¿Y a ti dónde te coloco? De reportera de 'La Tuerka' a directora general y otros 'dedazos' del Gobierno

María Teresa Pérez, 27 años, antigua reportera del programa televisivo Otra vuelta de Tuerka y ahora directora general del Instituto de la Juventud. Irene Lozano, escritora del libro de Pedro Sánchez, sin afición por el deporte conocida y nueva secretaria de Estado para el Deporte. Javier García Fernández, expulsado de la función pública por tener que jubilarse, pero en la Secretaría general de Cultura no le hace falta ser funcionario. Sergio García Torres, experto en posicionamiento en línea de empresas mayoritarias de bisutería y ahora director general de Derechos de los Animales. Y la lista sigue.

Los nombramientos que se están conociendo estos días -principalmente secretarías de Estado y direcciones generales- para ocupar los distintos altos cargos de la Administración están dejando sorpresas sin precedentes. Siempre ha habido amiguismo, devolución de favores y compadreo. Amigos fieles que se quedan descolocados encuentran un nuevo puesto parece que hecho a medida, perfiles válidos para desarrollar labores técnicas son sustituidos por personas políticamente afines y puestos que, por ley, deberían ser ocupados por funcionarios ahora se están viendo copados por políticos de escasa trayectoria. Pero ahora más que nunca.

La ley establece que un cargo como el de director general debe estar ocupado por un funcionario. Sólo en casos sumamente excepcionales, y siempre y cuando no se haya encontrado a un funcionario apto para desarrollar la labor, entonces se podría optar por elegir a una persona externa. Bien. En el último Gobierno de Mariano Rajoy las excepcionalidades fueron 10 personas. En el primero de Pedro Sánchez fueron nueve. Ahora, la cifra asciende a 23.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al resto del Ejecutivo.

Antes de llegar al Gobierno, Pedro Sánchez hablaba de regeneración. Pero ahora, en el nuevo Ejecutivo de coalición se está viendo no sólo como arrastra vicios sino que los ensancha. Y todo ello bien podría ser un apunte en Sin noticias de Gurb, la novela de Eduardo Mendoza que recoge el diario de un extraterrestre que narra con incredulidad e inocencia lo que sucede en la Tierra. Sería algo así:

10.45. Después de desayunar diez docenas de churros y sus envoltorios, leo en la prensa que antes de mi aterrizaje existía un Ministerio de Ciencias y Universidades. Dos señores, uno guapo y otro con coleta, han decidido dividir ese Ministerio en dos. Dándose cuenta del error, ya que aquí la ciencia se investiga principalmente en la universidad, han tenido que crear un órgano distinto para coordinar ambos ministerios. No lo entiendo, ¿por qué lo separan?. En otra materia, como tengo que solucionar el tema del dinero miro el catálogo de humanos y decido transformarme en militante de base, leal y al que se le deben favores. Los terrícolas llaman a esto ‘amigo’ o ‘secretario de Estado’, y todos encuentran trabajo.

La única exageración del apunte literario es el desayuno de diez docenas de churros. Para poner esto en cifras, los secretarios de Estado y directores generales pueden cobrar entre 120.000 y 140.000 euros anuales de salario base, a los que se podrían añadir variables y complementos que los dupliquen. Este es el top ten de los nombramientos más surrealistas, controvertidos y fuera de contexto, a la espera de que el próximo martes, tras el Consejo de Ministros, se produzcan nuevos nombramientos que ahonden en la misma tónica.

De ‘La Tuerka’ al Injuve

María Teresa Pérez (Unidas Podemos). De origen alicantino, María Teresa Pérez (Petrer, 1993) ha sido nombrada directora general del Instituto de la Juventud (Injuve). Cumple para el puesto lo de ser joven, poco más. Pérez entró, de la mano de Unidas Podemos, en el Congreso como una de las diputadas más jóvenes tras las elecciones del pasado abril, pero en noviembre no consiguió revalidar su escaño. No hay problema, hay un puesto guardado para ella con alrededor de 34.000 euros de sueldo.

¿Por qué tiene un lugar tan especial? Ella es periodista de profesión y, tras pasar por las agencias EFE y Europa Press, acabó trabajando como reportera en los programas Otra vuelta de Tuerka y Fort Apache. Ambos programas están presentados por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que la ha nombrado para un puesto donde debería haber un funcionario. Seguro que la ley se siguió tal y como establece. Seguro que en toda la Administración no había un funcionario apto para desarrollar esa labor y por eso ha recaído sobre Pérez. Seguro que su afinidad con el líder no tiene nada que ver.

María Teresa Pérez, directora general del Instituto de la Juventud.

De la escultura a los animales

Sergio García Torres (Unidas Podemos). Otro nombramiento llamativo es el de Sergio García Torres, nuevo director general de Derechos de los Animales. Un puesto recién creado. Torres tiene una titulación de Técnico Superior en Artes Aplicadas a la Escultura. Y ha trabajado, además de como político, en el departamento de comunicación de organizaciones políticas, de community manager y propiciando el posicionamiento en línea de empresas mayoristas de bisutería. También ha sido responsable del diseño y elaboración de newsletters.

El problema con Torres es que no es un funcionario del Cuerpo Nacional Veterinario, algo que le haría óptimo para el puesto. En cambio, es activista. Regenta el bar vegano Pura Vida, ubicado en el madrileño barrio de La Latina, y ha estado luchando por los derechos de los animales desde posturas siempre políticas. Una de sus frases más llamativas es cuando afirmó que la leche no es necesaria para el ser humano.

Sergio García Torres, director deneral de Derechos de los Animales. E.E.

Del libro al deporte

Irene Lozano (PSOE). “¿Y la Eurocopa del 2020?”, le preguntaba el periodista Carlos Alsina, el pasado miércoles, a Irene Lozano (Madrid, 1971). “¿Qué?”, responde ella. “Que dónde se celebra la la Eurocopa”, incide el periodista. “La final, en Estambul, ¿no?”, responde Lozano. No. Irene Lozano es la nueva secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del Consejo Superior de Deportes y no sabe dónde se celebra la Eurocopa. Pero tampoco le hace falta. Su cargo, aunque aparentemente poco idóneo para ella, es político.

Su nombramiento, porque nunca ha tenido vinculación alguna con el deporte, ha sido considerado por muchos como una especie de premio de consolación tras haber sido cesada de la Secretaría de Estado de España Global. Y es que a Lozano no le ha faltado tiempo para caerle en gracia al Presidente. Tras pasar por UPyD y tantear con Ciudadanos -donde no entró por no conseguir el protagonismo que quería- cayó en el PSOE. Ahí ya hizo carrera, le dio forma literaria al libro Manual de resistencia de Sánchez y, paradójicamente, está considerada una experta en regeneración democrática.

Irene Lozano, secretaria de Estado para el Deporte y presidenta del CSD. E.P.

Alto Comisionado sin Ministerio

Francisco Polo (PSOE). Francisco Polo (Valencia, 1981) tuvo un problema: después de estar en Change.org fue nombrado secretario de Estado para el Avance Digital bajo el Ministerio de Economía de Nadia Calviño, pero la ministra decidió prescindir de él en esta nueva legislatura. No pasa nada, una silla por otra. Sánchez lo ha nombrado ahora Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. La ventaja que tiene es que con este nuevo puesto ya no depende de ningún ministerio y pasa directamente a depender de Presidencia. Que nadie rompa el idilio entre ambos.

De la historia al consumo

Rafael Escudero (Unidas Podemos). El nombramiento de Rafael Escudero como secretario general de Consumo, en el Ministerio de Alberto Garzón, deja entrever bien cómo funciona la maquinaria de la amigocracia. La contraparte de Escudero es Juan Espinosa, director general de Juego nombrado por el Partido Popular y mantenido desde entonces. El que un nombre sobreviva a varios gobiernos debería ser algo generalizado para asegurar la neutralidad de la Administración. Sin embargo, es la excepción.

Rafael Escudero, secretario general de Consumo. E.E.

Escudero es licenciado y doctor en Derecho y es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Fue el encargado, desde la dirección de la Oficina de Derechos Humanos, de supervisar las políticas de Memoria Histórica en el consistorio madrileño con Manuela Carmena. Nadie le critica su inteligencia o su valía. Pero su vinculación, especialidad o trayectoria respecto al juego es desconocida. Sí que es conocida su vinculación con Izquierda Unida y Podemos y con eso parece suficiente.

El jubilado recuperado

Javier García Fernández (PSOE). Con Javier García Fernández (Madrid, 1949) se ha producido una situación interesante. Él sí que es funcionario, el problema es que debería estar jubilado. Para salvarlo, entonces, se le ha asignado un puesto para el que no hace falta serlo: la Secretaría General de Cultura, de nueva creación y libre designación.

Javier García Fernández, secretario general de Cultura. E.E.

García Fernández ocupaba la Subsecretaría de Cultura bajo el anterior ministro de Cultura, José Guirao. Sin embargo, en 2019 fue obligado a dimitir por haber cumplido los 70 años. Ahora ya no tendrá este problema y quizás sea lo mejor. García Fernández es el único alto cargo del ministerio con experiencia en la gestión cultural. Sus compañeros el ministro, la jefa de gabinete y la subsecretaria no la tienen.

Más amiga que funcionaria

Bibiana Medialdea (Unidas Podemos). La economista y profesora de la Universidad Complutense Bibiana Medialdea ha sido nombrada directora general de Consumo. Dando por hecho ya que lo de ser funcionario es un requisito que se tiene en cuenta de manera laxa, Medialdea está profundamente vinculada a Unidas Podemos. Ha sido coordinadora del Consejo Asesor de la Auditoría Ciudadana de Deuda del Ayuntamiento de Madrid bajo la alcaldía de Manuela Carmena. Pertenece al colectivo Novecento, del que también forma parte el ahora nombrado director general de Derechos Sociales con Pablo Iglesias, Nacho Álvarez. Además, es una de las economistas de cabecera de Podemos, colando algunas de sus propuestas en Vistalegre I.

Bibiana Medialdea, directora general de Consumo. L.S.

Suficientemente racializada

Rita Bosaho (Unidas Podemos). La polémica en torno al nombramiento de Rita Bosaho (Guinea Ecuatorial, 1965) como directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial fue considerable. Huelga decir que, excepto porque no es funcionaria, es una persona ideal para el puesto. Mano derecha de Irene Montero, la actual ministra de Igualdad había elegido para ese puesto a Alba González pero tuvo que recular porque esta última no es una persona racializada, era blanca. Bosaho sí es lo suficientemente racializada.

Bosaho fue la primera mujer negra en entrar en el Congreso de los Diputados, en 2015. De origen ecuatoguineano, ha destacado como activista en favor de las personas racializadas. De todas formas, no es la primera de la saga familiar en dedicarse a la política: su tío Enrique Gori fue presidente de la Diputación provincial en Guinea Ecuatorial y procurador en las Cortes españolas de Francisco Franco, del que era afín.

Rita Bosaho, directora general de Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial. Podemos

Siempre cae de pie

Francisco Martín Aguirre (PSOE). Francisco Martín Aguirre es uno de esos eternos colocados que, gracias a su afinidad con las altas esferas del Gobierno, en este caso con Pedro Sánchez, siempre encuentra un sitio donde caer. Él fue el responsable de la campaña de micromecenazgo que financió las primarias en las que Sánchez consiguió vencer a Susana Díaz tras ser defenestrado. Podría decirse que Sánchez está hoy donde está gracias a que Martín Aguirre le consiguió el dinero para ello.

Y eso lleva premio. En el primer Gobierno de Sánchez entró en el Consejo de Administración de Paradores. Ahora, se le vuelve a agradecer el gesto haciéndolo director del Departamento de Planificación y Seguimiento de la Actividad Gubernamental en el Consejo de Ministros, bajo las órdenes del todopoderoso Iván Redondo.

Diputadas de oro

Ione Belarra y Noelia Vera (Unidas Podemos). El caso de Ione Belarra y Noelia Vera, ambas diputadas de Unidas Podemos, no es tan escandaloso per se. Pero es significativo por lo que representa. La formación morada se ha visto, de repente, con un poder al que no había accedido antes y no dispone de nombres que hayan ocupado cargos intermedios en la Administración y que puedan habitar los nuevos puestos de relevancia que tienen que rellenar.

Por ello, Unidas Podemos se está viendo obligado a recurrir a diputados y personas con mucho peso dentro del partido para esos escalafones siguientes a sus nuevos ministros y vicepresidente. Así, Ione Belarra, que ejercía de portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, se ha visto convertida en secretaria de Estado para la Agenda 2030 y Noelia Vera será secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género. Ambas han decidido seguir siendo parlamentarias.

Noelia Vera (izquierda), Pablo Iglesias (centro) e Ione Belarra (derecha). E.E.

“Debilita el Estado”

“La norma es que seguir esta tónica en los nombramientos debería ser algo excepcional. Pero lo que estamos viendo, que haya 23 excepcionalidades por ahora, es de todo menos eso”, explica a EL ESPAÑOL Jordi Solé, presidente de Fedeca, una suerte de sindicato que agrupa a los Cuerpos Superiores de la Administración. A la espera de analizar caso por caso, Fedeca se está planteando recurrir algunos de los nombramientos recientes.

“Esto es así porque la ley busca que la Administración sea neutral. Todos los cargos, ascendiendo hasta los directores generales, deberían ser funcionarios públicos”, explica. “La ley está bien pensada y abre grietas por si acaso, pero esas grietas se están convirtiendo en puertas y están usando la Administración como agencia de colocación”, critica.

-¿Esto se puede deber a que, para funcionar, un Gobierno de coalición necesite más órganos? ¿O que, al haber dos partidos en el Ejecutivo, se esté politizando la Administración?

-No necesariamente, porque es algo que han hecho todos. Es una cultura política que hay que desterrar. Hace mucho tiempo que creo que es uno de los males de España, porque debilita las estructuras del Estado. Ahora nos ha dolido especialmente el número, que sean 23. Hay otros países europeos en los que ni siquiera cambian los secretarios de Estado ni los gabinetes de los propios ministros. Pero lo hacen todos, ese es el problema.