La Audiencia Provincial de Elche se ha convertido en una especie de cárcel virtual para la vida de Farkhad Abassov. Este empresario acaudalado de Azerbaiyán se ha arruinado porque tiene todo su patrimonio embargado, a causa de un pleito que jamás se celebra y cuyas diligencias se retrotraen a cuatro querellas interpuestas en el lejano 1999. "Llevo esperando 22 años a que me juzguen", lamenta Farkhad porque ha pasado de disfrutar del éxito empresarial y de una vida a todo trapo, a bordo de yates, a malvivir con una pensión mensual de 560 euros.
"Quiero que se celebre ya el juicio", insiste con desesperación este azerbaiyano de nacimiento, pero español de corazón. El infierno judicial de Farkhad comenzó tras instalarse en Ciudad Quesada, una enorme urbanización del municipio alicantino de Rojales, marcada por la fuerte presencia de extranjeros debido a su gancho turístico y de ocio que va desde la laguna de La Mata, a las playas de Guardamar del Segura, pasando por el campo de golf La Marquesa o el parque acuático Aquapark.
"En Azerbaiyán hice dinero como empresario petrolífero y decidí venirme a vivir a España porque era un país que me gustaba". En 1993, nada más instalarse en la provincia alicantina, montó un restaurante, y después comenzó a invertir en el sector inmobiliario: sus negocios iban viento en popa como su fortuna. "Tenía diez empleados en el restaurante y comercializaba casas para rusos en Moscú". Farkhad vivía con su mujer y su hija en un chalé, conducía coches de alta gama, lo tenía todo, menos un yate, y decidió encargar uno. Ahí empezaron sus problemas.
"En 1997 le compré al dueño de un astillero un yate que ahora costaría 2,7 millones de euros". Un par de años después, Farkhad regresó a esa mercantil para encargarle que le vendiesen esa embarcación y con ese dinero que le construyesen otra mucho más grande. "Lograron vender el yate y al final, me hice amigo del empresario del astillero, entonces me hizo una propuesta: ser su socio comprando un porcentaje de dos sociedades dedicadas a construir barcos de lujo".
Este azerbaiyano -con olfato para los negocios- encontró tentadora la propuesta porque incluía una concesión administrativa para explotar un hangar-taller donde reparar barcos en el puerto de Guardamar del Segura; una nave para construir embarcaciones; tenía el molde de un yate y otros catorce encargos pendientes con entregas económicas a cuenta... A priori, los beneficiones serían de miles de millones de pesetas.
Un molde de una embarcación de lujo de las sociedades en las que Farkhad compró participaciones.
En mayo de 1999, Farkhad y un amigo suyo, un empresario ruso, pagaron 170 millones de las antiguas pesetas para hacerse cada uno con el 25% de las citadas sociedades dedicadas a la construcción, reparación, mantenimiento, alquier y venta de embarcaciones y complementos.
"Yo tenía pasta", subraya coloquialmente y con nostalgia, mientras admite en el bufete de su abogado -en Murcia- que aquella operación fue desastrosa: "Me engañó, esas sociedades solo tenían deudas". Llegado este punto del relato toma la palabra su abogado defensor, el prestigioso penalista Javier Verdú, se ocupa de resumir la supuesta realidad que se encontró Farkhad tras cerrar aquella operación:
"Mi cliente pasó a integrar una administración mancomunada y descubrió que el empresario tenía un testaferro: los anticipios de los barcos encargados, por 1.000 millones de pesetas, se cobraron en metálico y no figuraban en la contabilidad; había préstamos hipotecarios pendientes; una deuda con proveedores de 214 millones; se debían los salarios de los cincuenta empleados; el famoso molde del yate era propiedad de un tercero...".
El letrado toma aire y prosigue: "La concesión administrativa para reparar barcos en el puerto estaba resuelta desde 1998, por incumplir los plazos de licitación porque la nave-taller no estaba construida...". La guinda a semejante panorama eran las facturas de luz y teléfono sin abonar.
"Desde entonces he ido perdiendo mi vida: tuve que vender mi restaurante, pedir préstamos para pagar las nónimas de los empleados, las facturas a los proveedores y construir la nave para hacer los barcos", relata este jubilado que mantiene el característico acento de su país, pese a llevar décadas residiendo en suelo alicantino.
Cruce de querellas
Farkhad denunció a su socio por apropiación indebida de 1,2 millones de euros y la respuesta del astillero fue presentar cuatro denuncias. En el cruce de querellas hubo suerte desigual. El magnate de Azerbaiyán vio como sus acciones legales eran sobreseídas, mientras que las del empresario español se tramitaban hasta eternizarse, según expone, el letrado Javier Verdú: "Las querellas se presentaron en distintos juzgados de Elche y Torrevieja en 1999, de forma que no se unificaron en un solo proceso judicial hasta que en 2002 se inició el procedimiento abreviado".
Esos tres años solo fueron la punta del iceberg de la tramitación judicial de un caso cuya demora es de por sí una condena para Farkhad. "La Fiscalía y la acusación particular no presentaron sus escritos acusatorios hasta 2005; después pasaron tres años para que en 2008 se emitiese el auto de apertura de juicio oral; luego fueron necesarios diez años para que en 2018 la Audiencia Provincial de Elche se pronunciase sobre las pruebas admitidas a la vista oral...", enumera el abogado mientras consulta sus anotaciones porque de lo contrario es imposible relatar las vicisitudes de este proceso. "Suma ya 10.000 folios y creo que veinte tomos".
El prestigioso letrado murciano Javier Verdú.
La tramitación del caso es un bucle que jamás desemboca en la celebración del juicio: "La fecha de la vista oral se ha fijado cuatro veces y las cuatro ocasiones se ha suspendido por distintos motivos". El penalista repasa la instrucción judicial en su despacho -frente a la Ciudad de la Justicia de Murcia- y asegura que se han producido supuestos errores de peso: "A mi cliente, le acusan de delitos no investigados, sobre los que no se le ha tomado declaración, pero es lo que hay".
El asunto no es baladí porque la acusación particular que ejerce el empresario astillero que le vendió a Farkhad la participación en las dos sociedades, le pide 26 años de cárcel y la friolera de 6 millones de euros. Todo ello, en atención a delitos de administración desleal y contra la propiedad industrial, apropiación indebida, daños contra la propiedad, delito societario, coacciones y usurpación de inmueble.
La clave de la acusación contra Farkhad, según el escrito de calificación provisional de la Fiscalía emitido hace tres lustros, se centra en que creó una tercera sociedad dedicada al sector astillero a la que desvió la maquinaria, los moldes y diseños, incluso a los empleados de las dos sociedades donde compró un porcentaje. El presunto objetivo de esa operación era desviar la actividad de fabricación de barcos de lujo para beneficiarse económicamente, perjudicando al empresario español.
No cabe duda de que el relato de uno y otro son como la noche y el día. La última palabra la debe tener un magistrado, pero el juicio nunca llega y en este caso se cumple el refranero popular: 'Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía".
Delitos prescritos
A esta situación kafkiana se suma otro dato llamativo que aporta el abogado defensor de este empresario jubilado: "Los hechos por los que investigan a mi cliente están prescritos por dilaciones indebidas, ya que desde el 26 de julio de 2012 al 21 de julio de 2018, no se practicó ninguna diligencia que interrumpiese el cómputo para declarar prescritos los ilícitos".
Verdú añade más leña: cuando se interpusieron las querellas no había entrado en vigor la reforma del Código Penal, de forma, que no se habían ampliado los plazos de prescripción legal. "Los delitos de daños, coacciones y contra la propiedad industrial prescribieron en 2011", ejemplifica. Y así se lo ha hecho saber el letrado a la Audiencia Provincial de Elche, a través de un escrito, en el que solicita la prescripción de todos los delitos que le imputan a Farkhad.
Uno de los barcos de lujo fabricados en las sociedades que son objeto del proceso judicial.
Tan vieja es la causa que el empresario muestra a este diario fotos de papel para explicar la actividad del astillero que pasó a mejor vida. La Fiscalía respondió al citado escrito de Verdú informando positivamente a su petición: "Se adhiere parcialmente a la cuestión previa planteada por la defensa de Farkhad Abassov, exclusivamente, en orden a la prescripción de los delitos".
El escrito del letrado que defiende al empresario y la respuesta del Ministerio Público datan del verano de 2019, pero a fecha de hoy la Audiencia Provincial de Elche no se ha pronunciado. Tal panorama lleva a Javier Verdú a realizar una reflexión tan lapidaria como obvia: "No podemos estar veintidós años en una situación de indefinición permanente, mi cliente tiene que saber de una vez si entrará o no en prisión".
Ochenta testigos
Durante la instrucción ha habido 'víctimas colaterales', ya que en las cuatro ocasiones que se ha fijado la fecha del juicio y se ha vuelto a suspender, han sido emitidas y canceladas las citaciones de ochenta testigos: trabajadores de las mencionadas sociedades, peritos, guardias civiles...
El penalista murciano, ante la desesperación de su cliente, lo último que hizo en octubre de 2020 fue presentar un recurso de reposición solicitando que se celebrase el juicio, sin citar a los testigos a la primera sesión, con el objetivo de abordar como cuestión previa la prescripción de los delitos. Este recurso también obtuvo el silencio como respuesta de la Audiencia.
La versión que el magnate arruinado ofrece a EL ESPAÑOL es lo que está deseando contar en sede judicial desde hace más de dos décadas. "Quiero ser juzgado", zanja con convicción a sus 78 años. Posiblemente, ningún ciudadano de este país que se enfrente a una petición tan elevada de prisión sea capaz de hablar así, pero es que este hombre se siente "inocente" y quiere pasar página a esta causa judicial que está atormentando casi un tercio de su existencia.
- Farkhad, en lo personal, ¿cómo le ha afectado esta demora judicial?
Mi empresa de barcos de lujo no funciona desde el año 2004. Tengo embargados más de 300.000 euros porque no se celebra el juicio, eso me ha impedido montar nuevos negocios para retomar mi actividad como empresario y ahora tengo que apañarme con una pensión de jubilación de 560 euros mensuales. Me he divorciado y mi hija me tiene que ayudar a pagar el alquiler del piso. Además, tenía un problema cardiaco que se me ha agravado con el estrés de este caso: llevo años levantándome a diario, con los nervios de pensar si iré o no a la cárcel.