Noviembre de 2017. Antonia López nombre ficticio para preservar su identidad— acaba de perder a uno de los inquilinos más antiguos de su edificio en propiedad, en el barrio de La Barceloneta (Barcelona) y a escasos metros de la playa de San Sebastián.

Aunque es una mala noticia para esta catalana después de tantos años como arrendadora, trata de no perder el tiempo. Habla con el arrendatario, firma el fin del contrato, le entrega las llaves y zanja el asunto. La vivienda, de 70 metros cuadrados, volvía a estar libre para alquilarse. O eso era lo que creía esta propietaria.

Apenas había pasado un par de horas, cuando Antonia se desplazó a su edificio para echarle un vistazo a la casa antes de colocar el cartel. Su sorpresa fue mayúscula. Habían cambiado la cerradura y escuchaba voces en el interior. Karen, de origen latino, y una chica de 17 años habían okupado su vivienda. De nada sirvió el diálogo que intentó mantener con la indeseada inquilina. Recibió el chivatazo de que estaba vacía, pinchó la luz, el agua y desde entonces hasta hoy sigue viviendo en el apartamento de esta propietaria. 

Karen, la okupa del edificio de La Barceloneta, en una entrevista. Betevé.

Lo insólito no es solo que esta okupa siga en el interior del apartamento, sino que lo hace con el beneplácito del Ayuntamiento de Barcelona y de su primera edil, Ada Colau, desde hace más de tres años. Y todo aún habiendo tenido la opción de irse a una pensión en Sabadell (Barcelona), que le ofreció el departamento de Servicios Sociales. "¿Para que quiero una pensión? Para estar todo el día en la calle... aquí estamos bien y mis hijas tienen el colegio al lado", relata la okupa, en una entrevista con una televisión local. 

El desalojo fallido

Ante la imposibilidad de echar a Karen, tras haber llamado a los Mossos d'Escuadra y haber intentado llegar a un acuerdo con ella, esta propietaria terminó llamando a Fuera Okupas. Esta empresa es experta en el desalojo de okupas en todo el país, pero especialmente en Barcelona donde tienen el mayor flujo de trabajo, según explican a EL ESPAÑOL. Su porcentaje de éxito roza el 100%, pero este caso no ayudó a mantener el porcentaje. 

Esta brigada de desokupadores conformada por agentes profesionales, entre ellos comerciales, abogados y un compedio de expertos en deportes de contacto como el bóxeo y el judo, se presentó en la vivienda el pasado noviembre. Como con cada expediente, este grupo empezó a investigar la zona durante los primeros días y poco después estableció un control de acceso en el portal del edificio de Antonia López. 

Este sistema se basa en que solo pueden salir y entrar del edificio aquellos inquilinos o propietarios de la finca. Los boxeadores controlan la entrada. En otras palabras, si Karen y su compañera salían del bloque, no volverían a entrar. Normalmente, antes de llegar a este punto, Fuera Okupas trata de alcanzar algún tipo de acuerdo con los indeseados inquilinos, pero en esta ocasión se pudo conseguir. 

Para sorpresa de estos trabajadores, a los pocos minutos de plantarse en el portal, empezaron a llegar decenas y decenas de personas a increparles. Todo se debía al Sindicat Habitatge Raval. Una plataforma pro-okupa que opera en la ciudad condal y que había dado la voz de alarma. "Fuera Okupas está haciendo un control de acceso en casa de Karen. ¡Echémoslos a ellos!", informaron en su cuenta de Twitter. El mensaje corrió como la pólvora. Acudieron, según testigos, unas 200 personas. 

"¡Passarem!"

En cuestión de segundos, los tres operarios se vieron rodeados de la muchedumbre al grito de "¡Passarem! (pasaremos) ¡Fascistas! ¡Nazis!". En todo momento, según puede advertirse en el vídeo, los trabajadores mantienen la calma, incluso cuando se produce un pequeño forcejeo entre ambos grupos. La tensión es tal que incluso se presentan allí los Mossos d'Escuadra. Los agentes intentan mediar, sin éxito. Poco después, llegan hasta allí también dos representantes de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. 

"Vino la concejal de Urbanismo en el distrito del Raval y otra compañera. Nos dijeron que parasemos el control de acceso; que ellos se encargarían de mantener una reunión en el Ayuntamiento de Barcelona con la propietaria y la okupa", cuenta Jorge Fe, el jefe de Operaciones de Fuera Okupas. 

Finalmente, Jorge y sus cuatro trabajadores se marchan del lugar tras el consejo de los representantes locales y las fuerzas de seguridad, y esperan unas semanas a la celebración de dicho encuentro en el Consistorio barcelonés. Sin embargo, cuando llega la fecha, les comunican que no pueden estar presentes, ni siquiera como representantes legales de Antonia, la dueña del edificio. 

Las conclusiones al término de la reunión, según expuso la clienta de Fuera Okupas, eran la siguiente: la okupa se iba a quedar sí o sí. "En Urbanismo le dijeron que le habían marcado con una x y que le podían hacer la vida imposible. Al día siguiente de la reunión, le volvieron a dar el agua a la okupa en la vivienda", asegura el fundador de la empresa de desalojos. 

¿Una pensión?

La ubicación de la vivienda okupada, a escasos metros del mar.

Desde que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tomó el mando en 2015, ha cumplido con su promesa de permitir la okupación de edificios municipales en desuso. La condición, afirmó en su momento el gobierno municipal, era que la seguridad de las estructuras de esos inmuebles estuviese garantizada. No obstante, la permisividad de Colau, cuyo pasado como activista estuvo centrado en reivindicar el derecho a la vivienda, ha provocado que movimientos pro-okupa como el anteriormente mencionado hayan tomado poder en la ciudad condal. 

En una entrevista con Betevé, una canal de televisión local en Barcelona, Karen admite que está viviendo en la casa desde nombre de 2017, cuando okupó la vivienda. También que no tiene planteado marcharse hasta que le ofrezcan algo mejor. "He tenido que okupar esta casa. Estuvimos parando desahucios los dos últimos años hasta que llegó el momento en que no pudimos. No me queda otro remedio", confiesa esta mujer. 

Preguntada por si ha recibido ayudar u opciones para irse a otro lugar y abandonar la vivienda okupada, esta okupa admite que "tiene una ayuda de 300 euros" que emplea para darle de comer a sus hijas. Respecto a marcharse, señala: "¿Qué pensiones están dado? ¿Pensiones en Sabadell? No tiene ni siquiera cocina, para estar todo el día en la calle... me quedo aquí. ¿Cómo llevo a mis hijas al colegio? Lo tienen aquí al lado. Yo lo único que quiero es vivir tranquila con mis hijas, no pensar que me van a desalojar. Aquí estoy okupando y me mandan matones, quiero vivir tranquila", insiste Karen. 

Vía penal 

La okupación se había convertido, en pocos más de tres años, en una pesadilla para la dueña del edificio. Así que llevo su caso a los tribunales y demandó a Karen por la comisión de un delito de usurpación. Una contienda legal que finalmente ha ganado la propietaria. Los jueces han fallado que la okupa debe abandonar la vivienda, pero se ha recurrido la decisión del juzgado de primera instancia. De este modo, este caso puede alargarse años hasta que la sentencia sea firme. La pregunta es, cuando sea así, ¿podrá recuperar Antonia su vivienda?

Lo cierto es que la indefensión de los propietarios ante la okupación de la vivienda es absoluta. Una vez se produce, existe la vía penal y la civil para recuperar el inmueble. La nueva normativa aprobada en julio de 2018, permite que, cuando el procedimiento es civil, no sea necesario identificar a quienes okupan el inmueble, lo que ha agilizado el proceso a la hora de desalojarlos.

Si se opta por este procedimiento, se condena al okupa a abandonar el inmueble y a que pague las costas del procedimiento, así como los daños y perjuicios que se hayan producido. Contra esta sentencia no cabe recurso. Por otro lado, cuando el hecho se denuncia a través de la vía penal, bajo el delito de usurpación u ocupación, el procedimiento suele durar años, mientras los okupas siguen disfrutando del inmueble. Y eso precisamente es lo que tiene planeado Karen, disfrutar de su casa al lado de la playa hasta que sea inevitable. 

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