Las usaban como mercancía. “Si ya no les servían”, dice el inspector jefe del Grupo VIII de la Brigada Central Contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional, “las vendían a otros proxenetas por unos 6.000 euros”. Hasta que los han arrestado. La Policía Nacional, en coordinación con EUROPOL y cuerpos policiales de otros países, detuvo en diciembre de 2019 a 14 explotadores sexuales, siete de ellos en España y otros siete en Rumanía, de donde procedían todos ellos.
En el operativo, los agentes liberaron a 10 víctimas, también de origen rumano, que estaban siendo explotadas sexualmente. Las fuerzas policiales españolas han trabajado en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia, donde estaba radicada la citada mafia, que también ejercía su actividad en Gerona. La operación se ha dado a conocer, precisamente, este domingo, cuando se celebra el 8M, Día Internacional de la Mujer.
La organización desarticulada estaba implantada, esencialmente, en Valencia. En concreto, en el barrio chino de la ciudad y también en el polígono industrial de la Pista de Silla, en la periferia de la capital, donde los proxenetas “eran dueños de algunas calles”. Una de ellas era la que alberga un concesionario de motos de la marca Harley Davidson. “Esa calle, literalmente, decían que era suya”.
“Era tal su dominio, que si una mujer quería ejercer la prostitución en uno de los puntos que ellos controlaban, les cobraban un canon por el puesto. Alrededor de 100 euros”, explica el citado inspector. “Si veían que tenían muchos clientes, les pedían más”.
Operativo de la Policía Nacional que se ha saldado con 14 detenciones y la liberación de 10 mujeres.
Vida discreta en España, de lujo en Rumanía
La banda también tenía presencia en la localidad gerundense de Lloret de Mar. Los cabecillas de la organización llevaban una vida discreta en España. Residían en hostales o en pisos alquilados. Sin embargo, los investigadores han constatado que habían logrado levantar “un imperio” en Rumanía, donde eran propietarios de numerosos inmuebles de gran valor e invertían las ganancias a través de empresas pantalla.
“A las víctimas las captaban en Rumanía, como suelen hacer todo este tipo de bandas”, continúa la fuente policial. “Buscan a chicas guapas y atractivas, de escasa formación académica y con dificultades económicas. Tienen dos métodos, a través del conocido como ‘lover boy’ -embaucadas mediante falsas relaciones sentimentales- y prometiéndoles una vida mucho mejor, u ofertándoles ejercer la prostitución y diciéndoles que van a ganar mucho dinero. Las mujeres liberadas proceden de zonas pobres, de pueblos degradados donde alguna gente sufre hambruna”.
En su ‘modus operandi’, cuando los proxenetas detenidos consideraban que ya no les interesaban algunas mujeres, “las vendían al mejor postor”. Movían a las víctimas por media Europa, principalmente en Suiza y República Checa.
Las víctimas de esta banda soportaban coacciones, humillaciones y agresiones violentas. La investigación ha permitido constatar que la organización buscaba de manera constante ampliar su negocio. Así, en España intentaban integrar a nuevos proxenetas con el fin de atraer más mujeres.
Los beneficios obtenidos eran blanqueados a través de testaferros y empresas ficticias, y destinados a la adquisición de casas y terrenos, vehículos y accesorios de lujo como relojes y joyas. Parte de las ganancias también la destinaban a abrir cuentas corrientes, al consumo de drogas y a los juegos de azar.
En el operativo se intervenieron más de 5.000 euros en efectivo, cinco vehículos
de alta gama, joyas de gran valor, armas blancas, varios teléfonos móviles y
diversa documentación de interés. El dispositivo se coordinó por Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación judicial entre fiscales y jueces de los países miembro.
La Policía Nacional liberó a 1058 mujeres durante el pasado año gracias a las distintas operaciones realizadas contra la trata de seres humanos. La línea telefónica 900105090 y el correo electrónico trata@policia.es son las herramientas que el cuerpo pone a disposición de la ciudadanía para facilitar la colaboración y la denuncia, anónima y confidencial, de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.