La condena de Ortiz, el abusador que fundó Vox en Lérida: 14 años por atacar a discapacitados

La locuacidad que José Antonio Ortiz Cambray demostraba para vender vehículos en un concesionario del barrio leridano de Cappont o para encabezar en Lleida la lista de Vox al Senado adquiría un tono sexualmente delictivo cuando wasapeaba con uno de los usuarios tutelados por la Fundación Alosa con preguntas soeces. Tal pregunta de José Antonio ha obtenido una respuesta judicial en la Audiencia Provincial donde este comercial de coches que aspiraba a hacer carrera en la política ha sido condenado a penas de cárcel que suman 14 años y 3 meses por delitos de abusos sexuales, corrupción y pornografía. Las víctimas eran dos discapacitados.

“Nunca vimos una degeneración de este tipo: él era una persona normal”, subraya un amigo del condenado. “Todos conocíamos que era homosexual, pero no sabíamos qué hacía en su casa de puertas para adentro”, insiste esta persona en conversación telefónica con EL ESPAÑOL para abundar en la sorpresa que causó en el entorno de José Antonio Ortiz Cambray (Almacelles, 1965) su detención por los Mossos d'Esquadra el 5 de marzo de 2019. Aquel martes, José Antonio estaba en el concesionario del Barrio de Cappont cuando los agentes llegaron para esposarle y leerle sus derechos.

Ese día fue el final de una carrera política de ocho años en los que nunca llegó a ostentar un cargo público. Y ello a pesar de que lo intentó en repetidas ocasiones, siendo candidato a distintos niveles de la Administración con los dos partidos políticos en los que militó.

El estreno fue a lo grande porque Josep Anton fue el cabeza de lista de Plataforma per Catalunya (PxC) a la Alcaldía de Lleida en las elecciones municipales de 2011. No obtuvo votos como para salir si quiera de concejal de la oposición en el Ayuntamiento, de forma que tuvo que seguir ganándose la vida como comercial de coches mientras alternaba su labor en el partido presidido por Josep Anglada (PxC).

“Desde los años ochenta trabajó al menos en dos concecionarios, uno de Renault y otro de Hyundai, era un hombre que sabía vender y que estaba reconocido como un buen profesional”. En 2015 este reputado comercial de vehículos amplió su currículum político dando el salto de Plataforma per Catalunya a Vox. Josep Anton pasó a ser José Antonio en el partido de Santiago Abascal: este fue el único cambio en su nueva andadura porque ideológicamente se mantuvo en la ultraderecha. “Él digamos que fue quien formó Vox en Lérida”, asegura su amigo. “Eran nueve personas al principio”.

La prueba del peso político que tenía José Antonio es que lideró la lista de Vox al Senado por Lleida tanto en las elecciones generales de diciembre de 2015 como en las de junio de 2016. Este diario ha conseguido imágenes de ambas citas electorales donde José Antonio Ortiz Cambray aparece colgando carteles de su candidatura como cabeza de lista al Senado y de Santiago Abascal al Congreso de los Diputados. También hay fotos suyas en carpas donde se repartía propaganda electoral y se pedía el voto. “Era peculiar a la hora de hablar: acostumbraba a chillar y parecía estar enfadado”.

En ninguno de esos comicios estatales obtuvo sufragios suficientes como para acceder a la cámara alta, pero en los años siguientes José Antonio prosiguió siendo el rostro de Vox en la capital de la Comarca del Segriá. “Él siempre se presentaba como el presidente del partido en Lérida”, corrobora un concejal del Ayuntamiento.

Cabó su tumba en WhatsApp

En las redes sociales José Antonio se movía como pez en el agua: no solo por los mensajes de ultraderecha que vertía y por las fotos que mostraba del dictador Francisco Franco, sino también porque usaba una aplicación de mensajería para sus andanzas sexuales. En WhatsApp comenzó a cavar su tumba política y judicial: la Audiencia Provincial considera probado que desde abril de 2018 José Antonio wasapeaba con un discapacitado al que conocía desde pequeño por ser vecinos del barrio, incluso guardaba amistad con la madre y la abuela de esta víctima definida en la sentencia como V2 para preservar el anonimato de su identidad.

Este vecino era mayor de edad, pero residía en un piso tutelado de la Fundación Alosa porque en 2006 un juzgado lo declaró incapacitado para regir su persona y bienes. La Generalitat de Cataluña le reconoció una discapacidad del 49% por retraso mental ligero y en la sentencia de la Audiencia se advierte de la fragilidad de la víctima (V2): “Es una persona muy influenciable, vulnerable a padecer situaciones abusivas, así como altamente manipulable a partir de su necesidad de aprobación por los demás, con una limitada capacidad de análisis y razonamiento, ingenuo y con unas limitaciones cognitivas que le hacen un tanto obsesivo en la perseverancia para conseguir sus objetivos”.

Mensajes

Nada de eso le importó al entonces líder de Vox para hacerle propuestas sexuales a este discapacitado (V2). Al tratarse de un usuario de la Fundación Alosa, residía en un piso tutelado, y no manejaba dinero en metálico, pero se lo pedía a su amigo José Antonio. La respuesta del comercial de coches y político de ultraderecha siempre era la misma: los billetes debía ganárselos con sexo.

“Si bien V2 pedía dinero insistentemente al acusado (José Antonio Ortiz Cambray), éste le decía en todo momento que si quería dinero fuera a su casa a masturbarse o a algo más y que si no lo hacía tenía otras personas que presentaban menos impedimentos que él para tener relaciones sexuales, que si quería hacer algo que lo harían en su casa y lo harían bien, que no daba dinero a cambio de nada”, tal y como recoge la extensa sentencia de la Audiencia Provincial.

Los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo un análisis de los terminales telefónicos, ordenadores y de todo el material almacenado en la nube que afectaba tanto a las víctimas como al político y comercial de un concesionario. Este minucioso estudio les permitió encontrar conversaciones donde José Antonio y los discapacitados psíquicos negociaban el coste de los actos sexuales.

Valga como ejemplo de ello la negociación del 2 de agosto de 2018: “Ofreciéndole V2 que dejaría que el acusado le hiciera una felación por 30 euros, contestando el acusado que por 10 euros encontraba lo que quería y que tanto no le podía dar, ofreciendo V2 cobrar 15 euros y contestando el acusado que sí, que si quería 10 euros sólo por masturbarse y que le dijera algo ya o que si no quedaría con otra persona a las ocho”. Al final no hubo trato.

Beligerante en inmigración

Esos mensajes delantan la doble moral de José Antonio: en público ejercía de aguerrido miliante de un partido de ultraderecha donde abundan los mensajes homófobos, pero en la intimiddad le proponía encuentros homosexuales a un hombre con un retraso mental ligero. El líder de Vox también se mostraba beligerante en cuestiones como la inmigración y luego acudía a hacer vida social al casco histórico de Lleida donde hay mucha población extranjera. “Sabíamos que iba con moritos: se ve que le gustaba eso”, confirma este amigo personal del condenado. “No era mala persona”.

Meritxell Ribes, abogada que ha ejercido una de las acusaciones particulares en representación de la Fundación Alosa, detalla que José Antonio a través de la víctima a la que conocía desde su infancia por ser vecinos del mismo barrio se puso en contacto con otro usuario tutelado por la citada entidad sin ánimo de lucro. Esta otra víctima definida como V1, también era mayor de edad, y estaba declarada como incapacitada de modo absoluto y permanente por sentencia judicial. La Generalitat le tenía reconocida una discapacidad del 65% por retraso mental ligero y alteración de la conducta.

En resumidas cuentas, presentaba un perfil de personalidad que era carne de cañón para un abusador sexual. Tan solo hay que leer el fallo de la Audiencia Provincial que define a V1 como “una persona altamente influenciable y sugestionable, ingenua y manipulable, así como muy vulnerable a padecer situaciones abusivas en sus relaciones interpersonales”.

La sentencia recoge que el discapacitado V2 le facilitó a V1 el teléfono de José Antonio tomando la iniciativa con el político de Vox vía WhatsApp: “En dichas conversaciones se puede comprobar que fue V1 quien envió el primer mensaje al acusado, habiéndole dado V2 a V1 el teléfono de éste diciéndole que pagaba dinero por contactos sexuales”. Esto supone en la práctica que entre los usuarios de la Fundación Alosa que no pueden manejar ‘cash’ al haber sido declarados incapacitados, se sabía que el comercial de vehículos pagaba por sexo con hombres.

La víctima (V1) también residía en un centro tutelado y este comercial de coches con dotes políticas empleaba los mensajes para concertar la hora y el lugar de la cita. El objetivo era buscar espacios ajenos a la Fundación Alosa, como un aparcamiento próximo a los Campos Elíseos o la rotonda del puente nuevo de Lleida, donde José Antonio acudía con su coche a recoger al discapacitado para llevarlo a uno de sus dos domicilios.

Uno de los inmuebles era de su propiedad y por el otro pagaba un alquiler. “Uno de los pisos estaba en Lleida donde guardaba material publicitario de Vox y el otro en Els Alamús, un pueblo dormitorio que está diez kilómetros de la ciudad”, tal y como precisa el amigo del condenado.

La letrada Meritxell Ribes confirma a EL ESPAÑOL que los episodios sexuales solo los sufrió una de las víctimas y se producían indistintamente en los dos inmuebles del condenado: “Estos chicos estaban tutelados en un centro, José Antonio tenía un piso en Lleida que era de su propiedad y otro alquilado en Els Alamús, los encuentros ocurrían en ambos domicilios”.

Imágenes pornográficas

Paralelamente a esos encuentros José Antonio también se mensajeba con otro hombre al que conoció a través de un usuario del servicio de día de la Asociación Aspros y que a la postre se convirtió en la tercera víctima (V3). La Generalitat tenía reconocida a V3 una discapacidad del 49%. Tampoco le importó al líder de Vox para enviarle WhastApps donde al pago de dinero añadía el consumo de drogas y alcohol para tentar con sexo a esta persona con discapacidad. Con V3 wasapeó desde agosto de 2018 a febrero de 2019, pero este tercer discapacitado no cedió a las propuestas sexuales que le hacía y que a veces incluían el envío de material pornográfico. 

El apetito sexual de José Antonio era difícil de saciar porque, siempre según la sentencia, con su iPhone 7 no dejaba tampoco de conversar por WhatsApp con el otro discapacitado al que conocía de su barrio. El objetivo de los mensajes era tratar de convencerle para llevárselo a la cama. “V2 rechazó estos ofrecimientos de contactos sexuales a cambio de dinero, si bien accedió a enviar al acusado una fotografía, lo que hizo el 25 de enero de 2019, procediendo el acusado a entregarle a cambio la cantidad de 5 euros tras encontrarse en la estación de autobuses de Lleida (...)”.

El envío de material pornográfico se volvió a repetir en marzo de 2019 cuando V2 le hizo llegar al acusado un vídeo donde se masturbaba a cambio de recibir 10 euros. Una vez más, José Antonio acudió a entregarle el dinero en metálico a la estación de autobuses de Lleida donde la víctima tenía concertado el servicio de transporte. En aquella ocasión, la víctima iba acompañada de otro usario tutelado por la Fundación Alosa que al percatarse del motivo del pago le exigió dinero.

Una venganza política

El 5 de marzo de 2019 se llevó a cabo la detención de José Antonio Ortiz Cambray, de 55 años. Nada más trascender su arresto desde Vox se apresuraron a borrar de las redes sociales todas las imágenes, tuits y publicaciones que vinculasen al presunto abusador de discapacitados con el partido de Santiago Abascal. El zafarrancho de limpieza en Facebook y Twitter se acompañó de un comunicado escueto donde se aseguraba que Ortiz Cambray no ocupaba ningún cargo en la formación y que solo era un militante de base.

“Era el máximo responsable del partido en Lérida cuando lo detuvieron”, insiste otra vez este amigo del condenado por aprovecharse de incapacitados. “Lo echaron del partido y encima negaron que diese la cara por Vox”. No le falta razón en sus afirmaciones porque José Antonio Ortiz Cambray durante la instrucción judicial llegó a vincular el caso con su labor al frente de Vox y la sentencia deja constancia de ello: “Sospecha que se trata de una venganza de las asociaciones por su ideología, ya que por esas fechas él era una relevante líder político de Lleida”.

Tras la lapidación política comenzó para José Antonio una penitencia de veinte meses en el Centre Penitenciari de Ponent de Lleida que se saldó con una vista oral que no le ha deparado un horizonte mejor. La Audiencia Provincial condena al exdirigente de Vox en Lérida a penas que suman 14 años y 3 meses. La Sala establece ochos años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales a persona discapacitada, la víctima V1, así como dos años y seis meses por un delito continuado de corrupción de persona discapacitada (V1).