Antonio es una mole de 140 kilos. Cada vez que este recluso se queda sin ansiolíticos se pone agresivo y se echan a temblar tanto los internos que conviven en su módulo como los funcionarios de la prisión Murcia II. "La última vez que se quedó sin trankimazin agredió dos veces al mismo recluso", asegura un trabajador de esta cárcel de la localidad murciana de Campos del Río. Este centro es solo un botón de muestra de un problema creciente para Instituciones Penitenciarias: un 45% de los 55.565 presos que hay en España sufren una enfermedad mental.
Los casos más repetidos son los de patología dual -donde convergen adicción y problema psiquiátrico-, seguidos de trastornos psicóticos, de la personalidad y afectivos. Silvia Fernández, secretaria general de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias, advierte de que el último informe del Ministerio del Interior recogía que los "desequilibrios mentales" acapararon el 41% de los ingresos en las enfermerías de los 97 centros penitenciarios españoles. "Hay más riesgo para los funcionarios y hay que abordar este problema porque es causa de agresiones".
Algunas de las prisiones que sufren una mayor tasa de internos con problemas mentales son Castellón II, Picassent, Sevilla II, Madrid VII o Murcia II. "Cuatro de cada diez de sus reclusos necesitan la atención de un psicólogo clínico, especializado en medicina psiquiátrica". Esos reos lo mismo se ponen a arrancarse el pelo, que se autolesionan, gritan hasta quedarse sin voz, incluso agreden a otros reclusos y a funcionarios, pero también padecen una doble condena: estar privados de libertad y sin recibir una atención médica adecuada a su cuadro clínico.
El caso de las instalaciones de Campos del Río, por ejemplo, se ha incluido en los dos últimos informes anuales del Defensor del Pueblo. Tanto en 2019 como en 2020 le ha hecho la misma recomendación al Ministerio del Interior: "Instaurar una consulta de psicología clínica en el Centro Penitenciario Murcia II dada la alta prevalencia de trastornos psicológicos y psiquiátricos no atendidos de forma adecuada". De momento, la única medida que se ha adoptado consiste en que un psiquiatra del Servicio Murciano de Salud pase consulta una vez a la semana.
Silvia Fernández, secretaria general de Comisiones Obreras en Instituciones Penitenciarias.
"Este psiquiatra no puede ver a todos los presos con desequilibrios mentales porque solo pasa cuatro horas en la prisión y tampoco les puede hacer un control diario de su tratamiento", expone un funcionario de Murcia II. Esta consulta exprés semanal no evita que estos reos provoquen incidentes cuando se descompensan, unas veces por su medicación, y otras, por el consumo de drogas. "Hubo un recluso que estaba en la cola del economato para comprar un café y sin mediar palabra le pegó un puñetazo a otro".
De tertulia con una avispa
En Campos del Río no solo hay un déficit en el tratamiento médico de los internos con trastornos, sino que además no están en módulos específicos por falta de personal y espacio. "La prisión se inauguró hace diez años, pero todavía hay cuatro módulos sin estrenar y permanecen cerrados porque hay 34 plazas sin cubrir", denuncia Silvia Fernández, de Comisiones Obreras. En la práctica, eso se traduce en que en el mismo módulo pueden convivir presos perturbados con otros violentos.
"Los casos extremos están en el módulo de enfermería, pero en los módulos 5 y 7 comparten espacio presos desequilibrados con otros calificados de peligrosos, por delitos de sangre, robos con fuerza...", confirma el citado funcionario de Murcia II. "En el módulo 7 también hay enfermos mentales mezclados con internos con buen comportamiento y que no son reincidentes".
A diario, en este penal, se pueden presenciar escenas surrealistas. Desde un recluso tirado en el suelo del patio, mientras está de tertulia con una avispa, a otro que habla solo y se pasa el tiempo aislado del resto de la población reclusa porque tiene manías persecutorias. "Nos preocupa un interno que se pasa el día aterrorizado, diciendo que escucha voces que le dicen que le quieren matar. Si un día, esas voces, le dicen que ataque: ¿Qué le puede pasar a un funcionario o a un recluso de su módulo?"
El panorama de Murcia II es extrapolable a Castellón II, Picassent, Sevilla II o Madrid VII: algunos reclusos con enfermedades psiquiátricas que deben tener una observación especial, conviven con otros mentalmente sanos, y encima, a veces lo hacen en módulos donde falta personal porque dos funcionarios llegan a tener a su cargo a más de 130 internos, cuando lo ideal sería que hubiese cuatro.
Acaip: agresiones cada 36 horas
El presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, ha llegado a denunciar que los reclusos sufren "hacinamiento" en los centros de la Comunidad Valenciana. También viene reclamando al departamento de Fernando Grande-Marlaska el refuerzo de las plantillas de las prisiones españolas y la dotación de plazas psiquiátricas.
El Ministerio del Interior tiene sin cubrir más de 4.000 plazas en todo el país, de las que 255 son de médico. Con ese déficit de personal, desde Acaip-UGT, CC OO y CSIF coinciden en apuntar que es muy difícil garantizar la reinserción de los presos y la seguridad de los centros. Prueba de ello es que el sindicato mayoritario Acaip-UGT estima que en España, cada 36 horas, un trabajador penitenciario resulta herido.
Las celdas de un módulo del Centro Penitenciario Sevilla II.
En más de una ocasión detrás de esas agresiones está un reo con algún desequilibrio mental. Un médico que trabaja para Instituciones Penitenciarias asegura que el motivo del aumento de las patologías mentales en las cárceles españolas se debe a una causa: "Cada vez hay más internos que llegan de la calle a prisión siendo consumidores de múltiples sustancias, como éxtasis, cocaína y hachís".
La dependencia a esas drogas, sumada a la privación de libertad y a la pérdida del contacto diario con sus parejas sentimentales, familiares, incluso hijos, deriva en depresiones, ansiedad... Básicamente son carne de cañón para padecer alguna patología mental que les puede llevar, incluso, a atentar contra su propia vida porque en 2020 la cifra de suicidios registrada en las cárceles españolas ascendió a 43 frente a los 33 de 2019.
Un médico para mil presos
Es evidente que la sanidad penitenciaria no consigue dar respuesta efectiva a los problemas psicológicos de los internos. Además, en ocasiones la ecuación de falta de personal y probemas de convivencia se resuelve con el régimen de aislamiento que tampoco beneficia a la salud mental de los internos. Valga como ejemplo Campos del Río, donde es habitual que las 45 celdas de aislamiento estén siempre llenas por la conflictividad de algunos módulos.
Otras veces se recurre a la sobremedicación para paliar la falta de personal y la ausencia de psicólogos clínicos que pueden ofrecer una asistencia especializada a los presos. Tan solo hay que ver el panorama del Centro Penitenciario Antonio Asunción de Picassent en Valencia, donde en septiembre disponían de seis médicos para 2.058 presos, o Murcia II, en Campos del Río, que actualmente tiene un solo facultativo para 1.050 reos, cuando su relación de puestos de trabajo establece ocho médicos.
El déficit de la atención psiquiátrica a los internos en las cárceles españolas también ha salido a la luz por agresiones a reclusos que padecen una enfermedad mental. Eso es lo que supuestamente ocurrió en la prisión de Villena donde tres funcionarios fueron expedientados por presuntas patadas y puñetazos a un magrebí.
Vista aérea del estado actual de la prisión de Siete Aguas, donde se ubicará el nuevo centro penitenciario psiquiátrico.
Macro psiquiárico en Siete Aguas
"Instituciones Penitenciarias no puede poner en marcha una política de salud mental porque no es su trabajo, ellos tienen que ejecutar un castigo y orientar la pena hacia la reinserción, pero no ocuparse de temas mentales porque todo lo relacionado con salud depende del Ministerio de Sanidad y en el caso de los centros penitenciarios es una competencia de las comunidades autónomas", recuerda Silvia Fernández, de Comisiones Obreras.
"Cada comunidad autónoma debería crear una unidad con psicólogos clínicos para atender el problema de las cárceles". En España solo existen dos psiquiátricos penitenciarios, el de Sevilla y Fontcalent (Alicante), y de momento, la única alternativa que se atisba en el horizonte para combatir la creciente tasa de reclusos con cuadros de esquizofrenia, trastorno bipolar o brotes psicóticos, es la construcción de un macro psiquiátrico en el municipio valenciano de Siete Aguas.
El Gobierno central quiere aprovechar la inversión de 14 millones de euros que se realizó en tiempos del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, con el objetivo de descongestionar la cárcel de Picassent construyendo el Centro Penitenciario Levante II. Las obras se iniciaron, pero en 2013 se paralizaron dejando un esqueleto de cemento en el paraje de El Campillo. En esta legislatura se quiere reciclar el proyecto, convirtiéndolo en la mayor cárcel psiquiátrica del país, con capacidad para 500 presos con trastornos.
La idea es que las instalaciones tengan zonas verdes, un centro cultural, una explanada para practicar deporte y un área para hospedar a allegados de los internos que acudan a visitarlos. Nada que ver con la atención actual que reciben los reclusos dementes que ni siquiera son visitados a diario por un psicólogo clínico.