La polémica de la semana saltó el miércoles con la publicación de la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). No fueron las estimaciones de la cocina de Tezanos el motivo de conflicto, sino una pregunta excepcional que muchos entendieron como el paso previo a la implantación de una censura legitimada en el acceso de la ciudadanía a la información. La justificación para incluir esta cuestión era la catarata de fake news que se está registrando por las anómalas circunstancias que ha generado la pandemia del coronavirus.
Dicha pregunta decía así: "¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener la libertad total para la difusión de noticias e informaciones?". Si el enunciado resultaba sorprendente, casi más la opinión de los españoles: el 66,7% se mostró favorable a establecer "sólo una fuente oficial de información".
El propio Tezanos, ante el zafarrancho que se había formado, se vio obligado al día siguiente a responder a las críticas: el presidente del CIS negó la "intencionalidad política" de la pregunta y aseguró que "es exagerado" querer verlo de esa manera. Sin embargo, la controversia derivó en una acalorada porfía sobre la libertad de información, en la que no han sido pocos los que acusaron al Gobierno de querer poner límites a los medios de comunicación, de controlar qué es noticiable y qué debe ocultarse. Un panorama más propio de una dictadura que de una democracia.
En España, no hace mucho, las cosas estaban así: la dictadura de Franco, a través del noticiero del NO-DO, de obligada proyección en todos los cines, mantenía el monopolio de la información. Los periódicos y los libros, antes de enviarse a la imprenta, o los guiones de las películas, eran revisados con lupa por las autoridades censoras, que tachaban y reescribían. No había espacio para regatear a la versión oficial. Todo lo que pudiera erosionar la imagen del régimen y su verdad, no se podía mostrar a la sociedad, mucho menos a través de los proyectores.
En ese contexto, la dimensión de una tragedia dada a conocer por los medios oficiales nunca se iba a corresponder al 100%, ni mucho menos, con lo que realmente había acontecido. La falta de transparencia sobresalía si el problema podía generar un revés para los pilares del franquismo. Con los críticos encarcelados o silenciados y sustentándose en los canales de información favorables, la catástrofe se atenuaba y sus repercusiones públicas eran prácticamente nulas, como un suave rasguño.
Las tragedias de Franco
Conocido de sobra es el accidente nuclear de Palomares. El 17 de enero de 1966 dos aviones —un bombardero y una nave nodriza— del Ejército de Estados Unidos colisionaron y liberaron cuatro bombas termonucleares, con una potencia 70 veces mayor que las arrojadas sobre Hiroshima o Nagasaki, sobre la localidad almeriense. Dos de ellas se rompieron y esparcieron restos de plutonio por la pedanía. Pero lo que pudo haber sido una tragedia de dimensiones incalculables se convirtió en una postal icónica de la historia de España: el chapuzón de Manuel Fraga y el embajador estadounidense en la playa de Palomares para tratar de demostrar que la contaminación del agua era un mito.
El 14 de marzo de 1966, precisamente el día antes de la aprobación de la 'Ley Fraga', sobre la prensa, el NO-DO narró así, de forma tan escueta y campechana, un accidente que todavía hoy sigue centrando el foco de la Justicia: "Como parte del programa previsto y para demostrar con el ejemplo que no existe peligro de radioactividad en esta zona costera, el ministro señor Fraga Iribarne, el embajador de EEUU y el jefe de la región aérea del Estrecho se dan un buen baño pues así lo permite la benignidad del clima a pesar del invierno. El embajador demuestra con los brazos abiertos que se está bien en estas aguas inofensivas. Y hecha esta elocuente demostración, el ministro y el embajador nos dicen adiós al salir del agua".
Fraga y el embajador estadounidense, en Palomares.
Pero durante las cuatro décadas de dictadura se registraron muchos más siniestros que el franquismo trató de ocultar. En 1944, el día 3 de enero, a la altura de la localidad de Torre del Bierzo (León), un tren correo, una locomotora en maniobras y un tren de mercancías chocaron en un túnel provocando un incendio que todavía se desconoce cuántas víctimas se llevó por delante. La versión oficial habla de 78 muertos, pero otras estimaciones elevan la cuantía a más de medio millar.
A pesar de que los periódicos informaron al día siguiente del peor accidente ferroviario de la historia de España, la censura franquista no solo minimizó las cifras, sino que también impidió a los medios seguir publicando informaciones referentes al suceso. El régimen habló de sabotaje y trató de culpar a los maquinistas, pero existe una imagen de decenas de militares cargando féretros en un camión que hacen inverosímil el cómputo de las autoridades judiciales. Es una de las pocas instantáneas conocidas de la hecatombe. Las cámaras del NO-DO no grabaron nada.
En esta misma línea y a una catástrofe natural quiso atribuir el régimen la tragedia de Ribadelago (Zamora). La rotura de la presa de Vega de Tera a las 0.24 horas del 9 de enero de 1959 ahogó la vida de un pueblo situado a orillas del Lago de Sanabria y a 144 de sus vecinos. Solo 28 de los cadáveres pudieron recuperarse. El reventón del dique y la liberación de 8.000 millones de metros cúbicos de agua se registró dos años y medio después de que Franco inaugurara un embalse construido demasiado rápido y de forma barata.
"120 cadáveres siguen perdidos. Con la fe puesta en Dios, las abnegadas gentes de Ribadelago rezan por ellos y se incorporan de nuevo a sus tareas", informaba el noticiero franquista sobre el accidente, poniendo el foco en la resignación cristiana más que en la búsqueda de las causas. El siniestro se intentó minimizar al constituir un punto negro en la España de los pantanos y el desarrollismo: las penas fueron mínimas para los responsables y ninguno pisó la cárcel. La dictadura impulsó la construcción de unas casas en las que ya no cabía el ganado y las indemnizaciones fueron discriminatorias: 90.000 pesetas por cada hombre fallecido, 80.000 por mujer y 25.000 por niño.
Los militares cargando cadáveres en Torre del Bierzo.
Unos años más tarde, el 22 de octubre de 1965, se registró otra desgracia relacionada con la construcción de los pantanos. Ocurrió en Monfragüe (Cáceres), donde la presa del Torrejón-Tiétar se rompió antes de rematarse su construcción. Murieron 54 personas según fuentes oficiales, aunque siempre se ha creído que la cifra fue mucho más elevada. Las viudas recibieron apenas 20.000 pesetas y otras 5.000 por huérfano con una única condición: renunciar a cualquier reclamación. La Audiencia Provincial de Cáceres sobreseyó el caso en 1970 a pesar de las pruebas de negligencia aportadas por los peritos.
¿Qué espacio dedicó el NO-DO, el 1 de noviembre, a esta "dolorosa catástrofe"? Apenas unas decenas de segundos en las que se mostraron varias imágenes de los efectos del accidente. "Por aquí irrumpió la impetuosa corriente que arrastró gran número de víctimas", informa el narrador. "La presa, que embalsaba 140 millones de metros cúbicos, ahora vierte agua por sus aliviaderos para poder efectuar el salvamento de las víctimas y la reparación de daños". Y se dio paso a una noticia sobre el campeonato de segadores de hierba.
En democracia
Aunque el NO-DO siguió emitiéndose hasta 1981, la Constitución del 78 ya recogió la libertad de información en España. Multitud de periódicos y cadenas de televisión y radio privadas rompieron el monopolio de la actualidad noticiable que imperó durante el franquismo; y la categoría de medio oficial quedó desterrada, también para Televisión Española.
Ahora que el debate sobre la posibilidad de un medio oficial vuelve a primera línea, parece pertinente preguntarse cómo se hubieran gestionado algunas de las tragedias más recientes de nuestro país, acaecidas ya en democracia: ¿habría existido la misma falta de transparencia en cuanto al número de víctimas mortales sobre la pantanada de Tous de 1982? ¿Y a quién se habría señalado como responsable del accidente de tren de Angrois en 2013 en el que fallecieron 80 personas? ¿Se hubiera culpado exclusivamente al maquinista como en el año 1944 y no se hubieran dado a conocer los fallos en los sistemas de seguridad?
Uno de los vagones de Angrois, rajado de lado a lado.
Y sobre el hundimiento del Prestige, ¿se hubiera ocultado la verdadera cantidad de toneladas de fuel que el petrolero llevaba abordo aunque ese pegadizo chapapote negro enfangara igualmente las playas de Galicia? ¿Y habría salido a la luz la intoxicación y muerte de al menos 346 personas por el envenenamiento masivo de aceite de colza? ¿Habrían puesto en jaque los medios al presidente Felipe González por el tema de los GAL? ¿Y qué versión habríamos conocido del 11-M? Así numerosos casos que ponen en evidencia la importancia de la prensa libre como servicio público.
Lo que parece claro es que si hoy en día, en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, solo se pudiese informar a la población a través de un medio oficial, como pregunta el CIS de Tezanos, no se habría podido dar voz en estas mismas páginas al proveedor que ha denunciado que el Gobierno compró material sanitario tarde y mal, o que el número de fallecidos por Covid-19 es mucho mayor de lo que reflejan las estadísticas del Ministerio de Sanidad. Ejemplos de por qué son necesarios unos medios de comunicación libres. Porque como decía Victor Hugo, la prensa es el dedo indicador de la ruta del progreso.