Alcantarilla

El efecto dominó en la causa judicial abierta por la lipoescultura que le costó la vida a Sara Gómez ha comenzado. La familia de la fallecida ha ampliado la denuncia que presentó contra el cirujano -por un delito de homicidio por imprudencia profesional- y ahora las actuaciones también afectan al anestesista.

La decisión se ha tomado a la vista del contenido de la investigación que llevó a cabo el Servicio Murciano de Salud tras conocer que Sara se debatía entre la vida y la muerte en la UCI del Hospital Santa Lucía desde el 2 de diciembre. Todo ello, como consecuencia de las supuestas perforaciones que recibió con la cánula que usó el cirujano cardiovascular J.A.M. durante una lipoescultura practicada en una clínica de Cartagena

Aquel nefasto 2 de diciembre, de todo el personal que había dentro del quirófano, solo dos tenían galones. El primero: el cirujano de la clínica de Murcia a la que Sara abonó 5.700 euros por la lipoescultura y que dirigía la intervención. Y el segundo: el anestesista que formaba parte de los sanitarios que aportó la clínica de Cartagena para asistir al citado médico durante la operación.

Cuando el cirujano cardiovascular comenzó la extracción de grasa del abdomen de Sara, mediante una cánula, la paciente empezó a experimentar unos valores tensionales bajos y la hemoglobina se fue desplomando porque se estaba desangrando. A pesar de estos indicadores alarmantes, el cirujano no frenó la lipoescultura y el anestesista tampoco, por este motivo la familia ha ampliado contra su figura la denuncia por homicidio que inicialmente solo afectaba al médico.

"A raíz de la información a la que hemos accedido sobre la investigación del Servicio Murciano de Salud, sabemos que el anestesista explicó a la Inspección de Servicios Sanitarios que le pidió al cirujano que parase la lipoescultura porque lo que se extraía tenía color rojo y la paciente padecía hipotensión", tal y como explica Ignacio Martínez, abogado de la Asociación del Defensor del Paciente, encargado de ampliar la denuncia en los juzgados de Cartagena en nombre de la familia de Sara.

"Creemos que si el cirujano como jefe de la operación prosiguió con la cánula y la lipoescultura, el anestesista, ante una situación límite, podría haber parado la intervención informando al director médico de la clínica de Cartagena", según argumenta el letrado especializado en derecho sanitario. "Lo que no puede ser es que veas que a una paciente se le saca sangre, en vez de grasa, y que la estés perdiendo sobre la mesa de operaciones, y te limites a decirle al cirujano: 'oye, a ver si paras'".

La ampliación de la denuncia ha trascendido en un acto de protesta que ha celebrado la familia de la fallecida durante la tarde del miércoles, en un parque de Alcantarilla. Casi doscientos vecinos han cambiado la Cabalgata de Reyes, por sumarse a la concentración para mostrar su repulsa a la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena de no inhabilitar profesionalmente al cirujano que intervino a Sara, tal y como habían solicitado sus familiares.

Decenas de vecinos de Alcantarilla se han concentrado este miércoles en apoyo a la familia de Sara Gómez, fallecida a causa de una lipoescultura.

"No hay Justicia: estamos indignados con las medidas cautelares", tal y como ha criticado Damián, el padre de Sara. Este guardia civil retirado, de carácter tranquilo, que durante cuatro décadas hizo cumplir el Código Penal y que se jugó la vida cuando estuvo destinado en Bilbao en los años más duros de ETA, no ha podido reprimir su malestar tras ver cómo la magistrada solo adoptaba una de las dos medidas solicitadas por el letrado de la Asociación del Defensor del Paciente.

La primera medida instaba a que se inhabilite profesionalmente al cirujano para preservar la salud de los pacientes de las clínicas donde trabaja. La segunda reclamaba que se le retirase su pasaporte porque tiene doble nacionalidad, chilena y española, y existen indicios de que pueda huir ante la gravedad del delito que se instruye. Finalmente, la magistrada ha decretado que se le retire el pasaporte, pero ha rechazado suspenderle del ejercicio de la medicina, al entender que tal decisión solo está prevista en derecho penal tras una condena.

"Estoy indignado: no entiendo cómo ese señor puede seguir operando", según ha reflexionado Damián, justo antes de aprovechar la concentración para pedir públicamente al cirujano cardiovascular que abandone el ejercicio de la medicina el mismo día en el que el facultativo, a la salida del Palacio de Justicia de Cartagena, dijo esto a preguntas de los periodistas:"Lamento todo lo ocurrido y confío plenamente en la Justicia".

Tales palabras fueron contestadas con indignación por el padre de Sara: "Un cirujano no puede destrozar vidas y familias, por favor, se lo pido por humanidad, dedíquese a otra cosa: no vuelva a poner la mano en el cuerpo de otras mujeres porque le hizo a mi hija es una carnicería".

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