A vista de Google Maps, la carretera que llega a Trillo desde la carretera de Barcelona parece una línea de apenas un centímetro de ancho, un hilillo serpenteante que bordea las localidades de Cifuentes, Gárgoles de Abajo y Azañón hasta el puente sobre el río Tajo. A pie de asfalto la vista es bien distinta, y llama la atención lo que parece humo, una columna eterna visible a varios kilómetros por encima de los árboles. Debajo, dos chimeneas, un complejo vallado y una central nuclear que hace olvidar que no te encuentras en Springfield, sino en un pueblo de Guadalajara.
Lo que no se ve a simple vista, ni desde Google Maps ni desde la carretera, es que esas dos columnas de humo son el principal motor de la comarca de La Alcarria Alta. Todo se reúne ahí, en la central nuclear de Trillo, uno de los siete reactores que permanecen en activo en España y que ahora se encuentra en el filo de la navaja. El motivo: la amenaza de cierre de centrales por parte del lobby eléctrico como medida de presión al Gobierno.
El órdago de las principales empresas del sector pone en jaque, al menos directamente, a los más de 28.000 empleados de las cinco centrales nucleares de toda España, pero su impacto sería mucho mayor por el hoyo que generaría en las comunidades. Aquí, en pueblos como Trillo -1.300 habitantes- y sus vecinos, da trabajo a cerca de 700 personas fijas y 2.000 eventuales, y todo el mundo sabe cómo funciona la energía nuclear, de dónde sale y hacia dónde va. No en vano, pronto se cumplirán 40 años desde que el uranio les cambió la vida.
La central nuclear de Trillo, a orillas del río Tajo.
“El pueblo moriría”
Juan lo sabe mejor que nadie. Llegó a Trillo con 5 años y entró a trabajar en la central en 1982, el mismo año en que empezó a construirse. Durante todo este tiempo ha pasado por prácticamente todas las dependencias y secciones hasta esta misma semana, en la que decidió jubilarse como el más veterano del reactor. Empezó en la construcción, en control de calidad, luego en la oficina técnica de mantenimiento, más tarde en logística y ahora, al final, en contratación de servicios. Siempre a cinco kilómetros de casa.
“Siempre he trabajado para la central nuclear de Trillo, no para Iberdrola [principal propietaria]. Si la cerrasen el pueblo moriría, y toda la comarca con él”, señala a EL ESPAÑOL en la mañana de su jubilación. En marzo de 2019, el Gobierno y las eléctricas pactaron el calendario del cierre de todos los reactores de nuestro país. Trillo, al ser de las últimas en construirse, será de las últimas en echar el cierre, y le pusieron como fecha límite el año 2035. Ahora podría adelantarse.
Juan, en Trillo, con la central nuclear de fondo.
Aquí saben bien lo que eso significa. Sus habitantes ya vieron cómo en 2006 la zona sufrió el cierre de la central José Cabrera de Zorita, a menos de una hora en coche, y con ella un impulso más de lo que ahora se conoce como la España vaciada. Trillo podría encontrarse en la misma situación: sin central, sin un escape económico y con la sensación general de haber desaprovechado el maná nuclear para algo más que engordar los ingresos de los ayuntamientos.
“Pagan muchos IBIs, muchos sueldos y muchas cuotas a todos los pueblos de alrededor. Trillo se lleva millones de euros cada año sólo por cerca de la central”, señala Juan. Sólo en concepto de IBI, el ayuntamiento ingresa alrededor de 7 millones de euros al año, lo que supone un presupuesto por habitante de 5.000 euros, mucho más que en Madrid o el propio Guadalajara.
Una de las entradas a la central nuclear.
Se hace cargo la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), quien lleva más de 30 años pagando a los más de 100 de ayuntamientos cercanos a las centrales nucleares. Compensar a las localidades es uno de sus grandes gastos de gestión (8% anual), pero sobre todo ha supuesto cerca 600 millones de euros entre 1989 y 2018 que, de otra manera, no hubiesen llegado a pueblos como Trillo. Para unos, es el pago por vivir a 20 kilómetros del uranio; para otros, pan para hoy y hambre para mañana.
Una cuestión de tiempo
Sin embargo, la opinión generalizada es que la gallina de los huevos de oro de la central nuclear no tardará en desaparecer. Para Pablo, que a sus 55 años trabaja en una de las empresas colaboradoras de la planta, nunca con un trabajo fijo, la contrarreloj está cada vez más próxima a terminar. Nos atiende durante sus vacaciones junto a su mujer y su hijo, que en alguna ocasión ha disfrutado de los contratos temporales en época de recargas, una vez al año.
Pablo, en Trillo.
“Si no la cierran ahora, lo harán dentro de tres años, cuando acabe la moratoria y no renueven a la central”, señala a este diario. “Ya hace años prepararon un segundo reactor y al final no lo construyeron, así que es cuestión de tiempo que paralicen todo”, precisa.
A lo que Pablo se refiere es a los plazos que las centrales tienen que cumplir para ser viables y seguras. En junio de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy cambió la ley para que cada planta pudiera presentar sus solicitudes de renovación el mismo año en que les caduca la licencia. En el caso de Trillo, la actividad está garantizada hasta el 17 de noviembre de 2024 a menos que las eléctricas cumplan sus amenazas de cierre.
Además del sueldo de Pablo, la lista de beneficios derivados del poderío económico de Trillo podría también llegar a su fin una vez se desmantelase la planta: la factura del agua gratis, el no tener tasa de basura, las subvenciones por cambiar electrodomésticos, el wifi gratis o las ayudas a los mayores. A ojos de esta familia, precisamente, estos son los dos únicos motores de la localidad: la central y la residencia de ancianos: “Son las que dan y mueven más trabajo. Si se cierran se muere el pueblo”.
28.000 puestos de trabajo
Está claro, este es sólo uno de los cinco casos de centrales nucleares que se viven en España. Si se suman todas las plantas, el sector da trabajo a más de 28.000 personas de forma estable pero, al igual que ocurre con Trillo, su influencia y peso en las poblaciones va mucho más allá.
Varios trabajadores de la central nuclear abandonan Trillo de vuelta al reactor.
En Tarragona hay tres reactores: dos en el pueblo de Ascó y uno en el de Vandellós. Entre ambos no llegan a sumar 8.000 habitantes, pero sólo las centrales emplean a cerca de 2.300 trabajadores fijos entre trabajos directos y empresas colaboradoras; casi todos pertenecen a la comarca. En época de recargas, cada 18 meses, el número se dispara otros 1.000, con la mitad de ellos residentes en localidades cercanas.
Algo parecido ocurre en Almaraz (1.800 habitantes), también con dos reactores y recargas cada 18 meses. La central, ubicada en la provincia de Cáceres, fue la primera en construirse en España y sus cerca de 1.300 trabajadores son responsables el 7% de la energía que consume nuestro país, refrigerados por las aguas del mismo Tajo que acompaña a Trillo.
Por su parte Cofrentes (Valencia), con un único reactor, emplea a cerca de 1.000 personas de manera directa y otras 1.000 indirectas. En periodos de recarga, cada 24 meses, el número crece hasta los 3.300.
Final nuclear
España no tiene gas, por lo que depende de las importaciones que vienen, principalmente, de Argelia y Rusia. En paralelo, como China y Japón consumen más gas que nunca en la historia de la humanidad, la mayor demanda ha hecho que los precios se disparen y, en el último eslabón de la cadena, lo sufras tú en tu bolsillo.
La entrada a la central, a varios kilómetros del reactor.
Por supuesto, nada es tan sencillo, y en muchas ocasiones España tiene que recurrir a su aliado eléctrico favorito, Francia, para comprar la energía que genera con sus propias centrales nucleares. Allí, nuestros vecinos abastecen con reactores el 78% de la energía que necesitan para hacer funcionar las fábricas, tienen menos penalizaciones fiscales por utilizarla e incluso la entienden como una “energía verde” más.
Otro cantar son los residuos que genera. Los siete reactores españoles suponen un 33% de nuestra electricidad, y no contamina... al menos en parte. Señala Juan que la energía nuclear es “de las menos nocivas para el medio ambiente” -no se preocupen por las columnas de humo: son vapor de agua-, pero su problema son los residuos radiactivos, enterrados sine die en cementerios nucleares. España guarda la mayoría, precisamente, en cementerios de Francia, a la que ha pagado más de 110 millones de euros desde 2017 para hacerse cargo de su basura radioactiva.
Sólo en 2020, las multas acumuladas sumaron 96 millones, a razón de casi 77.000 euros al día, aunque Enresa prevé recuperar la mayor parte del dinero antes de 2028, cuando regrese estos materiales. Para entonces, la factura francesa por hacerse cargo de nuestros radioactivos podría superar los 300 millones de euros. En Trillo, Almaraz, Cofrentes, Ascó y Vandellós, la crítica es frecuente, y de las eléctricas prefieren remitirse sólo la placa que han visto tantas veces, a la entrada de las centrales. Precaución.