La lucha de Javier por vender sus ataúdes de cartón a 100 euros: así destapa a las funerarias

Imagine por un momento una desgracia: se le acaba de morir un ser querido. Si alguna vez le ha ocurrido, sabrá que al duelo de esa pérdida hay que añadirle los gastos del servicio funerario: ataúd, coche fúnebre, oficio, incineración, sepultura y todas las gestiones burocráticas correspondientes. En total, un montante de entre 4.000 y 6.000 euros. Ni morirse es barato.

Ante los desmedidos gastos que genera una defunción, a un emprendedor madrileño se le ocurrió un sencilla solución para abaratarlos: un ataúd de cartón biodegradable con un precio de 100 euros. Fue la idea que Javier Ferrándiz quiso llevar a cabo. “Empecé a finales de 2009 cuando vi que esto en otros países ya funcionaba”, explica a EL ESPAÑOL. “Yo lo que hice fue importar la idea. Empecé a diseñar uno y vi que lo más sensato era que estuviera plegado para que no ocupara tanto espacio y fuera más fácil de transportar”. Lo llamó RestGreen (descanso verde, en inglés).

Lo que debía ser una experiencia de emprendimiento relativamente sencilla y que iba a abaratar los gastos funerarios para las familias pronto se tornó en una pesadilla que Javier no se podía imaginar. En seguida se topó con las trabas de un sector cerrado y hostil que haría todo lo posible para que su andadura no llegara a buen puerto.

Primera piedra en el camino: la homologación del producto. “Según el Reglamento de Sanidad Mortuoria, un ataúd tiene que estar homologado. Vale, ¿y dónde voy a homologarlo? Entonces empecé un periplo de meses yendo por los diferentes ministerios para ver quién era el competente para homologarlo. Di vueltas y vueltas, y nadie me decía nada. ‘No, es Comercio… no, es Industria… no, es Sanidad.... no, es no sé qué…’. Todos me mandaban a otro. Fue lamentable”.

Fue entonces cuando Javier acudió a la Comunidad de Madrid con la esperanza de que la autoridad autonómica le concediera la homologación. Esto fue en mayo de 2012. Dos meses más tarde, el gerente le confirmó a Javier que el informe había sido positivo y estaba pendiente de firma por la dirección de Ordenación e Inspección de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

“Por estas fechas se produjo un cambio de subdirector a José Ignacio Tejerina Alfaro, quién desde el primer momento no quiso que se llevara a cabo la homologación. No sé si él o Paloma Martín, la directora, le hizo buscar algún resquicio al gerente para no concederla”, explica. La excusa que le dieron para no homologar el ataúd fue la norma UNE, una simple guía que no es ley. Sencillamente esta norma no contemplaba el cartón como un material para fabricar féretros.

“En medio de este impass en el que me dicen que no, el Ministerio de Sanidad me llama y me dice que sí que me dan la homologación. El artículo 13 del Reglamento de Sanidad Mortuoria de la Comunidad de Madrid pone que debe estar homologado por el ministerio de Sanidad o por la Comunidad. Entonces yo vuelvo a la Comunidad de Madrid con el papel del BOE [que certifica la homologación y que Javier facilita a este periódico]. Entonces José Ignacio Tejerina lo tira para atrás. Me reúno con él y le explico que no puede hacer eso, que está prevaricando. Se rió y me dijo ‘pues nada, denúncialo”.

La hiperinflación de un féretro

Así fue como llegó la primera denuncia, la primera de muchas. “Denuncié por prevaricación a la Comunidad de Madrid y que los ataúdes que vendían las funerarias eran ilegales. Todavía estoy esperando que me contesten. Ahí se quedó. La reiteré a los cinco meses y pasó lo mismo”.

Para ilustrar el ejemplo de la hiperinflación que tienen los féretros en España, Javier recurre a una grabación del programa de Julia Otero en Onda Cero. En una ocasión en que el programa estaba dedicado al oscuro negocio de la muerte, la emisora recibió una llamada que contaba lo siguiente:

Yo he estado trabajando como comercial para una funeraria y me encargaba del aprovisionamiento de los ataúdes. Un ataúd que nosotros comprábamos a 80 euros, lo vendíamos a 2.800. El más caro nos costaba 295 euros y lo vendíamos en 4.200 (...) Si usted se muere sin seguro y va a contratar el servicio a cualquier funeraria, lo mínimo que le van a cobrar son 4.500 euros. Las funerarias se basan en que son momentos débiles para las personas para sacarles lo que no está escrito. Si la gente pudiera contratar los servicios por su propia cuenta, conociendo a los proveedores y eso, un entierro no pasaría los 700 euros.

Si las cifras que expuso este hombre en el programa de radio son ciertas, explicaría por qué a Javier no le dejan entrar en el mercado. Su ataúd de cartón se vendería por unos 100 euros y, por tanto, rebajaría enormemente los ingresos de las funerarias por cada muerte.

El grueso de los ataúdes que se usan en España provienen de China, donde hay una legislación mucho más laxa. El emprendedor ratificó sus sospechas en una reunión que tuvo con Baltasar Balandrón, director de la funeraria de la M-30. “Me reuní con él dos veces y me dijo que no me podía comprar los ataúdes por no estar homologados. Yo le dije que me mostrara la homologación de los suyos y no pudo mostrarme ninguna”.

Harto de recibir noes y de que la administración le ponga trabas, en enero de 2014 Javier decide ir más allá y presenta su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de la Asociación Contra la Corrupción y por la Regeneración Social (ACCORS). “El fiscal José Javier Polo Rodríguez [uno de los que llevó el famoso caso Madrid Arena] omitió todo. No tenía nada que ver la denuncia que presentó ACCORS con la que presentó la Fiscalía”. En junio de ese mismo año recibe la respuesta: su causa es archivada.

Un sospechoso accidente

Si parecía que las desgracias no podían ir a más, en noviembre de 2015 se produce el episodio más escalofriante de esta historia. Javier se dirigía hacia la Unidad Central Operativa (UCO) a presentar la enésima denuncia por prevaricación, esta vez, ante la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Conducía su moto por el Paseo de la Castellana en dirección Sur, hacia la Plaza de Colón. A la altura de Nuevos Ministerios, en el cruce de Raimundo Fernández Villaverde, se para en un semáforo en rojo. Según relata, no había ningún coche a su lado y todos los carriles, los cinco, estaban libres. En ese momento un coche le embistió por detrás.

“La adrenalina del momento me permitió levantarme. El conductor ni se bajó del coche para atenderme… se tuvo que parar porque el semáforo estaba en rojo y estaban pasando los coches, pero lo único que quería era largarse. Un hombre que vendía La Farola me ayudó a llevar la moto hasta la mediana. El tío solo se bajó del coche para coger la placa de su matrícula. Se acercó a la mediana me dio sus datos y se largó”.

Lo que hizo sospechar a Javier fue la frialdad del conductor que casi le mata. “Si un tío normal te embiste, se baja del coche con un ataque de nervios. Pero un tío que es frío como el hielo… Mi mujer me dice que no le dé más vueltas, que fue un accidente. Si se hubiese bajado del coche y me hubiese ayudado, pues entonces pensaría que fue un accidente. Pero un tío así que desaparece con esa frialdad… No, no creo que sea una casualidad. Yo ya no creo en las casualidades”. Este atropello le costó casi un año sin poder moverse. “Me destrozó el cuello y la espalda. Todavía hay movimientos que me duelen”.

La familia de Alicante

En 2018, tras cinco años de lucha e innumerables denuncias, Javier consiguió la homologación de su ataúd en la Comunidad de Madrid. Unida a la que consiguió años atrás por parte del Estado, le daría carta blanca para vender en España. “Volví a mandar la misma solicitud que en la segunda petición y me la aceptaron. ¿Qué ha cambiado en la ley en esos años? Absolutamente nada”.

Sin embargo, sigue teniendo enfrente una pared de hormigón: las empresas funerarias, que no están dispuestas a renunciar al jugoso beneficio que obtienen de la muerte. Hay más de 600 de estas empresas en España y ninguna ha mostrado interés en el ataúd de cartón.

Sin embargo, gracias a una familia de Alicante, Javier descubrió una manera posible para vender el ataúd pese a las trabas de la funeraria. Esta familia insistió en que quería usar el RestGreen. “Yo les dije que hablaran con la funeraria porque no les iban a dejar, y así fue. Entonces les dije: ‘Pídele la homologación del ataúd que te ofrecen’. Obviamente no les dieron la homologación, entonces pudieron llevar el mío”. Ahí se perfila una posibilidad para dar salida al negocio, ¿pero cuántas familias se tomarían esa molestia?

—¿Cuánto dinero ha perdido con todo esto?

—Pues no lo sé, pero un montón. Yo me endeudé. Le pedí dinero a la familia, dilapidé todo el patrimonio que tenía , me seguí endeudando.... y todavía tengo que pagar todo lo que debo.

—¿De qué ha vivido todos estos años?

—Bueno, yo soy ingeniero informático y tengo otra empresa que es la que me da de comer.

La idea que hace 11 años animó a este padre de familia a emprender se convirtió en su ruina. Sin embargo, este madrileño no piensa rendirse y está convencido de que tarde o temprano sacará este proyecto adelante. Pero aún quedan muchas dudas pendientes: ¿Por qué en España se pueden vender ataúdes sin homologar? ¿Por qué la Administración permite esta hiperinflación de los servicios funerarios? ¿Quién sale beneficiado de este oscuro negocio? Javier Ferrándiz asegura que lo que usted ha leído es solo la punta del iceberg.