Miguel Ángel Frontera, entre el 15 de mayo y el 12 de diciembre, visitó la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero en Galapagar (Madrid). Y lo hizo, según ha confesado en más de una ocasión, para protestar por la mala gestión que había hecho el vicepresidente segundo del Gobierno de las residencias de ancianos. No creía, entonces, que aquello fuera a tener consecuencias. Sin embargo, esos actos, de momento, le han granjeado una orden de alejamiento de 500 metros del chalet donde vive el líder de Unidas Podemos.
Así lo ha dictado el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Collado Villalba (Madrid). En dicha orden, apoyada por la Fiscalía, se prohíbe a Miguel Frontera acercarse a menos de 500 metros –aunque se habían pedido tres kilómetros– del chalet donde viven Pablo Iglesias e Irene Montero o de cualquier lugar frecuentando por los mismos. También se le impide comunicarse con ellos mediante cualquier vía. Esta medida se mantendrá durante la instrucción y el enjuiciamiento del caso.
El juez justifica esa orden de alejamiento en base a ciertos los hechos que presuntamente se produjeron. El hostelero Miguel Frontera se habría presentado, de manera frecuente, en el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero; habría insultado, con carteles y frases injuriosas, a la pareja; habría realizado publicaciones en Facebook y subido contenidos a Youtube y Twitter. A su vez, el juez también le acusa de grabar dentro de la vivienda de Pablo Iglesias.
Chalet de Pablo Iglesias en Galapagar.
Estos hechos, según el juez, “no estarían amparados por el derecho de reunión o manifestación, ni por la libertad de expresión, pues, en principio, nada tiene que ver con el ejercicio de tales derechos la realización de la grabación del interior de una vivienda, asumiendo que se pueden captar imágenes de los moradores que afectan a su intimidad”. Esto, argumenta, está fuera del contexto de una protesta y podría constituir un delito de acoso.
Miguel Ángel Frontera, además, está también investigado por los delitos de coacciones, injurias, revelación de secretos y desobediencia a los agentes de la autoridad. Él, sin embargo, ha negado que quisiera acosar al vicepresidente segundo del Gobierno y a la ministra de Igualdad. Él, simplemente, ha argumentado ante el juez que iba a su casa como parte de una protesta política.
Miguel Frontera.
Por todo ello –y porque cree que Frontera puede volver a repetir los hechos– el juez ha dictaminado esa orden de alejamiento y lo ha amenazado con mandarlo a prisión provisional si incumple las medidas impuestas.
La versión de Frontera
Miguel Ángel Frontera no ha negado que acudiera al chalet de Galapagar. De hecho, lo hizo. Pero su versión dista de del juez. Él, en su declaración, ha argumentado que se subió en una piedra para grabar la casa y que los ciudadanos vieran lo grande que es; que él nunca tuvo la intención de grabar dentro de la vivienda; y que su única intención era protestar contra el Gobierno.
Y por último, no niega que acudiera con una pancarta en la que acusaba a Pablo Iglesias de ser hijo de un terrorista –en relación con el pasado de su padre en el FRAP–. Por esos hechos, de momento, no podrá ‘manifestarse’ o ‘acosar’ –depende la versión que mantengan– a Pablo Iglesias e Irene Moreno a menos de 500 metros.