“Lo ocurrido el lunes en un taller clandestino con más de 24 víctimas, se veía venir. Llevamos denunciándolo desde hace mucho tiempo porque los trabajadores del sector textil en Tánger están en condiciones infrahumanas y de precariedad”, denuncia a EL ESPAÑOL, Aziz Sabere, de Vía Democrática, uno de los partidos de la izquierda que más defiende los derechos humanos y sociales en Marruecos. Hasta ahora la cifra de fallecidos se eleva a 28.
Entre los fallecidos en el trágico accidente hay 18 mujeres y varios miembros de la misma familia. Ocurrió en un taller de confección informal o irregular, pero incluso en los que se encuentran en las áreas industriales, las condiciones rozan la esclavitud.
Es imposible acceder al recinto de la zona franca de Tánger Med en la localidad de Gzenaya, a las afueras de la ciudad de Tánger, donde los marroquíes (el 85% mujeres) cosen la ropa que se vende en las grandes multinacionales. La alambrada supera los dos metros de altura y la entrada está flanqueada por militares, guardias y demás fuerzas de seguridad, al estilo de una aduana fronteriza.
Desde fuera, se observan desfilar decenas de microbuses blancos que transportan mujeres cuando terminan el turno de nueve horas de trabajo dentro de las 400 hectáreas de terreno vallado. A la salida, Hamid, trabajador de una empresa de piezas electrónicas, explica a EL ESPAÑOL que “la producción no para de lunes a sábado, con tres turnos de trabajo”. “De noche, también cosen”, confirma.
Ochenta mil trabajadores en 500 fábricas del sector textil en los polígonos de Tánger “en un sistema de explotación” hacinados, vigilados y con una producción continua, según denuncian a EL ESPAÑOL desde la Asociación Attawasoul. Prendas que se venden, por ejemplo, en España a 10 euros tienen un coste de producción de menos de un euro, y las de 2,5 tienen un precio en la tienda española de más de 30 euros.
En la zona franca se concentran igualmente fábricas de automóvil y electrónica, aunque la mayoría son compañías de confección textil. El estado de zona franca permite la exención del control del comercio exterior, así como el acceso a ayudas del Estado.
Antes de salir del recinto de la zona franca, los empleados pasan por un control y son cacheados para comprobar que no sacan ni un solo botón o un trozo de tela. A la entrada, les sucede lo mismo, para revisar que no entran con móviles. En el interior está prohibido su uso “para que no puedan documentar absolutamente nada de lo que ocurre, en qué condiciones trabajan y qué tipos de agresiones pueden recibir ellos o sus compañeros”, detalla una de las responsables de la campaña Ropa Limpia de SETEM en Cataluña. Esta federación española intentó hacer una auditoría en este polígono, pero no consiguió acceder a las instalaciones.
No es sencillo llegar hasta el recinto que rodea y cerca a cientos de empresas. Hay que subirse a un autobús de línea en el centro de Tánger porque se encuentra en medio de la carretera que une Tánger con Tetuán, enfrente de un polígono industrial de automoción abierto al público, cerca de una gasolinera. Funciona como una ciudad propia con diferentes servicios.
“El baño solo se abre una vez"
Los trabajadores marroquíes de empresas textiles proveedoras de grandes marcas conocidas internacionalmente cumplen una jornada laboral extremadamente larga, y sin embargo viven en la pobreza. La media es de nueve horas de lunes a sábado, con un salario de 250 euros, en el mejor de los casos; porque hay obreras, como Amal -con quien habla EL ESPAÑOL-, que perciben algo más de 120 euros mensuales. Además, cuando hay pedidos extra pueden llegar a cumplir jornadas de 12 horas, sumando 72 horas semanales.
Son los talleres subcontratados, en los que los empleados no tienen ni nómina. Hasta este tipo de compañías no llegan las auditorías. Un comercio español, por ejemplo, realizó 37 auditorías en Marruecos, según su informe anual de actividad y de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de 2016, y no detectó que sus fábricas marroquíes subcontratarán a otras compañías en el país.
A pesar de que las marcas españolas no permiten la subcontratación, los fabricantes marroquíes realizan las producciones en fábricas no autorizadas o verificadas. “Emplean a 500 personas para realizar el trabajo de hasta 10.000, veinte veces más de su labor, sin respetar las condiciones del trabajo”, asegura Mohamed Amghar, de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH). Uno de esos talleres puede llegar a confeccionar hasta 10.000 prendas a la semana en turnos de mañana, tarde y noche.
Mohamed es un ex empleado de Sofia, una de estas empresas subcontratadas por la sociedad que trabaja para una franquicia española. En una entrevista con EL ESPAÑOL en un café de Tánger se queja de que “no respetan los mínimos derechos humanos”. Entre otros detalles, destaca que “el baño solo se abre una vez al día durante una hora y la sala para comer está sucia”.
Los trabajadores de esta fábrica se sublevaron un día en que “una de las trabajadores se desmayó y la dejaron durante dos horas tirada en un sofá, cuando vieron que no mejoraba dieron la orden de sacarla fuera de la empresa y abandonarla en la calle”. En ese momento, pararon la producción y consiguieron que la llevaran al hospital.
Posteriormente se constituyó un despacho de la Confederación Democrática del Trabajo (CDT). Sin embargo, no recibieron ninguna contestación por parte de la compañía, a quien escribieron, y los enlaces sindicales fueron despedidos.
Se avisa a los empresarios
“La mayoría de las auditorías sociales se realizan de forma apresurada, superficial y con aviso previo a los propietarios de las fábricas”, como recoge el informe La moda española en Tánger: trabajo y supervivencia de las obreras de la confección.
El 40 por ciento de las fábricas de una firma de marca española está en países próximos a España, en Europa, Marruecos, Túnez y Turquía. En el caso de Marruecos, la franquicia tiene 112 fábricas, lo que supone el 8’92% de la producción. La marca española ha auditado 33 de estas, es decir el 5,9%, según datos ofrecidos a EL ESPAÑOL.
En su memoria de sostenibilidad de 2017, consta que “las horas extraordinarias deberán ser siempre voluntarias y adecuadamente retribuidas” y si se realizan, “se aceptará un máximo de dos horas por día”. Sin embargo, “las horas extraordinarias son obligatorias y no se pagan”, insiste Amghar. De esta manera la jornada se puede prolongar hasta las 11 o 12 horas diarias, seis días a la semana; y se ahorran el 25 por ciento más por horas fuera del horario establecido, que marca la ley marroquí. Además, gran parte de la plantilla trabaja sin contrato y sin ningún tipo de protección social.
Las costureras perciben en ocasiones 8 dírhams por hora (menos de un euro), cuando el salario mínimo estipula 14,66 dírhams por hora. También denuncian a EL ESPAÑOL casos de impagos a la seguridad social. En lugar de computar todos los días trabajados, los empresarios les cuentan solo una parte del mes, un promedio entre 12-14 días, normalmente. Incluso hay personas en las plantillas a quienes no les dan de alta en la Caja Nacional de la Seguridad Social (CNSS), la seguridad social marroquí.
En cuanto a productividad, exigen cuotas muy altas, y en caso de que no lleguen a completarlas les reducen las horas del salario. “Hay empleadas que no cogen el poco tiempo de descanso para comer para poder alcanzar lo exigido, porque tienen miedo de no poder cumplir”, lamenta Amghar.
“Sindicalizarse es morir”
Estas condiciones laborales han sido denunciadas por trabajadores y asociaciones sindicales. Sin embargo, aseguran que después las incluyen en las “listas negras” y pasan periodos en los que ninguna empresa las contrata. Todas coinciden en que “sindicalizarse es morir a nivel trabajo”. Es el caso se Mohamed Amghar, que perdió su puesto después de 16 años en el sector. Con 35 años, es una de las voces más destacadas en la lucha sindical y social en el sector textil en Tánger.
Fatima Elemmah, presidenta de la asociación Attawasoul y coordinadora de un equipo de obreras del textil, con dos décadas de experiencia en este sector, lo sufrió. La metieron en una “especie de lista negra” y estuvo dos años sin poder trabajar hasta que se dio de baja como miembro del propio sindicato textil. “Esas listas negras se trasladan de empresa a empresa para que no nos contraten”, explica la operaria.
“A un empleado de una compañía marroquí que confecciona todas las marcas para una firma española, miembro de la misma asociación, lo despidieron por protestar, por hacer valer sus derechos dentro de la empresa”, explica una de las persona de Setem, que elaboró un informe conjuntamente con la asociación Attawassol de obreras del textil en Tánger.
Colgaron fotografías del trabajador despedido en el recinto para imposibilitarle el paso al interior y tuvo muchos problemas a la hora de recoger la carta de despido, necesaria para solicitar la indemnización. En este caso, denunció, pero muchos trabajadores son analfabetos y desconocen sus derechos. Mohamed documenta “casos de acoso sexual, incluso de violación donde las personas no pueden denunciar”.
“Ahora mismo hay mucho miedo”, aclaran desde la asociación. Actualmente solo cuenta con nueve personas, la mayoría hombres, pero llegó a tener mil obreras movilizadas y con formación. En 2013, las mujeres, que representan el 85% del sector, comenzaron a darse de baja por “la represión del Gobierno y de las propias fábricas ante las manifestaciones por sus derechos laborales”, explica Fatima.
España, destino privilegiado
En la región de Tánger operan 417 empresas que emplean a alrededor de 80.000 trabajadores, de las que el 80 por ciento trabaja en la confección, produciendo 180 millones de prensas al año. El 95 por ciento de las empresas depende de corporaciones españolas, por lo que el sector es muy dependiente de las fluctuaciones internacionales, según datos de la Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España en el Exterior (ICEX).
El sector textil en Marruecos ha mostrado resistencia ante la crisis económica que afectó a España. A solo 14 kilómetros permite una fiscalidad atrayente para la inversión, que permite beneficiarse de un estatuto fiscal especial, la exoneración del 50% de los impuestos.
En noviembre de 2017 se constituyó la Alianza para el fortalecimiento de la RSE en Marruecos entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), entidades internacionales y marroquíes, tanto públicas como privadas, entre las que se encuentran los ministerios marroquíes de Trabajo e Industria.
A través de esta Alianza “se pretende dar apoyo al tejido productivo marroquí contribuyendo a que se garanticen estándares mínimos sociolaborales y medioambientales en las pymes marroquíes que forman parte de las cadenas de suministro, siendo especialmente relevante el sector textil y el sector agroalimentario”, explican a EL ESPAÑOL desde una empresa española.
Con este proyecto, en una primera fase, se realizó un estudio comparativo de los sellos de RSE existentes en Marruecos, estando orientada la segunda fase a la formación en materia de RSE con foco en derechos humanos y laborales, y legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo. Esta formación está dirigida tanto a empresarios como a representantes sindicales y de los trabajadores en las empresas con el fin de regularizar este sector tan desfavorecido durante décadas y evitar talleres clandestinos como en el que han perdido esta semana la vida al menos 28 trabajadores.