“Si (las autoridades sanitarias) nos dicen que no hay ningún obstáculo, la decisión del hijo no puede perjudicar la salud del padre”. Así de contundente se ha mostrado este miércoles el fiscal delegado de Personas Mayores en Sevilla, Norberto Sotomayor, al dar a conocer que en la provincia andaluza ya se ha registrado un primer caso de un tutor que se ha negado de manera expresa a que se le administre la vacuna contra la COVID-19 a un anciano que reside en un geriátrico.
“Ya hay uno que se ha negado expresamente y tenemos noticias de otros que parece que se van a negar”, ha informado Sotomayor, que ha explicado que la Fiscalía está capacitada para actuar de oficio e instar a que un juez acuerde “la vacunación forzosa” de una persona que se encuentre incapacitada judicialmente o en proceso demencial.
Sotomayor ha advertido de que “si (el tutor) no cumple bien” con la misión de representar a la persona impedida de tomar decisiones por sí misma, “en casos extremos podría desencadenar en una remoción del cargo tutelar”, lo que conllevaría la elección de un tercero para cumplir dicha función. “Pero eso es poner el parche antes de la herida”, ha añadido.
El fiscal ha recordado que una de las funciones del tutor es velar por la salud de su tutelado. Sotomayor ha explicado que, en base a la Ley de Autonomía del Paciente, la petición al juez de ordenar la vacunación forzosa puede llegar por parte de las autoridades sanitarias, del director de la residencia en la que se encuentre el anciano o de la propia Fiscalía.
“Cuando nos encontremos con estos casos, se valorará con el criterio del médico forense y de los médicos que atienden a la persona mayor. Si entendemos que la decisión no es acertada, se puede intervenir judicialmente y ordenar la vacunación forzosa”, ha señalado el fiscal delegado de Personas Mayores en Sevilla, quien ha añadido que habría que estudiar “siempre caso por caso”.
Según Sotomayor, la no vacunación sólo estaría justificada por algún tipo de incompatibilidad clínica, como que el receptor sufriera alguna alergia.
El fiscal ha asimilado este caso concreto que ya se ha registrado en la provincia de Sevilla con otros en que los padres se han negado a que a sus hijos menores se les realicen transfusiones de sangre, como sucede con los Testigos de Jehová, o a que se les apliquen cuidados paliativos a niños enfermos de cáncer en fase terminal.
“En el conflicto ha de prevalecer la salud del paciente. El juez, en base a nuestra petición y los peritos, decidirá”.
"Por las buenas..."
Cuestionado sobre la posibilidad de que se den más casos en los próximos días, Sotomayor ha aclarado que “formalmente” sólo le ha llegado uno. Sin embargo, ha añadido a continuación. “Pero tenemos noticias de que se van a plantear más”.
En el escenario de que un tutor se niegue a que vacunen a un familiar que se encuentre ingresado en un centro geriátrico, las consecuencias legales sobre dicha persona son nulas. “Ejerce su derecho de representar a la persona, pero lo puede hacer bien o mal”, ha explicado Sotomayor.
Araceli Hidalgo, la primera persona en España vacunada contra la COVID-19, el pasado domingo.
Si el juez entiende que no hay ninguna razón que desaconseje la vacunación, firmará un auto acordando que se haga efectiva. “Por las buenas o en contra de la voluntad del familiar”, ha añadido Sotomayor.
Este primer caso dado a conocer en Sevilla todavía no ha llegado a manos del juez. Por el momento sólo lo conoce la Fiscalía, que no ha querido ofrecer datos concretos como, por ejemplo, la localidad en la que se encuentra la residencia.
Una vez llegue al juzgado, será uno de guardia o uno ordinario donde se tome una decisión al respecto valorando si la vacunación tiene carácter urgente o no.