Los Mossos d'Esquadra han detenido a la presidenta y a otros dos miembros de la dirección ejecutiva de la Fundació CIBI, una entidad benéfica para niños vulnerables con cáncer, acusados de haber estafado cerca de un millón de euros mediante el desvío de fondos recaudados por la entidad. Los tres detenidos eran miembros de la misma familia.

Se les acusa de desviar fondos recaudados para apoyar a familias de menores con cáncer en situación de exclusión social. La causa, que investiga el Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona por un presunto delito de estafa, pretende aclarar si los imputados desviaban las aportaciones recibidas, destinadas a obra social, para su propio beneficio, un esquema con el que se habrían embolsado casi un millón de euros.

El jefe de la unidad de investigación del barrio barcelonés de Sant Martí de los Mossos d'Esquadra, Xavier Pereta, ha explicado que la entidad recaudó ese millón de euros en cuatro años a través de microdonaciones depositadas en las 12.000 huchas que tenía repartidas en establecimientos de Catalunya y del resto de España. Los detenidos, que supuestamente sustituían las huchas de otras fundaciones por las suyas, solo destinaron a ayudar a niños con cáncer o a sus familias unos 4.000 euros del millón recaudado, ha añadido Pereta.

La investigación, que ha contado con la colaboración del Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Cultura y Deportes, comenzó en 2017 a raíz de las denuncias de varias fundaciones benéficas dedicadas a ayudar a niños con cáncer, que alertaron a la Policía del funcionamiento "anómalo" de dicha entidad.

Los Mossos creen que la actividad ilícita comenzó cuando un clan familiar de origen venezolano constituyó la Fundación CIBI e inició una relación sociocomercial con otras asociaciones del mismo sector. Esta fundación tenía repartidas por comercios de todo el país unas 12.300 huchas para recoger donativos con los que teóricamente llevaban a cabo las campañas de ayuda a niños con cáncer y a sus familias.

No obstante, la Policía ha podido determinar que, entre 2017 y 2020, los investigados habrían recaudado cerca de un millón de euros en donaciones y aportaciones, de los cuales solo destinaron 4.000 a obra social, es decir, el 0,47% del total. En el marco de la investigación, el pasado lunes se llevaron a cabo varias entradas y registros en domicilios y locales, entre ellos la sede de la fundación, así como las viviendas de los imputados, a excepción de uno, que se encuentra en paradero desconocido, probablemente fuera de la Unión Europea.

La magistrada instructora y la Fiscalía han decretado medidas cautelares sobre el patrimonio de la fundación, cuyas cuentas corrientes han sido bloqueadas, y se han suspendido las actividades provisionalmente. Los tres directivos detenidos pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad con cargos y la prohibición de abandonar el país.

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