Francisco José, pensionista y sin piernas: su inquilina y el Ayuntamiento no le pagan y ya le deben 5.000€

“Me lo aconsejó una inmobiliaria”, cuenta Francisco José Fernández, un gaditano que es propietario de una vivienda y que decidió apostar por el alquiler social. El piso, un bajo de dos dormitorios en el centro de Cádiz, lo solía alquilar a universitarios y a Erasmus, pero la pandemia lo dejó vacío.

Entonces pensó en alquilarlo por larga duración y además, ayudar a alguien necesitado. Lo que no sabía es que pocos meses después, por culpa de ese alquiler social, el necesitado iba a acabar siendo él. Lleva varios meses sin recibir ni un euro por su vivienda, dentro de un caso que avanzó La Voz de Cádiz. 

La inmobiliaria le aconsejó que hablara con Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, “porque para alquileres sociales, el Ayuntamiento pagaba el 80%, y el inquilino, el 20”. También iban a hacerse cargo de la luz y el agua. El Ayuntamiento gestionó la entrada de una inquilina con cuatro hijos, que venía de okupar una vivienda. El precio del alquiler quedó fijado en 650 euros, de los que el Consistorio se hacía cargo de 450 euros y la mujer, de los 200 restantes.

En cuanto a los suministros básicos de agua y electricidad, el Ayuntamiento le recomendó, cuenta el hombre, que quitara su nombre como titular de los contratos y los pusiera a nombre de la inquilina "para que así Asuntos Sociales abonara los recibos directamente". El problema es que la mujer, Rocío, “apenas abonó su parte del alquiler. Me pagaba cien euros, luego nada. Lo que iba pudiendo. Y el Ayuntamiento tampoco pagó nunca la luz o el agua”, que afronta el hombre de su bolsillo desde el principio. En total, 5.236 euros, entre el impago del alquiler y el pago de luz y agua, que sufraga él y no puede dejar de abonar.

¿Que por qué Francisco José es el necesitado tras alquilar un piso del que es propietario? En el año 2002, un guardarraíl le cortó las dos piernas en un accidente de moto y camina gracias a dos prótesis. Es pensionista. Utiliza el alquiler del piso para abordar la hipoteca y, con lo que le queda, mejorar lo que ingresa por la pensión. “Me deben más de 5.000 euros. Tengo dos hijas, una de ellas en la Universidad”. No llega, no le salen las cuentas. Ha pedido ya un préstamo personal, “me he comido los ahorros y voy a tener que pedir un segundo préstamo. Como yo le dije a Asuntos Sociales: os habéis quitado a una familia de la calle, pero me estáis arruinando a mí”.

Francisco José usa dos prótesis para caminar después de perder ambas piernas en un accidente en 2002. Cedida

El gaditano sabe, además, que la vivienda está sufriendo mucho desgaste. Lo sabe porque no son ya cuatro las personas que viven en él. Son el doble. “Desahuciaron a la hermana de Rocío, que había okupado un piso justo enfrente, y ella le abrió la puerta a ella, a los tres niños que tenía y a su pareja”.

"Paga algo"

Al ver que Rocío no le abonaba su parte, intentó dialogar con ella. "Yo le dije, Rocío, pero paga algo. Ella me respondió que el Ayuntamiento no le daba ninguna ayuda económica para poder afrontar el pago de los 200 euros".

En junio, desesperado, y tras enviar numerosos correos electrónicos "nunca respondidos" solicitando una reunión con Asuntos Sociales para abordar el problema, notificó que la iba a desalojar. “Me dijeron que hiciera lo que tuviese que hacer”. Lo que no sabía Francisco José era que al activar judicialmente el desalojo por el impago del alquiler, el Ayuntamiento iba a dejar de abonarle el 80% de lo acordado. Y hasta hoy.

El salón de la vivienda de Francisco José, en el centro histórico de Cádiz.

Francisco José es consciente de que Rocío no puede pagar. Tiene asignado el Ingreso Mínimo Vital, “pero no lo recibe al completo. Me ha mandado el extracto bancario y le han ingresado 211 euros que destina, básicamente, a comida. Ella me dice, Francisco, yo quiero, pero es que no te puedo pagar. Claro que no me puede pagar, cómo va a hacerlo si tiene menos de 12 euros en el banco”.

Desde el Ayuntamiento de Cádiz hacen un repaso a las ayudas sociales para familias desfavorecidas en temas de vivienda. De enero al 18 de octubre enero de 2021 han ofrecido 6.059 ayudas a 1.484 familias “por un montante total de 2.238.994,50 euros”. En concreto, 5.489 ayudas de alquiler, tanto puntual, periódico por deuda, por desahucios y por desalojo por un importe de 2.046.508,23 euros; 518 ayudas para la hipoteca por una cuantía de 152.104,54 euros; y 52 ayudas para el alquiler de nueva vivienda por un importe de 40.381,73 euros.

La concejala de Asuntos Sociales, Helena Fernández, señala que hay dos formas de abonar estas ayudas: “Directamente a las familias y que estas las justifiquen, o bien, directamente a los propietarios de forma automática a principios de mes”. Son las familias, explica, las que eligen la manera.

“Cuando estas ayudas no son justificadas por parte de las familias, se paran. Aun así, siempre llegamos a un acuerdo con el propietario. No obstante, cuando hay una orden de desahucio y la familia en cuestión no colabora pues se paraliza el trámite, como no puede ser de otra forma”, sostiene, en referencia al caso de Francisco José.

Este advierte a EL ESPAÑOL que han dejado de pagarle “solo porque yo dije que iba a desalojarla, solo con mi palabra y sin presentar un solo papel. Pero el acuerdo firmado era que el Ayuntamiento me pagaba a mí el 80%, y desde luego voy a reclamar judicialmente la cantidad que se me debe”.

Escarmentado, sostiene, ante el proyecto de ley para fomentar el alquiler que prepara el Gobierno, que su piso lo vende "antes". "O que me lo compre un banco. Sería una locura. Y esto solo pasa en España”.