Los característicos dibujos a modo de mosaico que presiden su caparazón y su precio asequible en los mercadillos marroquíes convirtieron a las tortugas moras (Testudo graeca) en un souvenir para muchos andaluces que las adquirían para colarlas ilegalmente en su equipaje tras visitar Marruecos por turismo o por trabajo. Otros directamente las cogían de su hábitat natural. La moda de tener uno de estos ejemplares como mascota se acabó en julio de 2015 cuando entró en vigor la reforma del Código Penal y la tenencia de esta especie catalogada en peligro de extinción en España pasó de ser considerada una simple falta administrativa a un delito castigado con multa y penas de prisión de seis meses a dos años.
Para evitar problemas legales los propietarios comenzaron a entregar las tortugas moras a la Junta de Andalucía, incluso las abandonaron en el campo a pesar de los riesgos que ello conllevaba: desde hibridación genética a transmisión de enfermedades, como la rinitis crónica, una afección que puede poner en peligro a las poblaciones silvestres. Ese cambio legislativo ha provocado un overbooking de estos ejemplares en la red andaluza de Centros de Recuperación de Especies Amenazadas porque no existe un hábitat natural lo suficientemente extenso para liberarlas. “En nuestro caso en el Zoológico de Jerez ya no hay sitio para las tortugas moras y la única opción era llevarlas a Almería donde estarían hacinadas”, expone Juan Clavero sobre el panorama que hay en la provincia gaditana y que hace dos años le motivó a iniciar un vía crucis burocrático para poner en marcha un proyecto con un solo objetivo: devolver a Marruecos los ejemplares introducidos de manera irregular en Cádiz.
Cuando este miembro de Ecologistas en Acción inició los tediosos trámites administrativos a dos bandas con la Junta de Andalucía y el Gobierno marroquí para lograr el visto bueno a esta iniciativa, nada hacía presagiar las nefastas consecuencias personales que le depararía: la Agencia Tributaria ha propuesto sancionar a Juan con la friolera de 20.700 euros, por supuesto contrabando de especies protegidas. “Esto es algo insólito: debe ser un error”, se repite este catedrático de Biología sin poder dar crédito al contenido del expediente sancionador que la Agencia Tributaria le notificó el 30 de diciembre. “Es el premio fin de año”. Este gaditano prefiere tirar de ironía a la hora de hablar sobre un asunto que empaña su dilatada labor velando por la conservación del medio ambiente y sus especies: “Soy uno de los voluntarios fundadores del grupo que Ecologistas en Acción tiene en El Puerto de Santa María desde 1982”. De hecho, en la actualidad es el responsable del área de Conservación de la Naturaleza.
Profesor jubilado de Secundaria
“Hasta mi jubilación he sido profesor durante 38 años en el instituto Santo Domingo”, añade para remarcar que ni su trayectoria como activista ni su currículum profesional en la provincia gaditana se asemejan al de un contrabandista de animales. Los problemas de Juan Clavero con la Agencia Tributaria comenzaron cuando a este catedrático de Biología le entregaron dos ejemplares de tortugas moras: una hembra propiedad de un pescador que la tenía de mascota en su casa tras introducirla desde Alhucemas y un macho de un trabajador del puerto de Ceuta. “Estoy indignado porque estamos haciendo lo que no hace la Administración, la gente nos ha depositado tortugas que se han traído ilegalmente del norte de Marruecos y en Ecologistas en Acción nos hemos hecho cargo de ellas para evitar la otra opción: abandonarlas en el campo con los riesgos que ello conlleva, como ya ha ocurrido con los galápagos de Florida y las cotorras”, ejemplifica este profesor jubilado de Educación Secundaria, de 65 años.
Los reptiles estaban siendo cuidados por el biólogo en una parcela que tiene la organización ecologista en el Puerto de Santa María y donde se recrea al aire libre su hábitat semiárido con arena y vegetación. Tan buenas fueron las condiciones que se encontraron ese macho y esa hembra que se acabaron reproduciendo: trajeron al mundo 19 crías. El proyecto de Juan pretendía reintroducir esos 21 ejemplares en Marruecos. “Como yo me he encargado de todos los trámites me viene un multazo: esto es histórico”. Vuelve a tirar de ironía el catedrático para no romper en cólera por los 22.700 euros con los que propone sancionarle la Agencia Tributaria. “No tengo para pagar y me tendrían que embargar”.
Pruebas documentales
De momento, el ecologista gaditano está preparando las alegaciones donde aportará la documentación que ha enviado a este diario para demostrar su inocencia. Una de las pruebas documentales es la carta que recibió en febrero de 2019 del Reino de Marruecos: “La Alta Comisión para el Agua y los Bosques y la Lucha contra la Desertificación del Reino de Marruecos no tiene objeciones a la repatriación (…)”. En la mencionaba misiva del reino alauí solo ponen dos condiciones para dar el visto bueno al proyecto de Ecologistas en Acción. La primera consiste en que el viaje de regreso de las tortugas moras a suelo marroquí se realice previa obtención del certificado CITES, que autoriza a trasladar especies protegidas de un país a otro. La segunda establece que los ejemplares sean trasladados al Zoológico de Rabat para que pasen allí una cuarenta, con el objetivo de verificar que no padecen ninguna enfermedad.
Juan prosiguió recabando permisos de la Junta de Andalucía a la que envió un escrito. En julio de 2019 le respondió favorablemente la Consejería de Desarrollo Sostenible: “La política de esta Consejería viene siendo liberar las tortugas autóctonas en el medio natural de Almería y confinar en recintos cerrados las norteafricanas y también las de origen desconocido o inseguro. Sin embargo, lo deseable sería que las tortugas de origen norteafricano fuesen devueltas a Marruecos o Argelia, de donde proceden, y liberadas en el medio natural. Es por ello que valoramos positivamente la iniciativa de la asociación de repatriar a Marruecos los ejemplares introducidos ilegalmente en Cádiz, así como su descendencia”.
Durante estos años de trabas burocráticas recibió otros dos ejemplares y en la parcela de Ecologistas en Acción ya cuidaban a 23 ‘Testudo graeca’. “Separamos los machos de las hembras para que no se volvieran a reproducir”, apunta Juan. Después de contactar con el colectivo ecologista marroquí AZIR se acordó que una vez pasada la cuarentena en Rabat, el alojamiento definitivo de los reptiles sería el Parque Nacional de Alhucemas. Para que las tortuguitas realizasen el viaje de vuelta a casa tenían que contar con el certificado CITES, tal y como le había exigido el Reino de Marruecos. Más burocracia.
De villano a héroe
El catedrático de Biología solicitó el papelote a la Dirección Provincial de Comercio de Cádiz que depende del Ministerio de Industria. “Les agradecemos su correo y en contestación al mismo les informamos de nuestra mejor disposición para tramitar el permiso de exportación requerido (…)”, exponía al inicio de su breve respuesta el organismo que depende del Ministerio. Para la tramitación del expediente la Dirección Provincial de Comercio de Cádiz necesitaba que el Seprona aportase un informe sobre las tortugas moras. “Llamé a la Guardia Civil para que levantara acta, vinieron a ver dónde estaban los ejemplares y los fotografiaron, se lo mandaron todo a la Dirección Provincial de Comercio y la respuesta que nos dio es mandarlo a la Agencia Tributaria para que nos multe: ¡Estoy cabreadísimo!”.
En el expediente sancionador se considera que los hechos son una infracción grave y concluye que durante la visita del Seprona no se acreditó la procedencia de las tortugas moras: “Al ser requerido para que muestre alguna documentación al respecto, manifiesta que carece de documento alguno”. Lo más llamativo del documento es que se señala a Juan Claver, al que acusa de supuesto contrabandista, como responsable de la custodia de los reptiles en Cádiz: “Asimismo se le designa como depositario al no haberse asignado hasta la fecha por el Centro de Asistencia e Inspección del Comercio Exterior ningún centro de rescate para el depósito de los ejemplares intervenidos”.
Otra multa para otro custodio de tortugas
En este punto de la historia este catedrático no puede evitarlo y rompe a reír de pura impotencia: “No tienen un lugar donde llevarlas y al que nombran depositario lo multan”. No es el único que tiene motivos para estar cabreado porque también le ha sido notificado otro expediente sancionador por importe de 1.600 euros a Antonio Acosta. Se trata de un profesor de un instituto de Ubrique, que también forma parte de Ecologistas en Acción, y que se puso en contacto con Juan Clavero para informarle de que tenía dos tortugas moras de su difunto suegro. “Me llamó para que las incluyera en el proyecto de repatriación a Marruecos”, resume el catedrático de Biología.
Esos dos ejemplares fueron introducidos en la localidad gaditana de El Bosque en 2001 por un trabajador del puerto de Ceuta que se las acabó cediendo a José Luis Juárez, un profesor del Colegio Albarracín. El docente en cuestión informó de ello a la Junta de Andalucía y como la administración no le instó a que hiciera nada, pues optó por utilizarlas en actividades educativas con los escolares. En 2018 José Luis Juárez falleció y el cuidado de las tortugas moras recayó en su yerno: Antonio Acosta. La Agencia Tributaria ha propuesto una multa contra él de 900 euros por cada ejemplar después de que este profesor de Secundaria contactase voluntariamente con el Seprona para obtener el certificado Cites imprescindible para repatriar a las tortugitas a suelo marroquí.
El malestar en Ecologistas en Acción Andalucía es monumental. Prueba de ello es que su portavoz autonómico, José Antonio Cabrera, exige a la Agencia Tributaria el archivo de “estos insólitos expedientes” contra Juan Clavero y Antonio Acosta. El portavoz alega que se trata de voluntarios “con amplia trayectoria y solvencia que han organizado un proyecto pionero en Andalucía para devolver ejemplares de tortugas moras traídas ilegalmente”. También avanza que pedirá una explicación a la Subdelegación del Gobierno: “Debe ser que en Cádiz no hay mayores problemas de contrabando para dedicar tiempo y funcionarios a perseguir a dos peligrosos ecologistas que pretenden devolver una especie protegida a su país de origen”. Desde la Agencia Tributaria no se han querido pronunciar sobre las multas propuestas: “Por ley no podemos hablar de ningún expediente”.
Por su parte, el Ministerio de Industria asegura a este diario no saber nada del asunto: “No tenemos constancia de la apertura de un expediente sancionador por parte de la Dirección Provincial de Comercio. Las competencias sancionadoras corresponden a la Administración Tributaria”. El responsable del área de Conservación de la Naturaleza de Ecologistas en Acción en Cádiz, Juan Clavero, avanza que está dispuesto a ir a los tribunales si no prosperan sus alegaciones contra la multa de 20.700 euros: “Ahora resulta que al que se ha traído ilegalmente las tortugas moras no le hacen nada y a nosotros que las queremos devolver a su país nos acusan de traficantes. Esto es de locos”.