Todas las semanas tienen que comparecer en sede judicial y no pueden abandonar territorio español bajo ningún concepto. Tal situación está condicionando sus vidas a nivel académico, laboral, psicológico y moral. Este es el último argumento esgrimido por el abogado Melecio Castaño ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia para solicitarle, por segunda vez, “el cese inmediato” de las medidas cautelares impuestas a sus clientes: los tres afganos que fueron denunciados por tres hermanas norteamericanas por una supuesta agresión sexual ocurrida durante la celebración de Nochevieja en la capital murciana.
El más perjudicado por su situación procesal es Johannes porque tras abandonar Afganistán estaba residiendo en un colegio mixto noruego y en caso de que no se le retiren las medidas cautelares que desde enero le impiden salir de España podría perder una beca de estudios en la Universidad Popular de Noruega, que está valorada en 5.000 euros. El abogado ha aportado al juzgado un certificado de esa institución docente del país nórdico que corrobora que este joven para seguir becado no puede faltar a las clases de los estudios que cursa sobre kickboxing y fitness: “Si un estudiante se ausenta más del 10% de las clases pierde la beca y se transforma en un préstamo, tiene que pagar 50.000 coronas (unos 5.000 euros)”.
El citado escrito recuerda el elevado coste que tiene un año de estudios en la Universidad Popular cuyo importe asciende a 119.850 coronas (unos 12.000 euros). También alerta de que Johannes era uno de los alumnos que más destacaba dentro del curso formativo en el que estaba matriculado y el próximo 1 de febrero iba a competir en la Copa de Noruega de kickboxing que se iba a celebrar en la ciudad de Hamar. “Lleva meses entrenando y tenía grandes posibilidades de medalla, los gastos de vuelo y hotel ya han sido pagados para este campeonato”.
Este joven, de 20 años, conocido por sus amigos como Ali, también tenía previsto viajar a final de curso a Tailandia para entrenar en las instalaciones de Tiger Muay Thai. Después de haber sido detenido por la Policía Nacional y tras pasar a disposición judicial el 4 de enero, Johannes quedó en libertad con cargos y sin posibilidad de regresar a Noruega en el vuelo que tenía reservado el 7 de enero porque se le retiró el pasaporte al igual que a sus otros dos amigos: Mohammad y Sayed.
Informático y hostelero
Precisamente, el letrado de los afganos expone en su escrito que una situación similar está viviendo Mohammad porque antes de que se le concediera el asilo político en España había residido en Dinamarca donde cuenta con una familia de acogida. De hecho, estos familiares se personaron en los juzgados de Murcia el 4 de enero para entrevistarse con el joven después de quedar en libertad, en calidad de investigado, por la supuesta violación de las norteamericanas. Mohammad era conocido en el país danés como Simo y trabajaba como informático.
En el momento de los hechos este chico, de 25 años, se encontraba en España porque estaba pendiente de obtener el asilo político. De hecho, su expediente se resolvió de forma positiva otorgándole la referida medida el 2 de enero, justo unas horas antes de ser arrestado ese mismo día por la Policía Nacional como sospechoso de la agresión sexual denunciada en Año Nuevo por las hermanas.
El tercero de los detenidos, Sayed, había obtenido el asilo político en España en noviembre de 2019 y estaba residiendo en un piso de la calle Cortés de la capital del Segura. Este inmueble lo gestiona la ONG Murcia Acoge dentro de un programa cuyo objetivo es garantizar la inclusión social y laboral de la población inmigrante. Este joven, de 20 años, formaba parte del referido programa y para lograr su inclusión estaba recibiendo formación en el Centro de Cualificación Turística de la Región de Murcia. A mediados de enero, Sayed iba a comenzar sus prácticas en un negocio de hostelería de la capital del Segura para completar la formación teórica que había recibido y posteriormente iba a buscar un trabajo en el sector hostelero.
Las situaciones personales que están atravesando los investigados han llevado a su abogado a solicitar al juzgado el cese de las medidas cautelares “dados los graves perjuicios que están sufriendo (morales, psicológicos, académicos y laborales, entre otros)”. Melecio Castaño en su escrito concluye que Johannes “está perdiendo sus estudios en Noruega y un campeonato deportivo importante en la disciplina deportiva que practica y en la que destaca especialmente”. En cuanto a Mohammed y Sayed denuncia que “están perdiendo oportunidades laborales, de hecho iban a empezar a trabajar en Murcia a primeros de año y no han podido hacerlo por las circunstancias que rodean a este caso”.
Conversación en Instagram
El letrado de la defensa argumenta al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia que las hermanas norteamericanas han recuperado la vida cotidiana en su país, “mientras que mis clientes tienen destrozada la suya como consecuencia de una denuncia que es falsa”. Esta es la segunda ocasión en la que Melecio Castaño pone en duda la veracidad del contenido del testimonio que prestaron las americanas en la Jefatura de Policía y esta vez apoya tal afirmación aportando una captura de una conversación que mantuvieron por Instagram una de las denunciantes con uno de los presuntos violadores.
En las diligencias policiales constaba que la presunta violación se produjo en dos pisos distintos de la capital murciana después de que las americanas y los afganos se conociesen en el BadulaKe Erasmus Bar durante la Nochevieja. De un lado, Julia se fue voluntariamente con Sayed al inmueble que ella misma había alquilado en el Barrio de Santa Eulalia, con motivo de su estancia en Murcia porque había recibido una beca para aprender castellano entre septiembre y diciembre. Por su parte, Claire y Olivia habían acudido a pasar la Navidad con su hermana y en la celebración de Fin de Año decidieron marcharse por su propia voluntad con Mohammad y Johannes al domicilio de la calle Cortés.
Tras sufrir las presuntas violaciones, según consta en las diligencias policiales, tanto víctimas como agresores acabaron juntos la madrugada en el piso de Santa Eulalia. Posteriormente, las norteamericanas no sabían cómo quitarse de encima a los violadores y se inventaron que tenían que coger un autobús en la estación de San Andrés. Hasta la mencionada estación fueron acompañadas dos de las hermanas por Sayed, Mohammad y Johannes, y allí se produjo, según los investigadores, una despedida “cordial”. Ahora el letrado defensor de los afganos aporta al juzgado el extracto de una conversación mantenida entre Claire y Mohammad, vía Instagram, el miércoles 1 de enero, es decir, el mismo día que fue interpuesta la denuncia de marras.
— Claire: No terminé yendo a la estación de autobuses.
— Claire: Permanezco en Murcia hoy. ¿Puedo pasar por tu apartamento?
— Claire: ¿Puedes enviarme tu dirección?
— Mohammad: OK. Ven a Santo Domingo.
— Mohammad: Plaza de Santo Domingo.
Fotos, vídeos y audios
Melecio Castaño concluye en su escrito que “este hecho, lógicamente, desmiente definitivamente el contenido de su ya de por sí incoherente acusación”. El letrado defensor de los jóvenes afganos solicita al juzgado “el visionado de todos los mensajes, fotografías, vídeos y audios contenidos en los terminales de mis representados, los días 31 de diciembre de 2019 y 1 de enero del presente año, que contienen archivos de vídeo e imágenes con las denunciantes que desmontarían definitivamente (si es que no se desmonta ya por sí misma) su versión de los hechos, incluso algún vídeo realizado dentro de las habitaciones y en el local donde estuvieron previamente”.
En esta misma línea solicita que se le haga llegar una copia de las imágenes de las cámaras de seguridad del BadulaKe Erasmus Bar y de la estación de autobuses de San Andrés porque “igualmente van a dejar en evidencia” a las denunciantes norteamericanas.
Alerta de la Embajada de EEUU
El escrito del abogado se presentó el lunes y solo un día después, este martes, la Embajada de Estados Unidos en España ha puesto de manifiesto la repercusión mediática que está teniendo el caso de la supuesta violación que sufrieron en Nochevieja sus compatriotas tras emitir una alerta de seguridad. En la misma informa de que se ha producido un aumento de "agresiones sexuales contra jóvenes visitantes y estudiantes estadounidenses en toda España". Las autoridades diplomáticas norteamericanas han emplazado a las jóvenes de su país a aumentar las medidas de precaución durante su estancia en suelo español.
La Embajada advierte en su alerta de que los ciudadanos estadounidenses que sufran una agresión sexual en España, pueden encontrar "muy difícil" el hecho de tener que "manejarse en el sistema de justicia penal local, que difiere significativamente del sistema de Estados Unidos". Esta advertencia ha sido emitida después de que el abogado defensor de los afganos pusiera en duda la aparente falta de colaboración que mantuvieron las tres hermanas norteamericanas con la Policía Nacional porque el 2 de enero, un día después de formular la denuncia por la supuesta violación, se marcharon a Viena sin avisar previamente a los investigadores.
Tal situación provocó que el juzgado emitiese una providencia instando a los investigadores a la localización de las americanas en Europa, “a fin de recibirles declaración judicial por medio de comisión rogatoria u orden europea de investigación”. Ocho días después de esa providencia las hermanas norteamericanas contrataron los servicios del letrado especializado en derecho penal Mariano Bó para personarse en la causa como acusación particular y así evitar el archivo de las diligencias porque al no haber ratificado su denuncia la Fiscalía carecía de prueba de cargo.
Este abogado aseguró que no hubo falta de colaboración de las presuntas víctimas con la Policía Nacional, sino que las chicas desconocían cómo funciona la Justicia en España y no sabían que debían ratificar su denuncia en los juzgados antes de hacer efectivo el vuelo a Viena que habían comprado mucho antes de la agresión sexual: “En Estados Unidos no existe la figura del juez de Instrucción y por tanto creían haber cumplido todos los requisitos legales”.
La Fiscalía
Mariano Bó avanza que las chicas van a ratificar su denuncia y que la Embajada de Estados Unidos se ha puesto en contacto con las hermanas para ofrecerles ayuda en todos los trámites que a partir de ahora tengan que realizar en los juzgados murcianos para colaborar en el avance de las diligencias judiciales. “Se han ofrecido a facilitar la declaración de las chicas por videoconferencia desde Ohio”.
El abogado que ejercerá la acusación particular ha desmentido que el contenido de la conversación que Claire y Mohammad mantuvieron por Instagram, sea una evidencia de que no hubo una violación, tal y como sostiene la defensa. “Esa conversación se produjo a las 8.30 horas, del 1 de enero, cuando las chicas ya estaban con la Policía Nacional”. De esta forma el letrado Mariano Bó ha dado a entender que la joven lo que estaba tratando de hacer era averiguar la dirección de uno de los afganos para facilitar a los investigadores la detención de los tres sospechosos.
“A mis clientas se las está tratando como criminales. Estoy cansado de desmentir cosas: ya aclaré que no había un seguro de violación que incluía indemnización, sino un seguro escolar, y ahora aparece una conversación de Instagram que no consta en los autos, por lo tanto habrá que ver de dónde ha salido”, tal y como ha apuntado Mariano Bó. “Los informes forenses recogen lesiones genitales y extragenitales que son compatibles con la versión ofrecida por las víctimas”.
El escrito presentado por el abogado defensor de los afganos solicitando el cese de las medidas cautelares sobre sus clientes se suma al escrito anterior en el que pidió el archivo de las diligencias argumentando que se trataba de una denuncia falsa, supuestamente motivada por móviles espurios. En concreto, Melecio Castaño exponía la existencia de un seguro de viaje por Europa contratado por las norteamericanas, que entre sus cláusulas contemplaba una indemnización económica, en caso de ser víctimas de un delito, como puede ser una agresión sexual.
La petición de archivo no prosperará porque fuentes de la Fiscalía avanzaron la pasada semana a EL ESPAÑOL su oposición al sobreseimiento porque consideraban necesario practicar más diligencias: una de ellas sería escuchar el testimonio de las norteamericanas. Algo que se antoja crucial para el desenlace de la investigación judicial.