La okupa Elvira, ex vendedora de la ONCE: no paga alquiler en 8 años aunque cobra pensión

Después de tanto tiempo sufriendo la misma tortura, hay días, la mayoría, en los que Susana Tolino (47) no tiene ni siquiera ganas de levantarse de la cama. "Te ves tan sola que llega un momento en el que se junta todo y no puedes dejar de llorar y llorar", dice. 

Aún así, hay otros en los que saca fuerza de donde ni sabe e intenta seguir hacia delante. Por sus dos hijos, por su marido, por ella misma. Uno de esos días es hoy. Está cansada de sentirse ninguneada, olvidada y desprotegida por todos. Y por eso ha decidido contar su historia, capítulo tras capítulo. 

A lo largo de la entrevista con este periódico, esta murciana relatará cómo un día decidió dejar su casa, en Cartagena (Murcia), y mudarse a Asturias por un problema personal. Alquilar su propiedad a una familia amable y que solo le puso facilidades. Y cómo, poco después, pudo comprobar que le habían engañado. Tanto que ocho años después de aquel día, sus inquilinos siguen viviendo en el chalet, en el Barrio Peral, sin haber pagado el alquiler prácticamente nunca. 

Y lo peor no es eso, claro. Es que, mientras han ido pasando los años, Susana y su marido se han quedado sin empleo. Apenas pueden pagar el alquiler de su piso asturiano y su casa en Cartagena, en la que viven los okupas, ha sido embargada ante su imposibilidad de pagar la hipoteca. Así que sobreviven entre deudas y llamadas del banco día sí y día también, mientras los okupas viven tranquilamente en el hogar que tantos años les costó conseguir y que ahora cada vez ven más lejos de recuperar. 

Vendedora de la ONCE

El chalet de Susana, en Barrio Peral (Cartagena, Murcia).

Todo comenzó en 2013. De pronto, un problema familiar puso del revés la vida de Susana y junto a su marido y sus hijos decidió marcharse a vivir a 1.200 kilómetros de su ciudad natal. Antes, no obstante, quería dejarlo todo zanjado en Cartagena. Intentó vender la propiedad, pero finalmente decidió alquilársela a una familia que, según ella, le había dado buenas sensaciones. "Ella había trabajado en la ONCE como vendedora, cobraba una buena pensión, y su marido y su hija también tenían trabajo. Así que se la alquilé, pero por desgracia no sabía dónde me estaba metiendo", cuenta esta murciana a EL ESPAÑOL. 

A los cinco meses de estar instalados en la vivienda, los supuestos inquilinos dejaron de pagar algunas cuotas. "Les llamábamos y ella me decía que tenía una minusvalía, que estaba mal... Y, nosotros, siendo buenas personas, les dijimos que no se preocupasen, que nos hacíamos cargo de la hipoteca. Por aquel entonces nosotros podíamos pagar esos 375 euros más los gastos", relata Susana Tolino. 

Esa excusa la llegaron a utilizar hasta en seis ocasiones hasta que un día dejaron de pagar indefinidamente. Pensando siempre en que realmente los inquilinos tenían problemas, Susana les seguía dando facilidades. "Ella siempre nos cogía el teléfono y cuando le decíamos que nos tenía que pagar, ella nos decía lo mismo: que no podía".

Sin embargo, llegó un día en el que las cosas se torcieron todavía más para esta familia murciana. El marido de Susana enfermó y ella perdió su trabajo. Ya no podían hacerse cargo de la hipoteca de una casa y del alquiler de la otra. Así que intentaron llegar a un acuerdo con Elvira, la okupa. Le dijeron que se tenía que marchar, pero que aún así le daban tiempo para buscarse algo más barato. Incluso le ofrecieron la ayuda de una asesora inmobiliaria. No sirvió de nada. 

"Es mejor ser okupa"

Al poco tiempo, recibieron la llamada de su amiga. "Oye, que me dice que no quiere buscar pisos, que quiere un chalet", les comentó la asesora inmobiliaria sobre la (falsa) petición de la okupa. Susana y su marido se quedaron sorprendidos, pero la puntilla final estaba por llegar. Días después, fue Elvira la que les llamó directamente a ellos. "Hola, mira, es que me he dado cuenta de que puedo estar como okupa. Así que si tenéis cojones, venís y me echáis", sentenció. 

Susana ni siquiera supo qué responder. "¡Imagínate cómo se nos quedó la sangre, estábamos a 1.200 kilómetros!", exclama. Por aquel entonces, los acuerdos amistosos no entraban ya en los planes de esta familia murciana. Así que decidieron iniciar la batalla legal. Reclamaron a un abogado de oficio, ya que su situación económica no les permitía contratar a otro letrado, e interpusieron una demanda de desahucio contra sus indeseados inquilinos en 2017. 

Susana: "Esto nos ha afectado a nivel familiar, emocional y económico".

¿Cuál fue la táctica de los okupas? Ignorar las notificaciones judiciales. El juicio se suspendió hasta en dos ocasiones y fue pospuesto finalmente para abril de 2020, una vez las fuerzas de seguridad le entregaron a la okupa personalmente la citación del juzgado murciano. Sin embargo, llegó la pandemia y todo, de nuevo, quedaba en el aire. 

Mientras tanto, Elvira movía sus fichas. "Yo, es cierto, la seguía llamando porque quería que me pagase, pero ¿qué iba a hacer, si no? Bueno, pues ella se iba a la comisaría y me denunciaba por acoso", explica Susana. Así que una noche a las 23:00 horas, de buenas a primeras, la Policía tocó la puerta del piso de esta murciana, en Asturias.

"Yo lo primero que pensé es que le había pasado algo a mi madre, ella vive sola en Murcia, pero no. La okupa nos denunció hasta en tres ocasiones. Imagínate, a estas horas, ir a prestar declaración a la Policía... No te imaginas las consecuencias que esta situación nos ha traído a nivel familiar, emocional y económico. Nos ha cambiado la vida. En mi caso, llegó un momento que tuve que cortar. Yo no comía, no dormía, estaba obsesionada. Leía todo el tiempo artículos de abogados hasta que tuve que parar porque iba a caer enferma", relata esta afectada. 

Juicio 

Pese a todo contratiempo, el juicio se celebró finalmente en noviembre de 2020. Y Susana y su marido ganaron la primera batalla. "Yo no pude acudir al juicio porque Asturias estaba cerrado perimetralmente, pero el abogado me dijo que incluso declaró que nos pagaba el alquiler en mano; no paró de decir mentiras". El fallo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, dicta la resolución del contrato de arrendamiento entre ambas partes, el desalojo de los okupas y el pago de estos últimos de todas las rentas pendientes a los propietarios (aproximadamente unos 18.000 euros), además de las costas del juicio. 

No obstante, esta murciana todavía no está tranquila. Y es que, en los 20 días posteriores a la publicación de la sentencia, como establece la legislación, la okupa interpuso un recurso de apelación esgrimiendo su situación de "extrema vulnerabilidad". En dicho requerimiento, según ha podido comprobar este diario, la okupa argumenta que "se encuentra sin alternativa habitacional y en situación de extrema vulnerabilidad", junto con las personas que conviven con ella, su hija y su nieta. 

Además, hacen referencia a declaraciones del Gobierno, en concreto a las del presidente, Pedro Sánchez, en las que afirmó que no se iban a producir desahucios en el país hasta el 31 de enero de 2021. Y al inminente, según expresa la letrada de la parte demandada, Real Decreto-Ley que publicará el Ejecutivo acordando "la suspensión de todos los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, como en el presente caso, que si bien es cierto no se ha producido todavía, casi con absoluta seguridad, lo será en los próximos días". 

Ante esto, claro está, Susana y su familia ven otro gran obstáculo para recuperar su casa. "Ha sido capaz de presentar el recurso de vulnerabilidad, teniendo una pensión de 1.800 euros desde que se retiró de la ONCE y con su hija trabajando. No paga porque no le da la gana. Me da mucha rabia. No quise decir nunca que trabajaba en la ONCE porque hacen una gran labor, y por uno que hace algo mal pagan todos pero no puedo callarme más... Yo sí que estoy en una situación de vulnerabilidad, cobrando 451 euros y recibiendo ayuda de la Cruz Roja", denuncia. 

La situación de esta familia es tan delicada que incluso ha solicitado la ayuda del alquiler, pero se le ha denegado por tener una propiedad, no solo okupada sino también embargada. En realidad, no tienen nada. "A mi me parece muy bien que no dejen que nadie viva en la calle, pero a mí no me pueden dejar sin mi casa, no hay derecho", critica Susana.

Ahora, solo le queda esperar de nuevo para que, si todo va bien, el juez ratifique la sentencia. Aunque, según dice, ni siquiera reconocerá su propia casa. "Mi hermano fue un par de veces a ver la casa y a intentar hablar con ella, me dijo que estaba completamente destrozada". En una de esas ocasiones, la okupa también demandó por acoso al hermano de esta afectada. Por el momento, tiene una orden de alejamiento y no puede acercarse ni a ella ni al domicilio.