El primer día que tenía que aplicarse la sentencia que garantice un 25% de la enseñanza en castellano en las aulas de Cataluña ha sido un fiasco. Este lunes, los niños que estudian en los centros dependientes del departamento de Educación de la comunidad lo han hecho como siempre: en catalán, a excepción de la propia asignatura de castellano. El desacato a la sentencia era de esperar. Desde 2010, la Generalitat no ha cumplido una sola decisión judicial que afecte a su modelo de inmersión lingüística.
"Nos consta que el primer día que tenía que aplicarse el 25% del castellano, no se aplica en ningún centro", dice a EL ESPAÑOL Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) en Cataluña. "Solo se ha cumplido en los casos particulares en los que algunos padres habían protestado y se habían dictado medidas cautelares", prosigue.
Losada se refiere a padres que habían demandado a los centros de sus hijos por incumplir el mínimo del 25% de la enseñanza en castellano. En estos supuestos, los tribunales han dictado medidas cautelares para que se garantice la enseñanza bilingüe, pero solo en las clases de los alumnos demandantes. Es el caso de la propia Losada, cuando en 2015 consiguió que su hija fuese escolarizada en las dos lenguas. En diciembre pasado, dos familias más consiguieron un dictamen favorable.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), sin embargo, buscaba terminar con esta situación de excepcionalidad, forzando a que todos los centros apliquen la ley independientemente de las demandas particulares. "La sentencia pone fin a las peticiones individuales y garantiza que se cumpla la ley en todos los centros, pero el Departament sigue en su tónica de desprecio a la legalidad", protesta Losada.
La representante del colectivo denuncia, además, que a partir de este lunes se impide a los padres reclamar el cumplimiento de la resolución judicial a través del registro de sus demandas en las secretarías de los centros. Según Losada, al menos en dos servicios territoriales de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona), los centros educativos han negado el registro de peticiones de padres que exijan la aplicación del 25%.
"Los centros impiden el registro en su secretaría y derivan a quienes quieran presentar una queja al registro del servicio territorial. Una vez ha entrado la petición en esa instancia superior, termina en la lista de casos del Departament. Este, o no contesta, o da una respuesta ya preparada por sus servicios jurídicos. Es una forma de desalentar a los padres a pedir la aplicación de la sentencia y de asegurar que esta no se cumpla", explica Losada.
Esquivar la sentencia
En un intento de esquivar el cumplimiento de la sentencia, los principales partidos catalanes a excepción de Vox, PP y Ciudadanos, suscribieron un pacto el pasado jueves para reforzar la presencia del catalán en las aulas. Junts se descolgó en el último momento. El acuerdo prometía garantizar el castellano pero evitaba la aplicación de cuotas concretas. De esta forma, con un apoyo parlamentario mayoritario, los partidos pretenden dar una solución alternativa al dictamen del TSJC, ratificado por el Tribunal Supremo.
Losada y los padres que reclaman la aplicación de la sentencia se muestran escépticos. "La sentencia es muy clara y se inventan un nuevo acuerdo en el que dicen que se garantizará que se estudie en las dos lenguas más allá de la enseñanza de la propia lengua. Pero, a renglón seguido, dicen que será el director de cada centro quien decida qué porcentaje de cada lengua se aplica y que esto se hará en función de los usos reales que tenga la lengua. Es decir, que si en el patio se habla castellano, ¿pretenden contar eso como horas lectivas en castellano? ¿El Tribunal se lo va a creer", protesta Losada.
Ante la desobediencia de la Generalitat y su conseller Josep Gonzàlez-Cambray, la plataforma Escuela de Todos, capitaneada por la asamblea que preside Losada, presentará el miércoles una demanda colectiva para que el órgano judicial dicte instrucciones que lleguen a cada centro para que se cumpla la sentencia. Desde que se hiciera pública la resolución judicial el pasado diciembre, la plataforma ha recabado el apoyo de 1.600 familias para exigir su cumplimiento.
"Esperamos que el Tribunal se pronuncie pronto, no debería dilatar mucho su respuesta", afirma Losada.
Junto a esta demanda colectiva, otras entidades como la plataforma Hablamos Español, la federación de Asociaciones de Padres y Madres (AMPAS) favorables a la escuela bilingüe y colectivos de guardias civiles y policías nacionales destinados en Cataluña han reclamado al TSJC el cumplimiento de la sentencia ante el caso omiso de la Generalitat. Falta todavía que el órgano judicial se pronuncie sobre qué entidades están legitimadas a exigir el cumplimiento de la sentencia, al no ser todas partes dela causa.
Por otro lado, el nacionalismo favorable a la inmersión no solo se moviliza a escala institucional, sino que también lo hace en la calle. A lo largo de la última semana se han producido varias manifestaciones que reclaman el derecho al modelo de inmersión lingüística. Además, este martes y el miércoles se reanudan las jornadas de huelga de profesores. Entre sus reivindicaciones, además de una serie de desavenencias con el departamento de Enseñanza, se encuentra el blindaje a la escuela en catalán y la oposición a la aplicación obligatoria del 25% del currículo en castellano.
"En los grupos de padres, siempre hay una minoría que hace mucho ruido que quiere la educación exclusivamente en catalán. Pero de lo que nos damos cuenta después de varios estudios es que la gran mayoría no quiere una educación en Cataluña que sea exclusivamente en catalán o en castellano, sino en las dos lenguas. El problema es que está mayoría calla", concluye Losada.