M., el marroquí de Murcia que cazaba a otros marroquíes ilegales para explotarlos: así lo hacía

De lunes a sábado Azize se desayunaba un buen madrugón para recorrer a pie los kilómetros que separaban la casa de Fuente Álamo donde tiene un catre de una empresa dedicada a adquirir ropa usada para su venta y distribución en África. “El empresario me dijo que me haría un contrato de trabajo y me ayudaría a regularizar mi residencia en España”, cuenta este joven marroquí. “Al final he trabajado dos años sin contrato y sigo sin papeles”. A lo que habría que añadir que ahora también está en el paro y sin derecho a ninguna prestación porque la Policía Nacional ha detenido al propietario de la citada empresa y a sus dos hijos como supuestos miembros de una organización criminal dedicada a explotar laboralmente a ciudadanos extranjeros.

“El empresario se llama M., es de Marruecos, y se dedicaba a ir por los bares de Fuente Álamo buscando inmigrantes ilegales para trabajar en su empresa de ropa usada”, corrobora Azize a EL ESPAÑOL con la ayuda de un amigo que hace de traductor. El relato de este joven, de 23 años, es en la práctica el drama de la inmigración irregular al cuadrado: marroquíes que se aprovechan de marroquíes llegados ilegalmente a España para usarlos de mano de obra barata en vez de ayudarles a asentarse en el país. “En la empresa trabajábamos 25 personas sin papeles, de lunes a sábado, por 110 euros semanales, aunque a veces Mohamed decía que solo podía pagarnos 100, incluso 80”.

Azize asegura que no tenía más alternativa que aceptar las miserables condiciones laborales que le imponía su compatriota marroquí. De forma que este veinteañero se rompía el lomo por dos míseros euros la hora, seis días a la semana, sin cotizar a la Seguridad Social ni una sola de las 56 horas que trabajaba semanalmente. “Estaba enfadado con la situación, pero si no iba a trabajar, no podía comer, y como no tenía papeles, no podía encontrar empleo en otra empresa”. El sueño europeo se había convertido en un callejón sin salida para este joven que hace cuatro años se jugó la vida embarcándose en una patera rumbo a la costa almeriense para enviar dinero a sus padres y sus cuatro hermanos a los que dejó en Oujda: una ciudad situada al noroeste de Marruecos.

“Después de llegar a una playa de Almería, lo primero que hice fue reunir dinero para comprar un billete en la estación de autobuses para buscar trabajo en Murcia”. Cuando Azize llegó a la capital del Segura, como suele ocurrir entre los sin papeles, este veinteañero se buscó la vida para desplazarse a algún pueblo del Campo de Cartagena donde engancharse a un tajo de jornalero. “Me vine a Fuente Álamo, pero no encontré trabajo y dormía en un parque”. Aicha -una compatriota- se apiadó de este joven y le sacó de la calle ofreciéndole una cama en su casa de esta localidad murciana marcada por las fuertes cifras de inmigración porque la agricultura es uno de los motores de la economía local.

“No pago alquiler”, asegura Azize, agradecido por la solidaridad de Aicha. La única condición que le puso esta marroquí sexagenaria al chico era que buscase empleo para garantizarse un plato de comida en la mesa. “Los inmigrantes suelen ir por algunos bares de Fuente Álamo buscando trabajo porque los agricultores dejan anuncios o teléfonos para trabajar en cuadrillas”. El empresario textil detenido por la Policía Nacional, según este joven, solía frecuentar dos locales hosteleros: “Uno está cerca de un supermercado y otro junto a una gasolinera. Hace dos años conocí a Mohamed en uno de esos bares, me vio buscando trabajo de jornalero y me ofreció trabajar en su empresa de ropa”.

Azize, ¿cuáles eran las condiciones laborales que le ofreció?

- Tenía que trabajar de lunes a viernes, de ocho de la mañana a seis y media de la tarde, con una parada para almorzar y otra para comer, por 20 euros al día. Los sábados, de 8 a 14 horas, por 12 euros. No ponía transporte así que los que no teníamos coche teníamos que ir andando a la empresa. Cuando entrábamos en la nave estaba prohibido utilizar el móvil: lo teníamos que dejar fuera en la mochila con la comida y no podíamos cogerlo para no hacer fotos ni enviar mensajes. Mohamed nos tenía dicho que si venía la Policía teníamos que escondernos corriendo dentro de un zulo.

Casa donde vivían los inmigrantes marroquíes explotados.

Todo esto ocurría en la clandestinidad de dos naves industriales del kilómetro 11 de la carretera que une Balsapintada con Fuente Álamo. “Hacíamos de todo: descargábamos camiones, movíamos carros de ropa usada, en una mesa separábamos las prendas por tallas, embalábamos pedidos...”. Así durante diez horas diarias para cobrar de 400 a 448 euros al mes -en el mejor de los casos-.

“No ganaba suficiente para enviar dinero a mi familia”, lamenta Azize, un joven que trataba de ahorrar comiendo bocadillos de sardinas y comprando su vestimenta en un comercio de segunda mano que regenta un argelino. El ‘fondo de armario’ de este chico era la ironía cruel de su precariedad laboral. “En dos años no cumplió su promesa de contratarme y sigo ilegal en España”.

Tráiler diario a África

Un policía local confirma a EL ESPAÑOL la actividad de la citada empresa textil familiar: “El empresario y sus dos hijos son marroquíes y se dedicaban a recoger ropa usada de no sé cuántos sitios y en unas naves grandísimas las preparan para mandarla a Marruecos”. Este agente resalta que el trasiego de inmigrantes maroquíes y camiones por la zona resultaba sospechoso: “Hace más de un año que ya nos llamaba la atención el movimiento de gente que había por allí porque se trabajaba todos los días, a todas horas, y cada día sacaban un tráiler, entre las cinco y media y las seis de la madrugada, que iba cargado de ropa para África”.

El mencionado policía local subraya que la ingente actividad de la mercantil familiar terminó por despertar recelo en la Policía Nacional: “Colocaron coches camuflados para vigilar la zona”. Tal versión es corroborada por Azize, uno de los empleados ilegales de esta empresa de Fuente Álamo: “Hace un año llamó la Policía a la puerta y todos nos tuvimos que esconder en el zulo, éramos 20 hombres y 5 mujeres”. Aquella vez lograron burlar a las Fuerzas de Seguridad y la mercantil prosiguió su actividad con una plantilla a la que hace tres meses se incorporó otro sin papeles: Moustapha, de 28 años. “Llegué a España en patera hace un año”.

Fábrica donde eran empleados los marroquíes.

Sin medidas en la pandemia

El recorrido de este chico fue el mismo de Azize porque también es originario de la ciudad marroquí de Oujda. “Cuando llegué a Almería me vine a Fuente Álamo”. El guión se volvió a repetir con Moustapha porque acabó compartiendo cuarto con Azize en la casa de planta baja de su compatriota Aicha: una mujer convertida en una suerte de ONG porque dio cobijo a estos veinteañeros. “No me contrataban en el campo porque no tenía permiso de residencia y fui a hablar con el dueño de la empresa de ropa usada”, admite Moustapha al tiempo que muestra a este diario la humilde habitación donde se reparte un catre destartalado con Azize y cuyas paredes han forrado con pegatinas con códigos de barras de una empresa para evitar que la humedad levante la pintura.

Los dos veinteañeros acceden a ser fotografiados por el periodista, pero ponen como condición posar de espaldas ocultando sus rostros: “No queremos problemas porque seguimos sin papeles”. Moustapha, de 28 años, insiste en la idea de que cogió el trabajo “porque no tengo nada y tenía que enviar dinero a mis padres y mis cinco hermanos”. Sin embargo, el chico ganaba tan poco que no mandó nada a su familia en los meses que estuvo empleado. “Solo tenía para mantenerme en España”, zanja, mientras que vigila una tetera abollada que se hace a fuego lento en una cocina tan humilde y pequeña que la nevera está colocada sobre un palé en el pasillo de entrada de la casa.

Durante la pandemia de coronavirus tanto Moustapha como Azize han arriesgado su salud trabajando en la empresa familiar de su compatriota marroquí sin medidas de seguridad higiénico-sanitarias frente al COVID: “No nos daban guantes, ni geles, ni mascarillas, teníamos que comprar nosotros”. La Policía Nacional sostiene que los inmigrantes “trabajaban en condiciones laborales extremas” en la empresa textil familiar que estaba siendo investigada. Prueba de ello es que una vez a uno de los operarios se le cayó encima un palé cargado de ropa hasta la bandera y no recibió asistencia sanitaria.

- ¿Alguno de ustedes sabe de dónde procedía la ropa de segunda mano que la empresa vendía en distintos países africanos?

- No sabemos de dónde la sacaban. Cada semana venían a las naves de uno a cuatro camiones a dejar ropa usada y a recoger otra empaquetada para venderla.

- ¿Cómo se llamaba la empresa?

- No lo sabemos. No había carteles en las naves.

- El dueño de la mercantil, según el relato de ustedes, iba buscando mano de obra por los bares de Fuente Álamo. ¿Qué papel desempeñaban sus dos hijos que también han sido detenidos?

- Uno trabajaba como el resto y el otro se ocupaba de controlar lo que hacía la plantilla.

El día que acabó

El miércoles 2 de diciembre Moustapha y Azize se dieron su última caminata hacia la empresa de prendas de segunda mano regentada por una familia marroquí -afincada en una localidad del Campo de Cartagena-. “No llevábamos mucho tiempo trabajando cuando llegó la Policía Nacional y todo el mundo empezó a correr: las mujeres se metieron en el zulo y nosotros nos escondimos debajo de los plásticos que usamos para embalar la ropa”, narran al unísino ambos jóvenes. Otros cuatro empleados ilegales dieron esquinazo al operativo policial tras saltar la valla que rodea las naves.

Por segunda vez en los últimos 12 meses, el dueño de la mercantil textil había dado la voz de alarma a la plantilla ante la presencia del Cuerpo Nacional de Policía y de la Inspección de Trabajo, pero en esta ocasión no sirvió de nada esconder a ocho de sus operarios en el citado agujero habilitado en una de las dos naves industriales porque los investigadores peinaron la zona y les encontraron. “El zulo estaba taponado con carros de ropa compacta de gran peso, que hacía imposible que las víctimas pudieran salir por sus propios medios, siendo necesaria la intervención de varios agentes en el rescate”, según detalla la Jefatura Superior.

El empresario y sus dos hijos fueron arrestados y trasladados a los juzgados de Cartagena por un delito contra los derechos de los trabajadores. “Los detenidos captaban a ciudadanos extranjeros en situación irregular en el país para obligarles a trabajar sin ninguna garantía legal durante largas jornadas de trabajo, aprovechaban su vulnerabilidad y su situación de necesidad para someterlos a durísimas condiciones laborales”, tal y como indica la Jefatura Superior sobe el ‘modus operandi’ de esta organización criminal dedicada presuntamente a la explotación laboral de extranjeros.

Semiesclavitud

El caso de esta ‘zulo-empresa’ de ropa de segunda mano ha provocado que Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM), denuncie que en la Región de Murcia “están enraizadas las prácticas fraudulentas del mercado laboral, puesto que la economía sumergida y la explotación a personas vulnerables que en su mayoría son inmigrantes, con o sin papeles, es el pan de cada día a pesar de los esfuerzos de los inspectores de trabajo, de la Policía Nacional y la Guardia Civil”. Yacoubi considera que “los tentáculos del fraude laboral y de la semiesclavitud a los trabajadores se ha instalado con fuerza en esta comunidad autónoma”.

La presidenta de ATIM reclama la puesta en marcha de “medidas drásticas para detener esta tragedia humana”. Todo ello, según Yacoubi, con el objetivo de desenmascar a los “empresarios oportunistas y sin escrúpulos que buscan obtener el máximo beneficio económico, toreando la ley a costa de la salud y dignidad de los trabajadores”. La presidenta de ATIM apuesta por “una cooperación estrecha entre las asociaciones de inmigrantes, las ONG, los sindicatos y las instituciones competentes para denunciar y erradicar esa lacra de la explotación laboral que está azotando a la Región de Murcia”.

Tan contundente ha sido Yacoubi en sus manifestaciones que desde ATIM ha solicitado públicamente la salida de territorio español de los tres marroquíes detenidos. “Además, si los infractores del caso de Fuente Álamo son extranjeros, somos los primeros en denunciar a estos fraudulentos para que les caiga todo el peso de la ley y se les expulse de España una vez cumplida su condena”. Esta asociación también ha pedido al Gobierno central la regularización de los 25 empleados que eran supuestamente explotados en la empresa textil familiar. Esa sería la mejor noticia para Moustapha y Azize: ninguno de los dos tiene derecho a cobrar paro tras meses de trabajo en jornadas extenuantes.

Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM). Cedida