Mimoune, el capataz de una finca de Murcia que ha violado a sus trabajadoras marroquíes hasta 20 veces

Las deplorables condiciones laborales que supuestamente ofrecía Mimoune a las marroquíes que reclutaba para su cuadrilla de jornaleras consistían en cubrir ocho horas de trabajo, deslomándose en explotaciones agrícolas del Campo de Cartagena, por 13 míseros euros, sin cobrar horas extraordinarias ni cotizar a la Seguridad Social porque no estaban dadas de alta. El puesto de trabajo incluía otra letra pequeña: debían soportar supuestos abusos sexuales, incluso violaciones en una finca de la diputación cartagenera de La Palma. Todo ello lo aguantaban currando a destajo y bajo la presunta amenaza de ser deportadas y perder sus empleos si presentaban denuncia.

Este era el panorama con el que a diario lidiaron en su trabajo cinco marroquíes para enviar dinero a sus hijos y familiares al otro lado del Estrecho. La diabólica sombra de este capataz, Mimoune Z., de 58 años, se extendía fuera de la jornada laboral porque cuando le venía en gana les enviaba a través de WhatsApp vídeos pornográficos de penetraciones anales, audios de voz y mensajes de texto reclamando presuntamente que satisfacieran sus deseos libidinosos. A finales de agosto, estas mujeres decidieron denunciar lo que estaban sufriendo contactando con dos sindicalistas de Comisones Obreras: Alejandra García y Teresa Fuentes.

La labor de Comisiones Obreras ha sido clave en la operación ‘Yawari’ de la Guardia Civil que ha vuelto a poner en la diana las pésimas condiciones laborales que soportan los inmigrantes en determinadas empresas del sector agrícola de la Región de Murcia y que a veces incluyen supuestos abusos sexuales. De hecho, los orígenes del propio detenido son un reflejo de esta realidad, tal y como explica un amigo suyo: “Mimoune llegó a España cuando tenía veinte años y empezó a ganarse la vida de jornalero en el campo, al principio dormía en unos barracones en ruinas de La Puebla”. Poco a poco ahorró dinero y esto le permitió traerse de Marruecos a su esposa con la que se mudó a la diputación cartagenera de La Palma. “Primero alquilaron un piso junto a la iglesia y luego se compraron una casa para criar a sus hijos”, precisa a EL ESPAÑOL este hombre que ha declarado como testigo en la citada investigación de la Benemérita.

Vehículo que el detenido supuestamente empleaba para transportar a las jornaleras.

“Conocí a ‘Mimu’ hace años cuando estuvo trabajando de pastor para una persona cuyo ganado lo tenía en una finca próxima a la mía”. Este marroquí era padre de familia numerosa y se pasaba los días recorriéndose la Comarca del Campo de Cartagena para buscarse la vida en los sectores ganadero o agrícola. “Al final se tuvo que prejubilar porque se lesionó la espalda y tenía un poco de cojera”. Este hombre de avanzada edad cuenta que se apiadó de la situación de su amigo porque le quedó una pensión muy pequeña: “Le pagaban unos 400 euros y con eso no se puede mantener a varios hijos, le cedí el cuidado de mis cabras, conejos y gallinas, y en unos terrenos también le dejaron plantar tomates, habas...”. Toda esa actividad la desarrollaba Mimoune en una finca de La Palma donde la Guardia Civil sostiene que agredió sexualmente a algunas de esas jornaleras.

“‘Mimu’ no ha violado a nadie, eso es una venganza de esas mujeres: le dije en muchas ocasiones que se lo dejase porque le iban a denunciar a la Guardia Civil porque esas jornaleras no tenían papeles y las empresas le pagaban a él por buscarlas y transportarlas a un bancal: ‘Mimu’ era un ‘mandao’ por cuatro duros”. Tal versión no es la que precisamente sostiene la Guardia Civil que este sábado arrestó a este ciudadano marroquí como presunto autor de una veintena de delitos de agresión sexual, abuso sexual, acoso sexual y contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Todo apunta a que Mimoune supuestamente se valía de su amplia experiencia en el sector agrario para reclutar a compatriotas y organizar cuadrillas de trabajo ‘low cost’.

Las víctimas

Mimoune supuestamente hacía las veces de encargado de la cuadrilla y de intermediario buscando tajo para las jornaleras en alguna finca agrícola de la Comarca del Campo de Cartagena. También ejercía presuntamente de ‘furgonetero’: el término con el que se denomina en el argot agrario al chófer que traslada a los empleados hasta el punto de recolección. El perfil de las mujeres que presuntamente captaba este marroquí cincuentón eran compatriotas que no sabían hablar castellano y que eran ‘sin papeles’: no tenían permiso de trabajo ni de residencia por su situación irregular en España... De hecho, en ocasiones este capataz agrícola les facilitaba una identidad falsa de marroquíes con alta en la Seguridad Social para burlar a la Inspección de Trabajo porque las jornaleras que llevaba a las explotaciones agrarias se movían en la economía sumergida: no tenían contrato.

El sospechoso localizó a algunas jornaleras en Torre Pacheco. No le costó mucho porque una tercera parte de la población de este municipio de 36.000 habitantes son inmigrantes y además lo tenía cerca: la localidad pachequera se ubica a menos de ocho kilómetros de la residencia de Mimoune en la diputación cartagenera de La Palma. Algunas de las marroquíes que aceptaron su oferta habían recogido la fresa en Huelva y se habían desplazado a tierras murcianas para enlazar otra campaña agrícola con la que seguir enviando dinero periódicamente a sus familiares en Marruecos. No tenían opción de negarse a las condiciones laborales de este capataz: él les buscaba el tajo, se encargaba del transporte y les asignaba un salario muy por debajo de cualquier convenio colectivo.

Tocamientos 

“Le metía mano a algunas mujeres cuado se subían a la furgoneta que utilizaba este hombre para trasladarlas a las fincas y cuando estaban en el campo recolectando, a veces, las tiraba al bancal delante de las compañeras fingiendo que las estaba violando”, tal y como relataron este martes Alejandra García, de la Federación de Industria de CC OO, y Teresa Fuentes, de la Federación de Servicios de CC OO. Estas dos sindicalistas mantuvieron una reunión con cinco jornaleras que componían la cuadrilla del presunto capataz Mimoune. “A finales de agosto contactaron con el sindicato para pedir auxilio por la situación que estaban viviendo y para salvaguardar su identidad nos tuvimos que reunir con ellas dentro de un coche”.

El contenido de la información que les facilitaron estas marroquíes era tan truculuento que desde Comisiones Obreras se denunciaron los hechos de inmediato al Equipo de Atención al Inmigrante de la Guardia Civil (EDATI). “Estas mujeres estaban aterradas y en una situación de vulnerabilidad muy grande: al término de la primera semana de trabajo este hombre les advertía de que debían mantener con él relaciones sexuales para mantener su empleo”. En una ocasión, una de las víctimas se negó a complacerle y la dejó tirada en medio del campo a kilómetros de Torre Pacheco. “Tuvo que buscarse la vida para regresar a su casa”.

El capataz agrícola detenido por la Guardia Civil reside en la diputación cartagenera de La Palma.

Alejandra García y Teresa Fuentes ofrecieron más detalles de las vejaciones no solo físicas, sino también laborales que presuntamente padecieron estas jornaleras: “Una vez tuvieron que salir corriendo de una finca porque llegó la Guardia Civil y luego les hizo recuperar la jornada por la tarde en pleno mes de agosto”. Este presunto depredador sexual que ejercía de encargado agrícola también les cobraba a las víctimas un ‘impuesto revolucionario’ de transporte que supuestamente se lo restaba de su sueldo diario: “Los empresarios le pagaban a este hombre 20 euros por cada jornalera, como intermediario de la cuadrilla, pero él les quitaba siete euros por el traslado a la finca: ellas solo cobraban 13 euros al día”. Lo peor era lo que a veces sucedía durante la jornada de trabajo: la Guardia Civil sostiene que Mimoune escogía a una mujer y la sacaba de los bancales, en horario laboral, con el objetivo de apartarla de la cuadrilla de jornaleras para abusar de ella en otra finca.

EL ESPAÑOL localizó este martes la citada finca que está situada en la diputacion cartagenera de La Palma donde le habían dejado a Mimoune cultivar unas tierras y cuidar de unos animales para ayudar a su economía familiar. Allí se trasladaba con las jornaleras para violarlas presuntamente sobre un colchón mugriento que está dentro de una especie de cuadra, levantada con restos metálicos y paredes de hormigón, por donde reina el hedor de los excrementos de las cabras y las gallinas que este marroquí alimentaba. En Comisiones Obreras sostienen que hay más víctimas porque el sindicato denuncia que este individuo coordinaba presuntamente varias cuadrillas de jornaleras, cada una compuesta por una media de diez mujeres. Por ello hicieron un llamamiento para que otras mujeres rompan su silencio y le denuncien.

Investigación abierta

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación de la operación ‘Yawari’ después de que este lunes el Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena ordenase el ingreso en prisión de Mimoune en la cárcel de Sangonera la Verde. “Estamos seguros de que hay más víctimas porque este hombre llevaba muchos años en España y muchas de las mujeres no habrán denunciado por miedo”, corrobora a este diario un agente de la Benemérita. La Policía Judicial sigue rastreando la actividad de este padre de familia numerosa, con achaques de espalda y en su caminar fruto de sus años de trabajo en el campo y como pastor, que residía en la hasta ahora tranquila diputación de La Palma: en pleno cogollo del Campo de Cartagena donde la agricultura es uno de los motores de la economía.

El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, compareció ayer en rueda de prensa junto a las sindicalistas Alejandra García y Teresa Fuentes para denunciar que los abusos de este capataz sobre una cuadrilla de jornaleras no son algo aislado: “Este tipo de situaciones son habituales entre los furgoneteros que transportan trabajadores y lo que ha ocurrido lo único que hace es incrementar nuestra preocupación con lo que está pasando en el Campo de Cartagena. No son hechos puntuales, esto es una cultura que hay en el sector agrario en la Región de Murcia y que ha propiciado el Gobierno regional porque no ha hecho nada”.

Navarro reclamó más medios a la Inspección de Trabajo para detectar este tipo de situaciones que atentan contra los trabajadores del sector agrícola murciano y exigió más mano dura contra los empresarios y Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que vulneran la legislación: “Sin duda, es el Gobierno español el que tiene que endurecer las sanciones a las empresas que incumplan la ley”.

Santiago Navarro, secretario general de CC.OO., junto a los compañeros Enrique Bruna, Alejandra García y Teresa Fuentes.

Desde la Federación de Industria de CC.OO. aseguraron que a raíz de la entrevista mantenida con las cinco marroquíes víctimas de este episodio de abusos y agresiones sexuales en el campo, se ha tenido constancia de que en el sector este ‘modus operandi’ está muy extendido: algunas ETTs agrícolas contratan los servicios de este tipo de ‘intermediarios’, muchas veces marroquíes, que explotan a mujeres inmigrantes en situación de extrema vulnerabilidad en la Región de Murcia. “Las empresas deberían ser vigilantes en cuanto a las relaciones laborales que se establecen dentro de su actividad económica porque contratar a personas que extorsionan a mujeres aprovechándose de su situación de debilidad, o hacer la vista gorda ante los presuntos delitos, las convierte en cómplices de esta violación de los derechos laborales y humanos”, reflexionó el secretario general de CC OO.

Parón agrario

Enrique Bruna, de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, avanzó que en la primera quincena de octubre se convocará un parón agrario en la Región de Murcia para denunciar la precariedad que hay en el sector. “Esto que ha ocurrido en el Campo de Cartagena no es un hecho aislado: es un 'modus operandi' que está establecido”, criticó hasta en tres ocasiones Bruna al tiempo que expuso que la situación que se avecina no es muy alentadora. “Tenemos abierta la negociacion de dos convenios colectivos y los emprearios nos han propuesto ampliar varias horas la jornada laboral y extenderla de lunes a domingo y endurecer el régimen disciplinario”.

El sindicato avanzó durante la rueda de prensa que se personará como acusación particular en la causa que instruyen los juzgados cartageneros a raíz de la denuncia de estas cinco jornaleras a las que la vulneración de sus derechos laborales trascendió al apartado físico al sufrir supuestos tocamientos y violaciones a manos de su capataz. El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, sentenció que “en la Región de Murcia se están dando situaciones extremas en el campo: se está trabajando a destajo. Es un disparate que una mujer para ganarse la vida entregue su cuerpo a un supuesto violador”.