Funcionarios de la Diputación de Albacete amañaban oposiciones para colocar a familiares

La lista de oposiciones que están en la diana policial es ingente, con el perjuicio que ello supone para cientos de opositores que pagaron tasas, academias para prepararse las pruebas, y que se dejaron las pestañas a base de horas estudiando un examen al que llegaron otros aspirantes con el aprobado garantizado para acceder a un puesto de trabajo. De hecho, su único esfuerzo consistió en empollarse, unos días antes, las respuestas a las preguntas que les filtraron presuntamente funcionarios de la Diputación y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que integraban el tribunal opositor en cuestión.

En los informes policiales, figuran bajo sospecha convocatorias a oficial electricista, administrativo, bombero, mecánico conductor de automóvil, portero, ingeniero técnico de obras públicas, monitor deportivo, guarda, profesores de Música, Artes Escénicas... Para darle más morbo a la investigación, la persona que ha tirado de la manta es la exmujer de un ingeniero técnico industrial de la Diputación de Albacete, al que la Policía Nacional sitúa como presunto cabecilla de la trama.

"Mi representada formuló denuncia ante la Comisaría de Policía Nacional de Albacete poniendo de relieve los hechos delictivos de los que había tenido conocimiento como esposa del querellado, con el deseo de que pudieran investigar aquellas conductas ilícitas que han perjudicado tanto a los ciudadanos, como a las instituciones públicas, y que han provocado a lo largo del tiempo una situación de intranquilidad, desasosiego y ansiedad en mi representada", tal y como expone la denuncia que provocó que el Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal iniciase una 'caza de brujas' en la Diputación de Albacete.

Desde 2013 hasta 2016, el citado ingeniero supuestamente ha liderado a un grupo de empleados públicos en una trama de amaños de oposiciones, consistente en dar un trato de favor a los aspirantes que seleccionaban. Así lo expone -sin paños calientes- la Policía Nacional: "Nos encontramos ante una organización criminal de funcionarios que obtenía los exámenes de las oposiciones a Diputación, con la finalidad de beneficiarse de las distintas plazas ofertadas para sí mismos o para sus allegados".

La 'ex' del ingeniero es concejal en un Ayuntamiento de la provincia albaceteña y destapó este 'tocomocho' opositor aportando en sede policial un 'pendrive'. El dispositivo almacenaba grabaciones de una reunión del tribunal de una oposición a oficial electricista donde se acordaron las preguntas del examen, así como archivos de texto con cuestiones que se incluyeron en otras oposiciones de electricista y guarda.

El 'pendrive' que obra en poder de la Comisaría de Policía Nacional en Albacete.

Material de espionaje

Los tentáculos de la trama criminal son tan alargados, que los investigadores ponen en tela de juicio la pulcritud de los procesos de oposición convocados en los últimos años por este órgano de gobierno de la provincia. "Parece que en la Diputación se hubiera convertido en lo habitual, que las plazas de oposiciones fueran para los allegados a los funcionarios de este organismo, convirtiéndose en 'modus' habitual, oposición tras oposición, cambiando el 'modus operandi', según el caso (...)".

Para filtrar las preguntas de los exámenes la organización recurría a dos prácticas. La primera consistía en usar material de espionaje debido a que antes de las reuniones de cualquier tribunal opositor, sus integrantes tenían que entregar su móvil al secretario. De modo que los funcionarios investigados, empleaban desde un bolígrafo espía, equipado con un micrófono para grabar la sesión, a tarjetas telefónicas prepago, a las que insertaban micros que se activaban mediante una llamada desde el exterior, incluso portaban un bolso con un habitáculo secreto para una grabadora.

Durante la reunión se decidían los contenidos de los exámenes, de modo que ellos salían con las preguntas grabadas para posteriormente transcribirlas y pasarlas a los 'elegidos'. La segunda práctica consistía en introducir en el tribunal a varios miembros de esta supuesta trama, los cuales acudían a la sesión con una batería de preguntas previamente redactadas y se coordinaban para introducirlas en la prueba. El resultado final no variaba: las cuestiones luego eran filtradas al opositor u opositores seleccionados.

De los dos métodos, el del espionaje era más efectivo que el de colar a varios miembros de la trama en el tribunal para decidir el contenido final de la prueba. Valga como botón de muestra dos convocatorias de febrero de 2015, donde los agentes puntualizan que en la oposición a guarda, la organización dispuso de 51 de 80 preguntas, mientras que en la de oficial electricista se hicieron con el 100% al grabar la reunión.

'Quid pro quo'

El gancho para que los funcionarios se sumasen a la trama, consistía en obtener un empleo para toda la vida siguiendo el principio de 'quid pro quo': "Si tú colaborabas como miembro del tribunal para que aprobara un allegado de otra persona, posteriormente en otra oposición te ayudarían a ti para que aprobara un allegado tuyo".

Pasar a formar parte de un tribunal es sencillo porque sus miembros son elegidos entre el personal de la Diputación de Albacete, a propuesta de los sindicatos y de la Corporación Provincial. De forma, que los tribunales que diseñaban los exámenes a veces estaban tan corrompidos que cinco de sus siete miembros se dedicaban a soplar las preguntas.

La Policía Nacional ha cotejado los datos personales de los integrantes de los tribunales de las convocatorias auditadas y ha cantado bingo porque hay nombres "recurrentes", así como una relación directa entre aprobados y miembros de tribunales. "Llama la atención que de 1.783 aspirantes a la oposición de operario, por la modalidad de oposición libre, en la que todos parten en igualdad de condiciones, cinco de los seis aprobados tengan vínculos con personas investigadas en esta trama".

El contenido de uno de los informes es demoledor por la cadena de favores que dibuja y que supuestamente se ha instaurado desde 2013 entre algunos funcionarios, con el objetivo de mercadear con plazas de empleo público convocadas desde la citada institución:

"Todo ello explicaría el interés, o riesgo, de sumarse a la introducción de grabadoras en reuniones de tribunales, prepararse las preguntas para la reunión del tribunal o cualquier otro acto en la obtención de los exámenes y filtración de estos, medidas que se iban modificando según pasaban las pruebas. Lo que supuestamente llevaba a que miembros de tribunales ayudaran a aprobar a opositores relacionados directamente con miembros de otros tribunales, y estos ayudaran a aprobar a los opositores relacionados con miembros de otros tribunales, quedando todo entre ellos, aprobando cónyuges, hijos, familiares, amigos y sobre todo, ellos mismos".

Un bolígrafo espía intervenido por la Policía Nacional.

Cambiazo al ordenador

La logística tecnológica de la organización era tan amplia, que contaban con un ordenador idéntico a uno de la Diputación y lo usaban para sustituir el original para extraer las preguntas definitivas del examen codiciado. Una vez que habían dado el cambiazo, disponían de un pendrive con un 'software' propio de un hacker que les permitía dotar de conexión a internet a cualquier dispositivo e imprimir un documento en la impresora más cercana -sin configuración previa-.

"Posteriormente, el examen supuestamente se enviaba por correo electrónico a una dirección email externa o a una impresora para obtenerlo en papel". Los aspirantes a los que filtraban una copia de la prueba, podían llegar con cero puntos a oposiciones en la modalidad de concurso, ya que luego se hacían con la primera plaza y con la mejor nota sin tener experiencia ni cursos. Así ocurrió en la convocatoria de operario que se llevó la hija de un antiguo jefe de área de la Diputación Provincial.

Las víctimas colaterales de esta trama son todos aquellos opositores que cumplieron preparándose honradamente los temarios. La cifra de damnificados puede ser disparatada a la vista de los datos de las convocatorias: 117 aspirantes para dos plazas de oposición libre y concurso oposición de oficial electricista, 246 aspirantes para dos plazas de guarda, 35 a subdirector del Servicio Provincial de Bomberos...

El Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal sitúa como cabecilla de esta supuesta organización criminal de funcionarios, a un ingeniero técnico de obras públicas con gran prestigio en la provincia de Albacete. "Identificado por la denunciante [su exmujer] y una testigo, como la persona que en el audio entrega los objetos grabadores".

Además, uno de los teléfonos intervenidos es de su propiedad y se ha confirmado que se utilizó para realizar llamadas a micrófonos grabadores en los días de reunión de los tribunales opositores. "Es quien aparte de hacer entrega de objetos, pone en marcha la grabación, dice donde dejar los objetos, posicionar el micrófono, dinámica de la operativa, emite órdenes, controla la situación y da cuenta de la habitualidad de esta práctica", tal y como figura en un atestado policial.

Raúl Pardo-Geijo, el prestigioso penalista murciano que ha sido contratado por el supuesto cabecilla de la trama.

Una denuncia guiada

El ingeniero ha contratado al afamado abogado murciano Raúl Pardo-Geijo, para que ejerza su defensa. "Los hechos son rotundamente falsos", subraya el penalista, al tiempo que asegura que la exmujer de su cliente le pidió dinero al funcionario para no tirar de la manta. "La denunciante, que a día de hoy no ha superado la ruptura matrimonial, lleva durante dos años extorsionando a mi cliente y a otros compañeros de trabajo con los que tiene relación directa, para que le sean abonados 200.000 euros, a cambio de no filtrar una información que, según dice, está relacionada con posibles amaños en la Diputación desde el año 2013".

El letrado puntualiza que el funcionario no cedió al pago de los 200.000 euros y ejerció acciones legales contra su 'ex', a la sazón, confidente policial de la trama. En la actualidad, esta mujer es concejal en un Ayuntamiento de la provincia albaceteña y se encuentra "procesada" por extorsión y por revelación de secretos -al aportar documentación económica personal durante el proceso de divorcio-.

"Ahora, años después, esta mujer interpone una denuncia dirigida por un claro enemigo de varios de los denunciados, ya que aporta información de imposible conocimiento por su parte, y además, la acompaña con un pendrive que para dar veracidad a su espuria tesis, contiene archivos personales de mi defendido, junto a otros burdamente manipulados", zanja Pardo-Geijo. La investigación estaba declarada bajo secreto de sumario: ahora el escándalo opositor albaceteño es público.