“Se vigilará escrupulosamente a los gitanos”. Así comenzaba el artículo cuarto de la segunda parte del Reglamento de la Guardia Civil hasta 1978, año en el que el Ministerio del Interior ordenó suprimirlo, junto al quinto y al sexto, de las normas que rigen a la Benemérita al considerarlos “discriminatorios” para la población gitana.
Un entrecomillado que tal vez sorprenda a más de uno hoy, pero que fue la realidad que vivió este colectivo incluso hasta la década de los ochenta, cuando pese a su eliminación, muchos agentes educados bajo el franquismo no eran correctos, muchas veces, con pueblo romaní. Lo cierto es que la historia entre este cuerpo armado y el pueblo gitano ha estado marcada por vaivenes y conflictos, pero también con sellos de paz. Prueba de ello es que desde hace años son numerosos los agentes de etnia gitana que llevan el tricornio puesto.
La relación entre ambos grupos desde entonces había mejorado o, al menos, se habían sanado ciertas heridas. Hasta este jueves, cuando el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, las volvió a reabrir con un “perdón” a los gitanos por el “racismo institucional” que han sufrido. “Querría pedir perdón en nombre del Gobierno al pueblo gitano”, decía el líder de Unidas Podemos. Para el pueblo gitano, esas disculpas son “vacías y tardías”; para la el Instituto Armando, Iglesias “tiene una obsesión por acabar con la Guardia Civil”.
Pablo Iglesias, este jueves, en un acto a las víctimas del pueblo gitano en el Holocausto.
De hecho, Iglesias no se mordió la lengua y señaló en la sede del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que “poca gente sabía que en 1978, tras unas elecciones democráticas, la Guardia Civil tenía indicaciones para reprimir”. La cuestión es que era cierto, de ahí que el diputado gitano de la UCD, Juan de Dios, planteara durante la transición una proposición no de ley para derogar los polémicos artículos del Reglamento de la Benemérita que discriminaban a los romaníes. Algo que consiguió meses antes de la promulgación de las Constitución.
El descontento de la Benemérita
La afirmación de Iglesias, no obstante, ha levantado más de una ampolla entre los miembros de la Benemérita, según ha podido saber EL ESPAÑOL. “Lo que está claro es que este señor tiene una obsesión por acabar con la Guardia Civil”, comentan fuentes del Instituto Armado.
“Respetamos las palabras del vicepresidente segundo del Gobierno, pero queremos destacar que en la actualidad, dicha relación es en general excelente, habiendo desde hace tiempo miembros del Cuerpo que pertenecen a la etnia gitana; realizándose numerosas reuniones e intercambios con representantes de la Comunidad, actos lúdicos conjuntos como partidos de fútbol, etcétera”, manifiestan desde una asociación de guardias civiles.
Un agente de la Guardia Civil junto a su vehículo.
Lo que demandan ahora desde la Benemérita es que, al igual que “ha juzgado acontecimientos históricos con el prisma actual”, también muestre su apoyo a los guardias civiles que fueron juzgados y posteriormente absueltos por la muerte de 15 inmigrantes en El Tarajal. “Ellos y sus familias han sufrido un calvario judicial y mediático por unos hechos por los que han sido absueltos y no sólo en una ocasión”, insisten.
A pesar de ello, continúan los agentes, el grupo político de Unidas Podemos ha seguido insistiendo en hablar de violación de derechos humanos y en criticar a la justicia por esta decisión. “Nos gustaría que mostrara su empatía y apoyo hacia este colectivo de guardias civiles que ha sufrido y sufre, hoy en día, y no en siglos pasados”, concluyen.
En los artículos a los que hacía referencia Iglesias en el reglamento de la Guardia Civil, se denominaba a la población gitana como “esa clase de gente”, a los que había que controlar “para impedir que cometiesen robos” o que debían ser encarcelados si no llevaban ciertos documentos. “Aquello quedó atrás. Además, los reglamentos no los hacemos nosotros, trabajamos con las normas que nos dan”, apunta un agente a este diario.
“Un perdón que llega tarde”
También es cierto que las declaraciones del vicepresidente tampoco han satisfecho al pueblo gitano. Iñaki Vázquez, director de la Plataforma Khetane, un movimiento en favor de los derechos de los gitanos, considera que “su perdón es vacío, ya que detrás no hay ninguna política de reparación”. Realmente no ha gustado en el pueblo romaní la postura que ha adoptado Iglesias. “Es un perdón que llega tarde”, opina Carlos Muñoz (48), un gitano natural del madrileño barrio de San Blas.
Vázquez considera, además, que “la petición de perdón es radicalmente insuficiente y no merecemos que ningún representante de un Gobierno, sea del color que sea, nos dedique esas palabras”. A su juicio, si el “perdón fuera real nos habría consultado a las Asociaciones de Gitanos y, además, habría planteado políticas de reparación como, por ejemplo, incentivar el romanés, nuestra lengua, que al estar prohibida durante mucho tiempo, se fue perdiendo”.
José Jiménez, activista y gitano de 73 años.
Pese a ello, José Jiménez (73), por ejemplo, un gitano nacido en Logroño, que vive desde los cuatro años en Tudela (Navarra) reconoce a EL ESPAÑOL que “echa en falta que la Guardia Civil pida perdón por las injusticias que cometieron, sobre todo, durante el franquismo. Sería reconfortante para los gitanos de toda España”.
Y es que ser gitano en tiempos del dictador Franco, al parecer, no era una tarea fácil. “Si pasaba cualquier robo o suceso, la Guardia Civil entraba sin orden judicial en nuestras casas, directamente, y revolvían y desvalijaban todo. Nosotros no sabíamos que eso no se podía hacer hasta que nos los explicó un abogado”, explica José Jiménez, con mucha amabilidad. Su sobrino Ricardo no vivió aquellos años pero escucha la conversación y se indigna.
“Deberíais estar erradicados”
Pero lo cierto es que en la historia los cambios se suceden de manera gradual. Pese a que los años 80 España ya tenía una democracia consolidada “los viejos agentes de la Guardia Civil, que aprendieron su profesión durante el franquismo, nos seguían insultando: ‘Los gitanos deberíais estar erradicados’, nos decían”, explica a este periódico el gitano Jiménez, cuyas arrugas recuerdan como si fueran ayer aquellos años de la incipiente democracia en España. “Estábamos también contentos, porque ya empezamos a ser ciudadanos de pleno derecho”, recuerda.
En todo caso, la presunción de culpabilidad que era el calvario del pueblo romaní se fue diluyendo. “Por lo menos ya podíamos debatir y contradecir a la Guardia Civil en un proceso justo”, explica José, que desde 1981 lucha por los derechos de la población gitana desde su querida Tudela. “Antes de la democracia, primero arrestaban a los gitanos y luego comprobaban que habían cometido un delito. No nos aplicaban el derecho fundamental de la presunción de inocencia”, añade. “Muchos guardias civiles primero pegaban y después preguntaban”.
En democracia, aunque las agresiones físicas se redujeron, las palabras o el tono despectivo de algunos agentes de la Guardia Civil también perduraron. No todos, claro, pero sí muchos uniformados veían con mofa a los gitanos. “Yo, con 48 años, también he padecido la discriminación y el maltrato por parte del Guardia Civil y otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De chiquillo, a veces me veían y me decían ‘eres gitano, algo habrás hecho, morenito’, sin yo haber hecho nada”, explica Carlos Muñoz, quien actualmente colabora con la Asociación Presencia Gitana.
Carlos Muñoz, un hombre de etnia gitana colaborador de la Asociación Nacional Presencia Gitana.
Ahora la cosa ha evolucionado en paralelo de modernización del cuerpo. Todo el mundo ha ganado en seguridad jurídica, no sólo el pueblo gitano. Por ello, ahora los agentes deben tener pruebas para detener a cualquier persona, sea de etnia gitana o no. La mayor prueba de la paulatina reconciliación, según José, “es que hay multitud de jóvenes gitanos en la Guardia Civil, sobre todo, en Andalucía”.
Pero el “dolor” de una población que siempre se ha sentido discriminada perdura. El racismo, a sus ojos, sigue siendo estructural en la sociedad no gitana. “Simplemente quiero animar a la gente a que nos tome como ciudadanos normales y corrientes. Estamos en 2020”, recuerda Carlos. “Ya no sólo nos gustaría una disculpa de la Guardia Civil, sino de todas las instituciones. Pero con fondo y políticas, no vacías”, añade.
Así pues, esa progresiva normalización en las relaciones entre romaníes y guardias civiles que se ha llevado desde 1978, año en el que la Guardia Civil eliminó sus artículos “discriminatorios” para la población, hasta hoy, parece que se ha dinamitado. Pablo Iglesias ha reabierto viejas heridas con su “perdón”. Unas disculpas que a nadie satisfacen.