Hace demasiados años que la vida le pone las cosas tan cuesta arriba a Loreto que se ha planteado suicidarse. Sus problemas comenzaron en 2009, cuando un tempestuoso divorcio fue la guinda a la quiebra de sus dos negocios cárnicos. La precariedad económica de Loreto, con tres hijos, le impedía meterse en una hipoteca, y optó por levantar una casita en unos terrenos no urbanizables que tenía en Pechina (Almería), donde otros treinta inmuebles estaban en la misma situación ilegal. Doce años después, a un mes de jubilarse y con una discapacidad psíquica del 38%, un juzgado ha ordenado demoler su vivienda.
"Cumplí 66 años el 1 de noviembre y el día 2 me notificaron el auto del juzgado con la demolición de mi casa: no puedo dormir, menudo papelón tengo para mi jubilación", zanja Loreto, sin poder reprimir las lágrimas. Los 4.103 habitantes de Pechina, con su alcalde a la cabeza, Juan Manuel López, están recabando firmas para apoyar el escrito que Alfredo Najas de la Cruz, el abogado de esta vecina, tiene previsto presentar al Gobierno de España solicitando el indulto de Loreto para impedir que se ejecute el auto de demolición de su casa.
"Me jubilaré durante el mes de diciembre y si derriban mi casa, con una pensión de 450 euros no puedo pagar una hipoteca ni un alquiler", detalla angustiada esta vecina de Pechina, un pintoresco pueblecito almeriense, a los pies de Sierra Alhamilla. "He perdido 15.000 euros en esta batalla legal que comenzó en 2009, cuando unos agentes de medio ambiente levataron acta por construir en terrenos no urbanizables".
Para más señas se hizo una casa en el Camino de Espinaza, donde la calificación del suelo como 'no urbanizable-común' no impidió ni a Loreto ni a otros vecinos hacerse una vivienda. "Solo allané cien metros cuadrados de terreno para hacer una casa pequeña, en planta baja, con lo justo para vivir, porque tras divorciarme mi marido no me pagó una pensión y sus malas gestiones mandaron al garete los dos negocios que teníamos". Una carnicería en la localidad almeriense de Adra y una fábrica de embutido en la pedanía granadina de La Rábita en Albuñol.
"Yo vivía muy bien, tenía hasta asistenta para mis hijos, pero me quedé sin nada y a mí no se me cayeron los anillos por limpiar aularios y cuartos de baño para la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca", se sincera Loreto. "Me he machacado para salir adelante y ahora que voy a jubilarme me quedaré en la calle porque mi casa fue la única de toda la zona denunciada por la Junta de Andalucía".
Tal afirmación es corroborada por el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Pechina: "En el Camino de Espinaza se construyeron entre treinta y cuarenta viviendas, sobre 'suelo no urbanizable-común', en aquel momento no existían los mismos controles, ese delito prescribía a los seis años, y en los casos que no ocurrió se inició un proceso de legalización mediante el decreto de 2012 que regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en Andalucía".
Esa normativa permitió a cientos de andaluces, cuyas casas se encontraban fuera del planeamiento municipal vigente, que se acogiesen a un proceso AFO para el reconocimiento de sus viviendas. El término urbanístico Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) permite inscribir el inmueble en el registro de la propiedad, pero Loreto no pudo acogerse a ese proceso administrativo de regularización porque en 2012 su caso ya estaba judicializado por un delito contra la ordenación del territorio.
El Hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en la localidad almeriense de Carboneras, cuya licencia municipal de obras ha sido declarada nula.
El hotel de El Algarrobico
"Esta mujer ha tenido mala suerte porque su vivienda es legalizable mediante un AFO: se levanta sobre un suelo que no tiene ninguna figura de especial protección ambiental y no está en una rambla", sostiene un técnico de Urbanismo de Pechina. Alfredo Najas de la Cruz, el letrado al que ha recurrido Loreto, recuerda que "en Almería hay 400 construcciones susceptibles de demolición, como el hotel de El Algarrobico, construido en primera línea de playa, pero tiramos la casa de una jubilada".
El abogado pone como ejemplo este complejo hotelero porque es una mole de ladrillos y cemento, que se levanta sobre suelo no urbanizable de especial protección del parque natural de Cabo de Gata-Níjar. Además, su derribo exigido por Greenpeace no se ejecuta tras quince años de sentencias condenatorias. Todo ello, debido a que este verano, el Tribunal Superior de Justicia consideró que todavía es improcedente porque tiene licencia urbanística del Ayuntamiento de Carboneras.
Padeció un cáncer
"No le hice daño alguno a la naturaleza, ni toqué higueras, ni olivos, solo moví terrenos donde antes hubo cultivos para construirme una casa invirtiendo todos mis ahorros", defiende Loreto. Esta sexagenaria ha tenido mala suerte en este proceso porque inicialmente fue absuelta por el Juzgado de lo Penal número 4 de Almería, pero la sentencia fue recurrida y la Audiencia Provincial la condenó a dos años de prisión, 6.000 euros de multa y la demolición de su vivienda por un delito urbanístico.
Loreto no entró en prisión porque su único 'delito' ha sido trabajar toda su vida y pagó como pudo la multa. A partir de esa condena de julio de 2009, esta mujer no ha parado de plantear recursos que no han prosperado. "A los okupas las leyes les protegen, pero por una jubilada: ¿Qué hacen?" De momento, el juzgado que la declaró absuelta no ha tenido más remedio que ejecutar la sentencia de la Audiencia, estableciendo el plazo de un mes para derruir su casa, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia si lo impide.
"Esta batalla judicial me ha afectado hasta a la salud: en 2018 me operaron de un tumor en el pie izquierdo y he sufrido una depresión", confiesa apenada, mientras atiende por teléfono a EL ESPAÑOL en el patio donde esta almeriense esperaba disfrutar de su jubilación regando sus plantas y su huerto. "Ninguno de mis tres hijos me pueden ayudar, uno está en paro, y los otros dos con hipotecas, hijos y salarios mileuristas: mi situación no se la deseo ni a mi peor enemigo".
El alcalde Pechina, el socialista Juan Manuel López, junto al Ayuntamiento.
En el Consistorio de esta turística localidad, marcada por su balneario, el yacimiento arqueológico de Bayyana y el Paraje El Chorrillo, su alcalde, Juan Manuel López, avanza que "estamos a disposición de Loreto para movilizar a los vecinos de Pechina con tal de visibilizar la injusticia que se va a cometer con una jubilada".
El regidor socialista subraya que el Ayuntamiento ha remitido un informe al Juzgado de lo Penal número 4 de Almería donde expone que el hogar de Loreto se puede regularizar en el planeamiento urbanístico de Pechina. "Es incomprensible el interés de la Junta de Andalucía por demoler una vivienda cuando en toda la provincia hay otras construcciones en suelo protegido y la casa de esta vecina es legalizable con un proceso de Asimilado a Fuera de Ordenación, solo hace falta que el juzgado habilite una prórroga y que la Junta cambie de criterio", apunta López.
Última carta: el indulto
En el pueblo han iniciado una recogida de firmas y en solo unos días han sumado 500 rúbricas que acompañarán al escrito que el letrado Alfredo Najas de la Cruz dirigirá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El objetivo, según el abogado, "es lograr un indulto parcial" del Ministerio de Justicia porque esta es una de esas sentencias judiciales en las que una delgada línea roja separa los criterios legales, de cuestiones éticas y morales como dejar a una pensionista tirada en la calle.
"La sentencia se cumplió tanto en el pago de una multa de 6.000 euros, como en la prisión, una medida que quedó en suspenso porque mi cliente no tenía antecedentes, por eso solo pedimos que se frene la demolición porque este proceso ha llegado a mi bufete tras ser juzgado y no caben más recursos judiciales: el indulto es el último cartucho de esta pobre mujer", explica el letrado.
- ¿Qué argumentos expondrá al Gobierno para que evite la demolición de la casa de Loreto?
- Alfredo Najas de la Cruz: El primero será el tiempo transcurrido, el delito se remonta al 2009 y la ejecución de la sentencia se produce en 2021. En segundo lugar, expondré que no hay afeccción al medio ambiente, solo el movimiento de tierras de cultivo. En tercer lugar, hay muchas órdenes de demolición apremiantes en la provincia de Almería, como el hotel de El Algarrobico en Carboneras, y otras edificiaciones en primera línea de costa. En cuarto lugar, apelaré a la cuestión humanitaria, esta pensionista no ha causado daños al medioambiente y la Justicia puede provocarle una situación dramática. Espero que el Gobierno sea sensible a una persona que ha cotizado 48 años de su vida y puede acabar en la más absoluta indigencia.