A principios de noviembre de 2017, cuando la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional registra la casa y otras propiedades del excomisario José Manuel Villarejo, los agentes hallan entre el numeroso material informático incautado una carpeta con archivos denominada AR.
Al analizarla, los investigadores pronto caen en la cuenta de que uno de los rostros más conocidos de España, la reina televisiva de las mañanas, se va a llevar un disgusto por culpa de su pareja.
Algo más de siete meses después, en junio de 2018, agentes policiales detienen, entre a otras personas, al empresario del ladrillo Juan Muñoz Támara, marido de la periodista Ana Rosa Quintana desde 2004; al hermano de éste, Fernando Muñoz Támara, y a un amigo y “persona de confianza” de ambos, un abogado con despacho en San Roque (Cádiz).
Juan Muñoz, con quien Ana Rosa Quintana (64 años) tiene dos hijos mellizos menores de edad, pasa por los calabozos pero no llega a entrar en prisión. Presuntamente, él y su hermano habían contratado a Villarejo para espiar y extorsionar mediante un vídeo comprometedor al juez inhabilitado Francisco Javier Urquía, quien en ese momento llevaba años ejerciendo la abogacía.
Los dos hermanos empresarios tenían pensado encomendarle a un amigo abogado, Ricardo Álvarez Ossorio, hacerle llegar las imágenes a Urquía. Muñoz y Álvarez Ossorio se conocen de la elitista urbanización Sotogrande, donde ambos tienen casa. En aquel vídeo, el exjuez aparecería esnifando cocaína y acompañado por varias prostitutas. Aquel encargo nunca se llevó a cabo.
En una de las numerosas grabaciones que Villarejo realizó durante años y que obran en manos de la justicia, se le escucha referirse a ese vídeo: "El CNI lo grabó farlopeando [al exjuez] y yo me voy a volver a hacer con esa grabación, que creo que la puedo localizar. Y claro, no le interesa a él salir en algún medio o en YouTube con unas periquitas y pegándose un tirito”.
El excomisario Villarejo, según consta en el sumario al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, pidió 200.000 euros por sus trabajos, aunque finalmente los hermanos Muñoz Támara le abonaron 20.000, una décima parte.
El excomisario José Manuel Villarejo antes de su detención en noviembre de 2017.
Este pasado lunes, casi tres años después de la detención de Villarejo y de que a posteriori se abriera el caso Pintor -una de las piezas separadas de Tándem, por la que se investigan las presuntas actividades ilícitas del conocido como ‘comisario de las cloacas’- la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada enviaba un escrito a la Audiencia Nacional pidiendo que dé por concluida la investigación sobre los Muñoz Támara. El fiscal solicitaba que la pieza se transforme en procedimiento abreviado y que las partes presenten sus escritos de acusación, el paso previo a la apertura de juicio oral.
Cuatro días después, este pasado viernes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón veía motivos para que el empresario Juan Muñoz, entre otros, se siente en el banquillo para ser juzgado por los presuntos delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos.
Juan Muñoz es sevillano y estudió Arquitectura. Procede de una familia adinerada gracias al trabajo de su padre, Fernando Muñoz, dedicado al sector inmobiliario y uno de los primeros promotores de la construcción en la capital andaluza. También tiene su firma la urbanización de Vista Hermosa, en el Puerto de Santa María (Cádiz), donde la familia tenía terrenos. Juan Muñoz ha expandido su negocio más allá de las fronteras españolas con promociones inmobiliarias en Colombia o México.
La primera reunión: el audio AR-Juan
El 15 de febrero de 2017, los hermanos Muñoz Támara se reúnen en un restaurante con el excomisario. Villarejo, sin que sus acompañantes lo sepan, graba la conversación que mantienen. Luego, guardará ese archivo en un ordenador con el hombre AR-Juan seguido de una fecha.
Al inicio del encuentro, Villarejo apela en varias ocasiones a la presentadora, a la que se refiere como "la jefa".
El marido y el cuñado de Ana Rosa Quintana le cuentan a Villarejo que tienen un problema con un empresario, Mateo Martín Navarro, que durante años se ha dedicado a emitirles facturas por trabajos no efectuados. “Se dedicaba a la pintura, entonces me pintó la facturación para no pagarle el IVA (...) Un tipo serio”.
El empresario Juan Muñoz tras prestar declaración en la Audiencia Nacional en agosto de 2018.
Los hermanos Muñoz Támara le explican a Villarejo en aquella primera reunión que Hacienda los ha descubierto y que la Agencia Tributaria le pide a uno de ellos, Fernando Muñoz, el pago de 1,5 millones de euros, mientras que Mateo Martín se ha declarado insolvente por consejo de su letrado.
En un momento dado de la conversación, Juan Muñoz le comenta al excomisario si puede hacer algo para presionar a aquel antiguo socio con el fin de que se haga cargo de una parte del dinero que su hermano Fernando debe pagar. “Por si conoces cómo debilitar a esa parte”, le dice el marido de Ana Rosa Quintana.
Villarejo responde: “Le podemos hacer una a cada uno de estos señores [se refiere también al exjuez Urquía, que en ese momento ejerce de abogado del pintor Mateo Martín Navarro]. Probablemente, en cuanto monitoricemos un cuarto de hora al pintor (...) a este la sale mierda por todos los lados. Ver que no es insolvente es la cuestión más importante”.
Minutos después, gracias a la transcripción que realiza la Policía de las grabaciones de Villarejo, se interpreta que los Muñoz Támara y el excomisario quieren centrar la extorsión en el exjuez Urquía, que se encuentra apartado de la judicatura por cohecho mediante sentencia firme de 2010 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Los dos hermanos piensan que, debilitándolo a él, pueden hacer que Mateo Martín Navarro pague su responsabilidad en aquel fraude a Hacienda.
Luego, la conversación se relaja y hablan de temas de trabajo.
- ¿Cómo va el 2017, cómo ha empezado?, pregunta Juan Muñoz a Villarejo.
- Como un tiro. En el 16, cuando ya me quedaban dos tres meses para jubilarme, empezaron a entrarme los temas más difíciles de España, no hay duda. Claro, porque como todo el mundo piensa que yo lo arreglo todo (...) Pero me han entrado temas muy interesantes, pero muy interesantes.
- Tú es que tienes mucho prestigio, le espeta Muñoz.
Imagen de uno de los seguimientos de los que es víctima el exjuez Francisco Javier Urquía, que aparece de espaldas hablando con su pareja.
Segunda reunión: “darle al abogado a nivel personal”
El 7 de marzo de 2017, Villarejo organiza una reunión en su despacho del edificio Torre Picasso en Madrid. A ella asisten los hermanos Muñoz Támara, su abogado José Luis García González, su amigo Ricardo Álvarez Ossorio (también letrado), el citado excomisario y un abogado que trabaja para éste.
Al poco de iniciarse la conversación, Villarejo dice en referencia a Urquía. “Es más interesante darle el toque a nivel personal al abogado que tiene (...) al ex juez, ¡eh!”.
Comienzan a hablar del vídeo que el CNI mantiene guardado de cuando Urquía era juez en Marbella. Incluso lo visionan en el inmueble en el que se produce la cita. El abogado Ricardo Álvarez Ossorio, amigo de los hermanos Muñoz Támara y que conoce a Urquía, parece no ver claro el asunto.
“Yo creo que es un problema que él ya ha pasado. Ese revolcón ya lo ha pasado, todo Marbella sabe que él farlopea, y todo Marbella sabe que él ha estado de putas”.
Villarejo dice minutos después: “El tema es poner patas arriba al cliente [en referencia al empresario Mateo Martín Navarro]”.
Ricardo Álvarez Ossorio, amigo Juan Muñoz, le responde: “Pero entonces hay que hacer una radiografía a Mateo en condiciones (...) A ver el tema de que Mateo tiene bienes, y que Mateo los tiene a su nombre, y que Mateo está de testaferro de gente y todas estas cosas... Yo creo que si se le hace la radiografía sería muy bueno”.
Tras aquella reunión en las oficinas de Villarejo, tanto el empresario Mateo Martín como el exjuez Francisco Javier Urquía son víctimas de seguimientos sin ser conscientes de ello. Sin embargo, todo sale a la luz tras la detención del excomisario y del análisis de las miles de horas de grabaciones que almacena.
Ninguno de los abogados presentes en aquella reunión en la que participan los Muñoz Támara y Villarejo llegó a presentar aquel vídeo comprometedor al exjuez Urquía ni a entablar conversación alguna con él.
La pareja, acomodándose en un carro de caballos en la Feria de Sevilla.
“En efectivo y sin dejar rastro”
Después de que el juez de la Audiencia Nacional haya visto motivos para sentar en el banquillo de los acusados a los hermanos Muñoz Támara y a quienes les ayudaron, ahora se abre un plazo para que la Fiscalía Anticorrupción y las víctimas del espionaje presenten escritos de acusación. Una vez lo hagan, previsiblemente, se abrirá el juicio oral.
En su escrito de este viernes, el juez Manuel García-Castellón relata que, a cambio de 20.000 euros que los Muñoz Támara abonaron "en efectivo y sin dejar rastro", Villarejo les facilitó "información sensible y de acceso restringido" de Mateo Martín y su letrado, incluidos vídeos de carácter sexual.
El citado juez también explica que la finalidad de las labores de investigación y espionaje de las que son víctimas era localizar activos patrimoniales cuyo titular real fuera el empresario Mateo Martín, pero también obtener "debilidades" suyas y de su abogado para que "aceptaran unas condiciones o acuerdos económicos favorables para los hermanos Muñoz".
Entre los imputados, además de los abogados José Luis García González y Ricardo Álvarez-Ossorio, también se encuentra el expolicía Antonio Bonilla, que utilizó los datos sobre Mateo Martín Navarro y Francisco Javier de Urquía que constaban en bases policiales. También se subcontrató a la detective privada Nuria Morales, que con la colaboración de otras cuatro personas, facilitó información reservada de los víctimas de la operación Pintor.