Los vecinos de Mogán en la manifestación en la que piden al Gobierno el desalojo de los migrantes de los hoteles.
El polvorín de Mogán: exige la salida de los 3.500 migrantes de los hoteles para evitar la ruina
La alcaldesa afirma que el Gobierno paga 300.000 diarios a una cadena hotelera por el alojamiento. “Un millón de visitas está en juego”, dice.
30 noviembre, 2020 02:47Noticias relacionadas
Nos encontramos en plena temporada alta en las Islas Canarias. Pese a ello, este año, a causa de la Covid-19, no se alcanzarán a las cifras de turismo de años anteriores. Y, además, la crisis migratoria que sufre el archipiélago supone, a juicio de los municipios receptores de migrantes procedentes de las costas africanas, otro hándicap para la reactivación del sector turístico. De hecho, 16 hoteles de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, dos municipios situados al sur de Gran Canaria, alojan en la actualidad 6.000 inmigrantes que “desincentivan” la llegada de turistas desde Europa. El Estado, desde octubre, ha pagado por su estancia 18.300.000 euros, según denuncia la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno.
“Nuestro pueblo, al que pertenece el puerto de Arguineguín donde está instalado el campamento de la vergüenza, no puede soportar la presión migratoria. No pido que echen a los migrantes, sino que los ministerios del Gobierno competentes se coordinen para levantar un campamento militar para reubicar a estas 6.000 personas, respetando sus derechos humanos, para poder liberar los hoteles ocupados y poder activar el sector turístico, ya que los negocios de la zona dependen de esta actividad”, explica a EL ESPAÑOL Onalia Bueno (Mogán, 1977), alcaldesa de este municipio grancanario de 20.072 habitantes.
Y es que los vecinos de esta localidad han empezado ya a manifestarse para que el Gobierno de España ponga una solución a la crisis migratoria en el archipiélago canario. “En este momento está en peligro que los turistas regresen a Canarias si los migrantes continúan alojados en los hoteles. Es incompatible”, afirma Carmelo Suárez, portavoz de la plataforma Salvemos el Turismo en Mogán, un movimiento ciudadano que teme que la crisis migratoria suponga un nuevo varapalo para el turismo de la localidad. Para el “cálido paraíso” que promete Mogán a los visitantes, según uno de los lemas oficiales.
Uno de los migrantes, alojado en un hotel de Gran Canaria.
Así, la presión en las calles de Mogán se eleva y sus vecinos han anunciado que echarse a la calle para pedir soluciones, el 4 y el 11 de diciembre. Es más, el Ayuntamiento de Mogán denuncia que el Estado se está gastando cerca 300.000 euros diarios en alojar a las personas que llegan en patera en complejos turísticos de Canarias.
La indignación se respira por las calles del pueblo porque los vecinos temen no llegar al millón de turistas que cada año visitan Mogán. Su alcaldesa no entiende “por qué no se realoja a los migrantes en un campamento militar, que satisfaga las necesidades de los inmigrantes, y no afecte al turismo”.
Abajo a la derecha, con una camiseta blanca, Onalia Bueno, la alcaldesa de Mogán que ha participado en la manifestación.
-Alcaldesa, ¿cómo sabe que el Estado paga 300.000 euros diarios a los hoteles para que alojen a los migrantes?
-Conozco los contratos que tiene el Estado con los hoteles y sé que paga, de media, entre 48 y 50 euros diarios, en función de la calidad del hotel, para alojar a cada migrante. Y como sabemos cuántas personas hay hospedadas, hemos hecho cuentas y la cifra que nos sale es que el Estado paga 300.000 euros diarios. Además, los 16 hoteles en los que están hospedados, están full desde octubre, aunque antes, en agosto y septiembre, ya hubo los primeros alojamientos.
Las sanciones a hoteles
La alcaldesa de Mogán del municipio grancanario, de hecho, ha movido ficha. El pasado jueves dio un ultimátum al Estado para que solucione la crisis migratoria. Y es que Bueno ha instado al Ministerio de Migraciones a reubicar en recursos humanitarios del Estado a los 3.471 inmigrantes que aloja en diez hoteles del municipio antes de fin de año o sancionará con entre 30.000 y 300.000 euros a esos establecimientos por incumplir la legislación urbanística local, que establece el uso que han de tener.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, durante la rueda de prensa en la que anunció su ultimátum.
“Es la única herramienta legal con la que contamos para presionar al Gobierno de España para que actúe”, explica la alcaldesa Bueno.“Hemos sido pacientes ante esta situación dramática y hemos entendido el apoyo por parte de los hoteleros poniendo a disposición sus instalaciones, pero esto debe tener un fin”, ha asegurado recientemente la primera edil de Mogán. De hecho, ha reconocido a este diario que ha tomado esta decisión a causa de la “inacción del Gobierno”.
La razón de que la fecha límite para realojar a las personas migrantes en instalaciones distintas a las turísticas sea el 31 de diciembre viene de que hasta esa fecha siguen en vigor “los contratos que tienen firmados los diez establecimientos hoteleros del municipio con el Ministerio de Migraciones”. La mayoría de estos hoteles, según ha podido saber este periódico, pertenecen al grupo Servatur.
Inmigrantes guardan cuarentena en el hotel Holiday Inn Puerto Calma.
Pese a todo, el concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, que ha acompañado a la alcaldesa de Mogán en el anuncio de esta medida, ha reconocido que en su Consistorio no valoran, de momento, el ultimátum. Pero si el Gobierno de España no reubica a los migrantes se verán obligados a “valorar todas las opciones legales posibles”. Su localidad, en la actualidad, hospeda a 2.500 migrantes en seis hoteles.
La solución, un campamento
“Esta crisis migratoria no se ha solucionado por la falta de liderazgo y de comunicación entre ministerios y ya no aguantamos más. Estamos hartos de la paralización de la economía, de los ERTEs… de todas las malas consecuencias que ha traído la pandemia”, insiste la alcaldesa. Por ello, el Ayuntamiento, ha pedido la instalación de un campamento militar para aliviar la situación. Estos pueden tener capacidad de alojar, dignamente, hasta 5.000 personas”.
Y es algo que no sería la primera vez que se hace en Canarias. En 2006, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministerio de Defensa acondicionó un campamento de emergencia en La Isleta de Gran Canaria para solventar la llamada crisis de los cayucos. En aquella ocasión, más de 31.000 inmigrantes arribaron a las costas canarias, pero la asunción del “liderazgo por parte de Alfredo Pérez Rubalcaba y la entonces vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega solucionó la crisis”. Un liderazgo que, por el momento, no se ha visto en el actual Ejecutivo.
El Ministerio de Defensa ha instalado unas carpas en un antiguo polvorín militar donde espera albergar hasta 800 personas.
Pese a todo, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado este domingo que el Gobierno sí que está trabajando para dar “soluciones habitacionales seguras y garantizadas” para los migrantes irregulares. De hecho, cabe destacar que Defensa está instalando un campamento para 800 personas que, quizá, sea insuficiente. También, la ministra ha asegurado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está reforzando los contactos con los países de origen de los migrantes para dar solución a la crisis.
Lo que está claro es que, de momento, lo que se ha aplicado es el alojamiento de los migrantes que han llegado al sur de Gran Canaria en 16 hoteles. Ahora, la población pide, vía manifestaciones, el desalojo de estas 6.000 personas para reubicarlas en instalaciones estatales para “reactivar el turismo”. De lo contrario, la alcaldesa de Mogán, ya ha avisado: pondrá sanciones a los hoteles que hospeden migrantes a partir del 3 de enero, ya que incumplen la normativa urbanística y el fin para el que tienen licencia.
