Jamás imaginó Juana Rivas que 17 años después de conocer en Londres al italiano Francesco Arcuri y padre de sus dos hijos de 15 y 7, tendría que llevar una pulsera telemática para ir al supermercado o a la farmacia. Tampoco que no los vería crecer ni viviría con ellos.
Nunca lo imaginó, pero es la realidad de Rivas, más conocida como la madre de Maracena (Granada). Pasa los días en su casa como si estuviera confinada por la Covid-19.
Realmente no lo está, como ningún español, pero ella tiene una obligación que le impide hacer vida normal: la condena de dos años y medio de prisión que le impuso el Tribunal Supremo por no haber entregado a sus hijos al padre en el verano de 2017, cuando él ya tenía la custodia provisional.
Rivas cumple esta condena en su domicilio desde el pasado 15 de junio, cuatro días después de ingresar en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada y obtener el tercer grado. Por sus circunstancias judiciales y personales pudo serle aplicado el artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario.
Sale lo imprescindible, para hacer sus tareas habituales, pero sin nada de ocio. No puede quedar con una amiga para tomar un café, cenar o ir al cine, y siempre está vigilada telemáticamente. Además de portar esta pulsera, que se coloca en el tobillo, cada 15 días es requerida para realizar un control presencial en el CIS en la que una serie de psicólogos le va haciendo una evaluación.
Sin embargo, sí puede ir a ver a un familiar enfermo, ir a una cita médica o recibir visitas en su casa. "El régimen que tiene que cumplir es muy flexible y puede tener contactos con amigos o conocidos porque no pertenece a ninguna organización criminal. Simplemente cometió un error para defender a sus hijos", pone como ejemplo su abogado, Carlos Aránguez, en conversación con EL ESPAÑOL.
Su refugio artesanal
Su único refugio, donde logra relajarse y evadirse de su realidad, es un pequeño taller que ha habilitado en su casa para sacar adelante su proyecto empresarial de artesanía. La iniciativa se llama Los baúles de Juana y trabaja por encargos. Los pinta y les escribe frases personalizadas cargadas de positividad. "Los hace muy bonitos. Es una persona muy creativa", asegura su letrado.
Juana Rivas, junto a sus hijos en una imagen de archivo.
La necesidad que tiene Rivas para su reinserción es mínima. "Aunque cometió ese error de no entregarle los hijos al padre cuando correspondía, lo hizo para proteger a sus hijos y ha aprendido que sus actos tienen consecuencias". Aránguez insiste en que, desde el punto de vista humano, es "una motivación fácil de comprender".
Esta es la postura que ha compartido la Junta de Tratamiento de ese CIS y la Fiscalía del Supremo en su momento, a excepción del juez Manuel Piñar, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Granada, quien arcodó su entrada inmediata en prisión. A juicio del abogado, lo hizo desatendiendo el recurso presentado contra este auto por su "manifiesta imparcialidad".
El error de la sustracción
A raíz de aquel error, en verano de 2017, comenzó su lucha para no devolverle sus hijos al padre y se llevó 33 días en paradero desconocido. Basaba su acción en que éste había sido condenado por un delito de lesiones en el ámbito familiar en 2009. Posteriormente Rivas interpuso varias denuncias entre 2016 y 2018 y las italianas se han archivado todas.
Quedan tres pendientes, pero, según el abogado de Arcuri, Enrique Zambrano, tienen el mismo final. Zambrano también destaca que existen partes médicos de lesiones por ambas partes y que lo ocurrido en 2009 fue "un hecho puntual".
"De más de un centenar de resoluciones penales y civiles, Rivas no ha ganado ninguna", asegura. De hecho, es Arcuri quien actualmente con sus hijos en Cerdeña donde regenta un negocio turístico y está a un paso de conseguir la custodia definitiva.
Pasaron 14 meses desde que se los llevó, supuestamente para pasar unas semanas de vacaciones en España, hasta que se los entregó -para ello Arcuri viajó a Granada- envuelta en un gran halo mediático que llegó a la Junta de Andalucía e, incluso, a Moncloa. Juana Rivas contó, al principio, con el apoyo prácticamente de todo el país, incluido el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la expresidenta andaluza, Susana Díaz.
Francesco Arcuri el día en que compareció en sede judicial, cita a la que no asistió Juana.
A esta última Arcuri llegó a denunciar por difamación al salir en su defensa en las redes sociales. "Todos somos Juana Rivas" o "Juana Rivas está en mi casa" se escuchaba en manifestaciones o se leía en conversaciones de WhatsApp.
Pero el tiempo y todos los reveses judiciales que fue recibiendo tanto aquí como en el país transalpino fueron desvirtuando su figura, la de la madre coraje. Un informe emitido por una perito psicóloga italiana sobre la familia Arcuri Rivas fue clave en el proceso. Además, según Zambrano, en una de las denuncias llegó a dar hasta 11 versiones de un mismo hecho.
En su informe, a Rivas la tildaba la perito de persona con "un funcionamiento mental patológico" y gran capacidad de "manipulación", sobre el padre aseguró que tenía dificultades para expresar sus sentimientos. Y lo peor, los dos hijos se encontraban "en una situación psicológica extremadamente difícil" y con "profundo sufrimiento".
El indulto
También jugaron en su contra las decisiones tomadas al ponerse en manos de Francisca Granados, conocida como Paqui, directora del Centro de la Mujer y responsable de Igualdad en el Ayuntamiento de Maracena. Tras recibir su atención, el 12 de julio de ese mismo verano presentó una denuncia de malos tratos contra Arcuri que finalmente no tuvo fundamento. Fue cuando el viento comenzó a virar en su contra hasta la realidad que vive en estos momentos.
Sólo le queda la esperanza de ser indultada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a petición de su letrado, "al cumplir todos los requisitos porque sólo pretendía proteger a sus hijos". Por el momento, éste ve viable su concesión y una parte del Gobierno central, en concreto la ministra de Igualdad, Irene Montero, pide "justicia feminista" para ella. Aránguez cree que "cumple con todos los requisitos y criterios de la Ley del Indulto".
En su petición incluye la eliminación de las penas de cara a sus hijos y quitarle la patria postestad al padre, al que ha abonado los 12.000 euros en la cuenta del juzgado, que el juez le impuso en concepto de responsabilidad civil. Una cantidad que ha obtenido, en parte, gracias a pequeñas donaciones de numerosas personas.
Sin embargo, la Fiscalía de Granada y el titular del Juzgado de lo Penal 1, que la condenó en primer lugar, se oponen a la concesión esta medida de gracia. Ven contradictorio que alegue ahora un supuesto arrepentimiento, pero a la vez proclame "a los cuatro vientos que volvería a hacerlo".
No obstante, la Fiscalía, el mismo viernes cuando se hizo público su informe, pidió que no se tuviera en cuenta porque la competencia para decidir sobre este asunto es de la Fiscalía del Tribunal Supremo. No suya.
En cualquier caso, por el momento tendrá que esperar en su casa con una pulsera telemática que no puede perder de vista durante gran parte del día. Mientras tanto, se refugia en sus baúles que pinta a mano para evadirse cuando su situación la supera.