Junio de 2017. José María G.C., un extremeño de 64 años, envía un mensaje a través del chat de Facebook a María, una mujer de 42 años de origen suramericano pero con nacionalidad española que en ese momento ejerce la prostitución en un club de Ávila. José María es encargado de otro local de alterne en Madridejos (Toledo). Quiere que la mujer trabaje para él y le regala los oídos. El hombre propone a María mudarse a tierras castellanomanchegas. “Ganarás más dinero y tendrás mejores condiciones de trabajo”, le dice. María acepta.
Lo que la mujer nunca imaginó es que acabaría viviendo un infierno. José María la explotó sexualmente durante ocho meses por distintos prostíbulos de toda España mientras se ayudaba de otras dos personas para vigilarla y que no pudiera escapar. Entre los tres la convirtieron en una esclava sexual. Para amedrentarla, José María le pegaba y le profería amenazas de muerte. “Cualquier día, te mato. Hija de puta”.
El pasado 9 de junio, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a José María a tres años y nueve meses de cárcel. El proxeneta reconoció ante el tribunal todas las acusaciones que pesaban sobre él. Fue un fallo histórico: se trata de la “primera sentencia condenatoria que se dicta en España por trata interna de seres humanos”, explica el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Analizadas las últimas operaciones policiales contra la explotación sexual en España se concluye que, en la mayor parte de las ocasiones, la captación de la mujeres se hace en el país de origen (Colombia, Paraguay, Nigeria o Rumanía) por gente de su propia nacionalidad.
Luego, las transportan directamente a España o a través de un tercer país para después traerlas aquí. Aunque no es un requisito imprescindible, normalmente la trata es un delito transnacional. En contadas ocasiones estas mujeres ya están en España en el momento de su captación, como sí ocurrió en este caso.
Según la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas (ONU), en la trata de personas “el consentimiento de la víctima es irrelevante para que la acción se caracterice como el tráfico; generalmente, este se obtiene a través del engaño, la amenaza, el uso de la fuerza u otras formas de coacción como el rapto, el fraude, el abuso de poder o una situación de vulnerabilidad”.
Por “distintos clubs” de España
Tras aceptar María aquella oferta, José María se desplazó por carretera desde Toledo hasta Ávila para recoger a la mujer. Luego, juntos, hicieron el camino inverso y María se instaló en el prostíbulo abulense donde el proxeneta ejercía de encargado. José María, dice la sentencia a la que tiene acceso EL ESPAÑOL, corrió con todos los gastos del viaje.
Sin embargo, transcurrido un mes, el ‘chulo’ “comenzó a trasladarla a distintos clubes del territorio nacional donde la obligaba a ejercer la prostitución, encargándose de contactar él con los clientes y de pactar con ellos el tipo de los servicios sexuales que [María] les iba a realizar”. Primero la llevó al club Dulcinea, en Toledo. De ahí a otro de Córdoba y de allí a un pueblo de Sevilla.
Una prostituta durante un operativo policial.
Si la chica se negaba a atender al cliente, José María la golpeaba y la amenazaba. “Te voy a meter una puñalada y te voy a echar a una cuneta”, le decía. “También mataré a tu hermana y a tus sobrinos si no haces lo que te digo”.
María, temerosa de que José María llevara a cabo sus amenazas, accedía a mantener sexo con los hombres con los que el proxeneta había contactado previamente. El explotador sexual, además, se quedaba con el importe íntegro pagado por el cliente a María.
“La mujer no podía salir ni entrar libremente de los locales” a los que le llevaba ese hombre, explica el escrito de acusación de la Fiscalía de Sevilla, que pidió para el ahora condenado el doble de pena -siete años y medio- que la que finalmente le ha sido impuesta.
La llamada de socorro
María puso fin a su calvario el 2 de febrero de 2018. Llamó a Emergencias 112 pidiendo socorro. Contó que José María la había violado en la casa en la que la tenía encerrada y de la que sólo salía -siempre acompañada- para mantener encuentros sexuales con los clientes.
La vivienda se encontraba en El Saucejo, un pequeño pueblo de 4.300 habitantes al este de la provincia de Sevilla y colindante con las de Málaga y Cádiz. Si José María se ausentaba del inmueble, dos personas que eran pareja -una de ellas también ejercía la prostitución- vigilaban a María en todo momento.
La Policía Nacional acudió a aquella casa y rescató a María. El Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna (Sevilla) abrió diligencias de investigación. El Grupo III de la Unidad de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales de Sevilla (UCRIF) se hizo cargo de las pesquisas.
José María y las otras dos personas que le ayudaron a explotar sexualmente a la joven se trasladaron a Zalamea la Serena, una localidad de Badajoz donde los tres estaban empadronados.
El 25 de abril de 2018, agentes de la UCRIF se desplazaron hasta dicha localidad pacense para registrar las residencias de los investigados. Encontraron cámaras fotográficas, material pornográfico y diversas facturas de giros de dinero.
En su escrito de acusación, la Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de un delito de prostitución coactiva. A los dos cooperadores de José María les imputó sólo el segundo de los delitos.
El juicio se celebró el pasado martes 9 de junio. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a José María, que se encontraba en prisión provisional por los hechos, a tres años y nueve meses de cárcel, mientras que a los otros dos acusados los sentenció a 15 de meses de privación de libertad. Las partes decidieron no recurrir el fallo.
En el caso del principal condenado, el tribunal contempló las atenuantes de confesión y drogadicción, pues durante el registro realizado en su vivienda en abril de 2018 se halló marihuana destinada a su propio consumo. La víctima tendrá que ser indemnizada con 30.000 euros.
La sentencia recoge que María no fue la única víctima de José María. Este proxeneta, dice el fallo, “se ha venido lucrando a costa de explotar la prostitución que ejercían diversas mujeres no identificadas en una pluralidad de clubes de alterne que vino regentando por distintos puntos de la geografía nacional, encargándose también de proveer de chicas a otros clubes”.
Campaña del Cuerpo Nacional de Policía para la denuncia de trata de personas.
La ONU estima que hay 2,5 millones de personas víctimas de trata en el mundo. Sin embargo, calcula que por cada víctima identificada existen 20 más sin identificar. Dos terceras partes de las víctimas detectadas son mujeres. El 79% de ellas son sometidas a explotación sexual.
El 13% de las víctimas de la trata de personas detectadas en Europa central y occidental provienen de Suramérica. Los principales países de destino para su explotación sexual son España, Italia, Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, Austria y Suiza.
La Policía Nacional dispone de un número de teléfono (900.10.50.90) para denunciar este tipo de delitos.