El no a vacunar a sus hijos de 35 padres en Granada que no doblegó ni el juez: ¿sucederá con la Covid?

La celebración de la boda estaba saliendo a pedir de boca, excepto por un detalle que trascendió días después. Entre los asistentes a un convite celebrado en octubre de 2010 en Granada había uno que carecía de invitación: el sarampión. Un residente en Mallorca acudió al banquete en fase preeruptiva del virus y contagió a un niño. Era un alumno del Colegio Gómez Moreno del barrio granadino del Albaicín, cuyos progenitores se habían saltado el calendario de vacunación infantil.

Ese fue el detonante de un brote de sarampión que pasó a la historia de la medicina española por ser la única vez que un juzgado ha intervenido para obligar a unos padres a vacunar a sus hijos porque los contagios saltaron del centro educativo al barrio, y después, al resto de la provincia.

“Fue una situación fea”, recuerda Manuel López Somoza, por aquel entonces director del Centro de Salud del Albaicín.

Este martes se cumplen diez años del auto emitido un 24 de noviembre por el Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Granada, que ordenó la vacunación forzosa de 35 niños contra el sarampión. 

Una década después, EL ESPAÑOL ha localizado a los protagonistas de ese episodio que desencadenó un problema de salud pública que vuelve a estar de actualidad ante las dudas de una parte de la población -cada vez mayor- a vacunarse contra el coronavirus.

El doctor Manuel López Somoza, director del Centro de Salud del Albaicín cuando en 2010 estalló el brote de sarampión. CEDIDA

El anuncio de Moderna, BioNTech o Pfizer de que los análisis de sus respectivas vacunas han dado un 95% de efectividad contrasta con los noes que mes a mes suma una pregunta del CIS sobre el antídoto al Covid: ¿Estaría usted dispuesto a vacunarse inmediatamente cuando se tenga la vacuna? En septiembre se posicionaron en contra un 40,8% de los consultados; en octubre, un 43,8%, y en noviembre, un 47%.

“El dato del CIS me parece una barbaridad, cada persona tiene libertad de pensamiento, pero ese porcentaje es muy alto teniendo en cuenta que todavía no está en circulación la vacuna del coronavirus. A esa gente le diría que el pasado martes me desperté y vi que sólo en Granada habían fallecido 34 personas por culpa de la COVID”, reflexiona preocupado Manuel López Somoza.

Padres contra la vacunación

En los cuarenta años que lleva ejerciendo como médico de familia, el doctor López Somoza conoció a las bravas el riesgo sanitario que provoca que un sector de la población prescinda de las vacunas, como ocurrió en 2010 entre un grupo de alumnos del Colegio Gómez Moreno, cuyos padres no les habían inmunizado frente a los virus.

“Nos llegó un niño que había estado en una boda donde hubo un señor de Mallorca que previamente viajó a países del Magreb y que le pegó el sarampión al chiquillo. En ese momento nos alarmamos porque era una enfermedad marginada”, relata sobre el origen de aquel brote este experimentado médico que hace una década dirigía el Centro de Salud del Albaicín y que en la actualidad está destinado en el Centro de Salud de Flores-Fígares de Granada.

La preocupación del doctor López Somoza y su equipo se debía a que el calendario vacunal infantil mantiene a raya al sarampión: “Hay dos dosis a los 15 meses y 3 años”.

El temor de los facultativos aumentó del 9 al 10 de octubre, cuando el niño de la boda contagió a un compañero de clase. De forma que optaron por solicitar al colegio las cartillas de vacunación de los alumnos para comprobar el nivel de inmunidad de la población escolar.

Puerta de acceso al Centro de Salud del Albaicín. J. G. B.

“Vimos que había un movimiento de padres de ese centro que no creían en la vacunación”, apunta el galeno sobre la preocupante conclusión a la que llegó junto a su plantilla tras realizar las pertinentes averiguaciones.

El doctor López Somoza no exagera en su relato porque en el auto judicial que posteriormente se emitió imponiendo la triple vírica y que ha sido recuperado por este diario, el juez Antonio Cecilio Videras detallaba que de los 215 alumnos de Infantil y Primaria del Gómez Moreno, 79 niños no estaban vacunados o sus padres no habían presentado las cartillas de vacunación solicitadas por los médicos.

“Nos reunimos con ellos y les dijimos que había un peligro importante de epidemia, pero esos argumentos no les valían a esos padres porque ellos decían que no creían en las vacunas y que había otros métodos diferentes”, explica este facultativo.

El burofax de la vacuna

Las negociaciones no hicieron cambiar de opinión a los padres. Se acabó desatando en el Albaicín un brote epidémico de sarampión con epicentro en el citado colegio. En noviembre de 2010 ya afectaba a 46 personas. 8 adultos y 38 niños. “Tomamos cartas en el asunto: no podíamos quedarnos al margen y dejar a una población que no estaba inmune y que eran menores de edad”.

La alerta sanitaria no pasó desapercibida en la Consejería de Salud, cuya titular era María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda. El 11 de noviembre los progenitores de 79 niños recibieron cartas individuales con acuse de recibo —vía burofax— instando a vacunar a sus hijos.

“No encontramos ningún precedente de cómo actuar en una situación así y se lo comunicamos a la autoridad competente. No teníamos herramientas para actuar”, admite Manuel López Somoza.

Cuatro días después, 53 progenitores seguían dando la callada por respuesta y cinco se negaron de manera expresa a que se inyectase un fármaco a sus hijos. Poco les importó que la Consejería de Salud alertase de que el sarampión es una enfermedad "muy contagiosa" y que la única medida de choque posible era vacunar a todos los escolares.

El doctor López Somoza, a pesar del largo tiempo transcurrido de aquel episodio, todavía se muestra sorprendido de aquella actitud: “Nunca me he encontrado un caso así, que haya un problema de salud pública y se nieguen a la vacunación”.

Una de las empinadas calles del barrio del Albaicín con su tradicional empedrado. J. G. B.

Las causas de este brote fueron analizadas en revistas científicas como Anales de Pediatría, donde se vinculaba la no vacunación de menores en el barrio del Albaicín a dos sectores sociales: el primero, población con pocos recursos económicos, que descuidaba el seguimiento del calendario de vacunas, mientras que el segundo respondía a vecinos con un poder adquisitivo medio-alto, con formación académica superior, y que rechazaba la vacunación por convicción personal tras documentarse de manera autodidacta.

“Por diversas razones -expone la publicación científica- llegan a esta postura, como el deseo de una crianza natural, la influencia de médicos homeópatas en contra de las vacunas o la información disponible en internet en páginas como la de la Liga para la Libertad de Vacunación. Creen que las vacunas son innecesarias y/o dañinas. Tienen miedo a los efectos secundarios. Muchos piensan que la triple vírica produce autismo, que todas las vacunas contienen mercurio con efectos perjudiciales, o simplemente argumentan que 'las vacunas a la larga dan problemas', sin especificar de qué tipo”. 

“Por otro lado, se percibe la enfermedad, en este caso el sarampión, como algo banal, o piensan que son enfermedades que ya apenas existen y confían en el efecto rebaño al estar inmunizada la mayoría de la población”.

Estas son algunas de las causas de la rápida expansión que tuvo ese brote según un artículo de la Asociación Española de Pediatría que el propio doctor López Somoza muestra a EL ESPAÑOL.

Una vida sin vacunas

Una de las madres que entra dentro de ese perfil antivacunas es una mujer cuyos dos hijos estaban escolarizados en 2010 en el Colegio Gómez Moreno. Se negó a inocularles la triple vírica a pesar de la preocupante cifra de contagios de sarampión que se registró.

De hecho, la mencionada publicación científica recoge que “el virus se extendió rápidamente, pues la cobertura vacunal en el barrio es baja. Inicialmente, la transmisión ocurrió sobre todo a nivel escolar, y posteriormente, en servicios sanitarios, alcanzando otros barrios de Granada y municipios de la provincia”.

En aquel momento, los vástagos de esa mujer, de origen ibicenco, tenían dos años y cuatro años, respectivamente. Ambos acabaron padeciendo los síntomas del sarampión antes que recibir un pinchazo.

Fachada del Colegio Gómez Moreno en el barrio granadino del Albaicín. J. G. B.

“Lo más valioso que tenemos son nuestros hijos, la futura generación y deberíamos protegerles de los virus y de las vacunas. Están en primera línea como conejillos de indias”, defiende con ímpetu esta mujer, cuya postura frente a los medicamentos inyectables no ha sido alterada ni siquiera por el terremoto sanitario que ha provocado la COVID-19.

Desde que se inició la pandemia en España en el mes de marzo, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado más de 42.000 fallecidos a causa de la enfermedad y más de 1,5 millones de contagiados del SarS-CoV-2. Sin embargo, el exceso de muertes se eleva a 63.345 fallecidos, según el último informe del Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

—¿Qué reflexión saca del brote de sarampión del colegio de sus hijos que acabó en un juzgado?

—Mi conclusión es que a través del miedo hacen creer a la gente que una enfermedad tan normal, como puede ser una gripe, un sarampión o unas paperas, necesitan una cosa antinatural que puede ser mucho más perjudicial para la salud, mucho más tóxica para el cuerpo y con muchos efectos adversos. Todo ello para alimentar a la industria y al negocio de las vacunas a coste de la salud y del riesgo que ponen a nuestros hijos.

En la actualidad, uno de los niños de esta mujer cursa estudios de Primaria en el colegio y el otro está matriculado en Secundaria en un instituto, pero ninguno de los dos menores está acudiendo a sus respectivos centros educativos porque siguen las clases de manera online para no exponerse a la pandemia de coronavirus.

“No están en la escuela, hacemos educación en casa”. Ni ella ni sus hijos jamás han pasado por un consultorio médico para vacunarse. Esta madre insiste en que el virus no cambiará la estadística cero de pinchazos de su familia: “Por supuesto que no”.

—¿Sus hijos qué opinan de las vacunas?

—Estoy dispuesta a pagar para que no vayan a la escuela y que no se vacunen. Mis hijos están felices de no ser vacunados. Entienden cuando les explico. Lo que no entienden es cómo se podría llegar a obligarles a hacerlo.

El Colegio Gómez Moreno tiene largos pasillos porque el edificio sobre el que se levanta data de 1915.

—El 47% de los españoles consultados por el CIS dice que no se vacunará contra la COVID-19. ¿Cree que la justicia española tendrá que intervenir otra vez como ocurrió hace diez años en Granada?

—Sí. Por qué crees que están usando la técnica del miedo. Será mucho peor que con el sarampión.

—Usted tiene una postura muy clara y definida respecto a las vacunas. ¿Por qué motivo me pide anonimato para esta entrevista?

—Porque estamos viviendo una política de control que no me gusta en absoluto y ya me quedan pocos derechos. Lo prefiero así.

El juzgado obliga a vacunar

De vuelta al pasado, al 22 de noviembre de 2010. La Consejería de Salud que en esas fechas dirigía la ahora ministra María Jesús Montero optó por solicitar a los juzgados de Granada la vacunación forzosa de los 35 niños cuyos padres mantenían firme su rechazo al fármaco inyectable.

La Junta de Andalucía aportó al juez un listado con los nombres y direcciones de los domicilios de las familias que se habían negado a vacunar a sus hijos o no habían cumplimentado el requerimiento de recibir la dosis de la vacuna.

“Había un rechazo importante”, corrobora el médico de familia Manuel López Somoza, que lidió con un plante que ni siquiera acabó cuando el 24 de noviembre el juzgado emitió este auto: “Autorizar la vacunación forzosa de los treinta y cinco niños que constan en el listado de la Delegación Provincial de Granada de la Consejería de Salud”.

Esa resolución judicial dio paso a uno de los momentos más inverosímiles que ha vivido en su carrera el doctor López Somoza: “Aquel día, con la enfermera Inmaculada Zafra, y un celador, cogimos un cochecito del Servicio Andaluz de Salud y junto a dos policías judiciales fuimos a buscar a los niños al colegio y a sus casas. No estaban en ningún sitio”.

El ex director del Centro de Salud del Albaicín, Manuel López Somoza, con la enfermera Inmaculada Zafra. CEDIDA

Las familias, lejos de cambiar de posición, dieron la espantada para evitar el pinchazo de la triple vírica a sus vástagos. “Había una orden judicial y fuimos a buscar a los padres hasta lugares que solían frecuentar, pero no les encontramos. ¿Qué hacíamos? No nos íbamos a esconder una semana detrás de la puerta de sus casas”, concluye con ironía este profesional de 68 años.

Tensión entre los padres

Las familias habían acudido a dos letrados para presentar un recurso al auto de marras que se apoyaba en la ley de 1986 sobre Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. El juzgado imponía la vacunación de los menores facultando a los médicos a movilizar si fuese necesario a la Policía: “Pudiendo la Autoridad Sanitaria requerir el auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Este diario contacta con uno de esos abogados, que se confiesa partidario de la vacunación pero que defiende que había motivos legales para coger aquel polémico caso.

“En España no existe una ley que obligue a la vacunación y yo ejercí la defensa de esas familias porque desde el punto de vista jurídico lo que estaba pasando era un atropello, ya que la ley orgánica de 1986 sólo es aplicable para enfermedades graves y autoriza actuaciones cuando exista un riesgo para la salud, pero el sarampión está reconocido como una enfermedad benigna por las autoridades sanitarias”.

En el seno de la comunidad educativa del Colegio Gómez Moreno la tensión se podía cortar porque algunos padres reprochaban a las familias antivacunas que su decisión individual afectaba al colectivo por la rápida propagación del sarampión.

Además, había personas de riesgo que no podían arriesgarse a coger el virus: desde padres que padecían cáncer a madres embarazadas. “Demonizaron a esas familias y hubo niños que dejaron de ir a clase. No lo vi justo”, subraya uno de los abogados.

—¿Alguno de sus clientes pertenecía a algún movimiento antivacunas?

—En el barrio del Albaicín residen muchas familias extranjeras, en su país no es obligatorio vacunar y lo consideraban un riesgo innecesario, no había un movimiento organizado ni apóstoles defensores de la no vacunación, sólo era un conjunto de gente que pensaba igual. Un 80% de los niños no vacunados pertenecían a familias de origen extranjero. El Servicio Andaluz de Salud se acojonó con razón, pero estaban limitando derechos fundamentales.

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE

Finalmente, fueron doce las familias que decidieron emprender acciones legales para evitar ser obligados a vacunar a sus hijos. La pelota judicial adquirió tal calibre que llegaron a plantearse formular una recusación contra el entonces titular del Juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Granada, Antonio Cecilio Videras, pero descartaron esa medida de presión sobre el magistrado.

Tal fue la dilación en la resolución del mencionado recurso que, a fecha de 30 de marzo de 2011, el brote epidémico de sarampión que se inició en el colegio del barrio del Albaicín ya afectaba a 180 personas a lo largo y ancho de la provincia de Granada.

“El recurso no se resolvió hasta el verano de 2011 y el TSJA ratificó el auto de vacunación del juzgado cuando ya no había caso para el Servicio Andaluz de Salud. Esas doce familias no tuvieron que vacunar a sus hijos”. El sarampión estaba contenido, pero este episodio ya había pasado a formar parte de la historia de la medicina y la judicatura españolas.

Este diario ha solicitado una entrevista a Antonio Cecilio Videras, en la actualidad magistrado de la Sala Contencioso-Administrativo del TSJA, con el objetivo de conocer la repercusión de su auto en estos tiempos de pandemia, pero su señoría ha declinado manifestarse. De forma que planteamos la cuestión a uno de los abogados que defendió a las familias antivacunas.

—¿Como letrado considera que el auto del juzgado de Granada podría sentar un precedente para una actuación similar en caso de que en 2021 en algunos territorios españoles se produzca una negativa mayoritaria a la vacunación contra el coronavirus?

—No daría base jurídica. Ya está blindado a nivel jurídico el tema de la defensa de la población y la vacunación no es obligatoria en España. Creo que no tiene nada que ver con la COVID-19 y no hay posibilidad de establecer relación alguna con ese auto.

Un colegio extraordinario

Diez años después de aquel brote de sarampión, EL ESPAÑOL visita el Colegio Gómez Moreno, donde ya no queda ni uno solo de los docentes que vivieron ese episodio. “En cierta forma se estigmatizó al centro”, lamenta una de las profesoras con mayor antigüedad en la plantilla.

Ahora este centro es conocido en Granada como un colegio progre por sus extraordinarios procesos educativos y por su multiculturalidad —el 30% del alumnado es extranjero—. “Los padres nos demandan una enseñanza con metodología innovadora. Los alumnos utilizan herramientas digitales, el trabajo cooperativo y desarrollan proyectos de investigación”, apunta la directora.

—¿Cuál es el perfil tipo de los padres de los escolares?

—Tienen un nivel formativo alto, normalmente con titulación universitaria, y con puestos de trabajo relacionados con la docencia, la investigación, la cultura y empleos de responsabilidad en la administración pública. La riqueza cultural del cole es muy amplia porque también hay niños de padres marroquíes, americanos, canadienses o finlandeses, esos alumnos han viajado mucho y dominan varios idiomas. Existe una gran riqueza de experiencias en esta comunidad educativa y eso genera inquietud a la hora de desarrollar los procesos de aprendizaje.

Un profesor del Colegio Gómez Moreno junto a una ventana de su clase que permite a los alumnos contemplar la Alhambra. J. G. B.

—¿En el centro sigue predominando el rechazo a la vacunación por parte de los padres de los niños?

—Tenemos unos 280 alumnos entre Infantil y Primaria. La mayoría se vacuna. Hay un 90% o 95% de los escolares que sigue su cartilla de vacunación.

—¿En el colegio se sienten estigmatizados por aquel episodio del brote de sarampión?

—Nuestro colegio no sólo es bonito por el entorno y el edificio, sino porque el trabajo que se realiza aquí es muy colaborativo por parte de profesores y padres y enriquece mucho el aprendizaje del alumnado. Estoy muy contenta de cómo funciona el cole y no me siento estigmatizada. También entiendo que aquí hay pluralidad de pensamiento y a lo mejor habrá gente que esté en contra de las PCR o en contra de las vacunas. Creo que su decisión es tan respetable como el que no se la quiere poner y es más, esa gente te va a justificar perfectamente por qué no lo hace.

—¿Han tenido algún incidente con el protocolo Covid del colegio y las convicciones personales de cada una de las familias?

—Este año una mamá no le quiso hacer una PCR a uno de sus hijos porque argumentó que era una prueba invasiva y su hijo iba a guardar una cuarentena de quince días en casa, pese a no tener síntomas, por lo que consideró que había tomado medidas para evitar la propagación del coronavirus. Las normas del protocolo se están cumpliendo. Sólo hemos tenido tres casos entre 280 escolares.

El nuevo plan de vacunación

A menos de diez metros del colegio se levanta el Centro de Salud del Albaicín, al que se desplaza este diario para preguntar a la plantilla de sanitarios si recuerdan el brote de sarampión del que se cumple su décimo aniversario.

“¡Yo no estaba aquí destinada, pero fue muy sonado!”, clama una administrativa. “Esperemos que cuando haya vacuna contra el coronavirus no actúen igual en el colegio”, apostilla con sorna.

El doctor Manuel López Somoza, equipado con un EPI, en el Centro de Salud Flores-Fígares donde está actualmente destinado en Granada. CEDIDA

Este martes, coincidiendo con la efeméride de aquel auto judicial que obligó a un grupo de padres del Colegio Gómez Moreno a inmunizar a sus hijos contra el sarampión, el Consejo de Ministros presentará el plan nacional de vacunación contra la COVID-19.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se prevé que en el primer semestre de 2021 “una parte muy sustancial” de la población esté vacunada.

Este domingo, el jefe del Ejecutivo anunció que España tendrá una estrategia única de vacunación contra la COVID-19 con 13.000 puntos repartidos por todo el territorio nacional. Con ella prevé garantizar un acceso equitativo a las vacunas. "Nuestro país será junto con Alemania el primer país de la UE en tener un plan completo de vacunación frente a la Covid-19", ha dicho.

—Doctor López Somoza, ¿cree que se volverán a repetir episodios de rechazo social a la vacuna contra el coronavirus como el que usted vivió cuando era director del Centro de Salud del Albaicín?

—No creo. Pienso que recapacitaremos todos y lo haremos mucho mejor que lo que ocurrió entonces. No espero que pase eso porque sólo hay que salir a la calle para darnos cuenta de lo que está sucediendo. En este caso, con la pandemia de coronavirus también hay que tener en cuenta que hay un factor económico de por medio que es importante. Habrá que dar mucha información sobre las vacunas contra la Covid. Es la gran baza que hay que jugar.