Arancha, la madre de un menor del macrobrote de Mallorca que acorrala a la jefa de Salud balear

Sin embargo, esta abogada atiende a EL ESPAÑOL y siente hoy que el tiempo le va dando la razón, aunque sea a nivel jurídico. La primera vez fue al tumbar el decreto del Govern que ordenaba los confinamientos en el hotel covid de Palma de Mallorca a finales de junio. La segunda, la admisión de la querella que presentó contra la misma administración autonómica y que ha echado a andar en los juzgados con la imputación de la directora de Salud Pública del Govern balear, María Antònia Font Oliver por presunta prevaricación y detención ilegal.

Nada más conocerse la imputación, el Govern ha emitido un comunicado mostrando su “respeto a todas las actuaciones del poder judicial” y ha reiterado su “total disposición para cualquier requerimiento por parte de los tribunales”. Sin embargo, ha matizado que ese respeto “es compatible con la defensa y el apoyo a la actuación de la Direcció General de Salut Pública de la Consellería de Salut i Consum”.

Considera el que la actuación para controlar el macrobrote de contagios fue “proporcionada y siempre pendiente del criterio fundamental de la Administración: la defensa y la protección de la población”. También ha recordado que los jueces desestimaron las peticiones de habeas corpus “y que los casos detectados en los días posteriores a la liberación de los estudiantes” reafirman sus decisiones.

Lo cierto es que no había ni evidencias ni gestión previa alguna para determinar que fueran contactos estrechos, tal y como estimó el juzgado que ordenó la “liberación” de los jóvenes. El traslado fue forzoso, y en el hotel covid, además, dos del grupo de 28 menores gaditanos a los que ahora representa acabarían contagiándose. Otros cuatro lo hicieron en el ferry que los llevó a la península. “Un ferry burbuja, dijo el Govern. Era mentira. Allí viajaron todos mezclados y sin ningún tipo de control. Y lo sabemos porque al salir de Palma se les hizo a todos una nueva PCR y dieron negativo”, comenta De la Fuente.

La abogada insiste en que “yo respondo por mi grupo. Por los 28. Lo que hicieran los demás en el hotel o fuera de él no lo sé”. A los 28 se les acusó de perpetrar de actos vandálicos durante su estancia. Ella ya tiene por escrito como prueba que el director del hotel que advierte, firmando con su DNI, que el comportamiento del grupo fue “ejemplar”.

Antes de viajar “a los padres se nos ofreció hacerlo una semana antes y nos negamos, precisamente por el macro concierto de reguetón". Celebrado el 15 de junio, contaba con todos los permisos administrativos y luego fue considerado un foco de contagio. “Todo consta en el chat de padres, y precisamente viajaron en esas fechas porque no queríamos que fueran a ese concierto”.

Los menores llegan el día 25, viernes, con pruebas de antígenos negativas. “Ya entonces nos dicen que están reteniendo a estudiantes, por lo que como medida de precaución, se quedaron sin salir”.

Al día siguiente, el 26, se marchan a hacer actividades deportivas al aire libre, y al regresar a la hora de comer, se encuentran con que los trasladan a todos a una planta, “y ponen en la puerta de las habitaciones a agentes de la Guardia Civil y ambulancias en la puerta para trasladarlos”.

Así aguantaron día y medio. La única vez que Arancha habló con las autoridades sanitarias fue para que la amenazaran con llevarla a Fiscalía. “Me dijeron que al negarme al traslado estaba cometiendo un delito contra la salud pública y que se pondría en conocimiento de Fiscalía de Menores. Yo respondí que efectivamente, deberían poner esta situación en su conocimiento, y cuanto antes. Y que además los iba a denunciar y que solicitaba información y hablar con un responsable. El tono del interlocutor bajó bastante y me respondió que solo era un mandado” .

La noche del domingo los jóvenes claudicaron por las presiones y la nula información. Los trasladaron al hotel covid y al llegar todos dieron negativo en antígenos. “También les dijeron que si daban negativo podrían regresar a su hotel, y era mentira. Les engañaron”.

Frase clave

Hay una frase que es la clave judicial. “Que todas las personas que han participado o están participando en los viajes de fin de estudios a Mallorca y en las diferentes actividades alrededor de ellos, sean considerados contactos estrechos”. Aparece en la orden oficial que emite el Govern para justificar los traslados y los confinamientos, un documento rubricado por Font Oliver, al que ha tenido acceso este medio. Lo firmó el 27 de junio. Posteriormente fue tumbado por el juzgado de lo contencioso a petición de Arancha. “Se tomó como el hecho causante de la medida sanitaria adoptada la mera participación en dichos viajes, y no un procedimiento de rastreo de COVID-19 realizado de acuerdo a los correspondientes protocolos científicos”.

Pero las retenciones al grupo de menores en el Hotel Cassandra, por orden del Govern, tuvieron lugar un día antes de que se emitiera la orden. Luego, los confinamientos solo afectaban a estudiantes españoles, ni a los extranjeros en viaje de estudios ni a los trabajadores del hotel, tal y como ha expuesto Fiscalía. “Los extranjeros bajaban a la piscina y disfrutaban del bufet. Fue absolutamente arbitrario”.

En el hotel covid, a los 28 se les hizo un test de antígenos, que dio negativo a todo el grupo y una PCR. “Los chicos de la habitación colindante les decían que eran positivos, fumaban en le balcón y les echaban el humo, les llamaban a la puerta y les tiraban cubos de agua… todos los comportamientos lamentables que allí ocurrieron y que todos pudimos ver”. Ante esa tesitura, los padres exigieron los resultados de las PCR cuyos resultados no les dieron, pese a exigirlos, hasta dos días más tarde. Todas las pruebas les dieron negativo.

Para Arancha, sin embargo, no hay satisfacción en lo que está logrando, como David frente a Goliath. “No hay nada que celebrar. Lo que pasó fue una mierda, y esto no es una victoria. No se puede celebrar lo que no debería haber ocurrido”.