Nuevo récord de colocados por el Gobierno: 736 altos cargos, un 10,5% más en la España en crisis

Y en esas estamos. Mientras España se desangra por los costados, mientras que la tasa de paro ha aumentado en 2,5 puntos en 2020 sin contabilizar los ERTE -el tercer dato de Europa, superado sólo por Estonia y Lituania- y el paro juvenil llega al 40%; mientras que la deuda de la Administración llega a niveles de la guerra de Cuba, hay una oficina de empleo que crece y crece, como si nada la tocara: el Gobierno. Los niños bien podrían dejar de querer ser médicos de mayores, les iría mejor como altos cargos de ese gigante en el que se ha convertido el Estado.

Según un informe elaborado por la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública y que ha elevado al Congreso, el número de altos cargos del Estado ha batido un nuevo récord y se ha colocado en los 736 nombres en 2020. La cifra de esos profesionales de la cosa pública es un 10,51% más elevada que al finalizar 2019. Todos estos cargos costarán al contribuyente, al propietario de una empresa pero también al carpintero en paro, más de 50 millones de euros este año.

Esta cifra, que no se conocía hasta ahora, representa una cultura, una forma de hacer las cosas, que muchas veces pasa inadvertida por la ciudadanía debido a su carácter técnico, gris, hasta burocrático. Pero este hacer viene de lejos. Ha pasado con todos los gobiernos anteriores y se ha intensificado en el de coalición, dirigido por el PSOE y por sus amargos socios de Unidas Podemos.

EL ESPAÑOL ya contó cómo el actual Gobierno de Pedro Sánchez y su vicepresidente Pablo Iglesias ha multiplicado exponencialmente el número de asesores puestos a dedo de todos los ministerios, pasando de los 123 que había en 2011, cuando Mariano Rajoy llegó al Ejecutivo, a los 777 que había el verano pasado. También contó cómo se ha estado saltando la ley para nombrar directores generales: la norma establece que esos puestos deben ser ocupados por un funcionario, pero en el actual Ejecutivo hay 35 directores generales o similares que no lo son, pulverizando el récord de Rajoy quien en su última legislatura se saltó la norma 10 veces.

Pedro Sánchez, junto a los ministros de su Gobierno. EFE

Este asunto, el de los directores generales, ya está en el Tribunal Supremo y se espera que haya una sentencia a finales de febrero y a principios de marzo. Aunque es pronto para saber, todo apunta a que se impugnarán los nombramientos.

“Hace 40 años que en España hay una mala cultura política respecto a la Administración”, explica Jordi Solé, presidente de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca). “Han conseguido la colonización, dominarla entera con gentes de partido y con amigos, sin defender una Administración profesional que esté al servicio del país y no de sus intereses”, añade.

Batiendo el récord

Huelga decir que, independientemente de los fines que se persigan, en todos los gobiernos hacen falta altos cargos y asesores de confianza. Que sin Dominic Cummings, el excéntrico y recién defenestrado asesor del premier británico, Boris Johnson, el Brexit es posible que no hubiera sucedido. O que sin la actuación de Iván Redondo, el todopoderoso jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, no habría triunfado la moción de censura que le presentó a Rajoy ni el exministro de Sanidad Salvador Illa habría sido el más votado en las pasadas elecciones catalanas. El problema radica en cuando eso se convierte en norma y el Estado muta a una agencia de colocación.

A finales de 2014, la primera fecha en la que existen datos, el Gobierno de Mariano Rajoy contaba con 656 altos cargos, entre ministros, jefes de gabinete, directores generales, etcétera. Desde entonces, el número ha ido subiendo notablemente con la excepción de aquellos periodos en los que se encontraba en funciones, algo que en los últimos cinco años ha pasado dos veces, más que en toda la historia democrática.

La cifra más baja de altos cargos se alcanzó en junio de 2016, con 641. Quizás lo recuerden. Unos meses antes, en diciembre, hubo unas elecciones generales en las que, pese a no ser la lista más votada, Pedro Sánchez aceptó el encargo del Rey de formar Gobierno y lo intentó. En esa ocasión, Podemos, a quien aún le faltaba el prefijo de “Unidas”, decidió no votar a favor del candidato socialista, porque no se plegaba a sus condiciones, y prolongó el mandato del centro-derecha.

Rajoy alcanzó su pico de altos cargos en mayo de 2018, justo antes de ser desalojado de la Moncloa por Sánchez, vía moción de censura. De las primeras cosas que hizo Sánchez, más allá de cambiar el colchón donde dormía Rajoy, fue aumentar el tamaño de la administración y, en diciembre de 2018, por primera vez alcanzaba el récord de altos cargos, superando los 700 y colocándose en 707.

El actual presidente cambió de discurso rápidamente. Pasó del argumento que defendía que la urgencia era desalojar al corrupto Partido Popular y convocar elecciones, a intentar agotar la legislatura. Pero chocó con unos Presupuestos Generales que no le aprobaron y se vio obligado a convocar elecciones en abril de 2019 y, de nuevo, en noviembre del mismo año. Todo ese tiempo, el Gobierno se mantuvo en funciones y los altos cargos bajaron: a 684 en junio de 2019 y a 666 en el mes de diciembre.

Mariano Rajoy junto a José Luis Ayllón, quien fue su jefe de Gabinete. EFE

Y, entonces, llegó la coalición.

Ya se intuía, en los albores de la negociación entre Unidas Podemos y PSOE, que el Ejecutivo que iba a venir iba a superar en ministerios a todos los demás. Era imposible colmar las ansias de poder de los morados y las ganas de mantenerlo de los socialistas sin crear un Consejo de Ministros que prácticamente no cupiera en la mesa de Moncloa en la que se celebran las reuniones. Cuajó, finalmente, en 22 ministerios, un nuevo récord, y el número de altos cargos subió a 732 en junio de 2020 y, como si las cosas económicas fueran bien en el año de pandemia, aumentó aún más en diciembre, con 736.

Más de 50 millones

Esta cifra histórica habría pasado relativamente desapercibida, simbolizando sólo un Ejecutivo elefantiásico y punto, si no fuera por la pandemia del coronavirus y el desastre económico que ha supuesto. Ahí la herida se hace grande, no se entiende cómo la Administración puede crecer tanto cuando los datos económicos del país rozan mínimos.

El paro en 2020 ha aumentado en 2,5 puntos, casi el triple que la media del resto de países europeos, y, según Eurostat, casi el 40% del aumento del paro en la eurozona se ha concentrado en España. Cuatro de cada diez jóvenes españoles menores de 25 años están desempleados y la deuda pública -la que ha permitido que la cifra no sea aún mayor- ha alcanzado el año pasado 1,311 billones de euros. Se trata de una cantidad equivalente al 117,1% del PIB, algo que no pasaba desde 1902, en plena guerra de Cuba.

A pesar del amargo panorama económico, el Gobierno se ha permitido gastar en sueldos de altos cargos un total de 50 millones de euros, según figura en las partidas de los Presupuestos Generales de cada Ministerio. Los que más gastan son los de Justicia (16,8 millones), Transportes (7,33 millones) y Presidencia (2,7 millones). Y los que menos gastan son los de Igualdad (518.460 euros), Consumo (450.320) y Universidades (391.020).

El monto, sin embargo, es engañoso. El dinero real invertido en pagar sueldos a todos estos altos cargos podría ser el doble o, incluso, el triple. Pero el Gobierno lo oculta y no es transparente al respecto. Todos los trabajadores de un Ministerio, desde el ministro hasta el último funcionario, se benefician de un plus de productividad que hace engordar sus nóminas y que se reparte a discreción. Es decir: el que manda, decide sin ningún tipo de criterio objetivo y suele premiar a los cargos más altos.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, presentando los Presupuestos Generales del Estado para 2021. EFE

“Estamos viendo que a un administrativo le dan un plus de productividad de 1.000 euros pero, luego, a los cargos más altos, como a los asesores, el plus puede llegar a los 50.000 euros anuales”, comenta Javier Martínez, secretario de empleo de la Administración General del Estado de Comisiones Obreras. Su sindicato ha calculado que los conceptos de productividad y gratificaciones suponen 1.377 millones de euros y denuncian que el Ejecutivo oculta el reparto final del dinero. Han pedido las cifras a todos, y sólo les han contestado cuatro ministerios de los 22.

“Esto viene de antiguo, ha pasado con otros gobiernos de otros signos. Pero no debería ser válido en una sociedad democrática. Entendemos que, siendo este un Gobierno progresista, debería impulsar esta transparencia. Pero no estamos teniendo éxito”, comenta.

-¿Este modelo de reparto da lugar a premiar el amiguismo?

-Por supuesto. Encontramos que hay secretarías en las que hay cuatro personas y hay un favorito que recibe 4.000 euros de productividad mientras que las otras tres personas reciben 2.000. Es llamativo especialmente porque tienen la misma carga de trabajo y cumplen con la misma jornada. Nos hemos encontrado un caso de una persona que triplicaba el ingreso por productividad de sus otros dos compañeros.

-Denuncian, también, una cuestión de género...

-Hemos visto asesores, hombres, que rondan los 49.650 euros de productividad [teniendo en cuenta que el sueldo de un asesor es de 50.000, la productividad le permite duplicar su nómina]. Una mujer, en el mismo puesto y con el mismo trabajo, en cambio, percibe 34.300 aproximadamente. Supone una brecha de género importantísima por el carácter discrecional, más cuando tienes en cuenta que los puestos más altos son los que más reciben y la mayoría son hombres.

En los tribunales

Esta cultura y esta forma de hacer política, si bien es difícil de erradicar, podría encontrarse en los próximos días con un revés judicial. Sería la primera vez. Entre esos 736 altos cargos de récord que el Gobierno actual guarda en su haber, se encuentran las direcciones generales. Para aquellos no iniciados en esta cuestión, una Dirección General es el órgano que lleva a cabo las políticas que se deciden en los despachos del ministro de turno y debajo de las secretarías de Estado.

Para ser nombrado director general, según la ley, hace falta ser funcionario. Sin embargo, la misma norma guarda una excepción y, es que, si no se encuentra a ningún funcionario apto para desempeñar el cargo, entonces, y sólo entonces, se puede optar por alguien que no lo sea. En el último Gobierno de Rajoy, esta excepción se aplicó 10 veces. En el primero de Pedro Sánchez, 9. Ahora, Fedeca ha denunciado que el actual Ejecutivo se ha saltado la ley en 35 ocasiones. La denuncia ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo y la sentencia llegará a finales de febrero o principios de marzo.

“Hay muchas cosas que no se deberían hacer, pero son legales y no cabe más que la protesta. El caso de estas direcciones generales es que es directamente ilegal”, explica Jordi Solé, presidente de Fedeca. “No se dan las razones para que sea así y se hace para colocar a gente que interesa colocar. Es evidente que para todos los puestos hay funcionarios capacitados”, añade.

Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral y Alberto Garzón, tras las elecciones del 28-A. ADP

De las 35 impugnaciones, 23 son del PSOE y 12 pertenecen a ministerios de Podemos. Llama la atención que los morados representan la mitad de los dedazos cuando sólo tienen cuatro carteras en total, y es porque Podemos no tiene experiencia en la gestión y carece de funcionarios, por eso coloca afines. El Ministerio que más se ha saltado esta norma es el de Presidencia, con ocho excepciones, seguido del de Derechos Sociales, capitaneado por Pablo Iglesias, que presuntamente se ha saltado la ley en seis casos. Les siguen, con tres casos, los de Transición Ecológica, Cultura y el de Igualdad.

Hay muchos casos llamativos en estas 35 direcciones generales. Está el de José Ignacio Carnicero, Director General de Agenda Urbana y Arquitectura y amigo de la infancia de Pedro Sánchez desde que ambos fueron al colegio madrileño Ramiro de Maeztu juntos. Está también Sergio García, Director General de Derechos de los Animales, que no es funcionario sino activista vegano y miembro de Podemos desde sus inicios. O la directora general de Diversidad Sexual, Boti García, que tampoco es funcionaria sino activista LGTBI, y el de su exmujer, Beatriz Gimeno, que es directora general del Instituto de la Mujer. Así, hasta los 35 casos.

“Estamos esperanzados porque el Supremo está cambiando su óptica en esas cosas. Siempre los hemos impugnado y nos han dado la razón, pero sólo en cuanto a que no estaba bien argumentado. Entonces, el Gobierno respondía explicándolo en dos páginas en vez de en dos párrafos”, sigue Solé. “Ahora hemos dicho que lo que falta es calidad en la motivación, y van a tener que entrar a ver si se dan, de verdad, las causas para saltarse la ley así”, añade.

-¿Cree que de verdad va a cambiar algo?

-Tengo una cierta esperanza. Dentro de lo malo de la pandemia, a ver si con eso la gente por fin se da cuenta de que la Administración pública es un bien para todos.

Y, sin embargo, mientras la pandemia arreciaba, los altos cargos seguían aumentando: 736 nombramientos y 50 millones. Casi nada.