Un tribunal militar israelí ha dado inicio este martes al juicio contra la española Juana Ruiz, acusada entre otros delitos de pertenecer a una organización ilegal por su trabajo para la ONG palestina Health Work Committees (HWC), aunque las vistas han quedado aplazadas hasta el 1 de septiembre.
Ruiz, que reside desde hace más de tres décadas en Cisjordania, fue detenida el 13 de abril por las fuerzas de seguridad israelíes y permanece en prisión provisional, acusada de un total de cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC -ilegal a ojos de Israel-, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones.
El juicio ha comenzado como estaba previsto, pero ha quedado aplazado hasta el 1 de septiembre, ha explicado la portavoz de la familia, Begoña Lalana, en declaraciones a Europa Press. La defensa planteó algunas cuestiones y solicitó acceso a nuevas pruebas, lo que abre un nuevo plazo para que se pronuncien todas las partes.
Así, Lalana confía en que el 1 de septiembre la sala decida sobre las diversas cuestiones que puedan plantearse y ponga sobre la mesa un calendario de sesiones. La portavoz ha lamentado la "incertidumbre" generada en torno a este proceso tras varios aplazamientos y ha confirmado que la defensa solicitará de nuevo que Ruiz pueda quedar al menos bajo arresto domiciliario.
El marido de la cooperante pudo reunirse la semana pasada por primera vez con ella, en un encuentro emotivo que se ha repetido este martes durante la breve vista celebrada en la Cisjordania ocupada. Lalana ha lamentado algunas de las escenas vividas durante la vista, como que la acusada haya entrado esposada de pies y manos cuando "no presenta ninguna peligrosidad".
La portavoz ha recordado que todo el dinero destinado a los HWC por parte de autoridades europeas y españoles está sometido a auditorías y ha pedido tanto a la UE como al Gobierno de Pedro Sánchez que "se impliquen más", por ejemplo exigiendo a Israel el cumplimiento de convenios internacionales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
El papel del Gobierno
La Embajada española y el Consulado General en Jerusalén siguen "de cerca" el caso para prestarle asistencia consular a Rivas, según fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press que recuerdan que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ya lo trató en su primer contacto telefónico con su homólogo israelí, Yair Lapid, el 22 de julio.
España ha pedido a las autoridades israelíes "que cumplan con sus obligaciones y garanticen el derecho de defensa de Juana Rivas", han señalado estas fuentes.
Dos funcionarios del Consulado han estado presentes en la vista de esta martes y, desde su detención en abril, el personal diplomático ha podido verse en cinco ocasiones con Ruiz.
Una portavoz de la Embajada de Israel, Noa Hakim, ha subrayado en declaraciones a Europa Press que sobre Ruiz pesan cinco cargos "gravísimos" y ha incluido dentro de las acusaciones la posible financiación de un grupo terrorista, en alusión al Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), a pesar de que el entorno de la cooperante descarta que exista un cargo formal al respecto.
Hakim ha explicado que el tema forma parte de las conversaciones abiertas con el Ministerio de Asuntos Exteriores español, si bien ha apuntado que "está pendiente en un tribunal israelí" y, por tanto, ha evitado realizar valoraciones más concretas.