términos educativos, España "necesita mejorar" en 2020. No le queda otra: o da o un paso al frente o seguirá cayendo. Eso lo tiene claro el gobierno PSOE-Unidas Podemos, que, con independencia de los apoyos, precisa llevar a cabo reformas que cambien tanto la tendencia como los resultados a corto-medio plazo. ¿Cómo? En principio, todo indica a que será derogando la bautizada como 'Ley Wert' (LOMCE) y aprobando un nuevo marco normativo.

En ese sentido, la comunidad educativa, a lo largo del año, en diferentes foros, ha sido tajante y taxativa: no quiere que la futura ley, la octava en los últimos 40 años, nazca con apellido de ministro/a (presuntamente, el de Isabel Celaá, actual responsable). No, lo que quiere es que, por primera vez, sea la ley de todos, la del consenso y, desde luego, la definitiva. "Llevamos sufriendo la falta de acuerdo por cuestiones partidistas mucho tiempo (…) Hemos tenido un montón de leyes orgánicas. Ni los propios profesores saben qué cambia de una a otra. Esa situación es muy preocupante", señala José Moyano Guzmán, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros Educativos (ANELE), en conversación con EL ESPAÑOL.

PISA, simplemente, ha puesto en evidencia las flaquezas de un sistema educativo mermado por el constante cambio de leyes educativas. España, en Ciencias y Matemáticas, está al nivel que Lituania y Hungría; y por debajo de la puntuación media (489) del resto de países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), según señala el informe PISA, que examina a medio millón de estudiantes de 15 años –con independencia del curso en el que estén matriculados– en medio mundo.

El Gobierno, con esa realidad sobre la mesa, tiene por delante un reto magnánimo. PISA no es el único problema a resolver. España, según un informe de Save The Children, es el cuarto país de la OCDE con la tasa más alta de alumnos repetidores, un 28,7% frente al 11,4% de media. Se sitúa por detrás de Colombia (40,8%), Luxemburgo (32,8%) y Bélgica (30,8%). ¿Con qué resultados? De momento, no muy halagüeños. Si acaso, esa repetición, según diferentes apuntan diferentes expertos educativos, sirve para desmotivar a los alumnos y separarlos de sus amigos.

Otro de los caballos de batalla del Gobierno será acabar con la brecha 'monetaria'. Actualmente, según el mismo informe de Save the Children, un alumno desfavorecido tiene una probabilidad de repetir curso cuatro veces más alta que uno con un perfil socieconómico alto. Es, de hecho, el segundo en esa clasificación, sólo por detrás de Eslovaquia.

La otra brecha que el Gobierno tiene la responsabilidad de coser es la autonómica. Las regiones del norte, en PISA, obtienen mejores resultados que las del sur. De hecho, Navarra, País Vasco y Castilla y León lideraron la clasificación en Matemáticas; y Galicia, Castilla y León y Asturias hicieron lo propio en Ciencias. En cambio, Andalucía, Islas Canarias, Melilla y Ceuta sacaron los peores resultados en ambas materias.

La última pata de esa futura ley tendría que ir dirigida a reducir el bullying, sufrido por el 17% de los alumnos, según el informe PISA, un porcentaje inferior al del resto de países de la OCDE (23%). Pero, en cualquier caso, preocupante.

La batalla contra la concertada

Las brechas, el bullying, los resultados… y la concertada. Todo indica a que su desmantelamiento podría entrar dentro de los planes del Gobierno. El pasado noviembre, Celaá, en el XV Congreso de Escuelas Católicas, puso sobre aviso a todos al reconocer que "de ninguna manera el derecho de los padres a escoger una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de enseñanza".

Estas declaraciones, hechas en un momento determinado, durante la negociación con Unidas Podemos, trascendieron como un posible guiño a su socio preferente, partidario de constreñir la educación concertada en beneficio de la pública. "Hay que reducirla a situaciones experimentales, situaciones en las que se puedan experimentar determinados elementos de innovación”, reconoció Pablo Iglesias en 2014, en El Objetivo. "No me gusta –prosiguió– que se financie con dinero público a escuelas donde los métodos educativos no los deciden instituciones dependientes de la ciudadanía, sino instituciones privadas".

En ese sentido, dar un golpe a la concertada podría ser una de las líneas a seguir por el próximo ejecutivo.

La FP, su prioridad

El Gobierno no sólo ha expuesto, con palabras o programas, lo que puede ser una futura ley educativa, sino que también ha impulsado ya una de sus principales líneas maestras. En el Consejo de Ministros ya ha aprobado un Plan Estratégico de Formación Profesional para "modernizar" este tipo de enseñanzas y aumentar el número de matriculados en España (actualmente, del 12%) respecto al resto de países de la OCDE, que llega al 25%.

Para conseguir su objetivo, el Gobierno trabajará en dos líneas. Por un lado, fomentando la oferta online y llevando a 3.000 municipios de pequeños y mediano tamaño la FP, lo que permitirá que 200.000 alumnos más puedan acceder a este tipo de formación. Y, por otra parte, incrementando la colaboración entre empresas, desarrollando el modelo de FP Dual (combinando prácticas con enseñanza) y promoviendo la movilidad del profesorado.

Esta apuesta, además, responde a un panorama que ha ido cambiando en los últimos años (las vacantes de empleo para FP, por primera vez en 22 años, son superiores a las de ofertadas o graduados), según el último informe anual de Infoempleo y Adecco. Y, por otra parte, las matriculaciones, en 11 años, se han duplicado, pasando de 462.492 alumnos a 861.906.