— Si tiene algún problema, póngase en contacto con mi abogado.
Parece surrealista, pero es la respuesta que una okupa le da a la legítima propietaria de la vivienda que acaba de usurpar. La dueña acude a su casa y, para su sorpresa, se encuentra con que ya hay alguien dentro. La mujer se niega en todo momento a marcharse y pregunta varias veces a la propietaria si tiene un abogado para que pueda ponerse en contacto con el suyo y solucionar el asunto.
"Por qué te has metido aquí, la propietaria no se merece que ustedes se metan aquí y hagan lo que les da la gana", le reprocha un acompañante de la propietaria a la okupa. Ella, con tono calmado, le responde que si tiene algún problema, "hable con su abogado". El diálogo forma parte de un vídeo, grabado por la propia afectada, que ha desatado la indignación en las redes sociales.
En la grabación, el hombre le pregunta que, como en la mayoría de casos, imagina que querrán dinero por salir de su domicilio. Ella contesta: "No queremos dinero, usted no tiene legitimación para desahuciarnos, es lo que pone en la ley, caballero".
La dueña de la vivienda y el acompañante, no obstante, insisten a la okupa que les dé sus datos personales, tal vez con el objetivo de interponer una denuncia. Ella se niega. La usurpadora argumenta que no está obligada a ello. "Yo no tengo porque darle mis datos, yo no estoy denunciada", esgrime. "Conocéis bien cómo funciona esto, así que, ¿nosotros somos los malos?", le dice el hombre. "Aquí no hay ni malos ni buenos, aquí cada uno tiene su opinión", concluye la okupa.
Esta situación no se trata de un caso aislado, es una realidad que cada día afecta a más españoles. Los okupas conocen cada recoveco de la ley y se aprovechan de ella para usurpar casas a sabiendas de que podrán estar en ella durante mucho tiempo. Al menos hasta que haya una sentencia firme.
El modus operandi siempre es el mismo. Los okupas tratan de pasar inadvertidos durante los primeros días, con el objetivo de que pasen 72 horas y puedan demostrar que ya están establecidos. Si transcurre este tiempo, ninguna autoridad policial puede desalojarlos de la vivienda.
En paralelo, los dueños del inmueble se encuentran con las puertas de la justicia cerradas. La ley impide desahuciar a familias con menores, algo a lo que recurren siempre estos criminales. Si todo lo anterior se cumple, los propietarios solo podrán deshacerse de los okupas mediante una orden judicial. Es entonces cuando todo se complica. Se obliga al propietario a entrar en un proceso civil o penal, que puede alargarse años, mientras que los usurpadores disfrutarán, sin problemas, de la casa, de justicia gratuita y, en último termino, no perderán nada.