La convocatoria de empleo público se ofertó reservada a personas con discapacidad. En juego estaba una vacante para ingeniero técnico o ayudante de obras públicas de la Diputación de Albacete. De los seis aspirantes, según la Policía Nacional, uno de ellos era el supuesto cerebro de una organización criminal integrada por funcionarios de esta institución dedicados a amañar oposiciones. Ni que decir tiene que el presunto líder de la trama sacó una notaza y se hizo con la plaza.
La Policía Nacional ha sacudido los cimientos de la Diputación al señalar la existencia de una especie de 'Cosa Nostra' integrada por funcionarios, dedicados a alterar las convocatorias de empleo público -como mínimo- entre 2013 y 2016. Y la mencionada oposición también está bajo sospecha de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, a raíz de los datos que ha recabado tras la denuncia que realizó la exmujer del propio ingeniero, y a la sazón, la confidente que ha destapado este escándalo opositor.
La UDEF subraya que de los seis candidatos, el supuesto cabecilla de la trama que investiga fue "el único" que pasó el primero de los dos ejercicios que componían el examen de marras: "Aprueba una oposición de la misma convocotatoria denunciada, concretamente la de ingeniero técnico de obras públicas, con una plaza de discapacidad".
La 'ex' del funcionario es concejal en un Ayuntamiento albaceteño y cuando acudió a la comisaría a tirar de la manta, lo hizo con artillería pesada: entregó un móvil, tarjetas telefónicas, un ordenador, un bolígrafo espía y un 'pendrive' con grabaciones de reuniones de tribunales opositores y preguntas de oposiciones a electricista y guarda. Además, testificó ante la Policía Nacional para que tirase del hilo de lo que su esposo le confesó antes de que su matrimonio se fuese al garete.
"En referencia al objeto número 4, se trata de una tablet personal a la cual la llegó un email desde la Diputación. En ese email se adjuntaba el examen que ese mismo día iba a realizar mi marido para opositar a la plaza de ingeniero. La tablet fue comprada por mi esposo, a propósito, para recibir ese email". De hecho, la edil también precisó quién envió ese correo electrócnico: una miembro del tribunal opositor que diseñó el contenido del examen a ingeniero y que mantenía una "íntima relación" con su marido: el supuesto cabecilla de la trama.
Esta mujer llegó a relatar a la Policía Nacional que cuando convivía con el funcionario, este se sentía atormentado porque no podía abandonar la supuesta organización criminal de empleados públicos que durante años amañaron oposiciones a profesor, electricista, bombero, administrativo, portero, guarda, mecánico conductor de automóvil...
"Ana [nombre falso] detalló en su denuncia que en esta trama, una vez que ellos te hacían un favor, era muy difícil salir, y decirles que no. 'Antonio [nombre falso], en más de una ocasion, llorando, me dijo que quería dejarlo, a lo que yo le contestaba: Pues déjalo. Y él me decía: 'Ana no se puede' (…). Cuando ellos te daban algo siempre tenías que esperar una llamada para que te pidieran algo a cambio'", según expone la denunciante a la UDEF, en uno de los informes policiales a los que ha accedido en exclusiva EL ESPAÑOL.
Tal afirmación pone de manifiesto los alargados tentáculos de una red que ya afecta a 14 funcionarios de distinto rango de la Diputación de Albacete y de la Junta de Castilla-La Mancha. En la actualidad, el ingeniero que sacó aquella plaza ostenta una jefatura en el órgano de gobierno de la provincia y sigue en activo, a pesar de que los investigadores le señalan como el presunto cabecilla de una organización criminal de empleados públicos de la que supuestamente se benefició hasta su propia familia. En concreto, su primo presuntamente logró una plaza de oficial electricista.
Reuniones del tribunal retransmitidas
Entre el material que entregó la exmujer del ingeniero a la UDEF, existe un audio del presunto líder de la trama de chanchulleo opositor. De su transcripción, se desprende que "entrega objetos supuestamente grabadores" a dos de los vocales del tribunal de la oposición a la que concurría su primo y donde había en juego tres plazas de electricista.
El siguiente extracto de la conversación ocurre antes de que esos vocales se metan en la reunión donde se decidían las preguntas del examen: "Pues como el micrófono lo lleva aquí, pues que esté apuntando a Eva, es que habla muy flojico, como el de expedientes (...). Las preguntas de administración, las que ponga Elena, tú llegas y le dices: 'entonces, la 28, ¿la c?', como que la compruebas, y así nos quedamos con la copla (...)".
El contenido de la prueba, por seguridad, es custodiado por la secretaria en un portátil que le entrega la Diputación y acordaron sisar el examen en un receso: "Cuidado con los ordenanzas, que os vais a comer y entran, imprimirlo después de comer". Esa opción falló porque la secretaria se llevó el ordenador a la cafetería, pero tenían un plan 'b': con material de espionaje, como micrófonos insertados en tarjetas de telefonía, los dos vocales infiltrados retransmitieron la reunión secreta del tribunal y enumeraron en voz alta las preguntas para grabarlas desde el exterior.
"Leen de manera literal las 90 preguntas con su respuesta correcta del examen que va a tener lugar esta tarde, todo ello, supuestamente, lo hacen encaminado a que desde dónde estén escuchándoles en directo puedan acceder al examen completo", tal y como apuntan los investigadores en los informes consultados por EL ESPAÑOL.
Tarjetas con identidades falsas
La UDEF atribuye al ingeniero galones en la trama a la vista del contenido de su teléfono, las tarjetas de telefonía, el ordenador, o el 'pendrive', que su exmujer entregó en la Comisaría de la Policía Nacional en Albacete: "En el interior de este móvil, presuntamente de ámbito laboral, se usaron tarjetas telefónicas, de la compañía Lycamobile, a nombre de identidades supuestamente falsas".
El terminal del ingeniero fue analizado por el Grupo de Ciberdelincuencia: "En el móvil se encontraron mensajes de texto enviados a 'Aa Micro 3' y 'Aa micro 5', números de teléfono guardados en la agenda, como favoritos y de marcación rápida, que están asociados a tarjetas insertas en los dos micrófonos grabadores presentados". El contenido de los mensajes eran cuatro dígitos que se repetían: el '1111' activaba el sistema de grabación del micro, y el '0000' lo apagaba. La logística era sofisticada y sencilla: cuando un miembro de la trama se infiltraba en el tribunal opositor, desde fuera le enviaban un mensaje y se encendía el micro camuflado en una tarjeta telefónica.
De modo que la sesión donde se debatía el contenido de los exámenes era inmortalizada, palabra por palabra, incluso se retransmitía el sonido en 'streaming' para otros miembros de la supuesta organización que seguían la reunión de los vocales del tribunal. Después, el material era filtrado a los opositores elegidos: hijos, cónyuges y amigos de otros funcionarios de la Diputación de Albacete.
Órdenes programadas por SMS
El Grupo de Ciberdelincuencia ha cotejado las fechas de los SMS enviados y coinciden con reuniones de tribunales opositores, celebradas entre enero y junio de 2015, con motivo de exámenes a oficial de carpintería, a mecánico de taller, pintor y guarda. "En la diligencia de comprobación se puede ver el contenido de los mensajes enviados, resultando que solo consisten en los siguientes textos: '1111' y '0000', lo que coincide con una serie de órdenes programas para los micrófonos para activar un sistema de alerta (...)".
El tráfico de llamadas del móvil del ingeniero y de las tarjetas a nombre de usuarios falsos que fueron intervenidas también alimentó las sospechas de los investigadores. De los 26 días en los que se registran llamadas desde el teléfono, 11 de ellos son coincidentes con sesiones de los tribunales para la composición de exámenes para un empleo público.
"Consultados los datos aportados por Lycamobile, los días de las fechas de reunión de los tribunales para las oposiciones a oficial electricista, guarda, administrativo, portero, oficial de carpintería, pintor y mecánico, se produjeron llamadas telefónicas desde el IMEI a las tarjetas telefónicas presentadas insertadas en micrófonos grabadores. Es decir, desde un teléfono propiedad del ingeniero, con tarjetas prepago, se producen llamadas a tarjetas prepago presentadas e insertas a micrófonos grabadores, los cuales precisan de una llamada telefónica para su activación y comenzar a grabar, existiendo dos grabaciones del interior de la reunión del tribunal a oficial electricista", según relata la UDEF.
Medidas de ciberseguridad
Durante las pesquisas tecnológicas no todo fue coser y cantar, ya que los dispositivos entregados por la exmujer del ingeniero presentaban medidas de ciberseguridad y así lo advirtió la confidente en su declaración: "No sé qué información se podrá sacar de ellos, dado que estaban enchufados, trabajando con un programa el cual escribía letras y números para saturar la memoria".
Todos estos indicios anteriormente relatados llevan a la Policía Nacional a conclusiones de calado. Una es la de asignar el rol de supuesto líder o cerebro de la trama al ingeniero: "Aparte de hacer entrega de objetos, pone en marcha la grabación, dice dónde poner los objetos, dónde posicionar el micrófono, la dinámica de la operativa, emite órdenes, controla la situación y da cuenta de la habitualidad de esta práctica".
La otra conclusión es la presencia en la Diputación de Albacete de empleados que "trabajarían como una organización criminal". De manera coordinada se repartían diversas funciones con el supuesto fin de amañar oposiciones, "ya que son múltiples ocasiones en las que han exisitido denuncias sobre actuaciones ilícitas por parte de funcionarios de Diputación para el filtrado de exámenes en oposiciones". A juicio de la UDEF la trama se regiría por un principio: "Hoy por tí, mañana por mí".
Prueba de ello es el contenido lapidario de este párrafo de uno de los informes: "(...) Existía por todos el interés de realizar y recibir un favor, para beneficiarse con la obtención de una plaza para sí mismo o un allegado, un favor, premio o regalo de altísimo valor pecuniario, al consistir en un sueldo fijo para toda la vida, y lo que conlleva de forma paralela dejar sin opciones al resto o mayoría de aspirantes en el caso de existir más de una plaza, lo que ocasionaría un grave daño, ya que todo esfuerzo habría resultado en vano al estar adjudicada la plaza o plazas que se ofertaran".
El funcionario al que la Policía Nacional sitúa al frente de la trama ha contratado como abogado defensor a Raúl Pardo-Geijo. El penalista murciano defiende que su cliente se ganó legalmente su empleo de ingeniero en la Diputación: "La plaza de mi patrocinado fue obtenida por su mérito y capacidad, sin que proceda en esta sede ofrecer explicación acerca del contenido de su más que brillante currículum que le habría permitido conseguir cualquier oposición que de su interés".
"Pruebas manipuladas"
El prestigioso letrado sostiene que "las acusaciones son falsas". Incluso apunta a intereses de terceras personas en la denuncia de la exmujer contra el ingeniero y que a la postre desencadenó la investigación de la UDEF: "Aportaron pruebas manipuladas, dirigidas por un claro enemigo de mi representado y sus compañeros, ya identificado ante el juzgado, y que está asesorando a la denunciante para verter afirmaciones sobre hechos y personas que no conoce".
Pardo-Gaijo también resta valor al contenido de las conversaciones transcritas en los informes: "La grabación que se atribuye a mi mandante, junto con otros, no la reconocemos, pero aunque fuese cierta, no estaba prohibido grabar o portar móviles hasta el año 2018".
El penalista concluye tachando de "absurda" la utilización de micros que se activaban con llamadas desde tarjetas prepago, con el objetivo de grabar las sesiones de deliberación de los tribunales.
"Por la información facilitada por las compañías telefónicas, abarca un periodo más amplio que el de los días concretos de las reuniones preparatorias de exámenes, con llamadas incluso de madrugada, por lo que la única conclusión lógica es que quien los utilizase lo hiciese para fines distintos, hasta el punto de que si se practicase la geolocalización de las tarjetas, algo que fue propuesto por mi cliente al juez, sorprendería la verdadera autoría de su uso".