El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha presentado una querella contra un coronel retirado, Diego Camacho, por supuestas calumnias e injurias que según él le habría acusado de delitos de traición y revelación de secretos, así como por tener vínculos con narcotraficantes de Venezuela y con la financiación de Irán. Una querella que ha llamado la atención por el hecho de que esos comentarios aparecen con cierta frecuencia en los medios de comunicación y que sea ahora, contra un militar retirado, cuando se ha producido la denuncia.
La denuncia llega poco tiempo después de las duras críticas vertidas por el Gobierno y el partido de Pablo Iglesias contra un grupo de militares retirados que firmaron una carta en contra del Gobierno. Algo que ha hecho creer a muchos que Camacho está vinculado con ese grupo de profesionales de la milicia que no aceptan la presencia del líder de Podemos en el Gobierno. Se equivocan: Diego Camacho ya se jugaba la vida en defensa de la democracia cuando Iglesias no llegaba a los tres años.
En 1980, el capitán Diego Camacho entró en la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME) del CESID, el antecesor del CNI. Le recomendó el teniente coronel Javier Calderón, el secretario general. Inexperto, pero no tonto, durante el 23 de febrero de 1981, comprobó por sí mismo y gracias a su antiguo compañero Juan Rando, también destinado en la unidad, que José Luis Cortina, el jefe de la AOME, varios de los agentes y el propio Calderón, eran partícipes del intento de acabar con la democracia.
No le afectó que le recomendaran que dejara la investigación, ni dejó de denunciar a los golpistas cuando le amenazaron y un pájaro muerto apareció sobre el capó de su coche. Se limitó a dormir cada noche en un lugar distinto. Un mes después, Calderón hizo un último intento para que dejara la búsqueda de datos sobre los golpistas: le ofreció un ascenso, más dinero, cualquier cosa que pidiera. No lo hizo y gracias a espías militares como él supusimos con el paso del tiempo que el Rey Juan Carlos estuvo relacionado con la trama.
Posteriormente fue enviado como delegado del servicio a Guinea, donde fue castigado por haber obtenido una gran información. A principios de mayo de 1983, Camacho informa al Gobierno de que en los próximos días se produciría un golpe de Estado contra Obiang. El presidente González pidió información al Ministerio de Asuntos Exteriores, que entró en cólera, lo negaron rotundamente y pidieron que el delegado del CESID fuese repatriado de inmediato. El 10 de mayo, un grupo de militares llevó a cabo un intento de golpe de Estado que acabó con el responsable, el sargento Venancio Micó, refugiado en la embajada española y provocando un conflicto gravísimo entre España y Guinea.
De ahí fue destinado a Costa Rica, con el encargo de abrir la representación del servicio secreto en Centroamérica y el Caribe. En esos años se puso en marcha el plan de paz de Contadora, que fracasó, y surgió la iniciativa en la embajada española para poner en pie el plan de paz del presidente Oscar Arias. Con tanto éxito que Cuba invitó a Camacho para que fuera a explicárselo.
Su destino posterior fue Marruecos, un verdadero reto para Camacho, a quien no le importó jugársela para respetar los derechos humanos. Tres muchachos saharauis de El Aaiún pidieron asilo en nuestra embajada en Rabat. El embajador, Joaquín Ortega, fue partidario, desde el primer momento, de entregarlos a la Policía para evitar que el gobierno alauí se irritara.
Camacho le informó de las violaciones de los derechos humanos que se estaban produciendo en el territorio ocupado y de las desapariciones, que entonces alcanzaban ya las 500 personas; proponiéndole negociar con el servicio secreto marroquí, ante el que estaba acreditado, la salida de los tres a Ceuta. El mundo del revés: los diplomáticos dispuestos a entregarlos y los espías defendiendo el cumplimiento de la convención sobre Derechos Humanos, firmada por España dos años antes en Ginebra. El desenlace no pudo ser más surrealista: el embajador conduciendo a la embajada, en su coche oficial, a tres policías que se llevaron a los saharauis después de amenazarlos en la sede diplomática española. Camacho, expulsado de la Embajada, tuvo que alquilarse una oficina enfrente durante varios meses hasta que Exteriores consiguió que el director Alonso Manglano le cambiara de destino.
Su carrera en el exterior concluyó en Francia, un reconocimiento del director a su labor en Marruecos. Su gran éxito, en unión con la embajada, fue convencer a los franceses, en su reforma del código penal de 1992, para que identificaran pertenencia a banda armada con asociación de malechores, que era lo que ellos, en el código anterior, contemplaban para la extradición, puesto que banda armada lo consideraban como pertenecer a un movimiento de liberación nacional. Desde el momento en que se consiguió, las extradiciones pendientes de miembros de ETA se desbloquearon.
Con una carrera tan exitosa, pocos años después fue expulsado del CESID. Ocurrió en 1997. Un total de 28 agentes tuvieron que abandonar el servicio por no ser idóneos para el espionaje. Una carrera tan importante y lo echaron. Hay una explicación. El presidente Aznar había designado director del servicio secreto nada más y nada menos que a Javier Calderón, quien le prometió hacer una limpieza en el CESID echando a los que estuvieran implicados en tramas ilegales como la guerra sucia o el espionaje telefónico indiscriminado. La realidad fue que bajo ese pretexto expulsó a Camacho y Rando, que denunciaron su participación durante el 23-F y a otros agentes como Manuel Rey, que había tenido problemas con una hija suya en el servicio.
Ninguno de los tres militares se quedó callado y defendieron su integridad ante los tribunales y los medios de comunicación. El ministro de Defensa, Eduardo Serra, supo que Calderón le había metido un buen marrón pero decidió arrestar a Camacho un mes y medio y a Rey, un mes y un día.
El portavoz de Izquierda Unida en la Comisión de Defensa del Congreso, Willy Meyer, visitó a los dos agentes para transmitirles el apoyo de su coalición y declaró que el arresto era injusto.
Diego Camacho, 33 años en las Fuerzas Armadas, la mitad en el servicio secreto, es licenciado en Ciencias Políticas y ha impartido clases en diversos centro académicos.