De pelear accidentes de tráfico a luchar contra los indultos: los 4 abogados de Vox que lo litigan todo

Lunes: Vox se querella contra Pedro Sánchez y Dolores Delgado por tráfico de influencias. Martes: Santiago Abascal viaja a Estrasburgo para denunciar al Parlamento Europeo en su conjunto por aceptar como eurodiputados a Carles Puigdemont y Toni Comín. Miércoles: el partido presenta una querella en el Tribunal Superior de Justicia catalán contra Roger Torrent y cuatro miembros de la mesa del Parlament por prevaricación y desobediencia. Jueves: Vox denuncia a Podemos por financiación irregular. Viernes: descanso.

Esta avalancha de querellas por parte de Vox sucedió la semana del 13 al 17 de enero de 2020. Resulta más que evidente que, desde hace años, el partido liderado por Santiago Abascal lleva a cabo una estrategia consistente en judicializar al máximo la política, interponiendo querellas de manera constante en todos los casos que puedan beneficiar políticamente a la formación. Normalmente, acaban en nada. Pero ahí queda el titular. Y el titular de esta semana lo dio el pasado lunes el portavoz de la formación, Jorge Buxadé, anunciando que Vox va a liderar la revuelta judicial contra los indultos a los presos del procés. Y a toda máquina se ponen los engranajes del equipo jurídico del partido.

El partido logró salir de la sombra política, tras años dando mítines con un megáfono y subidos a bancos en la calle, gracias a figurar en el juicio contra los líderes del procés. Ahí, todos los españoles pudieron ver a un aún desconocido Javier Ortega Smith como azote independentista y luego descubrieron que, además, era secretario general de un partido político y que incluso podían votarlo si querían. Ante el éxito de la estrategia, desde la directiva de Vox han llegado a repartir manuales a sus líderes locales incitándoles a querellarse contra todo aquello que les pueda servir políticamente.

Aunque la mayoría de querellas quedan en nada y son un gasto de tiempo, servicios y dinero público con el único objetivo de hacer ruido, lo cierto es que están personados en numerosos juicios en los que, cada vez que alguien declara, se hace daño a sus adversarios políticos. Dado el descontento generalizado respecto a los indultos, se avecina otra nueva batalla judicial muy rentable para Vox. Pero… ¿quién está detrás de ese equipo jurídico?

“No hemos explicado nunca quiénes forman parte de ese equipo y no lo vamos a hacer ahora”, declara a este diario, justamente, uno de los miembros del equipo jurídico. Lo cierto es que es algo etéreo. Sin embargo, tiene cabezas visibles muy reconocibles. La primera es el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, que desempeñó su labor al frente del equipo hasta que logró cargos institucionales. Ahora ha sido sustituido por Marta Castro, vicesecretaria jurídica del partido. Junto a ellos han destacado también Pedro Fernández, diputado de Vox, y Juan Cremades, asesor del partido en el Parlament catalán.

Entre los cuatro lideran -o, en el caso de Ortega Smith, han liderado- un equipo jurídico que el partido no quiere hacer público y que está formado por distintos letrados y procuradores externos y de máxima confianza. “A mí me llamó hace años Javier Ortega Smith, porque yo llevaba una serie de temas que tenían que ver con las ideas de Vox”, explica otro miembro. “Ninguno de los que están ahí, aunque vengan de fuera, figuran sólo porque sea un trabajo más. Tienen algún tipo de relación con el partido. Pueden estar en nómina o pueden ser afiliados o simpatizantes”, añade. “No creo que sean denuncias frívolas. Se quejan de que estamos judicializando la política. ¿Qué se creen? El presidente del Gobierno tiene que estar sujeto a derecho también”, apuntala.

La fuente cuenta que se trata de un equipo grande de profesionales contratados por el partido, que no se sabe siempre quiénes son, abogados en su mayoría, y que piensan las querellas y luego las dan a los procuradores, externos al partido casi todos, para que las presenten. Lo cierto es que lo que une a las cabezas visibles de la estrategia de Vox es que, la mayoría, no tiene experiencia previa en grandes juicios y ahora levantan cruzadas en las que denuncian hasta al Consejo de Ministros al completo.

Quizás esa falta de experiencia es la que hace que una y otra vez se den contra un muro. El partido anuncia cada querella pero luego no ofrece datos que permitan ver cuántas han presentado y cuantas han quedado en nada. Esta actitud ha sido reprochada por varios jueces, como Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional. Pedraz, cuando Vox denunció a Zapatero por colaboración con ETA, dijo que eran “meros fuegos de artificio destinados a adornar una querella ya de por si ayuna de todo sustento fáctico y jurídico”.

Ha vuelto a pasar esta semana. El Tribunal Supremo ha archivado la querella de Vox contra Pedro Sánchez y las ministras de Industria y Hacienda, Reyes Maroto y María Jesús Montero, en relación con la concesión de fondos de la SEPI a la aerolínea Plus Ultra. En su escrito, recriminan al partido no presentar indicios de delitos en su querella sino meros recortes de prensa que ni siquiera asumen como propios para evitar responsabilidades en caso de falsedad. Y el Supremo abronca a Vox: “La legítima confrontación política tiene otros escenarios propios para su realización, sin trasladar a la jurisdicción el control del ejercicio de los actos de gobierno”.

Sin embargo, el partido no ceja en su empeño de judicializar la política y, tras la manifestación en Colón del pasado domingo, auguran un futuro lleno de nuevas querellas. Repasemos, uno a uno, las cuatro cabezas visibles de este equipo jurídico de Vox.

Marta Castro

El principal rostro en el que hay que fijarse para describir el equipo jurídico de Vox es el de la abogada Marta Castro. Ella es el gran baluarte de la estrategia de las querellas y tiene un asiento en la directiva de Vox como vicesecretaria jurídica. Es la que más se presenta ahora en los juicios, tras desbancar a Javier Ortega Smith, que tras tener responsabilidades institucionales -es concejal en el Ayuntamiento de Madrid y diputado en el Congreso- ha pasado a un segundo plano en el banquillo.

Castro se licenció en Derecho por la Universidad San Pablo-CEU en 1995 y los últimos años de su carrera antes de entrar en Vox los desempeñó como abogada en la aseguradora MMT. Ella es el ejemplo perfecto de abogada curtida en juicios menores que ahora lidera grandes cruzadas en los tribunales. Así, en 2015 representó a la aseguradora en un caso contra el Ayuntamiento de Madrid por la caída de una rama en la vía pública y cuatro años después, en 2019, acudió al Tribunal Supremo para intentar parar la exhumación del dictador Francisco Franco.

Y es que ella, antes de llegar a Vox, no tenía ningún tipo de experiencia en querellas de ese tipo. Según páginas especializadas, aparece como abogada experta en responsabilidad civil, especialmente en el sector de la construcción. Ese mismo 2019 compaginó la denuncia al Consejo de Ministros con varios casos por accidentes de tráfico representando a MMT, según se puede consultar en las sentencias disponibles en el portal del Consejo General del Poder Judicial.

Ahora, Castro es la directora de orquesta de ese mar de querellas que es el partido. Según comenta la fuente del equipo jurídico, es la encargada de revisar cada una de las actuaciones judiciales y la que lidera el equipo que redacta los escritos que han de presentar los procuradores. Es un cargo poco conocido para el público general, pero de vital importancia para la estrategia del partido y suele salir junto a los líderes cuando escenifican la entrega de una nueva querella. Ella, sin embargo, también ha tenido que acudir a los juzgados como protagonista, y es que el pasado mes de noviembre tuvo que declarar como imputada por un delito de falsificación de documento público, según ya contó este diario.

Javier Ortega Smith

Antes de la aparición de Marta Castro, era sobre el actual secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, sobre quien recaía el peso de la estrategia de judicializar la política. Él era el encargado de buscar abogados y procuradores afines para llevar a cabo las querellas y de representar al partido en los juicios. Sin embargo, dejó esa tarea al entrar como diputado en el Congreso y como concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

El greatest hit judicial de Ortega Smith fue, sin duda, el juicio del procés donde aparecía como acusación popular junto al también letrado y concejal madrileño Pedro Fernández. El 14 de octubre de 2019 se produjo un hito en su carrera, cuando se conoció la sentencia contra los líderes independentistas: entre todos sumaban 89 años de cárcel. Ese golpe de efecto sin duda sirvió a la formación para entender que la estrategia funcionaba. Ese mismo año Vox entró por primera vez en las instituciones públicas.

Ortega Smith empezó a estudiar Derecho en la Universidad Complutense de Madrid pero, se acabó graduando en la de Alcalá. Más tarde, se diplomó por la Escuela de Prácticas Jurídicas de ICADE y montó un pequeño despacho en su casa, en un quinto piso del madrileño barrio de Chamberí que le regalaron sus padres.

La experiencia previa de Ortega Smith en la abogacía es similar a la de Marta Castro. Sus primeros juicios, en 2014, versan sobre gente a la que la Seguridad Social le ha negado la declaración de invalidez y hay uno en el que representa a un hombre que fue agredido y le consiguió una multa de 15 días por una falta de lesiones. También estuvo en algunos casos contra la MMT de Marta Castro por accidentes de tráfico. Quién sabe si ahí se conocieron y luego la fichó para Vox.

Esos juicios, Ortega Smith los compaginaba con los primeros que hacía en nombre de Vox, como cuando en 2015 llevó un recurso contencioso administrativo contra la Junta Electoral Central porque no dejaba que el partido presentara su candidatura a unas elecciones con la bandera de España. No fue hasta 2017 cuando entró en el juicio del procés que tanta gloria le trajo después.

Pedro Fernández

A Pedro Fernández el público general lo oteó por primera vez como abogado número dos de Vox, sentado al lado de Javier Ortega Smith en el juicio del procés. Luego, el público lo conoció del todo en el Ayuntamiento de Madrid, donde es concejal, cuando llamó enfermos a los homosexuales. Se ha consagrado ya como uno de los principales referentes del equipo jurídico del partido, llevando algunos casos muy importantes.

De origen zaragozano, pero residente en Madrid, paradójicamente, el primer trabajo que se le conoce es el que desempeñó como abogado de Izquierda Unida en el municipio madrileño de El Escorial. Ahí estuvo trabajando hasta 10 años, de 1997 a 2007. Este diario ha contactado con la formación política y no recuerdan una actividad de demasiados juicios, sino que tenían una empresa contratada para los servicios típicos de cualquier abogado, como pueden ser contrataciones y redacción de escritos, y era a Pedro Fernández al que mandaban. Nunca tuvieron ningún problema con él.

Después de Izquierda Unida, en el registro del Consejo General del Poder Judicial aparece en casos menores, como delitos de lesiones e incluso estuvo en juicio por un arañazo a un vehículo. Uno de los casos más grandes que llevó se produjo en 2016, cuando varias aerolíneas demandaron a su defendido, que tenía una agencia de viajes y se quedó durante dos meses con el dinero que los clientes le pagaban por billetes como intermediario.

Sin embargo, Fernández entró en Vox desde sus inicios y llegó a ser detenido en Gibraltar cuando el partido fue a colocar una bandera española en 2016, en un ejercicio de propaganda. Más allá del procés, también ha estado como acusación popular en juicios mediáticos. Destaca el caso de Rodrigo Lanza, el joven que fue declarado culpable por asesinato tras una pelea en un bar que se desató porque el agredido llevaba unos tirantes con la bandera de España.

Juan Cremades

El más desconocido y, sin embargo, tan importante como los demás por los juicios a los que asiste, es Juan Cremades. Este joven abogado catalán es militante de Vox desde 2014 y ahora actúa, además de como letrado, como vicepresidente provincial de Vox en Barcelona. También zaragozano de origen, es licenciado en Derecho por la Universidad Internacional de Cataluña en 2013 y se sacó un máster en Derecho Laboral durante los dos años siguientes. A pesar de su cargo en el partido, también es asociado de un despacho ubicado en Barcelona.

A pesar de su corta trayectoria como letrado, ya ha estado en juicios muy mediáticos de la mano de Vox, siempre a las órdenes de Marta Castro y dirigiendo a los procuradores de confianza. Ejerció como abogado en el juicio contra los miembros independentistas de la Mesa del Parlament catalán, pero su gran victoria fue, sin duda, su participación como letrado de la acusación particular en el juicio que acabó con la inhabilitación del expresidente catalán, Quim Torra.

Esa lealtad al partido y los buenos resultados que ha dado en la estrategia judicial, le ha valido para ser contratado como asesor en el parlamento catalán. Tras las pasadas elecciones autonómicas en Cataluña, se conoció en el mes de mayo que pasaba a asesorar jurídicamente, como asistente de nivel 4, al grupo liderado por Ignacio Garriga.

Cremades, Ortega Smith, Fernández y Castro, los cuatro, encarnan el espíritu de la estrategia de querellas que sigue Vox. Casi siempre, todo acaba en nada más que una bronca de los jueces pero acaparan titulares en la prensa al presentar sus acciones. Además, gracias a ello se pueden apuntar tantos como la condena del procés y la inhabilitación de Torra. La próxima batalla empieza ahora con los indultos. No será la última ni la más importante, será una más.