Un fiscal de Almería no pidió cárcel para ocho presuntos narcos por la endeblez de los indicios

El fiscal de un juzgado de Roquetas de Mar (Almería) no solicitó cárcel el pasado miércoles para ocho presuntos narcotraficantes, quienes habrían alijado 1.299 kilos de hachís, por la endeblez de los indicios que, a su juicio, la Guardia Civil presentó contra ellos.

Así se desprende de un informe elevado por el citado funcionario público a su superior a nivel nacional, el jefe de la Fiscalía Especial Antidroga, José Ramón Noreña. EL ESPAÑOL ha tenido acceso en exclusiva a ese documento, que consta de cinco páginas.

José Ramón Noreña mostró interés en el caso después de que el juez instructor enviase el pasado jueves, al día siguiente de que los narcos quedaran en libertad, un comunicado a través del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que argumentaba que “los jueces no pueden acordar la medida de la prisión preventiva si ésta no es solicitada por el ministerio fiscal”.

El togado subrayaba una obviedad a nivel procesal, pero no es corriente que los jueces se pronuncien de manera pública. Dichas palabras del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Roquetas, donde se instruyen las diligencias, se entendieron en los círculos judiciales y policiales como un reproche directo hacia el fiscal del caso.

“No solicitó el ingreso en prisión, por lo que el juez acordó su puesta en libertad provisional investigados por los delitos de organización criminal, tráfico de drogas, cohecho y descubrimiento y revelación de secretos”, añadía el comunicado del magistrado.

Entre los detenidos figuraba J. A. G., un guardia civil que, según los investigadores policiales, “habría consultado en las bases de datos policiales dos matrículas” a petición de C. I., un varón de origen rumano al que se le considera el líder de la citada organización de narcos.

Tras conocerse ese comunicado del juez, Noreña se dirigió a la fiscal delegada antidroga en Almería para conocer el trasfondo de los hechos. Ésta, a su vez, pidió al fiscal de Roquetas que redactara un informe de urgencia en el que expusiera los motivos de su actuación. Tras conocerlo, ambos le han respaldado su forma de proceder.

Razones

Dicho documento llegó a manos de Noreña a las 22.41 horas del pasado viernes. En él, el fiscal detalla que la primera fase de la operación de la Guardia Civil se llevó a cabo a finales de octubre de 2020. Las fuerzas policiales intervinieron una embarcación llamada 'Maria Izabela' que estaba atracada en el puerto de Aguadulce (Almería).

En ella se incautaron de 1.230 kilos de resina de cannabis. Se detuvo a seis personas, entre ellas dos varones que estaban dentro del barco. A ambos se les envió a prisión, aunque uno de ellos, M. D. S., salió meses después mediante el pago de fianza.

La investigación continuó adelante. La Guardia Civil analizó los terminales móviles intervenidos durante la operación en la que se produjeron los seis arrestos. Gracias a ello, los investigadores conocieron la presunta intervención en la trama de tráfico de hachís del agente J. A. G.

El 17 de febrero de 2020, el juez instructor autorizó la intervención de varios teléfonos móviles de otros sospechosos de integrar la organización. La medida contó con el informe favorable de la Fiscalía.

Sólo un día antes de ordenarse el pinchazo de varios teléfonos, los investigadores detuvieron a otros tres varones más por llevar consigo, dentro de un vehículo, tres fardos de hachís que acaban de descargar de otra embarcación (Gaviota) en el puerto de Aguadulce. 

“Como consecuencia de todo ello, y de las vigilancias que venían llevándose a cabo”, relata el fiscal en su informe elevado a Noreña, “la Guardia Civil relaciona ambas operaciones como provenientes de una organización criminal a cuya cabeza se situaría el investigado C. I.”.

"Convoca de oficio"

En la parte final de su informe, el fiscal de Roquetas analiza por qué no pidió prisión para los ocho presuntos narcotraficantes que fueron puestos a disposición judicial, entre los que no se encontraban los dos principales cabecillas de la banda, quienes se encuentran fugados.

El funcionario de la Fiscalía subraya hasta en cuatro ocasiones que el juez “convoca de oficio” la vistilla sobre el posible ingreso en prisión de los acusados, cuando la lógica procesal dice que ha de ser a instancias del ministerio público.

En el caso de tres de los detenidos, T. C., L. E. y J. A. C., el fiscal explica a su superior que “en base al infructuoso resultado de los registros domiciliarios practicados, y dado que su relación con los hechos investigados era tan débil (...), las medidas más adecuadas eran sin duda la libertad provisional con comparecencia en el juzgado cuantas veces fueran llamados, con prohibición de salida del territorio nacional y retirada de pasaporte”.

En el caso de los otros cinco acusados, el fiscal hace un análisis individualizado de cada uno de ellos en su informe elevado a la Fiscalía Especial Antidroga. Sobre I. L., una de las personas detenidas durante la primera intervención del alijo de 1.230 kilos en la embarcación Maria Izabela, dice que, “debido a que no se le investiga por ningún hecho nuevo, salvo haber coincidido con C. I. en una cafetería después de haber sido detenidos, y haber registrado su domicilio con el resultado infructuoso reseñado anteriormente, interesa el mantenimiento de las medidas que ya en su día fueron acordadas (libertad provisional con comparecencia los días 1 y 15, prohibición de salida del territorio y retirada de pasaporte)”.

Sobre A. I., otra mujer -también de origen rumano como I. L.- el fiscal argumenta que no pidió prisión para ella el pasado miércoles porque “se encontraba exactamente en el mismo sentido y circunstancias” que ésta. 

"Meras suposiciones"

Acerca de M. I. M., a quien se le registró un cortijo donde los investigadores se incautaron de joyas, dinero en metálico y varios vehículos, el fiscal explica que tampoco solicitó prisión para él debido a que “su imputación se basa, con todos los respetos y reconocimiento a la labor policial, absolutamente en meras suposiciones y sospechas policiales pero sin prueba objetiva alguna, sin que se haya podido acreditar a lo largo de la instrucción relación con ninguno de los actos de tráfico de sustancias de acuerdo con el resumen de hechos realizado”.

En el citado informe, el fiscal del caso señala sobre otro de los investigados, el guardia civil J. A. G., que “tras no haberse hallado ningún efecto relevante para la investigación en su registro domiciliario, no encuentra indicios suficientemente acreditados acerca del delito de cohecho imputado”.

Y continúa sobre la misma persona: “Si bien [este fiscal] entiende que la conducta acreditada de consulta de dos matrículas (...) pudiera considerarse como facilitadora para la vigilancia y comisión del delito contra la salud pública constatado el día 21/10/20, entiende que dicho indicio sería insuficiente para solicitar una medida tan gravosa como la de prisión provisional, con o sin fianza, teniendo especialmente en cuenta que el mismo carece de cualquier antecedente penal y no existiría riesgo de reiteración delictiva, máxime cuando ya se habría desarticulado además la presunta organización delictiva”.

Sobre M. D. S., el varón que salió en libertad con fianza después de pasar varios meses en prisión tras el alijo de 1.230 kilos de hachís, el fiscal de Roquetas argumenta que tampoco pidió prisión para él porque “ya fue detenido el 21/10/20 por su presunta participación en sendos delitos de tráfico de estupefacientes y pertenencia a organización criminal”.

El fiscal de Roquetas añade que la participación de este acusado en nuevos hechos "se remite a haber sido identificado por la Guardia Civil a bordo de otras dos embarcaciones sin acreditarse episodio nuevo alguno de tráfico de drogas ni ninguna otra actuación que pudiera calificarse como infracción penal”.

Banda internacional

La investigación, llevada a cabo por el Grupo OCON (Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico) de la Guardia Civil, es a un presunto grupo criminal entre cuyas funciones se encontraría no sólo el tráfico y transporte de hachís a gran escala mediante embarcaciones recreativas, sino también labores de logística, abastecimiento y aprovisionamiento de repostaje para embarcaciones de potentes lanchas del narcotráfico para introducir sustancias estupefacientes entre Marruecos y el sur de España.

Se investiga una posible red internacional de origen rumano y su conexión con otras organizaciones para presuntas exportaciones del hachís a otros países, principalmente Reino Unido.