El enemigo es la velocidad. Es lo que une a todos los conductores que circulan por las carreteras españolas. Sin embargo, no todos le temen en la misma medida. Algunos parecen llevar el plomo en el pie del acelerador, que se pasa de los límites permitidos. Ese motivo ha llevado a la DGT a reforzar las calzadas convencionales y travesías, con un aumento de controles a través de drones y radares.
El 61% de las infracciones por exceso de velocidad se detectaron en este tipo de vías. No es fácil infringir los límites en estos casos. Cabe recordar que en las carreteras convencionales, el límite es de 90 kilómetros por hora generalmente. A no ser que se circule por una calzada con al menos dos carriles en el mismo sentido, cuando se aumenta a 100 kilómetros por hora. En las travesías, el límite se establece en 50 kilómetros por hora.
La DGT argumenta que las carreteras de un solo carril por sentido ostentan un alto número del total de los accidentes registrados cada año en España. Es el motivo por el que aumentará los controles en este tipo de vías.
Para evitar estas infracciones, y con el objetivo de velar por la seguridad en las carreteras, la DGT ha instalado este año 75 cinemómetros nuevos, tanto fijos como móviles, y 28 drones. 20 de estos últimos controlarán infracciones, mientras que el resto se utilizarán para formación.
Con este aumento en el número de radares, el número total de cinemómetros en las carreteras españolas alcanza ya los 1.400. Casi 700 de ellos son fijos, 550 son móviles y 80 son de tramo.
Cabe destacar que, en la actualidad, España sigue contando centenares de kilómetros que se señalan como puntos negros. Ahora mismo existen 726 kilómetros con esta catalogación. Las Comunidades Autónomas que más puntos negros ostentan son Aragón (17,1%), Asturias (13,9%) y Galicia (10,8%).
Mejoras en las carreteras
Lo cierto es que muchos conductores entienden que estas medidas no mejoran la seguridad vial. Entienden que el establecimiento de medidas para punir no evita los accidentes. En ocasiones, los imprudentes que gustan de la velocidad sólo sueltan el pedal cuando saben que hay un radar.
Por ello se le piden otros esfuerzos a la Dirección General de Tráfico. Entre estas peticiones se encuentran las mejoras de las carreteras. Se espera que para las mejoras de las mismas se doten unos 200 millones de euros, ya que la mayor parte de los 1.240 millones presupuestados fue invertido en ejercicios anteriores.
También queda pendiente la desaparición de los guardarraíles, algo que el Congreso de los Diputados aprobó eliminar en 2018. Sin embargo, la petición que llevan realizando los motoristas desde hace años aún está por llevarse a cabo en todo el territorio nacional.
Las multas por velocidad
Por último, es necesario que los conductores también conozcan los precios que se elevan después de las infracciones cometidas. Para ello está el siguiente cuadro.
Cuadro multas por velocidad en España.
Posteriormente, hay que tener cuidado con lo que se aplica. El problema es que la DGT a veces no aplica los márgenes de error de los radares. Los juzgados de lo contencioso administrativo ya han tirado de las orejas a los responsables de Tráfico por esto.
Lo que ocurre es lo siguiente. Los cinemómetros captan las infracciones que superan la velocidad máxima descontado el margen de error del aparato. Sin embargo, cuando el exceso sobrepasa uno de los tramos establecidos para aumentar las sanciones, Tráfico no aplica la reducción del margen de error.
Es decir, si un conductor circula a 125 kilómetros por hora en una vía con un límite de 120 no será multado por un radar con lo recogido en el primer tramo de sanciones (100 euros); ya que el aparato contabiliza su propio margen de error. Sin embargo, si te retrata a 151 kilómetros por hora, Tráfico te multará con 300 euros y la retirada de dos puntos del carnet. Esto ocurre por no aplicarse el margen de error. Si se hiciera, como establecen algunos tribunales, la sanción quedaría en 100 euros -50 si es raudo el pago- y no habría retirada de puntos.
"Se aprovechan de la lotería judicial", afirmaba Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, este pasado verano en conversación con EL ESPAÑOL. Es decir, la DGT se beneficia de que no se puede establecer jurisprudencia al respecto y cada usuario debe reclamar por separado. Luego, el Juzgado Contencioso-Administrativo decidirá a quien otorga la razón.
Automovilistas Europeos Asociados estimaba este verano que, tras 10 años de luchas por este motivo, el valor aproximado de lo recaudado por la DGT se sitúa en torno a los 400 millones de euros.
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