Esta es la ‘okupación’ más delirante de España: sin piso nuevo hasta que echen a los intrusos

En la última década, la convivencia en el barrio de Los Gladiolos, en Santa Cruz de Tenerife (Canarias), se ha vuelto insostenible. Los problemas en esta zona obrera, situada en el centro de la capital tinerfeña, no obstante, vienen de mucho tiempo atrás. En concreto, poco después de que se edificase, en 1950, en plena dictadura franquista. 

El objetivo por aquel entonces fue el de construir bloques de pisos en dicho punto para albergar a los empleados y familias que trabajaban en la refinería de petróleo que había en Santa Cruz, la más antigua de España. Se trataba de viviendas de protección oficial (VPO). Sin embargo, a los pocos años las deficiencias en la construcción de los edificios, como ha ocurrido en otros tantos casos de este tipo, comenzaron a acarrear serias dificultades a estos vecinos canarios. 

Nadie lo solucionó en aquella época. Y hoy, siguen igual. Los desperfectos en los inmuebles, que hace un tiempo pasaron a ser de propiedad privada, se han extendido hasta la actualidad e incluso se han heredado ya de una a otra generación. Otros, la mínima parte, han tenido la suerte de poder vender sus casas y marcharse de allí. La mayoría, mientras tanto, sigue luchando. Y lo hace no solo porque alguien subsane los problemas en sus edificios, sino por todos los que han aparecido después en el barrio tinerfeño. Es uno de los más conflictivos de toda la isla y donde la okupación ha arraigado con mayor fuerza. 

Juan Ramón Jiménez, 2

Quienes mejor lo saben son los vecinos del número 2 de la calle Juan Ramón Jiménez, en Los Gladiolos. El problema de estos 115 propietarios, distribuidos en ocho bloques de pisos, no obstante, es mucho mayor que el de cualquier otro. Y es que podrían perder su última oportunidad para salir de allí y vivir en otra vivienda que ha construido y les ha ofrecido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿El problema? El 75% de sus viviendas están okupadas. 

El acceso a uno de los edificios.

Pero ¿qué relación guarda la posibilidad de mudarse a una vivienda pública y la okupación? Se preguntarán, tal vez. Bien. En 2013, después de innumerables años reclamando mejoras en sus casas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife puso el foco en el barrio tinerfeño. Y lo incluyó en su Plan General de Ordenación urbanística. En líneas generales, el objetivo era reurbanizar todo el terreno. Es decir, derribar las viviendas antiguas y elevar otras nuevas así como sus zonas comunes. No obstante, en vez de expropiar dichas viviendas, lo que decidió el Consistorio fue construir directamente un edificio a escasos 20 metros de la urbanización y alojar en el mismo a los 115 vecinos cuando fuese finalizado.

De este modo, el Ayuntamiento se aseguraba tener desalojados los ocho bloques en un margen de ocho años para llevar a cabo el plan de reurbanización y los vecinos, al terminar dicho plazo, ya dispondrían de su nueva casa. Es decir, entregarían su vieja vivienda y recibirían una a estrenar prácticamente al lado. Todo pintaba bien entonces. Hasta que los problemas comenzaron a surgir en el vecindario. 

El edificio nuevo que ha construido el Ayuntamiento para los vecinos de Los Gladiolos.

Sí, los okupas comenzaron a apropiarse, después de la aprobación del plan de ordenación, de muchas de las viviendas de la urbanización. Poco a poco, fueron sembrando el terror entre los vecinos, algunos incluso abandonaron sus casas, y lograron okupar tres cuartas partes de los ocho edificios. ¿Qué ocurre ahora? A un mes de que estos 115 vecinos reciban las nuevas llaves de sus casas, el Consistorio les ha advertido que no se las entregará hasta que todas las viviendas estén vacías. En otras palabras, se limpian las manos y dejan en las de los propietarios la tarea de desalojar a más de 70 okupas en el margen de un mes si quieren entrar a vivir en el edificio nuevo. 

Un cometido prácticamente imposible, teniendo en cuenta que si estos vecinos deciden denunciar conjuntamente a los okupas por la vía civil o penal, el proceso podría alargarse hasta uno o dos años. Un espacio de tiempo en el que, si todo saliese bien judicialmente, muchos vecinos no tendrían donde vivir porque su vivienda está okupada. 

Agresiones y palizas 

Un ejemplo es Sofía. Hace unos meses, esta canaria, que prefiere no revelar su auténtica identidad, decidió comprar uno de los pisos antiguos a sabiendas de que en su interior había okupas, pero también siendo conocedora de que en pocos meses se le haría entrega de las llaves de su nuevo piso. La sorpresa, no obstante, ha llegado hace unos días cuando los técnicos de vivienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le han comunicado que no se las darán hasta que eche a sus okupas. El principal problema es que ella vendió su anterior propiedad, así que ahora no tiene siquiera donde vivir. 

"Esto es un caos. Todos los vecinos tienen miedo de hacer cualquier cosa por los okupas. Hay entre 60 y 70 en los edificios. Y ahora, cuando van a darnos las llaves, nos vuelven a decir que tenemos que echarlos antes. Estos pisos deberían haberse entregado en mayo de 2019. Entonces, el propietario de la vivienda que he comprado, los echó. Pero como la cosa se retrasó, se le volvieron a meter dentro. Yo los he intentado, pero no he podido. Nos han amenazado y advertido incluso con armas blancas. He puesto todo en manos de un abogado, pero no sé lo que va a pasar. Las casas están destrozadas, hay personas mayores y algunos están enfermeros. Es horroroso", cuenta Sofia, en una entrevista con EL ESPAÑOL. 

A pesar de todo, y sin saber si el requisito es que desaloje solo su vivienda o que todos los propietarios hagan lo propio para que el Consistorio tinerfeño comience a entregar las llaves, Sofía ha intentado echar a los okupas a través de Rekupera, una empresa de desalojos que está mediando actualmente entre los okupas y la propietaria. No obstante, según advierte el presidente y fundador de la compañía, Juan Víctor Mainer, el primer contacto con los usurparadores fue un fracaso y terminó por convertirse en una batalla campal.  

"Nosotros solo fuimos a hablar con ellos. Y todo fue bien, al principio. Llegamos a un acuerdo por el que nos comprometíamos a ayudarles si dejaban la casa. Les dejábamos un trastero en el que pudiesen guardar sus enseres, les pagábamos el transporte... Pero, de pronto, empezaron a llegar familiares de estos okupas. Nos empezaron a increpar y nos dijeron que de allí no se movía nadie. Al final, la cosa terminó mal y los antidisturbios tuvieron que ayudarnos a salir", sostiene Mainer. De hecho, la empresa ha denunciado a los okupas por las agresiones que ocasionaron tanto a Juan Víctor como a sus vigilantes de seguridad. 

No obstante, este empresario ha dado un paso más allá y se ha reunido con los técnicos de vivienda, encargados del plan de reurbanización de la zona, para pedirles una solución y advertirles de la brutal violencia a la que estaban expuestos los vecinos que vivían en Juan Ramón Jiménez, 2. Sin embargo, por ahora, no ha servido mucho. Los funcionarios se han limitado a argumentar que "las viviendas son de propiedad privada" y que, por tanto, "el desalojo no era responsabilidad de la Administración". 

Junta vecinal

La fachada de uno de los edificios de la urbanización.

"Estoy de acuerdo en que los edificios son de propiedad privada, pero están dentro de un terreno que se va a reurbanizar con dinero público. Y las viviendas nuevas también son públicas. Se van a poner la medalla, pero dejan en manos de los propietarios echar a los okupas. Lo más correcto sería que a través del organismo que fuese emitieran una orden de desalojo in extremis para que los vecinos pudiesen entrar a vivir en sus nuevas casas o que se personaran como parte en una causa judicial contra los okupas", apunta Mainer. 

El Ayuntamiento y la concejalía de Vivienda, cuyo titular es Juan José Martínez, se escudan diciendo que "este requisito no es nuevo" y que la okupación de las viviendas es un problema que llevan arrastrando los vecinos desde hace años y deberían haber solucionado ya, cuando queda apenas un mes para la entrega de llaves. 

Lo cierto es que los propietarios, a través de una junta vecinal que se conformó al inicio del proyecto, llevan varios años reuniéndose con el Consistorio con el objetivo de trasladarles todos los problemas que fueran surgiendo durante la construcción del edificio. Y la okupación, obviamente, no se les ha olvidado. No obstante, según reconocen fuentes vecinales, hay algunos propietarios "que prefieren ir a poco a poco con este tema, sobre todo por el miedo a las represalias de los okupas. Muchos siguen viviendo allí y tienen mucho miedo". 

Sea como sea, la realidad es que pese a los planes y promesas de la administración tinerfeña, los residentes de esta urbanización siguen viviendo en edificios llenos de deficiencias y ahora teniendo como vecinos a un gran número de okupas, que no solo están causando terror entre ellos sino que además ahora son el obstáculo para que los propietarios por fin logren entrar a su nueva vivienda. ¿Soluciones a corto plazo? Ninguna. "Como no hagan algo, la cosa ira a peor. Si la situación sigue así, terminarán okupando también el bloque nuevo", sentencia el fundador de Rekupera.