Luis (1) alquiló su casa de Los Arenales del Sol (Alicante) en febrero. Un poco extraño, ya que es una zona de veraneo que durante el invierno está prácticamente vacía. Aún así, no le vio inconveniente, pero lo cierto es que lo que se le venía encima era bien gordo. La mujer que le alquiló la vivienda resultó ser una prostituta que trabajaba para una mafia en Torrevieja y que usó la identidad de un cliente para el papeleo. Así fue como convirtieron su casa de veraneo en un narco-puticlub, por supuesto, sin pagar el alquiler.
“Esto no es la idea romántica del okupa que pilla un vivienda gubernamental como protesta, no. Son mafias”, explica José Luis, en representación de su amigo y cliente, a EL ESPAÑOL. Para cuando fueron a desalojar, había ahí “tres o cuatro prostitutas ejerciendo”.
Luis recurrió a la empresa MMM Desokupación para que hicieran lo que harían los tribunales, pero mucho más rápido y barato. El dueño de esta empresa, en una de sus muchas visitas de negociación al narco-prostíbulo okupado, llegó a salir huyendo con una decena de marroquíes persiguiéndole con machetes.
Okupas persiguen con machetes a un negociador
Con la ayuda de cuatro o cinco hombres “grandes como vigas” pudieron finalmente desalojar la vivienda, después de dos meses convertida en una parada en la ruta del vicio decadente. Desalojaron, pero el mal estaba hecho. El bajo de la calle Islas Baleares 54 era ya una cruz para toda la comarca. Hubo que vender o, como suele ocurrir en estos casos, malvender.
Además de convertir su casa en un festival de prostitución y cocaína durante dos meses, los okupas se fueron y arramplaron con todos los muebles de la casa y la dejaron hecha un desastre. La negociación del desalojo vino con su correspondiente dosis de amenazas y chantajes.
12.000 okupaciones al año
Cada día se okupan en España una media de 33 viviendas. Esto da una cifra total de 12.000 okupaciones al año, tanto a particulares como a empresas. En estos años han aumentado un 58% las okupaciones en todo el territorio. El incremento, en este sentido, tiene que ver con que la legislación dificulta el desalojo de estos usurpadores. En muchos casos, los inquilinos ilegales se instalan con menores, por lo que la ley complica el desahucio de familias con niños.
El objetivo del okupa es pasar inadvertido durante las primeras 72 horas establecidas por la ley para poder demostrar que ya están establecidos en la propiedad. La Policía ya no podrá expulsar a los inquilinos de la vivienda, ya que sólo lo podrían hacer durante las primeras 48 horas. Habrá que esperar a una orden judicial, si llega.
Muchos afectados por los okupas, antes que denunciar, recurren directamente a una empresa privada para que les desaloje la vivienda. La entidad lo hará en menos tiempo y de forma más barata que la justicia.
Óscar Martínez (2) lo tuvo claro desde el principio. Cuando compró una casa con okupa incluido, en ningún momento pensó en ir al juzgado o a la policía, recurrió a MMM Desokupación.
“Murió el dueño de la casa y la madre de su hijo se instaló en ella”, explica. La hipoteca estaba aún por pagar y la mujer, al no estar casada con el propietario, no tenía ningún derecho sobre el inmueble. Eso no le impidió pasar más de siete años ahí. La casa está en Peñas de San Pedro (Albacete)
El banco embargó la casa por impago y Óscar se hizo con ella. Ahí empezó una larga negociación con la okupa. “Esto fue en diciembre 2019. Yo le digo que tenemos que llegar a un acuerdo. Ella dijo que ningún problema, pero luego empezó a darme largas y me dijo que si podía ir cuando acabase el colegio. Mi mujer y yo aceptamos”. Llegó el estado de alarma y su correspondiente confinamiento y nada se movió.
Cuando acabó la cuarentena, el hijo ya había terminado el colegio. La okupa debía irse, pero se volvió a enrocar. Óscar se hartó y fue a la citada empresa para desalojar a la mujer que había vivido siete años gratis. De la vivienda extrajeron 3.260 kg de basura.
“Además se llevó las puertas, el termo del agua, quería llevarse la cocina, las puertas de un armario empotrado.... tenía todo hecho un asco, de la cocina salían ratones”, cuenta el propietario. “Si llegan a ir servicios sociales, le quitan al hijo. El niño está psicológicamente destrozado. Es el gran perjudicado de todo esto”.
Tres meses gratis
Verónica (3) tiene un edificio en Alcoy con apartamentos que alquila a estudiantes. Una chica, de 20 años, le llamó para pedirle habitación durante el confinamiento, cuando se le habían marchado el 70% de sus inquilinos a causa de la pandemia del coronavirus. Ella pide recomendación antes de acceder a estos pisos. Un hombre, aparentemente, le llamó e hizo lo propio con la mujer que había llamado momentos antes. Firmó tres meses de alquiler.
Sin embargo, no pagó nada por estar en estos apartamentos. La joven se atrincheró e hizo de aquello su cuarto. El primer mes ya no pagó, pero el verdadero problema llegó cuando en el lugar aterrizaron sustancias estupefacientes de manos de esta nueva inquilina. “Se drogaba, molestaba al resto, robaba, se prostituía allí…”, narra Verónica en conversación con este periódico.
Los padres de la propietaria, jubilados, se tuvieron que trasladar hasta el lugar. Al menos así evitarían que siguiera entrando gente del exterior, porque a ella no podían echarla. Pero el resto de usuarios, universitarios que continuaban en Alcoy, no serían molestados por personas ajenas al edificio. Únicamente por esta chica de 20 años que puso patas arriba el lugar.
Verónica explica que ella necesita alquilar las habitaciones para septiembre, cuando vuelven los estudiantes, y por eso le urgía desalojarla. También para que la convivencia fuera cómoda para los que sí pagaban el alquiler regularmente. “Decía que iba a ir a asuntos sociales para empadronarse aquí incluso”, expone la afectada. Ha estado allí más de tres meses. Finalmente consiguieron que dejara la habitación y se marchara. Se le pagó incluso una noche de hostal en otro lugar para darle tiempo a encontrar acomodo y que no se quedara en la calle.
Estas son las más abracadabrantes, pero hay más historias, como la de Juan (4), que lamenta que de casa de sus padres “se llevaron hasta el termo”. Fue una okupación de unas dos semanas, en Murcia, pero en la que lo perdieron todo. También se llevaron todo de la segunda residencia de Valentín (5). No tenía mucho, pero un par de televisores volaron de la finca de Tamalanca del Jarama (Madrid) que le okupó una familia que se hizo con aquello y metió hasta dos coches de su propiedad en la parcela.
Ana (6) es de Granada. Un vecino le alertó que en su segunda residencia de Alicante habían entrado unos okupas. Lo gestionó rápidamente y logró que se fueran en menos de una semana. Menos de siete días tardaron en okupársela de nuevo, aunque nuevamente logró solventar el problema con rapidez. Los vecinos de Ismael (7) tuvieron que tapiarle la puerta en Jerez para que los okupas, que ya habían accedido a la vivienda por la mañana, no volvieran a entrar en ella a la mañana siguiente. También fueron los vecinos los que alertaron a Pedro (8) de que la noche anterior estuvieron a punto de okupar su vivienda en El Cuervo (Sevilla). De madrugada, un hombre y tres mujeres trataron de acceder, aunque no lo llegaron a conseguir. Ya le han avisado de que en cualquier momento les entrarán por estar la vivienda vacía desde hace años.
En Barcelona, Gloria (9) se dio cuenta de que cuatro personas vivían en la que era la casa de sus padres. Logró desalojarla en menos de una semana. A Abel (10), un inquilino moroso le dejó de pagar el alquiler de su segunda residencia en Orihuela (Alicante). José Luis (11) se fue a pasar las navidades con su familia a León y al volver había cinco okupas en su casa de Calicanto (Valencia); Iván (12) ha tenido okupas en sus dos casas, en Santiago de la Ribera y en Orihuela; Manolo (13) alquiló su piso a un conocido supuestamente reformado de un pasado turbio, pero bastaron pocas semanas para comprobar que la cosa no era así. El tipo le dejó de pagar el alquiler de su piso en Albacete. Consiguió echarle el domingo pasado.
Como ya hemos visto antes, enfrentarse a un okupa no está exento de riesgo. Es por ello que Ana (14) no se atreve a dar detalles de su caso, porque los que okuparon su casa la tienen amenazada. Lo mismo ocurre con Juan (nombre ficticio del caso número 15) que no quiere identificarse por miedo a las represalias. Los que okuparon su casa de Benidorm se la tienen jurada.