A Verter Recycling, la empresa que gestiona el vertedero de Zaldibar en el que un derrumbe ha producido una catástrofe medioambiental, ya le fue impuesta una sanción grave hace unos años por almacenar un residuo peligroso para el que no estaba autorizada. El año pasado le detectaron numerosos incumplimientos, uno de ellos de gravedad moderada. A principios de este mismo año presentó un documento en el que certificaba que el vertedero era estable. Un mes después, un corrimiento de tierras se ha llevado por delante la vida de dos trabajadores.
Porque el vertedero de Zaldibar tenía peligro y se sabía. El Gobierno autonómico vasco del PNV y el PSE lo sabía desde el 10 de junio de 2019. Que era muy peligroso y no cumplía con los estándares ambientales mínimos. Lo demuestra el informe que el propio Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda de la Administración vasca elaboró el 27 de agosto de 2019. El resultado del informe no se comunicó a la empresa gestora del vertedero, Verter Recycling, hasta el 16 de septiembre de 2019.
Los casi cien días transcurridos desde la visita a las instalaciones por parte de los inspectores del Gobierno vasco hasta la comunicación de las irregularidades a la empresa gestora del vertedero contrastan con la alarma que generaba entre los trabajadores la inestabilidad del terreno y la presencia en él de materiales tóxicos.
Continúa el rescate de los dos hombres desaparecidos en el desplome del vertedero de Zaldivar
Según ha podido saber EL ESPAÑOL, al menos uno de los dos trabajadores sepultados desde hace catorce días en el vertedero y cuyos cuerpos aún no se han recuperado, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, había confesado a su familia su temor por la precariedad del terreno y su miedo a un posible derrumbe. Según esas mismas fuentes, el trabajador también había informado a su familia de que en el vertedero se acumulaban más sustancias peligrosas de las permitidas por la ley.
Pero el Gobierno vasco no le vio el peligro. El consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, del PSE, ha afirmado que los informes presentes en su poder no advertían de ningún problema de estabilidad en el vertedero. "No había ningún indicio de que se pudiera producir un derrumbe", dijo ayer mismo Arriola durante una entrevista concedida a la cadena Ser.
Contradicciones
La información del consejero es parcialmente falsa. Los informes a los que alude Arriola son los de la empresa privada Lurtek, que el 21 de enero de este mismo año dijo no apreciar ningún problema de "estabilidad, existencia de grietas o fisuras en la instalación". "Se puede concluir que el vertedero es estable con la configuración actual, desde el punto de vista global, tanto frente a roturas circulares como frente a roturas de bloque", dice el informe esgrimido como descargo de culpa por Arriola.
La información de Lurtek no sólo ha sido desmentida por la realidad –apenas diecisiete días tardó el vertedero de Zaldibar en derrumbarse por completo– sino también por el mencionado informe de agosto de 2019 del propio Gobierno vasco. Un informe que en su apartado Grado de cumplimiento de las condiciones de la autorización ambiental integrada le otorga a la empresa gestora el calificativo de "bajo", el peor posible, correspondiente a "incumplimientos significativos/severos".
Imagen aérea del estado en el que quedó la zona tras el derrumbe
En dicho informe de junio de 2019, el Gobierno vasco se compromete a notificar el resultado de la inspección a los representantes legales de la actividad y a "comprobar la corrección de uno o varios incumplimientos". También a "proponer la revisión de oficio de las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada". Algo que, caso de confirmarse, habría implicado el cierre inmediato del vertedero.
Expediente a punto
Oficialmente, sólo hay constancia de que se cumpliera el primero de esos requisitos.
Tres días después del derrumbe del vertedero, el pasado 6 de febrero, el Gobierno vasco filtró a la prensa que la Administración autonómica estaba "a punto" de abrir un expediente sancionador al vertedero porque este acumulaba residuos no autorizados.
La información del Gobierno vasco contrasta con el hecho de que los operarios de limpieza y los ertzaintzas llevaban en ese momento trabajando más de cuarenta y ocho horas en las tareas de rescate y de desescombro del vertedero de Zaldibar sin medidas de seguridad. La contradicción del Gobierno vasco es obvia. Si el informe de la empresa Lurtek desmentía el informe previo del Departamento de Medio Ambiente autonómico, ¿por qué se había decidido entonces sancionar a la empresa gestora del vertedero?
Hay una segunda contradicción, quizá más relevante aún. Si el Gobierno vasco conocía la peligrosidad de los materiales presentes en el vertedero, y entre ellos el amianto, ¿por qué permitió, tal y como denunciaron algunos sindicatos, que los operarios de limpieza y los ertzaintzas trabajaran sin protección sobre residuos industriales peligrosos durante más de cuarenta y ocho horas?
El estado de firme es cada vez más inestable
La consejera de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, del PNV, llegó a culpar de esa falta de medidas de seguridad a la propia empresa gestora por no avisar de la presencia de amianto en el vertedero. Algo que se niega con rotundidad desde el PP vasco. "El Gobierno vasco conocía la presencia de amianto desde junio de 2019".
Fuentes de los populares vascos afirman haber analizado cuarenta y cinco informes de impacto ambiental idénticos al del vertedero de Zaldibar. Según esas fuentes, "en ninguno de ellos ha habido tanta dilación entre la fecha de la visita y la notificación a la empresa. Mucho menos con esa calificación baja, la peor posible, y teniendo en cuenta que el vertedero había sido construido en una ladera en vez de sobre terreno llano".
La punta del iceberg
"El caso del vertedero de Zaldibar es sólo la punta del iceberg de una forma de gestionar los asuntos públicos que desmiente la fama de buen gestor del PNV" dicen otras fuentes del PP en conversación con EL ESPAÑOL. "No sabemos a qué obedece la tardanza de casi cien días en comunicar el resultado del informe a la empresa gestora del vertedero, pero lo que es seguro es que no es una tardanza habitual en estos casos" añaden esas mismas fuentes.
"La suerte que han tenido el PNV y el PSE es que con la Cámara autonómica disuelta no es posible pedir comisiones de investigación" se lamentan en el PP. "Pero lo haremos en cuanto vuelva a constituirse la Cámara. Este asunto debe ser investigado". Las críticas del PP por la gestión del derrumbe por parte del Gobierno vasco coinciden con las acusaciones de "negligencia y caos" que han podido leerse durante los últimos días en la prensa vasca.
La lista de dudas, rectificaciones, demoras y contradicciones del Gobierno vasco durante la última semana es, en efecto, muy llamativa. Tuvieron que pasar por ejemplo varios días desde la catástrofe para que el Departamento de Salud vasco recomendara a los vecinos de Zaldibar, Eibar y Ermua, las poblaciones más cercanas al vertedero, "no ventilar las viviendas, cerrar las ventanas de noche y no hacer deporte". Poco después, el Gobierno vasco recomendaba a las embarazadas "no salir a la calle".
El incendio arrasó parte de la montaña y ha tardado caso dos semanas en ser extinguido
También llamó la atención la comparecencia frente a la prensa de Juanjo Aurrekoetxea, director de Salud del Gobierno vasco. Aurrekoetxea llegó a comparar la presencia de sustancias peligrosas en el aire con el intento de asesinato en 2004 del presidente de Ucrania, Víktor Yúshchenko. Un atentado que, según el alto cargo vasco, "sólo" le desfiguró la cara a Yúshchenko y que sería la prueba de que la probabilidad de que las toxinas emitidas por la combustión del vertedero acaben matando a algún vecino es muy baja.
Los vecinos, enfadados
Los vecinos de Ermua están enfadados. “Si nos ponemos a escarbar en la montaña de mierda, seguro que sale mierda de verdad”, asegura un vecino de Ermua. Porque en el pueblo están enfadados. Para empezar, “porque en los medios sólos e habla de Zaldibar. Y sí, el vertedero pertenece administrativamente a Zaldibar, pero los que nos jodemos somos los de Ermua y Eibar, que somos los que lo tenemos más cerca”, cuentan en una cafetería del casco urbano.
Pero en realidad están enfadados por la falta de información. “Sólo sale [en los medios] Ermua para cosas malas”, lamenta otro vecino, rememorando los malos tiempos de Miguel Ángel Blanco. Y ahora esto, un derrumbe en un vertedero que ha matado a dos operarios y ha sacado a flote mucha más mugre de la que aparentaba el vertedero en cuestión, que no era poca. “Hubo un corrimiento y un incendio. Los primeros días yo salía a correr por aquella zona sin problema. Nadie nos advirtió de que podría haber peligro. Luego dieron la alerta, no dejaban a los niños salir al recreo, no dajaban salir a las embarazadas, a los de los caseríos de la zona les prohibieron utilizar su propia agua...”
Los cuerpos de los dos trabajadores sepultados siguen sin aparecer. Dice el gobierno vasco que encontrarlos es ahora su prioridad. Lo dijo en el Ayuntamiento de Zaldibar el miércoles por la mañana. Pero ya va para dos semanas y las familias de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán siguen esperando resultados. Los mismos que advirtieron un par de días antes de que había grietas en el suelo, de que el suelo no era estable. La empresa discrepaba: en enero presentó un informe (fechado en mayo de 2019) de una empresa externa que certificaba la estabilidad de aquella montaña de mugre.
Del mismo modo, llama la atención que el gobierno PNV y PSE también rechazasen, sin dar mayores explicaciones al respecto, la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME). En opinión de muchos, y entre ellos Rosa Díez, ese rechazo no se debe tanto al descrédito que supondría ver a soldados con la bandera de España enmendando un desastre provocado por la negligencia de los gestores vascos, sino al hecho de que aceptar la ayuda de la UME habría obligado a que el mando del operativo pasara de manos del Gobierno vasco a manos del Ejército.
Residuos del extranjero
Respecto a los fallos detectados en junio por el plan de vigilancia medioambiental, el gobierno vasco asegura que ninguno de ellos era grave; que ninguno afectaba a la estabilidad de la tierra. Reconocen, no obstante, que sabían que el vertedero se estaba llenando demasiado rápido. Mucho más de lo que estaba previsto en 2009, cuando empezó a funcionar como vertedero privado. Que como privado que es, puede albergar lo que le dé la gana (siempre que cumpla con las normas). Viene esto a refrendar la sospecha de los vecinos: “Yo he visto ahí dentro camiones con matrículas extranjeras, sobre todo de Francia y de Alemania”, asegura un eibarrés residente en Ermua, que se pregunta “desde dónde nos mandan la mierda a nuestro pueblo y quién se aprovecha de eso y si lo controlan”.
El desprendimiento cortó la autopista
No se sabe quién se aprovecha, más allá de esta empresa. Lo que sí que impresiona es el silencio del Ministerio de Transición Ecológica, liderado por la vicepresidenta Teresa Ribera. No ha realizado la más mínima crítica o puntualización a la gestión del Gobierno vasco. Su silencio respecto a la catástrofe de Zaldibar contrasta con la actitud del PSOE tras el hundimiento del Prestige, cuando los socialistas culparon del desastre tanto al Gobierno autonómico gallego como al central, que en aquel momento lideraba José María Aznar. La etiqueta 'Inoiz Ez' ('nunca mais' en euskera) no cuenta, a día de hoy, más que con unas pocas menciones en las redes sociales.
Entretanto, en Ermua, en Eibar y en Zaldibar, empiezan a respirar. El incendio está extinguido, los niños vuelen a salir al recreo y las embarazadas a la calle. Pero hay dos personas que siguen bajo los escombros y un reguero de interrogantes al que los responsables de esta catástrofe tienen que responder. Porque el hecho de que puedan volver a respirar, no les va a quitar el enfado por todo aquello que no les contaron sobre la montaña de mugre y les ha acabado por explotar.