100 españoles con su casa okupada: las víctimas impotentes de la patada en la puerta

Sin trabajo y con las facturas y la hipoteca apretando cada fin de mes, Enrique y su mujer, Pilar (1), no tuvieron otra opción. Dejaron su vivienda de toda la vida en Alicante, la pusieron en venta y se mudaron a Vigo con la esperanza de encontrar un mejor futuro. Y así fue al menos durante varias semanas. Pilar encontró trabajo y las cosas empezaron a ir bien para esta pareja hasta que recibieron una llamada de su vecina alicantina. "¿Tenéis a alguien en casa?", les preguntó. 

No, está en venta, respondieron ellos. La inmobiliaria apenas había hecho un par de visitas. Y, para su desgracia, los que estaban en el interior no eran precisamente futuros compradores. Sino todo lo contrario: eran okupas. Entonces era julio de 2019 y la pesadilla para este matrimonio comenzaba. Un año después, siguen allí. Tienen que seguir pagando los gastos de su propia casa, apenas llegan a pagar la que tienen en alquiler en Vigo y Enrique sigue sin encontrar trabajo. ¿Soluciones a corto plazo? Ninguna. 

Ellos solo son dos de las miles de víctimas del fenómeno okupa que existen en España. Por primera vez, EL ESPAÑOL da voz en una serie de reportajes a 100 españoles que han tenido o tienen su vivienda okupada. En este primera entrega, desvelaremos la mitad de los casos. 

Cuando se habla de okupación, muchos, la mayoría tal vez, piensan que se trata de un problema que afecta solo a unos pocos. Y que esos pocos, por lo general, son bancos o fondos buitre, propietarios de pisos y edificios que durante la crisis económica quedaron desiertos y, después, abandonados y okupados por aquellos que no tenían donde vivir. No les falta razón, esos casos existen. Pero no son los únicos, ni sus inquilinos, digamos, necesitados. La realidad es que esta lacra puede afectar a cualquiera. Del nivel social más bajo al más alto, sin distinciones. Y que si ocurre, la indefensión del propietario es total. La ley no les protege. 

El modus operandi siempre es el mismo. Los okupas tratan de pasar inadvertidos durante los primeros días, con el objetivo de que pasen 72 horas y puedan demostrar que ya están establecidos. En paralelo, los dueños del inmueble se encuentran con las puertas de la justicia cerradas. La ley impide desahuciar a familias con menores, algo a lo que recurren siempre estos criminales. Si todo lo anterior se cumple, los propietarios solo podrán deshacerse de los okupas mediante una orden judicial. Es entonces cuando todo se complica. Se obliga al propietario a entrar en un proceso civil o penal, que puede alargarse años, mientras que los usurpadores disfrutarán, sin problemas, de la casa, de justicia gratuita y, en último termino, no perderán nada. 

Agresiones con cadenas

A Rosa (2) le okuparon su casa en junio, en pleno confinamiento y posiblemente en el peor momento de su vida. Dos años atrás, le habían diagnosticado cáncer y había dejado su vivienda habitual, en Castellón, para irse a vivir junto a sus padres durante el tratamiento. Estaba en su última quincena de radioterapia cuando le avisaron de que los indeseados inquilinos campaban a sus anchas en el interior de su propiedad. A Emiliano (3) ni siquiera le dieron tiempo para enterrar a su tía. Vivía con ella en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y tras fallecer, celebró su sepelio en Alicante. A los tres días, cuando volvió a su vivienda, la que heredaría poco después, los okupas ya estaban dentro. No tenía a dónde ir. 

Para Manolo (4), Andrés (5), José (6) y Ana (7) el calvario comenzó el 26 de junio. Estos cuatro hermanos son propietarios de tres pisos en el municipio coruñés de Perillo, en pleno paseo marítimo. Inmuebles que, desde entonces, han sido okupados por varias familias y que han puesto al pueblo entero en guerra contra ellos. "Los vecinos nos avisaron y fui a ver que pasaba. Intenté hablar con ellos, una mujer me amenazó y directamente se cagó en mis muertos", cuenta Nuria, la portavoz de la familia, a EL ESPAÑOL. 

Primero okuparon la vivienda de los padres de Nuria, y después, no saben cómo, okuparon las otras dos de sus tíos. Pusieron la denuncia en la Guardia Civil y han comenzado un proceso judicial que se alargará varios meses. Como seguro, los okupas (dos matrimonios y dos menores) ya han hablado con los servicios sociales y han manifestado que los pequeños sufren ataques de asma y ataques epilépticos para que no les desalojen. Ya tienen luz, agua y han contratado el wifi. 

Mientras tanto, Perillo se ha volcado con ellos. Cada día organizan concentraciones pacíficas en la puerta de la vivienda con el objetivo de amedrentar a los okupas para se marchen. Sin embargo, los usurpadores no han resultado tan "pacíficos". En la última semana, han agredido a varios vecinos con cadenas y un paragüas. 

Fiestas en la azotea

La historia de Helena (8) va más allá. Y es que sus okupas han subarrendado su propia vivienda, en el barrio de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife (Canarias), y los nuevos inquilinos han llegado incluso a organizar fiestas privadas en las piscina, en la azotea del edificio. Ella, según relata a este diario, ha podido ver los flyers que los okupas repartían por la calle para dicho evento. 

Alquilaron el piso a través de una inmobiliaria a una mujer colombiana y un hombre alemán que, tras dos contratos de tres meses, dejaron de pagar. "Luego te das cuenta de que para el contrato te dan nóminas falsas, fiadores que no aparecen...", cuenta Helena. El colmo fue cuando intentó echarlos y los okupas les dijeron directamente que "era rica y que les tenía que mantener". Poco después, ante la obvia negativa de la propietaria, los okupas denunciaron por un delito de agresiones y amenazas a Helena, a su madre, a su hermano y a la novia de este último. Los okupas todavía siguen allí. 

Los inquilinos del piso de Gemma Puig (9) en el barrio del Congreso, en Barcelona, se marcharon en febrero de este año. Y aprovechando su salida, esta catalana decidió arreglar un problema de humedades, pero el Gobierno decretó el estado de alarma y todo se paró. En mayo, cuando el albañil pudo volver a trabajar, regresó al piso. Fue avanzando en lo que pudo, hasta que un día no pudo entrar a la vivienda. Habían cambiado la cerradura. 

Ese día, el olor a hierro fundido todavía se advertía en el rellano de su edificio. Se acababan de instalar. Gemma llamó rápido a los Mossos d'Escuadra para que los desalojaran. Sin embargo, una vecina declaró haberlos visto días antes. "Los agentes pararon todo el operativo, dijeron que no podía entrar porque llevaban asentados más de 48 horas. La ley estaba así. Esto es una injusticia", denuncia Gemma a este periódico.

A Óscar (10) le pasó exactamente lo mismo, en un barrio cercano y en la ciudad condal. Hizo obras en su piso y en la fase 2 se lo encontró okupado. Intentó echarles, pero cuando creía que lo había conseguido una banda de los Latin Kings le dejó claro que no se iban a ir. Elías (11) también fue a revisar su reforma y se dio cuenta de que habían okupado su casa, en Segur de Calafell (Tarragona). Fue rápido, llamó a la policía, cambió la cerradura y el okupa no pudo volver a entrar. A las pocas horas, "una banda de 30 okupas llegó y me obligaron a marcharme", relata a este periódico. De hecho, fueron los Mossos quienes tuvieron que llevárselo detenido, el okupa tenía un contrato de alquiler. No pagaba, claro.  

Eulália (12) no solo ha tenido problemas con okupas en una ocasión, sino en dos. Tras deshacerse de los primeros, tapió la vivienda, en Badalona. Al poco, le okuparon el otro piso que tenía en el bloque. Estuvieron allí casi dos años, después de que la propietaria tenía el inmueble prácticamente vendido. Les llevó a juicio y logró desalojarlos, pero el piso sigue en venta. Para Vanessa y su marido (13), el confinamiento fue una pesadilla doble. Al poco de declararse el estado de alarma, una vecina les avisó de que su casa de Altafulla (Tarragona) estaba okupada. Llamar a la policía urbana sirvió de poco. Al final, a cambio de que no les destrozaran la casa, acordaron pagarles 2.000 euros y se marcharon. 

Conviviendo con okupas 

La situación para Susana (14), en cambio, sigue siendo la misma después de dos años. Es dueña de un edificio en el barrio de la Barceloneta y uno de sus pisos está okupado por una madre y su hija que, a pesar de haber recibido ofertas de servicios sociales para alojarse en pensiones, siguen allí. Han intentado desalojarles varias veces, pero el Ayuntamiento de Barcelona siempre las ha detenido. 

Sin saberlo, Paola (15) convivió durante varias semanas en su casa con los que después se convertirían en sus okupas. "No me habían pagado el ERTE, me vi muy apurada y tuve que alquilar una habitación de mi casa un mes", relata esta afectada. Empezaron a desaparecer cosas de la vivienda y la propietaria le pidió a los inquilinos, de etnia gitana, que se fueran porque la convivencia no le gustaba. Ellos, amablemente, le dijeron que se irían. Semanas después, la echaron a ella y se adueñaron de su piso, en el barrio de Triana (Sevilla). Ahora, Paola y su hija están viviendo de casa en casa de sus amigos y sin poder recuperar nada de su domicilio. En Cádiz y Málaga, Antonia (16) y Sebastián (17) también fueron despojados de su casa. Su solución, al final, fue llamar a Fuera Okupas para que desalojaran a los indeseados inquilinos dos meses después.  

En Campanar, un pequeño municipio de Valencia, Ana (18) tenía acordada con una compradora la venta de su piso, después de haberlo reformado. Antes de firmar el contrato, no obstante, fueron a dar una última vuelta al inmueble. Fue entonces cuando se encontró a los okupas ya instalados y con la cerradura cambiada. "Eran dos tíos enormes, con cochazo, tenían un pitbull... pero iban de buenas, me dijeron que se iban en 48 horas". Les creyó y les propuso alquilárselo, pero la cosa solo fue a peor. Al final, tuvo que pagar para que los echasen. 

También optaron por esto último Rodrigo (19), en Jávea (Alicante), y Luis (20), en Villarreal (Castellón). El fallo de este último fue decirle directamente a la Policía que "había okupas en su casa de campo". Acababa de descubrirlos. "Vinieron tres furgones de Policía, pero me dijeron que ellos no podían entrar", relata este valenciano. Al final, le recomendaron que era mejor contratar una empresa. Podía pasar tranquilamente un año y que siguiesen allí. 

Luis (21) y Víctor (22) invirtieron todos los ahorros de su vida en un local de Fuenlabrada (Madrid) para convertirlo en una vivienda. "Cuando terminaron, los albañiles nos llamaron y nos dijeron que estaba okupado", relata Luis a este periódico. Ahí empezó su suplicio. Los propietarios hablaron con ellos y les justificaron que "creían que era de un banco". Se lo negaron, pero les dio igual. Disfrutaron del loft recién reformado durante los tres meses que duró el confinamiento y al término, antes de que lo dejasen, lo destrozaron. Los propietarios han tenido que pagar más de 8.000 euros para arreglarlo. Y, por el momento, nadie está interesado. Menos desde que en el barrio se sabe que fue okupado. 

A Jesús (23), sin embargo, le ha costado un año y medio deshacerse de los okupas en su propia casa, en la que vivía con su mujer y sus hijos. "Hemos nuestro piso judicialmente después de que un inquilino no quiso abandonarlo y dejó de pagar. Vi salir al individuo en su flamante todoterreno hacia su nueva vivienda, pagada por todos", denuncia este afectado. Y es que ahora el okupa vivirá en una casa facilitada por los servicios sociales. Los mismos que no escucharon a Jesús y a sus hijos pequeños cuando les pidieron ayuda. 

Vivir en una furgoneta

Francisco Jiménez (24) vive desde hace cuatro años en una furgoneta. No es por gusto a una vida retirada al más puro estilo jipi. Francisco tiene un piso en propiedad, pero lo ha tenido okupado todo ese tiempo. Tiene la mala suerte de ser el único propietario particular de todo el bloque, ubicado en el barrio de la Trinidad de Málaga. El resto de viviendas pertenece a una caja de ahorros. Todo el edificio, levantado por su propio padre, está okupado. Este hombre de 50 años vive con una pensión de 360 euros y lo que consigue trabajando en un parque acuático los veranos. A sus problemas de salud -sufre apnea del sueño- hay que añadirle haber sufrido amenazas de muerte, maltrato psicológico y marginación social. aunque su casa ya no está okupada, no puede vivir en el bloque que se la tiene jurada.

Muy diferente, pero igual de dantesco es el caso de María Dolores (25) (Mariló, para quienes la conocen). Esta mujer ha sufrido dos okupaciones en dos viviendas diferentes. Una, en Morata de Tajuña (Madrid), su pueblo. La otra, en Torrevieja (Alicante), su lugar de veraneo. Alquiló su casa de Morata a una familia que, a su vez, invitó a una familiar que sufría un cáncer. Los inquilinos originales se fueron, y ahí empezaron los problemas. La mujer enferma dejó de pagar el alquiler. La morosa murió y, por increíble que parezca, el uso y disfrute de esa casa lo heredó la suegra de la fallecida.

Mariló lleva varias denuncias ganadas, pero la okupa ahí sigue. Supuestamente, recuperará su casa cuando Perú abra sus fronteras por la pandemia del Covid. Supuestamente. “Cometí el error de denunciar”, explica. El trámite, como suele ocurrir cuando se recurre a los tribunales, se está eternizando. En su casa de Torrevieja no cometió ese error y recurrió a Fuera Okupas, que se la desalojaron en cuestión de dos meses. 

Situaciones similares han vivido: Pilar (26), que le okuparon su piso de Madrid en plena pandemia; Sandra (27), que no puede vivir en el chalé de su familia de Mislata (Valencia) mientras los okupas destruyen los recuerdos de cuatro generaciones; Luis (28), que reformaba un local en Barcelona y se lo okuparon con nocturnidad y alevosía; Teresa (29), le alquilaron una residencia que alquilaba en vacaciones en Castellón y le dejaron de pagar durante tres meses; Santiago (30), que en septiembre se queda sin techo bajo el que vivir a menos que los okupas se vayan del piso de su hermano, en Fuenlabrada, donde han vivido años gratis; María Ángeles (31), que no solo le okuparon su piso de Madrid, también le robaron el dinero y las joyas que tenía dentro. Esto, después de haber sufrido un ictus. 

"Con miedo y mierda"

Y la lista sigue: Juan Morales (32), se fue de vacaciones unos días y, al volver, había gente en su casa de Arrecife, Lanzarote. Le dejaron una factura de más de 1.000 euros en luz; Samuel Sánchez (33), que alquiló su piso recién comprado en Jaén con sus ahorros de una vida y el inquilino dejó de pagar; Antonia Vázquez (34), le okuparon su chalé de Betanzos (La Coruña) mientras ella vivía en Inglaterra; Lourdes Veiga (35), que le quitaron un piso que tenía en venta en Badalona; Pilar Damián (36), se encontró que habían okupado su adosado en Vic (Barcelona) mientras ella trabajaba en Reus; Alberto Lasheras (37) e Ignacio Serrano (38), ambos maños que les okuparon su segunda residencia de Salou (Tarragona) durante el confinamiento; Cristian Govea (39), que unos días antes de escriturar con el banco la venta de un adosado en Cardeñadijo (Burgos), se lo okuparon o Teresa (40), que grabó ella misma cómo los okupas pinchaban la luz y el gas, y se encaró a ellos, en Espartinas (Sevilla).

Javi (41) mantiene con su sueldo la casa donde vive una mujer okupada, que, a su vez, paga 800 euros de alquiler a una usurpadora. Mientras él trabaja de profesor en La Mancha, su casa de Vallecas (Madrid) le genera ingresos a la mujer que entró allí ilegalmente. Y así lleva más de un año. Se llegó a encontrar anuncios en un portal inmobiliario donde alquilaban su casa. La pareja de la usurpadora, asegura, trabaja para un fondo buitre, entonces "se las sabe todas". Montse (42), en cambio, prefiere no dar detalles de la okupación de su casa en Barcelona. Igual que Pepe (43) y María (44), que tienen sus viviendas okupadas en Burgos. 

Que okupen tu casa es tan grave como vivir en un edificio en el que todos menos tú son okupas. Y ese es otro de los dramas que también viven muchos españoles. Sentir que vives en una cárcel. Victoria (45), Arturo (46) y José Manuel (47) viven en un bloque de doce pisos en Carabanchel (Madrid), donde ellos son los únicos propietarios. Los tres viven en los áticos y admiten sentir miedo cada vez que entran o salen de casa. "Vivimos una doble frustración, vivir con miedo y rodeados de mierda, estamos desamparados". Lidia (48) y José Manuel (49) son vecinos de Vallecas y han vivido situaciones tan límite como salir corriendo de su casa y ayudar al vecino de enfrente porque le estaban intentando okupar la vivienda. "Habían tirado la puerta y mientras iban y venían, salimos a la ferretería para poner una cerradura", cuentan. 

Para Pedro (50), que vive solo en un edificio usurpado por okupas en Puente de Vallecas, lo que relatan sus vecinos se queda en nada. Vive atemorizado y amenazado de muerte cada vez que sale de su casa. De poco ha servido denunciarlo en diez ocasiones. No pueden vender su casa porque nadie la compra. Y si se van, no tienen dinero para vivir en otro sitio. Atados de pies y manos. Al igual que el resto de víctimas.  

El lunes, la siguiente entrega: (II)El drama okupa de los 35 vecinos de Colmenar de Oreja: Juan ha perdido hasta las cenizas de su hijo

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