De vivir entre ratas a recibir un piso: Jéssica llevaba 10 años sin casa por el terremoto de Lorca

Jéssica pasó varios meses durmiendo en una tienda de campaña militar, junto a su hijo, Jonatan, de 3 añitos, tras perder su vivienda un 11 de mayo de 2011 por culpa de los terremotos que asolaron Lorca. El 16 de mayo de 2019 el banco inició el desahucio de Jéssica para echarla de la vieja casa que un promotor le cedió después de los seísmos, mientras que no ejecutaba el plan urbanístico que incluía derruir la citada vivienda. Ni que decir tiene que Jéssica odiaba el mes de mayo porque nunca le traía nada bueno, hasta este viernes, cuando el Gobierno de Murcia le comunicó que iban a darle un piso nuevo en régimen de alquiler social.

"Me quedé bloqueada al recibir la llamada: pensé que era un sueño y no me lo podía creer", admite Jéssica, de 37 años, acompañada por su pareja, José Antonio, de 38 años. Estos lorquinos son una de las diez familias -sin recursos económicos- que se habían quedado en un limbo habitacional y administrativo, al no poder acreditar la propiedad de las viviendas que perdieron en el Barrio de San Fernando de Lorca: una de las zonas más afectadas por los terremotos del 11M.

"Aquel 11 de mayo me quedé en la calle con lo puesto", recuerda Jéssica. "Soy diabética desde los nueve años y cuando el terremoto dio la primera sacudida regresaba del servicio de urgencias: iba con 600 de azúcar y 39 de fiebre". Al llegar al Barrio de San Fernando lo primero que hizo fue buscar a su madre, Carmen, y a su hijo, Jonatan. "Las escaleras del bloque se separaron y había grietas: no pude subir a mi casa". Lo perdió todo y acabó en las instalaciones deportivas de La Torrecilla, donde la Unidad Militar de Emergencias montó un campamento para 1.400 personas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, entregando la llave de su piso a Jéssica y su pareja José Antonio. Badía

"Pasé tres meses durmiendo en una tienda militar, tres meses haciendo cola para un vaso de leche para mi hijo, tres meses esperando mi turno para ducharme...", relata todavía con un nudo en la garganta, cuando este martes 11 de mayo se cumplen diez años de la mayor tragedia que ha vivido la Región de Murcia: hubo nueve víctimas mortales, más de 260 heridos y se demolieron más de mil viviendas a lo largo de la ciudad lorquina porque presentaban daños estructurales.

"La casa donde me he alojado estos años me la cedió un promotor inmobiliario con la ayuda de un concejal", subraya al tiempo que muestra el documento que acredita sus palabras: "La cesión de uso del inmueble se hace de forma temporal y, como máximo, hasta cuando la propiedad de la misma la requiera a fin del cumplimiento de los objetivos urbanísticos a los que está destinada la parcela donde se ubica la vivienda". En este inmueble Jéssica dejó atrás las colas del campamento militar para sufrir otras penuarias junto a su pareja, José Antonio, y sus hijos, Jonatan y Nazaret.

Goteras y ratas

"No podíamos pagar el alquiler de una casa porque mi pareja estaba en paro y yo no puedo trabajar por mis problemas de azúcar: en los últimos cinco años me han ingresado cuatro veces en la UCI por mi diabetes nerviosa", detalla esta mujer. Esta familia solo disponía de los 200 euros de ayuda de los Servicios Sociales de Lorca y la comida de Cáritas, por lo que se ha visto obligada a vivir en una casa "en ruinas": tenía goteras, humedad, las ventanas estaban rotas, la instalación eléctrica es deficitaria y en los solares de alrededor hay serpientes y ratas.

"Hemos tenido ratas en el patio delantero y una vez la niña se encontró una muerta, flotando en su piscina hinchable", ejemplifica José Antonio. La pareja muestra a EL ESPAÑOL la citada casa donde la pintura de varias estancias se cae a pedazos porque la humedad campa a sus anchas. "Cuando llueve entra el agua por la terraza y cae por la pared del salón: tenemos que cortar la luz para que no se produzca un cortocircuito".

En las habitaciones los cajetines de las persinas están rellenos con cartón y una de las ventanas directamente tiene una lámina de madera porque carece de persiana. "Está destrozada y la tenemos así para que no nos entren a robar". En el aseo la bañera se mueve y en el retrete hay que echar cubos de agua. No hace falta entrar en más detalles.

"Las ventanas no aislan: en invierno hace frío y en verano calor", zanja José Antonio. Esta familia no puede encender el calentador durante mucho tiempo porque la instalación eléctrica es tan antigua que se sobrecarga y el enchufe en alguna ocasión ha comenzado a arder. "Mi hija, de 8 años, no sabe lo que es meterse en la bañera y encender el grifo: le tengo que calentar cazos de agua", se lamenta Jéssica sobre las penurias de su princesa Nazaret. Y su hijo, Jonatan, de 14 años, no conoce lo que es disfrutar de luz natural en su cuarto: "No tiene ventana".

El 16 de mayo de 2019, cuando Jéssica regresó a esta casa que le cedieron se encontró una breve carta con un único mensaje: 'Esta propiedad es del banco, no puede estar aquí, le han denunciado'. El plazo para marcharse era de 15 días, pero esta familia prefirió seguir en el inmueble como okupas a ojos de la Justicia: "Llamé a los juzgados y a los Servicios Sociales para decirles que no me iba a ir a la calle con dos niños: después de todo lo que llevaba sufriendo desde los terremotos me encontré una orden de desahucio".

Jéssica mostrando una ventana cerrada con una lámina de madera de la casa que le cedieron tras los terremotos. Badía

Diez familias

La situación de esta pareja era uno de los casos más extremos de diez familias que residían en el Barrio de San Fernando y que desde los terremotos del 11 de mayo de 2011 estaban viviendo de prestado: bien de alquiler, en casas de familiares, incluso de okupas.

"Estas viviendas se construyeron para familias desestructuradas tras una riada, ocurrida en 1973, y después de los terremotos algunos inquilinos no podían acreditar que eran familiares de los propietarios porque todo se remonta a tiempos de la diputación provincial: algunos no conservaban ni las escrituras", explica el exalcalde de Lorca, Fulgencio Gil, que en la pasada legislatura comenzó a abordar este problema.

"Los vecinos inviertieron sus indemnizaciones en levantar los bloques de pisos y a estas familias les reconocieron el derecho moral a una vivienda". Tras la reconstrucción de los 232 pisos del Barrio de San Fernando, la Comunidad Autónoma contaba con 18 inmuebles de libre disposición y una decena de ellos han ido a parar a familias como la de Jéssica y José Antonio.

"El Ayuntamiento hizo propuestas de adjudicación con informes de los Servicios Sociales y el Gobierno regional les ha entregado los pisos, a cambio de un alquiler social de 187 euros al mes", precisa Gil.

Este lunes, un día antes del aniversario más duro para Lorca y toda la Región de Murcia, sobre una alfombra azul dispuesta cerca del nuevo parque de San Fernando, se dieron cita estas diez familias para guardar la mejor cola de sus vidas: el presidente murciano, Fernando López Miras, les iba a entregar la llave de un piso nuevo. "¡Qué grande eres!", clamaba la primera de las afortunadas.

"Se van cerrando heridas que teníamos desde los terremotos", subrayó el alcalde, Diego José Mateos. "Es un día importante para diez familias que inician una nueva vida", resaltó el jefe del Ejecutivo, Fernando López Miras, que aprovechó su visita para anunciar la concesión de una subvención de 11,2 millones de euros al Ayuntamiento de Lorca que "permitirá abordar la recta final de la reconstrucción de la ciudad”.

La comparecencia del regidor socialista y del presidente popular escenificó el potencial que tiene la política cuando se dejan a un lado los colores de partido en beneficio del interés ciudadano. 

La entrega de las llaves fue el preludio de la emoción que sintió Jéssica cuando abrió la puerta del 2ºA, del Bloque II de San Fernando, y recorrió su nuevo domicilio con José Antonio y su hijo, Jonatan. "Este cuarto para mí y el otro que está lado de la habitación de matrimonio para mi hermana pequeña: para que no reniegue", bromeaba el chico. "Estoy ilusionado de volver a mi barrio porque aquí están mis amigos y puedo jugar al fútbol en el parque".

EL ESPAÑOL acompañó a la familia mientras visitaban por primera vez el que será su nuevo hogar. Jéssica disfrutaba de cada paso que daba por el suelo de tarima y a José Antonio se le iluminaban los ojos al ver todas las paredes pintadas de blanco impoluto: no había humedad, ni desconchones, ni agujeros en el techo.

"Me gustan los acabados de todo el piso, sobre todo, los cuartos de baño". Esta madre fantaseaba con la idea de que su pequeña Nazaret pusiera el tapón en la bañera reluciente para dejar correr el agua caliente, sin temor a que se queme el cable del calentador, y disfrutar de un baño con espuma con sus muñecas. En la visita a la cocina comenzaban a comprobar las tomas de agua mientras debatían cómo sería la distribución. "A ver si podemos comprar una vitro...", subrayaba Jéssica ahora que José Antonio por fin ha vuelto a encontrar trabajo como jornalero agrícola.

"Primero encontré trabajo y ahora tenemos un piso", resaltaba este currante con una sonrisa de oreja a oreja. "Me da alegría tener una casa sin problemas y sin una orden de desahucio".

Las diez familias que este lunes recibieron un piso tras diez años de espera. Badía

El drama de los barracones

Una década después de aquel 11M que estremeció a la Región de Murcia todavía existen varias familias que no han recuperado su domicilio. Desde el Ayuntamiento confirman que hay entre seis y ocho familias residiendo en viviendas modulares, junto a la barriada de San Fernando. 

"Esperamos que estas familias puedan abandonar pronto estas viviendas, mientras que ese momento no llega, desde la Concejalía de Servicios Sociales seguiremos ayudando para que puedan seguir en las mejores condiciones posibles", según indica la titular de ese área María Dolores Chumillas.

El Consistorio ha invertido recientemente 2.940 euros para llevar a cabo pequeñas mejoras en estos barrocones: "Las actuaciones han consistido en la reparación de los baños de dos de las casetas prefabricadas, con la sustitución tanto del solado de tarima como del tablero de base, además del arreglo de desperfectos en algunas cerraduras y otras roturas de trasdosados de yeso laminado".

Para las familias que residen en esas casetas prefabricadas la trágica resaca del 11M no ha terminado y ya han pasado diez largos años.