El calvario de Juana Ruiz, la madrileña casada con un palestino: encarcelada sin juicio en Israel
La cooperante española fue detenida en abril en su casa en un suburbio de Belén. Se la acusa de apoyar al Frente Popular de Liberación de Palestina.
24 mayo, 2021 01:4513 de abril de este año. 5:45 de la madrugada. Un comando de 20 soldados israelíes entra en la vivienda familiar de Juana Ruiz en Beit Sahur, un suburbio de Belén, en la Cisjordania ocupada. Los hombres se llevan a Juana, madrileña de 62 años afincada en Palestina desde 1985, sin mediar palabra y ante la incredulidad de su marido. Juana cumple este lunes 41 días en una prisión israelí, donde estará, al menos, hasta el 2 de junio cuando está previsto el juicio. Está acusada —con unas pruebas que ni su defensa conoce— de apoyar al Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP) a través de una ONG.
“No sabemos en qué basan estas acusaciones. La defensa tiene muchas dificultades para acceder a las pruebas. Parece que pruebas físicas tampoco hay”, explica Begoña Lalana, abogada y portavoz de la familia en España, a EL ESPAÑOL. Juana trabajaba en la ONG Health Work Committees (HWC) que, según el Gobierno israelí tiene lazos con el FPLP y el movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), que busca castigar a Israel en el ámbito económico por la represión del pueblo palestino.
Han hecho falta cinco vistas con un juez para que le digan de que está acusada. Los cargos son: formar parte de una asociación ilícita, financiarse incumpliendo una orden que regula la entrada de fondos en el área de Judea y Samaria y recibir dinero de forma fraudulenta. Juana —Juani, para quienes la conocen— se encuentra ahora en la prisión de Damon, al norte del país, 25 kilómetros al este de Nazaret y a 116 del que es su hogar desde hace 30 años.
Juani nació hace 62 años en Madrid. Su vida dio un gran vuelco durante su juventud, cuando conoció Elías Rishmawi, un palestino que estudiaba Farmacia en la capital española. Elías es uno de los pocos católicos que quedan en la llamada Tierra Santa, donde hace ya décadas que la santidad brilla por su ausencia.
Se casaron en 1985 todavía en España, justo al tiempo que nacía en Palestina la citada ONG y que se dedica a “brindar servicios de salud a todos los segmentos de la población palestina, en particular a los pobres y marginados; construir modelos de desarrollo, y el apoyo de políticas y legislaciones favorables”, en sus propias palabras.
Ese mismo año, Juana y Elías se fueron a vivir a Gaza y vivieron en primera persona la primera intifada. En 1991 se trasladan a Cisjordania, al mismo lugar donde fue detenida el pasado abril. El matrimonio tiene dos hijos, de 30 y 35 años, que viven actualmente en España y siguen al minuto la evolución del caso de su madre. La mujer encarcelada trabaja desde 1993 como coordinadora de proyectos humanitarios en la citada ONG.
La abogada de Juani es la célebre Gaby Lasky, conocida por haber liderado la defensa de Ahed Tamimi, la activista palestina que abofeteó a un soldado israelí después de que otros soldados hubiesen disparado con una bala de goma a su primo de 15 años en la cabeza, provocándole secuelas permanentes. Esta escena fue captada en un vídeo que dio la vuelta al mundo. Era una muestra más de la eterna metáfora de David contra Goliat en el conflicto palestino-israelí. Tamimi fue condenada a ocho meses de cárcel por este y otros incidentes.
Lasky también ha llevado causas de objetores de conciencia israelíes que no querían hacer el servicio militar obligatorio; la defensa de Yonatan Polk, de la organización anti-ocupación Anarchists Against the Wall; la de Dareen Tatour, un poeta árabe procesado por Israel y encarcelado por publicar un poema en Facebook; y la de decenas de civiles palestinos arrestados por las fuerzas de seguridad israelíes. Asimismo es miembro del partido Meretz, de ideología socialdemócrata y ecologista.
La defensa de Juani se presenta complicada por ser un proceso muy inusual. “Una cosa que nos ha parecido llamativa es que ha habido cinco convocatorias para decirle de qué estaba acusada y por qué se la había detenido. Es un proceso muy raro. Por ejemplo, no se le pide pena. No hay petición de pena hasta que se declare la culpabilidad”, explica Lalana, la portavoz de la familia.
A Juana se la detuvo con el pretexto de que había ayudado al FPLP, pero luego los cargos que se han presentado contra ella no van en esa dirección. Recordemos, está acusada de formar parte de una asociación ilícita, financiarse incumpliendo una orden que regula la entrada de fondos en el área de Judea y Samaria y recibir dinero de forma fraudulenta.
¿La UE financia a terroristas?
El HWC está considerado desde junio de 2015 una organización ilícita que colabora con grupos que Israel considera terroristas. “El grupo de personas o instituciones o asociación conocido como Health Work Committees... o cualquier otro nombre por el que se conocerá a esta asociación, incluidas todas sus facciones y cualquier rama, centro, comité o grupo de esta asociación no autorizada, según lo definido por el Reglamento de Defensa”, declaró entonces el ministro de defensa israelí, Moshé Yalón.
El Gobierno de Benjamin Netanyahu sostiene que HWC es aliado del FPLP y del movimiento BDS. El primero de estos está considerado un movimiento terrorista por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, lo cual da lugar a una duda crucial.
El HWC recibió entre 2016 y 2020 importantes donaciones de países como España (principal benefactor), Suecia, Bélgica y la propia Unión Europea. ¿Cómo es posible que Europa financie al presunto aliado de un grupo al que considera terrorista? Además, Israel nunca ha aportado pruebas físicas del vínculo entre HWC y el FPLP. ¿Manejan datos que, por lo que sea, solo conocen ellos? El estado israelí se ha limitado a arrestar este 2021 a Juana y a los dos tesoreros de la agrupación.
“Me extrañaría que España mandara dinero de forma irregular. Nos parece todo un poco arbitrario. Estamos preocupados porque cuando un proceso es arbitrario, el resultado también lo es”, asegura Lalana.
“El dinero con el que trabaja esta asociación le llega básicamente a través de cooperación española, ya sea del estado o de distintas comunidades autónomas. Por tanto, es un dinero auditado. Ella estaba trabajando en un proyecto de la Covid y le llegaban fondos y material de carácter sanitario. Eso se audita, hay que presentar una memoria justificativa del uso de los fondos. Nunca ha habido un problema en ese sentido”.
La defensa no tiene ninguna duda de que las acusaciones no son ciertas y, a la luz de lo aquí expuesto, nada hace indicar lo contrario. La familia de Juana ahora anda con pies de plomo con lo que dice. No pueden darle argumentos a Israel para mantener a Juana en la cárcel y, por tanto, han declinado hacer declaraciones a este medio.
Silencio de España
Otra duda clave: ¿Qué está haciendo España por Juana? “Pues no sé lo que está haciendo pero le cunde poco. No ha sido capaz de atender a que se respeten las garantías jurídicas de una ciudadana española y además de una persona que está presa en un país que es firmante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que regula cómo deben ser las condiciones de la detención. Y lo está incumpliendo claramente”.
La familia no tiene constancia de que el Gobierno de Pedro Sánchez (le corresponde a la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya) haya hecho algo por la situación de Juana.
Lo cierto es que la ministra tiene un grave frente abierto con la crisis migratoria de Ceuta y la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Ella y Sánchez fueron los principales impulsores de que se trajera al líder saharahui de tapadillo a España, tal y como desveló este periódico. Con este frente abierto y con su cargo cada vez más en entredicho, no parece que González Laya sea quien vaya a sacar a Juana Ruiz de la cárcel.
La cooperante española puede permanecer hasta 75 días en prisión sin cargo alguno gracias al Reglamento de Defensa de Emergencia vigente en Israel, una norma de 1945 que el país heredó de cuando Palestina todavía era una colonia británica. “Es anterior a la Convención Europea de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, protesta Lalana.
Pese a todo, la portavoz considera que Juana ha tenido “suerte” (muy entre comillas) ya que, si todo sigue según lo previsto será juzgada el próximo 2 de junio y no hará falta que cumpla esos 75 días en prisión. ¿Saldrá libre? “Esperamos que deje de haber actuaciones arbitrarias y se la absuelva”.