El animalario de Boye, el abogado que se ha hecho de oro con el mal desde que secuestró a Revilla

Cuando, en 2008, el abogado Gonzalo Boye atravesó las puertas de la madrileña sede de la Audiencia Nacional, algo provocó un destello entre los puños de su camisa. Fue un reflejo rápido, pero fulgurante. Un centelleo concretísimo, que tenía su origen en un brillante reloj, de altísimo valor, que adornaba su muñeca y que ejercía un magnetismo casi hipnótico entre todos los que le rodeaban.

Las cejas de los presentes se arquearon. Todavía lo hacen a día de hoy, cuando rememoran la escena para EL ESPAÑOL. Porque aquel letrado, un activista chileno, licenciado en Derecho mientras cumplía con su pena de cárcel, siempre era la diana de los casos más polémicos que han sacudido los estrados nacionales. Y porque, desde que ese mismo tribunal le condenó a 14 años de prisión por su participación como colaborador en dos secuestros perpetrados por ETA, Boye —que se había declarado insolvente— le debía más de un millón de euros, al cambio actual, al empresario Emiliano Revilla, protagonista de uno de los raptos.

No ha dejado de ser así: Gonzalo Boye Tusset (Viña del Mar, Chile, 1965), es un abogado repleto de luces y sombras. En los últimos tiempos su nombre, unido indisolublemente con la causa independentista catalana, no ha dejado de copar espacio informativo. Y no a su pesar: todas las fuentes consultadas por este periódico, que desean permanecer en el anonimato, resaltan su gusto por el foco mediático.

Es rara la semana que, en el quehacer diario de la justicia española, no se encuentre su nombre: en esta ocasión, ha pasado de conocerse que Boye ha aceptado la defensa del exjefe etarra José Antonio Urrutikoetxea, alias Josu Ternera, a que otro de sus clientes, el expresident de la Generalitat catalana, el fugado Carles Puigdemont, celebre este sábado en Perpiñán (Francia), a escasos kilómetros de la frontera con España, un acto de fuerza del secesionismo. También ha conseguido que el Constitucional anulara la condena a César Strawberry, cantante de Def con Dos, por los tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA y sobre la muerte de Carrero Blanco. Todo, en siete días.

Primeros titulares

La primera vez que se escuchó en nuestro país hablar de este abogado fue en los noventa. Hasta aquella fecha, el mayor secuestro que había llevado a cabo el terrorismo etarra era el de Emiliano Revilla. Según consideró probado la Audiencia Nacional, en su sentencia condenatoria de 1996, Gonzalo Boye era amigo de un miembro del Movimiento de Izquierda Revolucionaria —MIR—, los colegas terroristas chilenos de ETA. Incluso habían montado un negocio juntos, en el que siguen unidos a día de hoy. Para el tribunal, en las tareas de vigilancia y preparación del rapto del empresario Revilla “participó plenamente” Boye. ¿Cómo? Prestando a una cuarta persona un coche de su propiedad. Según el texto, él era plenamente consciente de que era para este golpe. Estuvo en la casa del zulo. Y cobró por todo ello.

El propio Gonzalo Boye quiso exculparse, alegando que era parte de un “blanqueo de dinero”. Pero la Audiencia no le creyó. Le condenó a una pena de prisión de 14 años, ocho meses y un día por detención ilegal. Él, que proclamaba —y continúa haciéndolo— su inocencia, aprovechó la estancia tras los barrotes para sacarse la carrera de Derecho, con la que ha defendido a diversas figuras polémicas. Desde Sito Miñanco a Rodrigo Lanza, pasando por Edward Snowden o Quim Torra. Igualmente se presentó como acusación particular contra quien quiera que fuera el culpable de los atentados del 11-M el día después de la masacre.

El animalario —en el sentido más teatral del término— es un paseo de la fama del mayor nivel: su historial recoge grandes casos con implicaciones en la realidad política, social y jurídica de nuestro país, comenzando por él mismo.

—Sito Miñanco: Boye era el defensor del famoso narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco, al que se le acusaba por presuntamente liderar una organización criminal internacional de narcotráfico y blanquear dinero procedente de la venta de cocaína. En mitad de la causa, Boye salió como protagonista: ahora él mismo está siendo investigado por blanqueo. Se le registró el despacho y está pendiente de analizar la documentación que se le incautó. La causa, instruida por la jueza María Tardón, es secreta. Pero Gonzalo Boye sigue representando a varios miembros de la pieza de Miñanco.

—Josu Ternera: Boye se ha incorporado a la defensa de Ternera en la causa abierta contra el dirigente etarra por crímenes de lesa humanidad, que se basa en la pertenencia de Urrutikoetxea a la cúpula de ETA que decidía los atentados cometidos entre 2004 y 2007. El etarra, que se encuentra en Francia, se enfrenta a una euroorden emitida por la Audiencia Nacional para juzgarlo por esta causa. Boye asumirá la defensa de Ternera también en Madrid, en el caso de que la euroorden prospere y Ternera sea juzgado en la Audiencia Nacional.

—Carles Puigdemont: desde la huida a Bélgica del expresidente de la Generalitat catalana, Boye forma parte de su defensa. Él es la cabeza principal en España del amplio equipo jurídico que asesora a los líderes catalanes huidos. En Bélgica, capitanea el abogado Paul Bekeart.

—Toni Comín y Meritxell Serret: ambos exconsellers de la Generalitat, de Salud y de Agricultura, respectivamente, contaron desde el minuto uno de su huida con la consulta y el apoyo jurídico de Boye. Comín se presentó en las mismas listas que Puigdemont a las pasadas elecciones europeas y cuenta con su acreditación como eurodiputado.

—Quim Torra: el actual presidente de la Generalitat se apoya en este abogado para las causas que tiene abiertas en la justicia española. Fue inhabilitado por la Junta Electoral Central (JEC) como diputado y ahora mismo está pendiente de la ratificación del Supremo a la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

—Valtonyc: el rapero balear Josep Miquel Arenas Beltrán, Valtonyc, confió en Boye su defensa, tras huir de la justicia española cuando fue condenado en firme, en febrero de 2018, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, humillación a sus víctimas, calumnias e injurias graves al rey, y amenazas no condicionales a particular. Así lo apreció la justicia española en diversas canciones y versos interpretados por el músico.

—César Strawberry: el cantante de Def con Dos recurrió a Boye para que le defendiera en su causa. En los últimos días, el Tribunal Constitucional ha anulado la condena que le fue impuesta por un delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas por sus tuits anteriormente referidos, al considerar que se vulneró su derecho fundamental a la libertad de expresión.

—Edward Snowden: Boye une su trabajo al de este antiguo empleado de la CIA y la NSA, acusado por el Gobierno de EE. UU. de revelación de secretos al hacer públicos documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA, incluyendo los programas de vigilancia masiva, en 2014.

—Rodrigo Lanza: su relación con Lanza se remonta a 2004, con lo que se llamó el caso 4F. Lanza, junto con otras personas, fue condenado en firme a 5 años de prisión por agredir en febrero del 2006, a un guardia urbano de Barcelona que quedó en estado vegetativo irreversible. Años más tarde, el activista fue condenado a cinco años de cárcel por matar a Víctor Laínez, un hombre de 55 años que vestía tirantes con la bandera española, en la discoteca Tocadiscos de Zaragoza el 8 de diciembre 2017.

Además, el nombre de Gonzalo Boye está presente en el caso de los papeles de Bárcenas como acusación particular —en representación del Observatori DESC—. Su despacho también aparece cuando se menciona las tramas del excomisario Villarejo o del Pequeño Nicolás.

Su despacho, todo en familia

Esta actividad como letrado la lleva a cabo a través de su propio despacho, que gestiona al cincuenta por ciento con su mujer, la también abogada Isabel Elbal. Sus vidas están ligadas tanto el profesional como en lo laboral. Ambos son los administradores de Boye-Elbal & Asociados.

Su papel es menos brillante en los medios, pero fuentes jurídicas consultadas por este diario resaltan el tándem que conforma la pareja. Elbal juega un papel muy relevante en las causas de Boye. Él mismo la define como su “pareja y compañera en todas las luchas” en uno de sus últimos libros, Y ahí lo dejo (Roca Libros), en el que detalla su versión de la huida de España de los líderes del 1-O y de cómo se gestó y desarrolló, a su juicio, la causa catalana en los tribunales.

De su bufete poco se sabe. El oscurantismo es una constante cuando uno se asoma a la vida de Boye. Su círculo es impenetrable, espeso y ciertamente esquivo. Quizás sea uno de los puntos en común con todo aquello relacionado con el terrorismo. O quizás sea por la popularidad —en el más amplio sentido de la palabra— de su agenda de defendidos.

La sede de la firma es la residencia del matrimonio en Madrid, en el límite entre los barrios de Salamanca y Guindalera. Es una empresa pequeña, en principio modesta: la constituyeron en marzo de 2010 y sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil de la capital hasta 2017 —año en que tuvo lugar el referéndum ilegal del 1-O en Cataluña, y comenzara la peregrinación judicial de los líderes políticos catalanes que lo auspiciaron— así lo demuestran: ese curso, el despacho apenas consiguió unos beneficios superiores a los cuatro mil euros, por ejemplo.

El "filón" del independentismo

“Con el independentismo ha encontrado su mayor filón”, inciden fuentes judiciales que han tratado con Boye, en conversación con este periódico. Él mismo, no en vano, se define como el cerebro jurídico detrás de Puigdemont o Torra. También de otros procesados como los exconsellers Toni Comín o Meritxell Serret.

Lo que puede ganar el abogado encargándose de estas defensas no es un dato público. Sin embargo, según publicó El Confidencial, esa actividad se come los fondos de los partidos independentistas. De los presupuestos anuales del PDeCAT —que ascienden a 3,6 millones de euros, según consta en las cuentas del partido—, en 2017 el gasto en abogados se situó en 550.000 euros y quedaban otros 167.000 euros pendientes de pago. Eso supone que las minutas de las defensas alcanzan en torno al 10% del total del presupuesto. Cada encausado, siempre siguiendo la información publicada por el mencionado periódico, le cuesta a su partido 30.000 euros de media.

Paradójicamente, Boye no está en el procés cuando se inicia la causa. Voces del entorno de la Audiencia Nacional aseguran cuando se les pregunta por la cuestión que fue Boye el que “fue ofreciéndose”. “Se metió a codazos”, sintetizan. Él da otra versión: mantiene que fue su relación personal con el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens —al que conoce desde hace quince años, entonces número 3 del Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau— el catalizador de su papel como asesor jurídico, primero, y letrado, después, de los políticos catalanes huidos.

"No es respetado como jurista"

Algunas fuentes consideran a Boye como un abogado muy inteligente que ha sabido tirar de las costuras al sistema judicial español, muy “tenaz”, pero la imagen general que se desprende de él cuando se pregunta a juristas sobre su persona es la de un tipo “indeseable” por el personaje que se ha creado. Su estilo, que describen como “muy desagradable”, “macarra” o “marrullero”, no cuenta con muchos seguidores en el ámbito de los tribunales.

Tanto es así que, por ejemplo, la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo reprendió su manera de proceder. “Es un hecho raro y bastante singular”, mantienen fuentes jurídicas. “Sus escritos parecen que van a peso, que rellena por rellenar. No es respetado como jurista”, inciden.

Sucedió hace apenas unas semanas. Boye, defensor del actual presidente de la Generalitat, Quim Torra —que fue inhabilitado por la Junta Electoral Central y ahora mismo está pendiente de la ratificación del Supremo a la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña—, pidió medidas cautelares tras el rechazo a la adopción de medidas cautelarísimas.

Estas son algunas de las valoraciones que hace el tribunal en el auto en el que la Sala estima que no ha lugar el recurso:

[...] No apreciamos consistencia en la vulneración de derechos fundamentales propios de la dimensión penal del caso que se alegan y que se enumeran además en forma imprecisa, como el derecho a la legalidad penal, al juez ordinario predeterminado por ley, a la presunción de inocencia o la doble instancia penal. Los aspectos penales del caso quedan fuera del ámbito de este recurso [...].

Descartadas ya esas cuestiones es posible abordar las quejas reiterativas sobre una supuesta actuación intempestiva, sesgada, indebida o parcial que se formulan contra la JEC. Son claramente inconsistentes y sólo pueden excusarse en una visión benévola de extralimitaciones en el ejercicio del derecho de defensa.

[...] Por otra parte, no entendemos en qué medida se han podido ver afectadas las libertades ideológicas, de expresión y reunión del recurrente y tampoco se razona en su escrito al respecto [...].

[...] La misma cita cruzada de precedentes jurisprudenciales, en apoyo de tesis claramente contradictorias, demuestra que se afecta al fondo del recurso [...].

Su perfil quizás sea tan llamativo no por sus clientes ni por las causas que abandera, como la independentista —la legítima defensa es uno de los pilares del sistema democrático—, sino por sus formas. Basta la comparación de la reputación de Gonzalo Boye con la de otros juristas y abogados que defendieron a los líderes catalanes. Por ejemplo, Javier Melero, que representó a los también exconsellers Joaquim Forn y Meritxell Borràs.

“Hace unas defensas muy histriónicas, como de redes sociales”, aseguran desde su entorno. Miembros de la Audiencia lo corroboran: “Es sobre todo por su tono, por su forma de exponer”. “Es un provocador, siempre entra al barro”, apuntan periodistas de tribunales cuando este diario les cuestiona sobre ello. Es el juego de Boye. El círculo sin fin: titulares, medios, casos sonados… y vuelta a empezar.