Arrancarle un ratito a Juan Franco, el alcalde de La Línea, para que atienda a EL ESPAÑOL es complicadísimo. Y no porque él no quiera, sino porque no puede. “Discúlpame no haber podido atenderte antes, es que estoy con mil cosas”. De las novecientas noventa y nueve que no menciona se encuentra que en su ayuntamiento no hay asesores, ni cargos de confianza ni gabinete de prensa. Tampoco chóferes ni guardaespaldas. Todo lo autogestionan tanto él como sus veinte concejales.
El alcalde es funcionario de clase A en excedencia en el mismo Ayuntamiento que hoy lidera. Era el jefe del Área Tributaria y decidió presentar su candidatura harto de ver cómo su ciudad siempre aparecía en los escalafones negativos. Gestionó él mismo la campaña electoral que le hizo convertirse, en 2015, en alcalde, aunque en coalición con el PP. Nada más llegar revolucionó las cuentas e hizo una serie de recortes para enjugar la enorme deuda que arrastraban las arcas municipales (177 millones de euros) para poder realizar inversiones. Lleva varios años dejando las cuentas con superávit.
Cuando llegaron las elecciones de 2019, arrasó. Se convirtió en uno de los tres alcaldes más votados de España en ciudades de más de 50.000 habitantes, sacando 21 concejales de los 25 que componen la Corporación Municipal de La Línea. Siete de cada diez del pueblo metieron en la urna la papeleta de 100x100 La Línea, su partido. Estaban hartos de una situación endémica, donde el paro, el tráfico de drogas y la dependencia económica de Gibraltar llevaban décadas lastrando el futuro del municipio.
Solo de La Línea hay 11.000 personas que trabajan en la Roca. Una emigración laboral en toda regla, aunque todos regresen al municipio al acabar la jornada. No obstante, hay un paro del 42 por ciento. El municipio posee la menor renta per cápita de España. La mudanza de la casa de apuestas Bet365 a Malta fue un palo: se perdieron los sueldos de los 500 empleados que vivían en La Línea. El Brexit no fue más que la puntilla. La devaluación de la libra repercutió en los sueldos de esos 11.000 trabajadores, que de la noche a la mañana se encontraron cobrando mucho menos.
La confluencia de todos estos factores, unido a su cercanía con Marruecos, hace de esta localidad fronteriza del Campo de Gibraltar un lugar que, a juicio de Juan Franco, y de sus votantes, necesita de un estatus especial que nunca ha tenido. Y el momento podría ser ahora.
Por eso, uno de los puntos del programa electoral que le aupó como alcalde estaba la posibilidad de constituir a la La Línea como Ciudad Autónoma, como lo son Ceuta y Melilla. Es la única solución que ha encontrado tras devanarse los sesos intentando encontrar solución a un problema estructural que no se arregla únicamente luchando contra el narco. La diferencia, económica y social que tiene La Línea frente a Gibraltar es abismal. “No hay región europea con tantísima diferencia”. También, la enorme tasa de desempleados sin estudios: un 92 por ciento. Franco ve necesario activar un plan transversal que preste especial atención al ámbito socio educativo, algo que ningún gobierno, hasta la fecha, ha sido capaz de poner en marcha.
La cuestión que plantea, que abriría a La Línea de la Concepción un abanico de posibilidades para despegar -ventajas fiscales, sueldos mayores, mayores aportaciones del Gobierno- es más que viable. Para empezar, porque aparece contemplado en el artículo 144 de la Constitución Española. “Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143” (el referido a las provincias).
Ese punto del programa se ha traducido ya en una pregunta que está a la espera de respuesta: “¿Cree usted conveniente que el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción eleve al Gobierno de la Nación y a las Cortes Generales una petición para instar la conversión del municipio en comunidad autónoma, de acuerdo con el art. 144 a) de la Constitución Española?”. Es la cuestión que Franco, acostumbrado a los juegos de palabras con su apellido, quiere plantearle a sus vecinos. Que se expresen democráticamente y que respondan sí o no. De votar que sí, se abriría el camino a que La Línea de la Concepción se convirtiera en Ciudad Autónoma.
De no haber sacado el alcalde mayoría absoluta, la localidad podría haber recabado un mínimo de 7.000 firmas para solicitarlo. Pero con 21 concejales, tenían mucho más fácil la segunda posibilidad: la de llevar un expediente al Pleno y aprobarlo.
La iniciativa fue llevada a pleno a principios de julio, y salió aprobada gracias a la mayoría absoluta de 100x100 La Línea, la abstención de los tres concejales del PSOE y el rechazo del único asiento que tiene el Partido Popular.
Para hacerlo, el Ayuntamiento contó con la asesoría jurídica del catedrático de Derecho Constitucional, Antonio de Cabo de la Vega, de la Universidad Complutense de Madrid. El dictamen da cuenta de la viabilidad jurídica de la medida. Y efectivamente, el documento refleja que es posible ofrecer un régimen orgánico, funcional, competencial y de gobierno similar a los de Ceuta y Melilla.
“En realidad hemos tardado tanto en elevarlo a pleno por culpa de la pandemia”, explica el alcalde. Entre enero y febrero del año pasado tuvo lugar el concurso de puestos de trabajo para cubrir el puesto de la Secretaría del Ayuntamiento. “La secretaria tomó posesión el 15 de marzo, el primer día hábil tras el estado de alarma. La tramitación de este expediente es complicada, así que priorizamos otras cuestiones mucho más importantes en ese momento”.
Juan Franco explica que lo aprobado en el Pleno no es una declaración de independencia de Andalucía. Al menos, no todavía. “Quiero dejar claro que lo que hemos solicitado es la autorización para hacer una consulta popular para que los linenses respondan qué les parecería que La Línea fuese una comunidad autónoma”.
¿Y cómo es el procedimiento? Ahora, el acuerdo plenario lo han enviado a la delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, que, a partir de su recepción, tiene 15 días para presentar alegaciones. Luego se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, donde se dará como expuesto de manera pública durante 20 días hábiles. A partir de entonces, se elevará al Consejo de Ministros para que se pronuncie. La pelota, por tanto, va a ser para el Gobierno,
En el Consejo de Ministros pueden pasar tres cosas. Que respondan aprobando la celebración del referéndum, en cuyo caso “se abriría un calendario para delimitar un periodo electoral, con sus campañas a favor o en contra, las constituciones de mesas y la celebración de la consulta”, explica el alcalde. También, “podría pasar que no contestasen, en cuyo caso me estarían autorizando por silencio administrativo”.
La tercera vía es que respondieran que no. “Entonces iríamos al Supremo. Y desde luego, tendrían que explicarle al pueblo qué piensan hacer con La Línea, además de mandar a Policía Nacional y Guardia Civil”, afirma Juan Franco refiriéndose a los refuerzos de personal efectuados por el Ministerio del Interior para luchar contra el narcotráfico.
Para que el Linexit sea una realidad deben pronunciarse los vecinos con su voto. “Si sale que no, pues el expediente y el tema se archivan, y ya está. Pero si saliese que sí, instaríamos al Gobierno de España, al Congreso y al Senado para que cumplan con la voluntad popular de La Línea”.